Ajuste fiscal y la economía

The Need to Know the Risks

El debate público durante los últimos dos meses se ha concentrado en el impacto de las medidas especificas de ajuste fiscal propuestas tanto por la Junta de Control de Fiscal (“JCF”) en su carta del 18 de enero al Gobernador Rosselló, como por la administración actual en su Plan Fiscal del 28 de febrero.

Por ejemplo, se ha debatido mucho sobre la sabiduría, o falta de esta, de recortarle $300 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Y esa discusión es importante, pero ese debate ha desviado la atención del impacto agregado en la economía que tendría un ajuste fiscal de la magnitud propuesta tanto por la JCF como por la administración actual.

De entrada, debe quedar claro que va a ser muy difícil evitar medidas de austeridad ya que se proyecta que Puerto Rico incurra un déficit primario (antes del servicio de la deuda) durante los próximos años y no podemos devaluar nuestra moneda, ni tenemos acceso a financiamiento a corto plazo.

Esto no significa, sin embargo, que no se pueda hacer nada para mitigar parcialmente el impacto negativo de las políticas de austeridad. Primero, se puede modificar la composición de las medidas de ajuste. Algunas combinaciones de recortes e impuestos tienen un impacto adverso menor en la economía en comparación con otras, dependiendo del impacto en la demanda agregada.

Segundo, la ley PROMESA no exige que el ajuste fiscal se lleve a cabo en dos años. Sí se hiciera en un periodo de tres a cinco años le daría más tiempo al gobierno para que las reformas estructurales que propone implementar comiencen a tener un efecto positivo en la economía. Entonces las medidas de ajuste se podrían implementar escalonadamente, una vez la economía comience a crecer.

Tercero, la liquidez del gobierno mejoraría de manera significativa si se declara una moratoria absoluta en el pago de toda la deuda pública. Esos fondos se podrían utilizar entonces para financiar deficiencias a corto plazo en lo que se implementa el ajuste fiscal y las reformas estructurales.

Habiendo dicho eso, sí la ruta de la austeridad resulta inevitable, tanto la JCF como el gobierno tienen la obligación moral de explicar con claridad el impacto adverso en la economía de los ajustes que proponen.

En su carta del 18 de enero, la JCF propone un ajuste fiscal de $4,500 millones en un periodo de dos años fiscales. Ese ajuste es equivalente a 6.4% del producto nacional bruto (“PNB”) estimado para el año fiscal 2017.

Ahora, un ajuste fiscal de $1,000 millones tiene un impacto fiscal y económico en exceso de $1,000 millones. Por el lado fiscal, esto se debe, por ejemplo, a que una reducción de los salarios o beneficios de los empleados públicos significa que éstos tendrán menos ingreso disponible para gastar y por lo tanto los recaudos de Hacienda disminuirán. Además, también debemos suponer que los contribuyentes modificarán su actividad económica en respuesta a cambios en la política pública.

El Dr. Brad Setser, ex-funcionario del Tesoro de Estados Unidos quien trabajó en los asuntos de Puerto Rico y se encuentra actualmente en el Council on Foreign Relations, estima este impacto, en un blog publicado recientemente en CFR.org, en 20% para Puerto Rico. Eso significa que lograr un ajuste de $4,500 millones, va a tener un impacto fiscal de aproximadamente $5,400 millones o cerca de 7.7% del PNB.

Por el lado de la economía, para calcular el impacto total de la consolidación fiscal en relación al PNB es necesario ajustarla por el multiplicador fiscal. En términos sencillos, el multiplicador fiscal es un estimado del efecto (positivo o negativo) que tiene un cambio en el gasto gubernamental sobre el ingreso nacional (PNB).

La literatura económica sobre cómo calcular el multiplicador fiscal es extensa. A manera de ejemplo, presentamos aquí tres fuentes diferentes. Primero, el Fondo Monetario Internacional (“FMI”) utiliza un multiplicador fiscal de aproximadamente 1.5. Esto significa que una reducción en el gasto gubernamental equivalente al 1% del PNB produce una reducción en el PNB de 1.5%.

Una investigación más reciente llevada a cabo por Christopher House, Christian Proebsting y Lida Tesar (“HPT”), publicada en el website del prestigioso National Bureau of Economic Research (NBER Working Paper No. 23,147) estima el multiplicador fiscal en 2 para países europeos que pertenecen a una unión monetaria.

Finalmente, Alan J. Auerbach y Yuriy Gorodnichenko, ambos de la Universidad de California—Berkeley, estiman que el multiplicador para economías en recesión es aún mayor, entre 2.24 y 2.48. Aquí utilizamos un promedio simple de 2.36.

Por lo tanto, podemos estimar (sin pretensiones de precisión absoluta) que el ajuste propuesto por la JCF podría resultar en una reducción en el PNB de 11.5% utilizando el multiplicador del FMI, 15.4% utilizando el multiplicador de HPT y de hasta 18.2% utilizando el estimado de Auerbach, esto en una economía que ya se ha contraído por aproximadamente 14% desde el 2006.

El Plan Fiscal presentado por la administración actual sugiere un ajuste fiscal menor—$3,500 millones en un periodo de dos años fiscales, equivalente a 5% del PNB—ya que parte de un escenario base más optimista.

Ese ajuste, sin embargo, incluye $1,000 millones producto de la extensión del impuesto de la ley 154. Ese impuesto, según estructurado actualmente afecta temporeramente el flujo de efectivo de las compañías que lo pagan, pero no impacta adversamente la economía local ya que se impone solamente sobre transacciones entre ciertas compañías foráneas con operaciones en Puerto Rico y sus afiliadas internacionales. Por lo tanto, restamos esa cantidad del ajuste fiscal sugerido y este se reduce a $2,500 millones.

Como explicamos anteriormente, esa cifra hay que aumentarla por 20% para tomar en cuenta el impacto fiscal del ajuste. Eso significa que lograr un ajuste de $2,500 millones va a tener un impacto fiscal de $3,000 millones, o un 4.3% del PNB. Si utilizamos los mismos multiplicadores fiscales, concluimos que el impacto económico adverso del ajuste propuesto por la actual administración podría fluctuar entre 6.5%, 8.6% y 10.1% del PNB. Un impacto negativo menor relativo al ajuste sugerido por la JCF pero de todas maneras devastador en una economía tan débil como la de Puerto Rico.

Aunque es difícil de determinar, ya que el Plan Fiscal no describe el modelo económico que se utilizó para estimar el impacto de las políticas propuestas, nos parece, dado el análisis anterior, que no se incorporó de manera explícita el impacto adverso total del ajuste fiscal en las proyecciones. Por tanto, el impacto negativo a corto plazo de las medidas de ajuste fiscal pudiera estar sub-estimado en el Plan Fiscal.

Por otro lado, el Plan Fiscal parece incluir el efecto positivo de la implementación de una serie de reformas estructurales que, según el Plan, tendrían un impacto “acumulativo de 2% en el crecimiento del PNB.” Otra vez, sin acceso al modelo económico que se utilizó es difícil determinar la razonabilidad de este estimado. Sin embargo, nos preocupa el estimado de la inversión que se prevé por parte de Alianzas Publico Privadas (“APP”) y de los empleos que serán creados por estas. El Plan Fiscal proyecta una inversión nueva por parte de APPs de unos $4,500 millones que se estima crearán unos 100,443 empleos nuevos.

Esa proyección es similar a la que utilizó la administración de Luis Fortuño en su Modelo Estratégico para una Nueva Economía del 2009, que incluía una inversión de $6,214 millones por parte de APPs creando 99,735 empleos nuevos. Desafortunadamente se sobre-estimó tanto la cantidad de inversión como la creación de empleos. Por tanto, el impacto económico de las reformas estructurales pudiera estar sobre-estimado en el Plan Fiscal.

Finalmente, debemos estar conscientes de que todas estas propuestas de ajustes y reformas estructurales se implementarán en un país donde la ambigüedad ideológica, la incertidumbre política, la complejidad de la economía y la desintegración social delimitan estrictamente nuestras opciones. El reto consiste en actuar eficazmente en este ambiente, a la vez que aceptamos y vivimos con esas tensiones y contradicciones.

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía


Fiscal Adjustment and the Economy of Puerto Rico


The Need to Know the Risks

During the past two months, public debate in Puerto Rico has focused mostly on the impact of specific fiscal adjustment measures proposed by the Fiscal Control Board (“FCB”) in its January 18 letter to Governor Roselló and by the Rosselló administration in its February 28 Fiscal Plan.

For example, much has been said about the wisdom, or lack thereof, of cutting $300 million from the budget of the University of Puerto Rico. This discussion while important, has diverted attention away from the aggregate impact that fiscal adjustments such as those proposed both by the FCB and the administration would have on the economy.

From the start it should be clear that it will be very difficult for Puerto Rico to avoid austerity measures: the government is expected to incur in a primary deficit (before debt service) over the next few years and the island can neither devalue its currency nor access short term financing.

This does not mean that nothing can be done to mitigate the negative impact of austerity measures. Some combinations of budget cuts and tax increases have a less adverse impact on the economy when compared to others, depending on their impact on aggregate demand.

Second, PROMESA does not require that the fiscal adjustment be implemented in two years. If it were implemented over a three to five year period, the structural reforms the government is proposing would have adequate time to have a positive effect on the economy. Then fiscal adjustment measures could be implemented incrementally, once the economy starts growing again.

Third, declaring an absolute moratorium on all public debt service could significantly increase the government’s liquidity. These funds would be used to finance short-term deficiencies while the fiscal adjustment and the structural reforms are implemented.

That being said, if the road of fiscal austerity is inevitable, then both the FCB and the government have a moral obligation to clearly explain the adverse effect that their proposals will have on the overall economy.

In its January 18 letter, the FCB proposed an adjustment of $4.5 billion over a two- year fiscal period. That adjustment is equivalent to 6.4% of the Gross National Product (GNP) estimated for fiscal year 2017.

It is important to note that a fiscal adjustment of $1 billion has both a fiscal and an economic impact in excess of $1 billion. On the fiscal side, this negative feedback loop is due, for example, to the fact that a reduction in the salaries or benefits of public employees reduces their disposable income available for consumption and this has a negative effect on the government’s revenues. In addition, taxpayers modify their economic activity in response to changes in public policy.

Dr. Brad Setser, a former United States Treasury official who worked on matters related to Puerto Rico and is currently with the Council on Foreign Relations, estimated in a blog recently published in CFR.org, that this impact in Puerto Rico to be in the order of 20%. This means that an adjustment of $4.5 billion will have a fiscal impact of $5.4 billion or close to 7.7% of the GNP.

On the economic side, we must adjust the amount of the proposed fiscal consolidation using a fiscal multiplier to calculate the total impact of the fiscal consolidation on the economy as a whole. In general terms, the fiscal multiplier is an estimate of the (negative or positive) effect that a change in government spending has on national income (the GNP).

The economic literature on how to calculate a fiscal multiplier is extensive. For discussion purposes, we use estimates from three different sources. First, the International Monetary Fund (“IMF”) uses a fiscal multiplier of approximately 1.5. This means that a reduction in government spending of 1% of GNP will produce a reduction of 1.5% on the GNP.

A more recent investigation by Christopher House, Christian Proebsting and Linda Tesar (“HPT”) published in the website of the prestigious National Bureau of Economic Research (NBER Working Paper No. 23,147) estimates the fiscal multiplier in 2 for European countries that belong to a monetary union.

Finally, Alan J. Auerbach and Yuriy Gorodnichenko, both from the University of California—Berkeley, estimate that the multiplier for economies in recession is even larger, between 2.24 and 2.48. Here we use a simple average of 2.36.

We can then estimate (without pretension of having absolute certainty) that the adjustment proposed by the FCB could result in a reduction of 11.5% of GNP using the IMF’s multiplier, 15.4% applying HPT’s multiplier, and up to 18.2% using Auerbach’s estimate—this in an economy that has already contracted about 14% since 2006.

The Fiscal Plan presented by the Administration suggests a smaller fiscal adjustment— $3.5 billion over a two-year fiscal period, equivalent to 5% of GNP—because it assumes a more optimistic baseline scenario.

This adjustment, however, includes $1 billion from the extension of the Act 154 excise tax. While this tax temporarily affects the cash flow of the companies subject to it, it does not have an adverse impact on the local economy (it is not a “fiscal drag”) since it is imposed only on sales made by certain foreign companies with operations in Puerto Rico to their offshore affiliates. This means we have to subtract that amount from the suggested fiscal adjustment, which then decreases to $2.5 billion.

As we explained before, this figure has to be increased by 20% in order to take into account the negative fiscal feedback loop. This means that an adjustment of $2.5 billion will have a fiscal impact of $ 3 billion or 4.3% of the GNP. If we use the same fiscal multipliers, we can conclude that the aggregate adverse economic impact of the adjustment proposed by the administration could fluctuate between 6.5%, 8.6% and 10.1% of GNP. This is a smaller negative impact relative to the adjustment suggested by the FCB but still a devastating one for such a weak economy as Puerto Rico’s.

The Fiscal Plan does not describe the economic model that was used to estimate the impact of the policies proposed. However, it seems to us, given the preceding analysis, that the total adverse impact the fiscal adjustment would have on the economy was not explicitly incorporated in the administration’s projections. Thus, the short-term negative impact of the fiscal adjustment measures could be under-estimated in the Fiscal Plan.

On the other hand, the Fiscal Plan does seem to include the positive effect of the implementation of a series of structural reforms that, according to the Plan, would generate a “cumulative 2% increase in GNP growth”. Without access to the economic model that was used it is difficult to determine the reasonableness of this estimate. However, we are troubled by the estimate provided for the amount of investment and the new jobs that are expected to be created by Public Private Partnerships (“PPP”). The Fiscal Plan forecasts that new investment by the PPPs will be in the order of $4.5 billion and would create 100,443 new jobs.

This projection is eerily similar to the one used by the Luis Fortuño administration in its 2009 Strategic Model for a New Economy. That document incorporated the effect of $6.2 billion in new investment by PPPs and forecasted the creation of 99,735 new jobs. Unfortunately, both the level of investment and of new jobs was over-estimated. We can thus surmise that the positive economic impact of the structural reforms may have been over-estimated in the administration’s Fiscal Plan.

Finally, we should be aware that all these proposals for adjustments and reforms will be implemented in a country where ideological ambiguity, political uncertainty, economic complexity and social disintegration severely limit the available options. The challenge is to figure out how to act efficaciously in this environment while accepting and embracing those tensions and contradictions.

Fiscal Adjustment and the Economy of Puerto Rico
By: Sergio M. Marxuach
Policy Director
Center for a New Economy

La junta en su laberinto

cne-dilemaspLos dilemas del Plan Fiscal

Jorge Luis Borges en “El jardín de senderos que se bifurcan” narra la historia de Ts’ui Pên, un chino erudito que se retira a “escribir un libro” y “construir un laberinto.” Al morir éste deja como legado varios “manuscritos caóticos”. Con el paso del tiempo un profesor descifra el enigma: el libro y el laberinto eran un solo objeto. En su libro, Ts’ui Pên—en contraste con una narrativa tradicional donde una persona enfrentada con diversas alterativas “opta por una y elimina las otras”—opta simultáneamente por todas y “crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan.” En esencia “todos los desenlaces ocurren; cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones.”

De igual manera, los encargados de redactar un plan fiscal a diez años para Puerto Rico comienzan en el mismo lugar que Ts’ui Pên: enfrentando una infinidad de porvenires posibles. Pero, a diferencia de Ts’ui Pên, no pueden optar simultáneamente por todas las alternativas. Los autores tendrán que analizar como interactúan diversas variables económicas, financieras, fiscales y sociales, y escoger un sendero fiscal, entre los múltiples que son factibles, sabiendo que su decisión será a su vez—a través de los efectos en la economía de Puerto Rico—el punto de partida de otros senderos y bifurcaciones fiscales.

DECISIONES DIFÍCILES DEL PLAN FISCAL

El problema es que no existe una metodología puramente tecnocrática, libre de una carga ideológica o filosófica, para determinar si se le otorga prioridad al crecimiento económico, a eliminar el déficit estructural, al pago de la deuda pública, a mantener los servicios públicos esenciales, incluyendo el seguro salud del gobierno, o al pago de las pensiones. Es por eso que en el CNE hemos elaborado, partiendo desde nuestra visión y entendimiento de la economía de Puerto Rico, algunos principios para la preparación del plan fiscal.

El 15 de noviembre enviamos una carta a la Junta de Control Fiscal describiendo esos principios, los cuales resumimos a continuación.

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Las premisas del modelo económico del plan fiscal deben ser absolutamente transparentes

La médula del plan fiscal es un escenario base, que a su vez es función de unas proyecciones de crecimiento económico. Este escenario asume que no hay cambios en las leyes o políticas fiscales existentes. El objetivo es establecer un marco de referencia para estimar el impacto de diversas propuestas de política pública. Por tanto, es extremadamente importante que el modelo económico utilizado para generar el escenario base se haga público y que las premisas utilizadas para su preparación se expliquen y justifiquen adecuadamente.

Restaurar el crecimiento económico debe ser el objetivo principal

Un crecimiento económico robusto es la clave para sufragar los servicios gubernamentales, pagar las pensiones, y para la sostenibilidad de la deuda pública. El segundo paso, por tanto, debe ser el diseño de una estrategia de crecimiento a mediano plazo que identifique sectores donde Puerto Rico tiene, o pudiera tener, una ventaja comparativa y las reformas estructurales necesarias para generar crecimiento. El impacto de esas intervenciones de política pública se puede medir entonces en relación al escenario base. Idealmente, se escogerían políticas que aumenten la inversión, creen empleos nuevos, incrementen el ingreso personal, generen un aumento en los recaudos gubernamentales y produzcan un balance primario positivo (antes de pagar interés y principal) que servirá de punto de partida para negociar con los acreedores.

Cualquier restructuración de la deuda debe ser por una cantidad suficiente para evitar otra renegociación en el corto plazo

Una vez se determina el balance primario estimado para los próximos diez años, se compara esa cantidad con el servicio de la deuda (para ese mismo periodo de tiempo) que depende de impuestos para su repago (las corporaciones públicas se excluyen ya que éstas generan sus propios ingresos) y se calcula la quita necesaria para asegurarnos con un alto grado de probabilidad, digamos 95%, que la deuda se podrá pagar sin tener que tomar préstamos nuevos y que no será necesario renegociarla en el corto plazo. Este último punto es importante; varios estudios han determinado que en más del 50% de las reestructuraciones de deuda durante los últimos cuarenta años ha sido necesario renegociar los términos dentro de un periodo de cinco años. Este resultado no solamente es sub-óptimo sino que también retrasa la recuperación económica al generar un alto grado de incertidumbre.

Evitar o minimizar las políticas de austeridad

La idea de que la implementación de políticas de austeridad tiene efectos positivos en el crecimiento económico ha tenido una larga vida a pesar de toda la evidencia que indica lo contrario. Tan recientemente como el 2010, economistas de la división de investigación del Fondo Monetario Internacional (“FMI”) cuestionaron la sabiduría de imponer políticas de austeridad a países que atraviesan por una crisis fiscal o financiera. Por ejemplo, el World Economic Outlook de octubre de 2010, incluye un análisis que concluye que en países afectados por una crisis fiscal “un recorte en el gasto gubernamental igual a 1% del PNB reduce la demanda doméstica aproximadamente por 1 por ciento y aumenta la tasa de desempleo por 0.3 punto porcentual.” Este análisis fue validado por el propio FMI en el 2011, 2012, y 2013.

Más importante aún, en Puerto Rico la austeridad se ha intentado y ha fracasado. Tanto la Ley 7 del 2009, como la Ley 66 del 2014, impusieron recortes al gasto gubernamental, aumentaron impuestos, congelaron salarios, suspendieron la efectividad de convenios colectivos, y rescindieron contratos, entre otras medidas de austeridad. El efecto, en ambos casos, fue agudizar la contracción económica.

Estipular claramente que cosas son negociables y cuales no

Dada la experiencia en otras jurisdicciones, lo más probable es que los bonistas presenten demandas económicamente irrazonables o socialmente perversas con respecto a la cantidad del balance primario, recortes a los servicios gubernamentales y pensiones públicas, la privatización de activos públicos, y reformas a leyes laborales y al seguro de salud del gobierno. El gobierno de Puerto Rico debe dejar claro desde el principio que es negociable y que no en cada una de estas áreas para evitar la pérdida de tiempo y reducir la ansiedad e incertidumbre entre la población. Sí los efectos económicos de la austeridad son negativos, los efectos sociales son potencialmente explosivos.

Dado todo lo anterior, recomendamos que la próxima iteración del plan fiscal atienda la crisis fiscal en la siguiente secuencia: (1) implementar reformas estructurales para fomentar el crecimiento; (2) reformar las instituciones presupuestarias, fiscales y de política económica; (3) renegociar los términos de la deuda pública; y (4) postergar la implementación de políticas de austeridad, si alguna.

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Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

Una ruta inusual hacia el crecimiento

Una ruta inusual hacia el crecimiento

Articular y ejecutar una estrategia de desarrollo económico es un ejercicio bastante incierto y complejo, pero no imposible. Esta no es una idea novel ni demasiado sagaz, pero merece repetirse. Especialmente luego de un ciclo electoral inusual donde sobraron los foros y debates al estilo “todos contra todos”, y también las propuestas de campaña para encaminar la económico de la isla. Como el papel y el discurso electoral lo aguantan todo, la gama de recetas provistas por un número récord de candidatos a la gobernación fue tan variada como ambigua y desatinada. El menú incluyó platos nuevos y algunos favoritos recalentados: desde revivir el régimen de sustitución de importaciones, hasta traer de vuelta las exenciones tributarias tipo sección 936, y crear alianzas público-privadas “participativas”.

Ante la falta de rigor, las propuestas se presentaron casi como se vende un carro usado: “Este modelo fue uno de los mejores;” “se ve medio mataíto, pero el motor está como nuevo;” y “llévatelo ahora, que mañana no te puedo asegurar que lo tenga disponible”. Se dijo mucho pero se debatió muy poco y en concreto sobre cómo se pondrían en marcha las promesas de campaña. Sospecho que la omisión responde a no querer revelar o reflexionar mucho sobre el hecho de que cada proposición económica tiene un impacto político que va más allá de las veleidades partidistas. Es decir, que plantear un ejercicio serio para encaminar el desarrollo económico no es lo mismo que hacer una lista de regalos a los Reyes Magos, y requiere que se dilucide cómo cada movida económica impacta (y se ve afectada por) las relaciones de poder que existen entre diversos actores sociales.

Los vínculos e interacciones entre la economía y lo político se han debatido a la saciedad en contextos académicos, y es cuantioso el inventario de obras cumbres de las ciencias sociales que se enfocan en estos asuntos. Pero las difíciles y problemáticas tareas de armar, encaminar, evaluar críticamente y recalibrar procesos de desarrollo, se debaten mucho menos. En gran parte, porque son gestiones imprecisas y experimentales que generan lecciones usualmente carentes de la elegancia y sencillez que suelen requerir los discursos de estado, las historias oficiales y las contribuciones doctas tradicionales.

No obstante, estos espinosos temas tienen seguidores y maestros, y en esta última categoría existen pocos como Albert O. Hirschman. Autor de numerosos escritos sobre economía política y teorías del desarrollo económico, Hirschman se entrenó como economista pero su producción intelectual lo mantuvo en los márgenes de su disciplina. Su vida fue igualmente inusual, pues tomó armas contra el fascismo con las Brigadas Internacionales en España, colaboró con la resistencia francesa, dictó cursos en la mejores universidades de Estados Unidos y fungió como asesor económico y consultor en América Latina.

Sus múltiples vivencias en el sur le proveyeron material empírico para formular posiciones teóricas respecto a los procesos de desarrollo, y también para revisarlas con el paso del tiempo. Lejos de creer que el trabajo de los estudiosos del mundo social se debería enfocar en identificar grandes y perdurables teorías, su enfoque enfatiza que “la búsqueda de soluciones uniformes a los problemas del desarrollo invariablemente nos lleva por mal camino”. Su advertencia estaba especialmente dirigida a las pandillas de especialistas foráneos que aterrizan sobre diversos países y regiones ofreciendo asesoramiento y soluciones definitivas que se fundamentan en irrefutables ortodoxias económicas—muchas veces sin entender el careo político y otras particularidades del territorio anfitrión.

Más allá de las camisas de fuerza que se forjaban con la puesta en marcha de políticas estándares de desarrollo, Hirschman también identificó la mentalidad del fracaso o la “fracasomanía” como uno de los grandes obstáculos para desatar posibilidades de desarrollo. Según explicó en A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America, creer que todo está mal o que cualquier gestión propuesta está destinada al descalabro limita las posibilidades de identificar algunos destellos de genialidad que casi siempre suelen emanar a lo largo de los engorrosos procesos de desarrollo, y que pudiesen servir como punto de partida para emprender caminos alternos. El antídoto para la “fracasomanía” consiste en la identificación precisa de pistas y oportunidades que usualmente no se revelan a simple vista, enfoque que denominó como “posibilismo”— y que nada tiene que ver con las cursilerías inspiradas en la autoayuda y el afán porrista que tanto gusta en este país.

Hirschman elaboró varias herramientas conceptuales para practicar el posibilismo que son sumamente útiles en estos tiempos. Por un lado, están las “bendiciones (o maldiciones) encubiertas”, donde algo que se pensaba como un obstáculo al desarrollo, se transforma en una posibilidad o un estímulo. La migración boricua al extranjero, que se ha calumniado en estos tiempos de estrechez fiscal, es un ejemplo claro. Aunque muchos dejan de abonar a nuestro pote nacional, los migrantes podrían generar nuevas e impactantes redes trasnacionales de conocimiento, solidaridad y actividad económica si se ponen en marcha políticas sensatas que vinculen la diáspora con el desarrollo nacional.

Por otro lado, están las “secuencias invertidas”, o la idea de que no hay una única sucesión de pasos para encaminar ciertos cambios o procesos de desarrollo. En Puerto Rico, gracias al legado de “Manos a la Obra”, nos hemos dedicado a ofrecer toda clase de exenciones tributarias para atraer actividad económica con resultados mediocres. Pero, ¿no sería mejor si invertimos la secuencia y otorgamos exenciones a aquellas actividades que hayan probado ser exitosas?

Otra tarea posibilista es la “búsqueda de consecuencias imprevistas” o “efectos secundarios” que facilitan transformaciones sociales. En nuestro caso, el impago de la deuda pública, que lamentablemente ha traído una secuencia nefasta de imposiciones injustas y antidemocráticas a través de la Junta de Control Fiscal, también ha abierto una brecha para hacer reclamos más contundentes a favor de la transparencia gubernamental, la necesidad de romper con el truqueo presupuestario, acabar con los errados programas de austeridad y el desorden gubernamental, y para repensar, de una vez y por todas, nuestro corroído modelo de desarrollo y el entramado de intereses que lo mantienen en respiración artificial.

A lo largo de su larga trayectoria, Hirschman logró identificar giros inusuales y resultados inesperados en numerosos proyectos de desarrollo y regímenes políticos. Pero su gestión no se limitó a armar un catálogo de lecciones; también sirvió para “agudizar la percepción de las avenidas disponibles para el cambio”. En gran medida, esto es lo que queremos propiciar desde el CNE a través de nuestra Comisión de Crecimiento. Lejos de querer reproducir la vieja práctica de redactar un plan abarcador, lo que nos interesa es propiciar una búsqueda de posibilidades para el desarrollo que no recurra a las rutas y los cómplices de siempre.

No será una tarea fácil, pues emplear las herramientas posibilistas a través de un ejercicio plural trae consigo numerosos retos. No obstante, los cambios necesarios se materializarán sólo si dejamos a un lado lo usual y nos esmeramos en redescubrir y repensar lo posible.

Autor: Deepak Lamba-Nieves,
Director de Investigación del Centro para una Nueva Economía

Una visión para el desarrollo

Una visión para el desarrollo

Al igual que en Grecia, muchos observadores ocasionales del caso de Puerto Rico atribuyen la debacle económica de la isla a la mala gestión fiscal del gobierno. Sin lugar a dudas, la gestión fiscal jugó un papel importante en la crisis de deuda – al no actualizar la política fiscal al gran cambio que ha sufrido la economía de la isla. Sin embargo, la causa primordial de la crisis ha sido otra: la desindustrialización provocada por el cambio de política fiscal de Estados Unidos y el posterior fracaso del gobierno de la isla y del sector privado en crear e implementar una nueva estrategia de desarrollo económico.
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Celebramos nuestro aniversario pensando el futuro

Este mes de noviembre CNE celebra sus 18 años. A través del tiempo hemos sido una voz sobria, balaceada y empírica en momentos de polarización e incertidumbre. Hablamos con rigor académico, independencia de criterio, y fuera de líneas político-partidistas. Ahora, hemos aceptado el reto que nos presentan los tiempos y nos lanzamos en una iniciativa de gran envergadura: la creación del CNE Growth Commission, un proyecto que busca impulsar una nueva conversación sobre cómo restablecer el desarrollo económico de largo plazo en Puerto Rico. Este mes, al celebrar nuestro aniversario, queremos recordar los hitos con los que hemos marcado camino, y reafirmar nuestra intención de seguir generando propuestas que provoquen una discusión pública robusta, y que ayuden a impulsar una nueva etapa de crecimiento económico sostenido para Puerto Rico.

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Espacios

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Por Miguel A. Soto Class

El viernes pasado celebramos una de las conferencia anuales más especiales del Centro para Una Nueva Economía. Fue especial por tener como orador principal a al profesor Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. También, presentamos por primera vez ante un público una nueva ampliación de nuestro trabajo; una iniciativa que hemos llamado, Espacios Abiertos, y que busca fortalecer las capacidades ciudadanas de nuestro Pueblo. Y finalmente, fue especial porque por la mañana llevamos al Profesor Stiglitz a la Universidad de Puerto Rico donde más de dos mil estudiantes tuvieron la oportunidad de escucharlo. Ambos eventos estuvieron abiertos al público, como es la costumbre en las conferencias de CNE, y los allí presentes asistieron por su iniciativa e interés de ser parte del diálogo. READ MORE

Café

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Por Mike Soto-Class

Se está acabando el café. Quien últimamente se haya dado a la tarea de comprar una libra de café de primera de fincas puertorriqueñas, se habrá dado cuenta que hay una gran escasez. La taza o el cortado todavía se consigue gracias al crecimiento de excelentes “coffee shops”. Pero el final esta a la vista.

Puerto Rico, un país con una profunda tradición cafetalera de siglos, enfrenta desde hace tiempo una crisis en la industria del café. De hecho, me atrevo a plantear que si definimos industria como un conjunto coordinado de operaciones, políticas públicas e intereses comerciales que engranan y funcionan hacia un mismo fin, tendríamos que aceptar que Puerto Rico ya no tiene una industria de café. La mayor parte del café que tomamos proviene de grano importado, y el puñado de beneficiados de café –como se le llama a los caficultores que no sólo siembran, sino que compran, acopian y procesan el producto de otros caficultores– andan haciendo de tripas corazones. READ MORE

Saliendo de la trampa

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Por Sergio M. Marxuach

En los 237 años que han transcurrido desde la publicación del libro La Riqueza de las Naciones muchos economistas y científicos sociales se han dedicado a tratar de entender la naturaleza, las causas y los determinantes del desarrollo económico. Este esfuerzo sostenido por más de dos siglos ha producido un mejor entendimiento del proceso de desarrollo pero todavía quedan muchas preguntas por contestar.

Lo que sí queda claro es que el desarrollo económico es producto de la complicada interacción de múltiples variables y factores sociales.  No existe una solución tipo “receta de cocina” que se pueda usar mecánicamente y que genere no sólo crecimiento sostenido sino también desarrollo económico a largo plazo; un proceso más amplio y complejo que implica un aumento en la disponibilidad de bienes materiales así como una reducción de los males sociales. READ MORE

Falta liderato para empujar la economía

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6 de junio de 2013 – Negocios, Puerto Rico – Carlos Antonio Otero, EL VOCERO

http://www.vocero.com/falta-liderato-para-empujar-la-economia/

Ante la incertidumbre de si se cumplen o no las medidas presentadas originalmente a las casas acreditadoras para aumentar los recaudos, el déficit de liderato en el gobierno podría acelerar la llegada de una degradación del crédito del Estado libre Asociado a nivel de chatarra, opinó el Centro para la Nueva Economía (CNE). READ MORE

El (Sub)desarrollo institucional de Puerto Rico

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Por Sergio M. Marxuach

Durante las últimas dos décadas varios académicos han notado que países que tienen acervos similares de capital y recursos humanos pueden seguir trayectorias muy diferentes de desarrollo económico. Esa paradoja ha llevado a algunos economistas a sugerir que la variación en las tasas de crecimiento y niveles de desarrollo económico observada en distintos países se debe, por lo menos parcialmente, a diferencias en las estructuras institucionales.

Esta “escuela institucionalista” ha cobrado alguna popularidad últimamente. Sin embargo, como bien nos recuerda el profesor Francisco Catalá en su libro más reciente, Promesa Rota: una mirada institucionalista a partir de Tugwell, los orígenes intelectuales de la perspectiva institucional se remontan al trabajo de Thorstein Veblen y la publicación de su Teoría de la Clase Ociosa (1899). READ MORE

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