La Junta enseña sus cartas

La Junta enseña sus cartas

No fueron pocos los que cabildearon a favor y aplaudieron la eventual aprobación del proyecto de ley federal conocido por sus siglas en inglés, PROMESA. Luego de un largo año desde que el gobernador de entonces, Alejandro García Padilla, apalabró lo evidente: que la matemática fiscal no cuadraba y que no había dinero para pagar la deuda pública, el gobierno federal intervino nombrando una junta para tomar control de las nuevas peripecias de la colonia y atender nuestros entuertos legales y económicos. Los apologistas criollos esbozaron diversos argumentos basados en una lógica paternalista y sumisa: nuestra incapacidad para atender el panorama fiscal requería una solución drástica y, como nos habíamos portado mal, como si fuéramos niños inmaduros y malcriados, nos merecíamos un par de nalgadas.

La ley PROMESA impuso una Junta de Control Fiscal que creó dos mecanismos para renegociar los contratos de lo que el gobierno tomó prestado. Según la lógica defensora, este nuevo cuerpo se encargaría de acabar con la bayoya y el relajo gubernamental que se practicó por años y nos encaminó a la insolvencia. Meses después, algunas encuestas confirmaron esta creciente fiebre disciplinaria. Los entrevistados afirmaron un “Respaldo a lo desconocido” donde casi setenta porciento de los encuestados apoyaba a la Junta a pesar de que casi tres cuartas partes sabía poco o nada sobre la flamante entidad. Este era el sentir de un grupo amplio, pues el aval se registró en todas las variables sociodemográficas del país. Al parecer, patricios y plebeyos estaban dispuestos a tenderle la alfombra roja a una institución desconocida e impuesta por los Estados Unidos. Cualquier cosa prometía ser más beneficiosa que el status quo.

No obstante, una cosa es lo que dice la ley y otra es cómo se aplica. Poco después del nombramiento de los miembros de la Junta, algunos nos aventuramos a plantear, siguiendo las pistas de experiencias similares en Washington DC, Detroit y Grecia, que se avecinaba un plan de ajuste unilateral y severo. Más aún, auguramos que los miembros de la Junta, tecnócratas financieros todos, atenderían la situación desde un enfoque puramente contable, con cálculos precisos y fórmulas estandarizadas, y que caracterizarían sus propuestas como racionales e inevitables. Esta táctica serviría para enmascarar sus posturas políticas e ideológicas, que desde el comienzo apuntaban a un viejo libreto neoliberal centrado en recortes al gasto, aumento de impuestos y privatizaciones y facilitar el avance a galope de la inversión privada y el “libre mercado”. Lamentablemente, todo indicaba a que seguirían este modelo a pesar de que los gestores originales de la misma en el Fondo Monetario Internacional habían dado fe de su caducidad.

Le tomó tiempo calentar motores, pero una vez en marcha, la Junta comenzó a maniobrar a través de una serie de reuniones, comunicados y misivas estratégicas que han dado mucho de que hablar en las últimas semanas. A pesar de que están dirigidas al poder Ejecutivo, las cartas han servido para hacerles señas y llamar la atención a múltiples públicos, incluyendo políticos, bonistas y residentes de la isla.

En plena época navideña, en una carta dirigida tanto al gobernador saliente como al entrante, los miembros de la Junta comenzaron a detallar su agenda y postura. Por un lado, delinearon una serie de objetivos deseables, difíciles de reprochar, como aumentar la actividad económica, la tasa de participación laboral, el ingreso medio de las familias y reducir la pobreza, entre otros. Al parecer, querían entablar una especie de complicidad con el pueblo, transmitiendo la idea de que “todos queremos lo mismo para el país”. Sin embargo, en ese texto también revelaron lo anticipado: su receta incluiría buenas dosis de tala presupuestaria y aumento de impuestos.

Pero la verdadera sorpresa llegaría semanas después, mediante otra misiva al Ejecutivo donde la Junta esbozó un ejercicio básico de contabilidad para la confección del nuevo plan fiscal del gobierno. Su argumento se puede resumir de la siguiente manera: el gobierno gasta mucho más de lo que ingresa, por lo que hay que realizar serios recortes al gasto público y aumentar los recaudos en un plazo muy corto. De esta forma, se recobraría la confianza de potenciales inversionistas. El dinero que sobre luego de realizar este acelerado cuadre de caja es lo que estaría disponible para pagar la deuda pública.

Ofrecieron varias cifras para sustentar sus argumentos, pero quizás la más importante, y la que menos atención recibió, indicaba que de seguir este plan la economía podría contraerse 16.2% en el año fiscal 2019. Un escenario tétrico, difícil de imaginar e insoportable, especialmente para las poblaciones más vulnerables—los que siempre reciben los golpes más duros de las políticas de austeridad.

Los gritos se escucharon por las cuatro esquinas y hasta algunos otrora porristas de la Junta expresaron su indignación. No es para menos, dado que la propuesta va en contra de la mejor evidencia empírica académica. Los países que recortan sus déficits en tiempos difíciles suelen empeorar una grave situación. Igualmente, al no poder generar crecimiento, se les hace imposible lograr niveles sostenibles de deuda. Este es, precisamente, el talón de Aquiles de la estrategia planteada por los supervisores fiscales: priorizan la puesta en marcha de un ajuste fiscal severo en vez de delinear políticas de desarrollo precisas y justas para mejorar la economía.

Como bien apuntó durante su reciente visita a la isla Martín Guzmán, experto en temas de deuda pública y macroeconomía, resulta imprescindible que el gobierno de Puerto Rico delinee un plan de desarrollo, negocie efectivamente una reestructuración profunda de la deuda—que permita allegar fondos públicos a sectores y actividades productivas—, y logre una moratoria en el pago a los acreedores que nos provea el espacio necesario para reencender los motores de la economía.

La Junta está haciendo apuestas peligrosas y juega mal sus cartas. Si el gobierno de Puerto Rico decide acatar sus directrices el resultado será nefasto para todos los implicados. Además del durísimo impacto social que generaría la consolidación fiscal, y el deterioro longevo que se observaría en diversos sectores económicos, los acreedores y los mercados también se verían seriamente afectados. Como nos alertó Guzmán, la austeridad que propone la Junta mataría la economía y “los muertos no pagan deudas”.

Deepak Lamba-Nieves,
Director de Investigación del Centro para una Nueva Economía
Twitter: @deepakln

La junta en su laberinto

cne-dilemaspLos dilemas del Plan Fiscal

Jorge Luis Borges en “El jardín de senderos que se bifurcan” narra la historia de Ts’ui Pên, un chino erudito que se retira a “escribir un libro” y “construir un laberinto.” Al morir éste deja como legado varios “manuscritos caóticos”. Con el paso del tiempo un profesor descifra el enigma: el libro y el laberinto eran un solo objeto. En su libro, Ts’ui Pên—en contraste con una narrativa tradicional donde una persona enfrentada con diversas alterativas “opta por una y elimina las otras”—opta simultáneamente por todas y “crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan.” En esencia “todos los desenlaces ocurren; cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones.”

De igual manera, los encargados de redactar un plan fiscal a diez años para Puerto Rico comienzan en el mismo lugar que Ts’ui Pên: enfrentando una infinidad de porvenires posibles. Pero, a diferencia de Ts’ui Pên, no pueden optar simultáneamente por todas las alternativas. Los autores tendrán que analizar como interactúan diversas variables económicas, financieras, fiscales y sociales, y escoger un sendero fiscal, entre los múltiples que son factibles, sabiendo que su decisión será a su vez—a través de los efectos en la economía de Puerto Rico—el punto de partida de otros senderos y bifurcaciones fiscales.

DECISIONES DIFÍCILES DEL PLAN FISCAL

El problema es que no existe una metodología puramente tecnocrática, libre de una carga ideológica o filosófica, para determinar si se le otorga prioridad al crecimiento económico, a eliminar el déficit estructural, al pago de la deuda pública, a mantener los servicios públicos esenciales, incluyendo el seguro salud del gobierno, o al pago de las pensiones. Es por eso que en el CNE hemos elaborado, partiendo desde nuestra visión y entendimiento de la economía de Puerto Rico, algunos principios para la preparación del plan fiscal.

El 15 de noviembre enviamos una carta a la Junta de Control Fiscal describiendo esos principios, los cuales resumimos a continuación.

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Las premisas del modelo económico del plan fiscal deben ser absolutamente transparentes

La médula del plan fiscal es un escenario base, que a su vez es función de unas proyecciones de crecimiento económico. Este escenario asume que no hay cambios en las leyes o políticas fiscales existentes. El objetivo es establecer un marco de referencia para estimar el impacto de diversas propuestas de política pública. Por tanto, es extremadamente importante que el modelo económico utilizado para generar el escenario base se haga público y que las premisas utilizadas para su preparación se expliquen y justifiquen adecuadamente.

Restaurar el crecimiento económico debe ser el objetivo principal

Un crecimiento económico robusto es la clave para sufragar los servicios gubernamentales, pagar las pensiones, y para la sostenibilidad de la deuda pública. El segundo paso, por tanto, debe ser el diseño de una estrategia de crecimiento a mediano plazo que identifique sectores donde Puerto Rico tiene, o pudiera tener, una ventaja comparativa y las reformas estructurales necesarias para generar crecimiento. El impacto de esas intervenciones de política pública se puede medir entonces en relación al escenario base. Idealmente, se escogerían políticas que aumenten la inversión, creen empleos nuevos, incrementen el ingreso personal, generen un aumento en los recaudos gubernamentales y produzcan un balance primario positivo (antes de pagar interés y principal) que servirá de punto de partida para negociar con los acreedores.

Cualquier restructuración de la deuda debe ser por una cantidad suficiente para evitar otra renegociación en el corto plazo

Una vez se determina el balance primario estimado para los próximos diez años, se compara esa cantidad con el servicio de la deuda (para ese mismo periodo de tiempo) que depende de impuestos para su repago (las corporaciones públicas se excluyen ya que éstas generan sus propios ingresos) y se calcula la quita necesaria para asegurarnos con un alto grado de probabilidad, digamos 95%, que la deuda se podrá pagar sin tener que tomar préstamos nuevos y que no será necesario renegociarla en el corto plazo. Este último punto es importante; varios estudios han determinado que en más del 50% de las reestructuraciones de deuda durante los últimos cuarenta años ha sido necesario renegociar los términos dentro de un periodo de cinco años. Este resultado no solamente es sub-óptimo sino que también retrasa la recuperación económica al generar un alto grado de incertidumbre.

Evitar o minimizar las políticas de austeridad

La idea de que la implementación de políticas de austeridad tiene efectos positivos en el crecimiento económico ha tenido una larga vida a pesar de toda la evidencia que indica lo contrario. Tan recientemente como el 2010, economistas de la división de investigación del Fondo Monetario Internacional (“FMI”) cuestionaron la sabiduría de imponer políticas de austeridad a países que atraviesan por una crisis fiscal o financiera. Por ejemplo, el World Economic Outlook de octubre de 2010, incluye un análisis que concluye que en países afectados por una crisis fiscal “un recorte en el gasto gubernamental igual a 1% del PNB reduce la demanda doméstica aproximadamente por 1 por ciento y aumenta la tasa de desempleo por 0.3 punto porcentual.” Este análisis fue validado por el propio FMI en el 2011, 2012, y 2013.

Más importante aún, en Puerto Rico la austeridad se ha intentado y ha fracasado. Tanto la Ley 7 del 2009, como la Ley 66 del 2014, impusieron recortes al gasto gubernamental, aumentaron impuestos, congelaron salarios, suspendieron la efectividad de convenios colectivos, y rescindieron contratos, entre otras medidas de austeridad. El efecto, en ambos casos, fue agudizar la contracción económica.

Estipular claramente que cosas son negociables y cuales no

Dada la experiencia en otras jurisdicciones, lo más probable es que los bonistas presenten demandas económicamente irrazonables o socialmente perversas con respecto a la cantidad del balance primario, recortes a los servicios gubernamentales y pensiones públicas, la privatización de activos públicos, y reformas a leyes laborales y al seguro de salud del gobierno. El gobierno de Puerto Rico debe dejar claro desde el principio que es negociable y que no en cada una de estas áreas para evitar la pérdida de tiempo y reducir la ansiedad e incertidumbre entre la población. Sí los efectos económicos de la austeridad son negativos, los efectos sociales son potencialmente explosivos.

Dado todo lo anterior, recomendamos que la próxima iteración del plan fiscal atienda la crisis fiscal en la siguiente secuencia: (1) implementar reformas estructurales para fomentar el crecimiento; (2) reformar las instituciones presupuestarias, fiscales y de política económica; (3) renegociar los términos de la deuda pública; y (4) postergar la implementación de políticas de austeridad, si alguna.

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Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

Una ruta inusual hacia el crecimiento

Una ruta inusual hacia el crecimiento

Articular y ejecutar una estrategia de desarrollo económico es un ejercicio bastante incierto y complejo, pero no imposible. Esta no es una idea novel ni demasiado sagaz, pero merece repetirse. Especialmente luego de un ciclo electoral inusual donde sobraron los foros y debates al estilo “todos contra todos”, y también las propuestas de campaña para encaminar la económico de la isla. Como el papel y el discurso electoral lo aguantan todo, la gama de recetas provistas por un número récord de candidatos a la gobernación fue tan variada como ambigua y desatinada. El menú incluyó platos nuevos y algunos favoritos recalentados: desde revivir el régimen de sustitución de importaciones, hasta traer de vuelta las exenciones tributarias tipo sección 936, y crear alianzas público-privadas “participativas”.

Ante la falta de rigor, las propuestas se presentaron casi como se vende un carro usado: “Este modelo fue uno de los mejores;” “se ve medio mataíto, pero el motor está como nuevo;” y “llévatelo ahora, que mañana no te puedo asegurar que lo tenga disponible”. Se dijo mucho pero se debatió muy poco y en concreto sobre cómo se pondrían en marcha las promesas de campaña. Sospecho que la omisión responde a no querer revelar o reflexionar mucho sobre el hecho de que cada proposición económica tiene un impacto político que va más allá de las veleidades partidistas. Es decir, que plantear un ejercicio serio para encaminar el desarrollo económico no es lo mismo que hacer una lista de regalos a los Reyes Magos, y requiere que se dilucide cómo cada movida económica impacta (y se ve afectada por) las relaciones de poder que existen entre diversos actores sociales.

Los vínculos e interacciones entre la economía y lo político se han debatido a la saciedad en contextos académicos, y es cuantioso el inventario de obras cumbres de las ciencias sociales que se enfocan en estos asuntos. Pero las difíciles y problemáticas tareas de armar, encaminar, evaluar críticamente y recalibrar procesos de desarrollo, se debaten mucho menos. En gran parte, porque son gestiones imprecisas y experimentales que generan lecciones usualmente carentes de la elegancia y sencillez que suelen requerir los discursos de estado, las historias oficiales y las contribuciones doctas tradicionales.

No obstante, estos espinosos temas tienen seguidores y maestros, y en esta última categoría existen pocos como Albert O. Hirschman. Autor de numerosos escritos sobre economía política y teorías del desarrollo económico, Hirschman se entrenó como economista pero su producción intelectual lo mantuvo en los márgenes de su disciplina. Su vida fue igualmente inusual, pues tomó armas contra el fascismo con las Brigadas Internacionales en España, colaboró con la resistencia francesa, dictó cursos en la mejores universidades de Estados Unidos y fungió como asesor económico y consultor en América Latina.

Sus múltiples vivencias en el sur le proveyeron material empírico para formular posiciones teóricas respecto a los procesos de desarrollo, y también para revisarlas con el paso del tiempo. Lejos de creer que el trabajo de los estudiosos del mundo social se debería enfocar en identificar grandes y perdurables teorías, su enfoque enfatiza que “la búsqueda de soluciones uniformes a los problemas del desarrollo invariablemente nos lleva por mal camino”. Su advertencia estaba especialmente dirigida a las pandillas de especialistas foráneos que aterrizan sobre diversos países y regiones ofreciendo asesoramiento y soluciones definitivas que se fundamentan en irrefutables ortodoxias económicas—muchas veces sin entender el careo político y otras particularidades del territorio anfitrión.

Más allá de las camisas de fuerza que se forjaban con la puesta en marcha de políticas estándares de desarrollo, Hirschman también identificó la mentalidad del fracaso o la “fracasomanía” como uno de los grandes obstáculos para desatar posibilidades de desarrollo. Según explicó en A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America, creer que todo está mal o que cualquier gestión propuesta está destinada al descalabro limita las posibilidades de identificar algunos destellos de genialidad que casi siempre suelen emanar a lo largo de los engorrosos procesos de desarrollo, y que pudiesen servir como punto de partida para emprender caminos alternos. El antídoto para la “fracasomanía” consiste en la identificación precisa de pistas y oportunidades que usualmente no se revelan a simple vista, enfoque que denominó como “posibilismo”— y que nada tiene que ver con las cursilerías inspiradas en la autoayuda y el afán porrista que tanto gusta en este país.

Hirschman elaboró varias herramientas conceptuales para practicar el posibilismo que son sumamente útiles en estos tiempos. Por un lado, están las “bendiciones (o maldiciones) encubiertas”, donde algo que se pensaba como un obstáculo al desarrollo, se transforma en una posibilidad o un estímulo. La migración boricua al extranjero, que se ha calumniado en estos tiempos de estrechez fiscal, es un ejemplo claro. Aunque muchos dejan de abonar a nuestro pote nacional, los migrantes podrían generar nuevas e impactantes redes trasnacionales de conocimiento, solidaridad y actividad económica si se ponen en marcha políticas sensatas que vinculen la diáspora con el desarrollo nacional.

Por otro lado, están las “secuencias invertidas”, o la idea de que no hay una única sucesión de pasos para encaminar ciertos cambios o procesos de desarrollo. En Puerto Rico, gracias al legado de “Manos a la Obra”, nos hemos dedicado a ofrecer toda clase de exenciones tributarias para atraer actividad económica con resultados mediocres. Pero, ¿no sería mejor si invertimos la secuencia y otorgamos exenciones a aquellas actividades que hayan probado ser exitosas?

Otra tarea posibilista es la “búsqueda de consecuencias imprevistas” o “efectos secundarios” que facilitan transformaciones sociales. En nuestro caso, el impago de la deuda pública, que lamentablemente ha traído una secuencia nefasta de imposiciones injustas y antidemocráticas a través de la Junta de Control Fiscal, también ha abierto una brecha para hacer reclamos más contundentes a favor de la transparencia gubernamental, la necesidad de romper con el truqueo presupuestario, acabar con los errados programas de austeridad y el desorden gubernamental, y para repensar, de una vez y por todas, nuestro corroído modelo de desarrollo y el entramado de intereses que lo mantienen en respiración artificial.

A lo largo de su larga trayectoria, Hirschman logró identificar giros inusuales y resultados inesperados en numerosos proyectos de desarrollo y regímenes políticos. Pero su gestión no se limitó a armar un catálogo de lecciones; también sirvió para “agudizar la percepción de las avenidas disponibles para el cambio”. En gran medida, esto es lo que queremos propiciar desde el CNE a través de nuestra Comisión de Crecimiento. Lejos de querer reproducir la vieja práctica de redactar un plan abarcador, lo que nos interesa es propiciar una búsqueda de posibilidades para el desarrollo que no recurra a las rutas y los cómplices de siempre.

No será una tarea fácil, pues emplear las herramientas posibilistas a través de un ejercicio plural trae consigo numerosos retos. No obstante, los cambios necesarios se materializarán sólo si dejamos a un lado lo usual y nos esmeramos en redescubrir y repensar lo posible.

Autor: Deepak Lamba-Nieves,
Director de Investigación del Centro para una Nueva Economía

Chapter 9 for Puerto Rico: Necessary but not Sufficient

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By: Sergio M. Marxuach

Introduction

Puerto Rico has experienced severe economic problems for several years now. Its economy has been contracting or stagnant at least since 2006, and unemployment, poverty, and inequality levels are extremely high, especially when compared with the fifty states in the mainland.

To put the situation in perspective, note that Puerto Rico’s per capita income is one-third of United States’ and close to one-half of that of the poorest state, Mississippi; its poverty rate is 45% in comparison with 15% in the United States as a whole; and 37% of its population receives nutritional assistance, while only 13% of the population in the fifty states receives such assistance.

In addition, the island has been running budget deficits for the past fifteen years, tax evasion is rampant, government corruption pervasive, the informal economy massive, its real economic productive base weak, and perhaps most important, Puerto Rico’s economy is essentially a mirage based on high consumption levels that have been sustained by a monetary illusion, that is, by having access to a stronger currency—the U.S. dollar—than its economic fundamentals would warrant.

Notwithstanding this dismal economic situation, the island managed to triple its public debt from $24 billion in 2000 to $72 billion in 2015. Indeed, during this period Puerto Rico’s public indebtedness grew at a compound annual rate of 7.6%, while its national income (GNP) grew at a nominal rate of only 3.5%. Given that Puerto Rico’s indebtedness has grown at an average annual rate that is two times faster than the growth rate of its GNP during the past fifteen years, it should not be surprising that Puerto Rico’s total public debt currently exceeds its GNP.

Recently, the governor of Puerto Rico announced that the island’s public debt of $72 billion, equivalent to 103% of its GNP, was “unpayable” and needs to be restructured. We at CNE agree that Puerto Rico needs to restructure at least a portion of its debt.

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La deuda pública: mitos y realidades

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El anuncio por parte del Banco Gubernamental de Fomento que, de no llevarse a cabo ciertas transacciones financieras, el gobierno de Puerto Rico se quedaría sin la liquidez suficiente para honrar todas sus obligaciones en algún momento durante los próximos tres meses ha generado todo tipo desinformación y la repetición impensada de mitos que se han propagado por los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales.

Mito: El pago de los bonos tiene prioridad sobre cualquier otro gasto gubernamental.

Realidad: La Constitución de Puerto Rico establece en su Artículo VI, sección 8 que: “Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley.” READ MORE

Impuestos y deudas

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La decisión de aumentar el IVU a 11.5%, y de implantar un IVA con esa tasa comenzando en abril de 2016, ha generado un debate destemplado sobre los méritos y defectos del IVU, el IVA, y el arbitrio general en los puntos de entrada a Puerto Rico. Sin embargo, en todo este debate se ha ignorado que el componente que más ha contribuido al aumento incremental en los gastos del Fondo General durante los últimos años ha sido el servicio de la deuda de los bonos de obligación general, cuyo repago tiene preferencia sobre cualquier otro gasto del gobierno de acuerdo con el artículo VI, sección 8 de nuestra Constitución.

Linaje colonial

Esta preferencia en el pago del servicio de la deuda se remonta al párrafo 19 de la sección 34 de la Ley Jones de 1917, que establecía un orden de preferencia en el pago de las obligaciones del gobierno de Puerto Rico—sujeto a una determinación contraria del gobernador—en caso de que los recaudos del gobierno resultaran insuficientes para cubrir los gastos presupuestados.

Esa sección de la Ley Jones establecía que “los gastos ordinarios de los departamentos legislativo, ejecutivo y judicial del gobierno estatal, y el interés sobre cualquier deuda pública, deberán ser pagados primeros en su totalidad.” De acuerdo con José Trías Monge, esta disposición la incluyó John Franklin Shafroth, ex-gobernador de y senador por el estado de Colorado, y “calca esencialmente las disposiciones del artículo V, sección 13 de la Constitución de Colorado de 1876, modelo preferido de Shafroth.” (José Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Vol. II).

En este contexto es importante también reseñar dos coincidencias históricas. Primero, los “acuerdos de sindicatura aduanera” suscritos a principios del siglo 20 por Estados Unidos, inicialmente con la República Dominicana y unos años más tarde con Haití, establecían igualmente una preferencia para el pago del interés sobre y la amortización de la deuda pública de esos países, que había sido refinanciada por bancos norteamericanos para evitar la intervención de poderes europeos en este hemisferio; y, segundo, que la aprobación de la Ley Jones ocurrió contemporáneamente con la ocupación militar por Estados Unidos de Haití en 1915 y de la República Dominicana en 1916 para, entre otras cosas, asegurar el cumplimiento con dichos acuerdos aduaneros. (Victor Bulmer-Thomas, The Economic History of the Caribbean Since the Napoleonic Wars). READ MORE

Crónica del endeudamiento en el siglo 21

Businessman holding up a dollar sign

Por: Sergio M. Marxuach

Desde el año fiscal 2000, la deuda pública de Puerto Rico ha incrementado vertiginosamente tanto en términos absolutos como en términos relativos al tamaño de la economía. Al finalizar el año fiscal 2000, la deuda pública total de Puerto Rico sumaba $24,200 millones, mientras que al 31 de julio de 2014 sumaba $71,435 millones, un aumento de $47,235 millones, o un 195%. Durante este periodo el endeudamiento público de la isla creció a una tasa anual compuesta de 8.04%.

El peso de esa deuda se está dejando sentir. El presupuesto consolidado para el año fiscal en curso incluye $4,552 millones (16.2% del total) para el servicio de la deuda, en comparación con $3,408 millones para el Departamento de Educación; $2,223 millones para Mi Salud; $1,503 millones para la UPR; $1,190 millones (4.2% del total) para mejoras permanentes; y $848 millones para la Policía de Puerto Rico.

Por otro lado, el Producto Nacional Bruto (“PNB”), a precios corrientes, incrementó de $41,400 millones en el 2000, a unos $70,740 millones al finalizar el año fiscal 2013, un aumento de $29,340 millones, o un 71%. Durante este periodo el PNB de la isla creció a una tasa anual compuesta de 4.2%. READ MORE

CNE te explica: El presupuesto (Infográficas)

CNE te Explica (Servicio a la Deuda)[1]

CNE te Explica (Fondos ARRA)[1]

CNE te Explica (Deuda Pública)

Improvisación

lo que nos toca

Por Miguel Soto-Class

El mes de junio trae siempre la misma fuente de ansiedad. Y no me refiero a qué hacer con las nenas durante las vacaciones de verano. A lo que me refiero es a la tragicomedia anual de cómo allegar recursos a las defalcadas arcas públicas y cuadrar el presupuesto gubernamental. Este año, a pesar de las medidas correctivas que se han tomado para subsanar las deficiencias del Sistema de Retiro y mantener la credibilidad ante las casas acreditadoras, la situación es particularmente crítica. La deuda pública equivale casi al Producto Nacional Bruto, los mercados financieros tienen cada vez menos paciencia, y nuestro andamiaje institucional y político parece ser incapaz de aportar soluciones efectivas y mucho menos duraderas. Vivimos de crisis en crisis, poniéndole parches a un dique que estalla por todas las esquinas. READ MORE

La ceguera del mito migratorio

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Recientemente, este diario publicó unas noticias de portada que revelan datos alarmantes: el éxodo boricua durante la pasada década, principalmente hacia latitudes norteñas, le ha costado al país al menos $3,000 millones. Según el análisis citado, realizado por un amigo economista, de no haberse ido tanta gente, la carga de la deuda pública por persona sería menos pesada.

Para el beneficio de los lectores menos despiertos, una de las conclusiones obligadas está plasmada en la cara del periódico: “La emigración de 576,000 puertorriqueños productivos desangra la economía del país”.

Luego de que la oficina del Censo de los Estados Unidos determinó que Puerto Rico y Michigan eran las únicas jurisdicciones que habían perdido población durante la pasada década, y a raíz de varios informes preparados por del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, el migrante está, una vez más, en el paredón de fusilamiento de la opinión pública. A pesar de la gran cantidad de libros, ensayos, columnas, poemas y canciones que se han redactado sobre el vaivén isleño, que ilustran un cuadro complejo sobre la relación dinámica y fructífera que ha existido entre los que se van y los que se quedan, las acusaciones persisten. READ MORE

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