Isla migaja

Isla Migajas

En esta coyuntura de incertidumbre resulta útil establecer contextos y miradas comparativas: sirven para entender situaciones complejas como la que vivimos y forjar alternativas. A medida que se ha ido precisando la magnitud de la crisis económica y fiscal, Puerto Rico ha sido comparado con Grecia y Argentina, con Detroit. Ambas miradas – hacia los países soberanos y hacia las municipalidades de EEUU – son aleccionadoras, pero quizás se quedan cortas tanto por la naturaleza híbrida de la ley PROMESA – que recoge disposiciones de la quiebra municipal y de los regímenes de quiebra soberana – como por el complicado estatus jurídico e institucional de Puerto Rico. Por esto, en este espacio propongo una tercera mirada usando como punto de partida el libro Islas migajas: los países no independientes del Caribe contemporáneo del profesor de la Universidad de Puerto Rico Aaron Gamaliel Ramos.

Comencemos por contextualizar su título. “Islas migajas” es uno de los calificativos con el que el poeta y pensador martiniqués Aimé Césaire denominó las islas del Caribe en su poema Cuaderno de un retorno al país natal. Considerado por algunos como el mayor monumento lírico de la lengua francesa, Cuaderno es una oda a la trágica, conflictiva, dura, pero tremendamente rica historia del Caribe, caracterizada por el colonialismo, la esclavitud, el monocultivo, y la pauperización de sus gentes. Puerto Rico ha sido parte de esa complicada historia, si bien ha vivido durante varias décadas en negación, de espaldas al entorno antillano del que es parte y en el que está enclavado.

Islas migajas sirve para enmarcar nuestra crisis actual en los sucesos más amplios que se han producido en el Caribe. Primero, contextualiza el esquema institucional que Puerto Rico ha sostenido con EEUU y desmonta la noción de su excepcionalismo. El “Estado Libre Asociado” (ELA) es uno de varios arreglos territoriales que Gran Bretaña, Francia, Holanda y EEUU forjaron con sus colonias durante la post-guerra, experimentando con distintos grados de integración, autonomía y control. Mientras que Francia optó por la departamentalización de Martinica y Guadalupe (algo que equivaldría a la estadidad federada en el caso estadounidense), Holanda optó por una serie de arreglos autonómicos en Curazao, Aruba y St. Marteen, y Gran Bretaña por unos de corte abiertamente territorial. Si alguna interrogante quedaba sobre la pertenencia de Puerto Rico a este caleidoscopio neo-colonial, los sucesos recientes nos deben haber sacado de duda, con la opinión del Procurador General de EEUU sobre la naturaleza territorial del ELA; la invalidación de la llamada “Quiebra Criolla” por parte del Tribunal Supremo de EEUU; y la reafirmación de los poderes plenarios del Congreso federal sobre la isla con la aprobación de la ley PROMESA y la implantación de una Junta de Supervisión Fiscal.

Segundo, el desencanto económico es compartido. En Puerto Rico la contracción y la crisis fiscal han servido para que muchos se pregunten si el presente marco institucional provee herramientas efectivas o si, por el contrario, aboca a la isla a un hoyo cada vez más profundo: la dependencia sobre esquemas contributivos federales para promover la inversión y la incertidumbre que esto genera; la falta de paridad en fondos federales y la inseguridad en la renovación de los fondos; la renuencia del Departamento del Tesoro federal a proveer mecanismos de liquidez para ampliar el espacio fiscal del gobierno; la exclusión de la isla del Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras… la lista de desengaños recientes es larga. El Caribe no independiente, por su parte, también lidia con estructuras institucionales que pueden considerarse arcaicas para una economía mundial globalizada. Las Antillas francesas – que según Ramos comparten con Puerto Rico el dudoso honor de seguir un modelo de “integración dependiente” – sufrieron los embates de la integración al mercado común (francés primero y europeo después) mediante un descenso en sus exportaciones de productos agrícolas; hoy tienen un alto nivel de dependencia en fondos de asistencia social de la metrópoli francesa. Las islas británicas y las holandesas han apostado al turismo y a los servicios financieros internacionales, y en el proceso se han convertido (o re-convertido si se piensa en el no muy lejano trasfondo de la plantación) en economías de enclave con beneficios inciertos para las poblaciones locales.

Esto nos lleva al tercer punto, el de la llamada “recolonización”, un término que denota la renovada injerencia de las metrópolis en los asuntos isleños. Curazao y San Martín tienen desde el 2010 su propia versión de Junta de Control Fiscal: sus finanzas públicas están bajo la tutela de una Comisión de Supervisión Fiscal que vigila la confección y ejecución de los presupuestos locales. Este mayor control metropolitano fue el quid pro quo para que Holanda asumiera el 80% de su deuda pública (estimada en $ 2,000 millones) al momento de éstos ser admitidos al Reino como “países autónomos”. El pasado año, Curazao solicitó se pusiera fin a la supervisión financiera, pero el Consejo de Ministros del Reino rechazó la solicitud aduciendo que la gerencia financiera de la isla aún no había alcanzado estándares adecuados. En el caso de los territorios británicos, el Foreign and Commonwealth Office ha reconocido su obligación de sufragar “obligaciones y déficits” de sus territorios, pero a la vez, cuenta con leyes que le permiten a Londres invalidar acciones tomadas por los gobiernos locales y colocar al territorio bajo la autoridad del gobernador colonial. El Reino Unido ejerció esa facultad en 2009, cuando, aduciendo fallas administrativas en la gestión pública de las Islas Turcas y Caicos, revocó unilateralmente el fuero local y tomó el control del gobierno isleño.

La experiencia del Caribe no-independiente, entonces, nos muestra que la crisis de Puerto Rico no es excepcional: la isla intenta forjar su recuperación económica en un tablero que históricamente ha sido muy desigual y en el que todavía hoy se juega con dados cargados. Abordar un marco institucional fatigado que mantiene imbricadas asimetrías históricas de poder será fundamental para que Puerto Rico pueda articular estrategias viables que propulsen el desarrollo económico sostenible y equitativo a largo plazo.

Jennifer Wolff
Directora de Programas y Comunicaciones
Centro para una Nueva Economía

Las precarias finanzas del Tío Sam

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Sergio M. Marxuach

 

El 19 de mayo de 2013 el gobierno federal de Estados Unidos alcanzó el límite de lo que legalmente puede tomar prestado para financiar sus operaciones. Ese límite se encuentra fijo desde entonces en $16.699 trillones. Desde esa fecha el Departamento del Tesoro ha ejecutado una serie de “medidas extraordinarias”, mayormente trasferencias entre varios fondos intra-gubernamentales, para continuar pagando las obligaciones del gobierno de Estados Unidos.

 

Sin embargo, el 25 de septiembre, el Secretario del Tesoro le envió una carta al presidente de la Cámara de Representantes informándole que la efectividad de las medidas extraordinarias se agotaría alrededor del 17 de octubre. A partir de esa fecha el gobierno federal tendría aproximadamente $30,000 millones en efectivo para honrar sus obligaciones financieras y tendría que operar solamente con el efectivo en caja más los ingresos que entren diariamente. El problema es que en algunos días el gasto neto del gobierno federal puede exceder los $60,000 millones.

 

Por tanto, si el Congreso no actúa y aumenta el límite legal para tomar prestado, en algún momento entre el 18 de octubre y el 5 de noviembre, de acuerdo con un análisis del Bipartisan Policy Center (BPC), el gobierno federal tendría que recurrir a una de dos estrategias: (1) darle prioridad a algunos pagos y dejar de hacer otros; o (2) posponer los pagos que vencen en un mismo día hasta que entren suficientes ingresos para hacerlos todos.

 

En teoría, bajo cualquiera de los dos escenarios se le podría dar prioridad al pago de interés sobre la deuda ya que esos pagos se procesan a través de un sistema electrónico separado.

 

Priorizar otros pagos, sin embargo, puede que sea imposible ya que el gobierno federal hace aproximadamente 100 millones de pagos al mes y habría que reprogramar completamente el sistema de pagos automáticos del Tesoro. Más importante aún, ¿qué criterios se utilizarían para establecer las prioridades? ¿Se les otorga prioridad a los pagos de Seguro Social? ¿A los gastos militares? ¿A la NSA para que nos siga espiando? ¿Al programa WIC para niños e infantes? ¿O a los pagos de Medicare para los viejitos? ¿Quién decide y aplicando qué reglas?

 

Más allá de los problemas legales que esto pueda generar, es casi imposible evitar que cualquier método que escoja el Tesoro para establecer prioridades no sea percibido como injusto o arbitrario. Las protestas serían la orden del día. Además, bajo este escenario se quedarían sin pagar aproximadamente 32% de las obligaciones financieras del gobierno federal. Una reducción de esa magnitud en el gasto federal tendría un efecto material adverso en la economía real. Los efectos en los mercados financieros son imposibles de predecir en estos momentos.

 

La segunda opción consiste en posponer los pagos que vencen en determinado día hasta que entren suficientes fondos para hacerlos todos. Si en el día X se estima que hacen falta dos días de recaudos para hacer los pagos que vencen ese día, entonces esos pagos se pospondrían por un día. Obviamente, eso resultaría también en una posposición de los pagos que vencen en el día x +1. Por ejemplo, de acuerdo con el análisis del BPC, unos pagos del Seguro Social que vencen el 23 de octubre no se podrían hacer hasta el 25; y unos pagos del programa de asistencia nutricional que vencen el 25 de octubre no se podrían hacer hasta el 30, y así sucesivamente.

 

La causa inmediata de esta situación es que una facción fundamentalista del Partido Republicano está exigiendo que, a cambio de aumentar el límite de la deuda, se deje sin efecto y sin financiamiento por un año la reforma de salud conocida comúnmente como Obamacare. Pero, el Presidente Obama ha expresado que no va a negociar el pago de obligaciones que han sido previamente autorizadas por el Congreso ni la fecha de efectividad de la reforma de salud.

 

El verdadero problema, sin embargo, se trata de un ataque al contrato social prevaleciente en Estados Unidos, establecido originalmente con el Nuevo Trato de Franklin D. Roosevelt, y ampliado significativamente por los programas del “Great Society” de Lyndon B. Johnson.  La esencia de ese contrato social consiste en establecer un balance entre las fuerzas del capital y las fuerzas del trabajo, con el gobierno federal actuando como arbitro. El problema es que, desde 1980 hacia acá, las escalas de la balanza se han inclinado decididamente a favor del capital: la desigualdad económica se ha disparado a niveles de 1929; el ingreso promedio se ha reducido en términos reales; las filas de los desempleados a largo plazo han incrementado peligrosamente, y la porción del ingreso correspondiente al capital ha aumentado significativamente a expensas de la compensación de los trabajadores.  La disputa que estamos viendo con respecto a la reforma de salud es una batalla más de esa guerra larga que lleva treinta años.

 

La gran ironía es que el partido tradicionalmente “conservador” busca derogar el contrato social prevaleciente en Estados Unidos desde la década de 1930; mientras que el partido tradicionalmente “liberal” busca mantener el orden establecido pero sin ofrecer una alternativa viable para el siglo 21.

 

A un nivel más profundo, estamos presenciando lo que el profesor John A. Powell ha caracterizado como “una lucha ontológica” sobre quién es y quién tiene derecho a categorizarse como “americano”. Esto cuando las minorías suman aproximadamente el 40% de la población de Estados Unidos. Desde esta perspectiva, los ataques a los programas de asistencia social constituyen un esfuerzo por “mantener en su lugar” a los tradicionalmente marginados: los afro-americanos, los latinos y los pobres, entre otros.  Cuando los republicanos se oponen al Obamacare, lo que buscan realmente es preservar unas estructuras sociales racializadas que marginalizan a todos aquellos que no son blancos, protestantes y de clase media.

 

Y no nos llamemos a engaño, del resultado de esa lucha dependerá en gran medida la viabilidad económica y la estabilidad política futura de Estados Unidos.

 

 

El autor es director de Política Pública en el Centro para una Nueva Economía.

 

Analysis: Puerto Rico’s Population Drops as Economy Wobbles

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By REUTERS
Published: September 10, 2013 at 10:33 AM ET

(Reuters) – For generations, Puerto Ricans have been migrating to the mainland United States in search of a better life. But the Caribbean island’s long recession has turned a steady flow into a torrent, stripping the territory of its young and educated population and pushing its economy into a deeper rut.

The effects are evident in the capital city of San Juan, where vacant offices dot its Golden Mile banking strip and blocks of empty condominiums have become eyesores marring its tropical beach front.

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Un experimento de inversión social

Grafica Impacto Social

TANQUE DE IDEAS

 

Por Nuria Ortiz Vargas

Los problemas serios y complejos requieren soluciones innovadoras. En Puerto Rico, el aumento en las necesidades sociales ha coincidido con un empobrecimiento de los servicios gubernamentales. La precaria situación fiscal ha hecho que muchos programas dirigidos a grupos marginados hayan sufrido recortes presupuestarios. Cada vez más, la gestión pública es gerencia de crisis. La magnitud de los problemas que enfrentamos requiere enfoques transformadores que permitan proveerle servicios a la ciudadanía de la manera más eficiente a un costo menor al erario.

En Inglaterra y Estados Unidos han comenzado a germinar algunas iniciativas innovadoras que aspiran a proveer financiamiento privado para los programas sociales, mejorar sus resultados y reducir los costos del gobierno. Los bonos de impacto social son programas en los que el gobierno contrata a organizaciones, y les paga solamente si producen resultados medibles y significativos. READ MORE

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