Repensar la asistencia económica para el desarrollo

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Existe una urgencia de reformar los programas de asistencia social para asegurar una red de seguridad adecuada para familias vulnerables, y proveer incentivos para alcanzar la autosuficiencia económica de éstas. ¿Cómo podemos mejorar estos servicios en Puerto Rico de manera cónsona con estos objetivos?

La historia de Carmen—un nombre ficticio para proteger su identidad—es una de muchas que tenemos que estudiar y comprender para trabajar eficazmente a favor de este segmento de la población. Una mujer residente de Carolina de unos cuarenta y tantos años, es estilista de profesión y labora arduamente desde su hogar. Mediante su esfuerzo y trabajo a través de los años ha logrado conseguir cierto grado de estabilidad económica. Ha tenido muchos trabajos; su resumé es larguísimo y sus experiencias laborales muy variadas.

Ella no ha estado sola en este trayecto. Participó de varios programas que ofrece el Estado para apoyar a personas hábiles a “salir del hoyo”. Supo navegar el entramado de programas de asistencia social—como asistencia económica, asistencia nutricional, subsidios de vivienda—para adquirir las destrezas necesarias y a la vez subsistir. Pero fue a través de muchos sacrificios y dificultades: invirtiendo en su carrera con promesas de subsidios a sus estudios, algunos de los cuales no se materializaron. O calculando al centavo cómo podría generar ingresos para no perder subsidios de vivienda absolutamente necesarios para ella.

La historia de Carmen no es única. Diez mil personas y sus familias en Puerto Rico participan en el Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF-C, por sus siglas en inglés), el cual ofrece cierta ayuda económica—una mediana de $200 dólares al mes—para hogares extremadamente pobres durante un período máximo de cinco (5) años. A cambio de este apoyo los participantes deben cumplir semanalmente con actividades dirigidas a preparase para o conseguir empleo en el sector formal, como por ejemplo: adiestramiento vocacional, experiencias de trabajo voluntarias, programas de servicio comunitario, programas de preparación para y búsqueda de empleo, y empleo, ya sea subsidiado o no subsidiado.

Este es sólo uno de muchos programas, pero funciona de una manera muy compleja tanto para los participantes como para los administradores estatales. Y enfrenta varias dificultades; entre ellas el que lograr la colocación de participantes en estas actividades requeridas. Estimados del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal para el año fiscal 2014-15 indican que Puerto Rico ha logrado la colocación de un 18.2 porciento de esta población tan vulnerable, similar a estados como Colorado, Utah, Rhode Island, pero muy por debajo del promedio de 48.4 porciento para Estados Unidos.

Estudiar y aprender para modernizar

Entonces, ¿cómo podemos mejorar la efectividad del programa TANF? Esto requiere de un trabajo de estudio riguroso. En el Centro para una Nueva Economía estamos haciendo esto mediante un proyecto colaborativo con la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), la organización Espacios Abiertos, el Poverty Action Lab (J-PAL) del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y varios académicos puertorriqueños y del extranjero. Queremos identificar maneras efectivas para lograr dos objetivos:

  • modernizar los servicios de manejo de casos y de consejería ocupacional mediante el mejor uso de la tecnología, la información y el avalúo de la efectividad de la administración; y
  • estimular el trabajo en el sector formal mediante incentivos financieros a los participantes, de manera análoga a un crédito contributivo por ingreso devengado (o EITC por sus siglas en inglés).

Para lograr esto, estamos analizando las perspectivas de participantes del programa, de manejadores de caso y de otro personal de la agencia. Estamos combinando esto con un análisis estadístico de datos administrativos de ADSEF para entender mejor algunas oportunidades para mejorar el programa.

Muchas oportunidades que deben ser evaluadas sosegadamente salen a relucir. Entre ellas, el valor de proveer servicios adecuados de consejería ocupacional a los participantes. Los consejeros ocupacionales ofrecen talleres grupales de preparación para el trabajo y dan orientación individualizada a los participantes. Pero ha sido difícil para la organización contratarlos y retenerlos debido a las dificultades fiscales que enfrenta.

¿Qué encontramos?

Los participantes del programa en regiones donde hay acceso a un consejero ocupacional son más exitosos consiguiendo empleo y otras experiencias de trabajo: la colocación en actividades aumenta en 15 puntos porcentuales adicionales a 33 por ciento.

Además, reciben beneficios del programa por un período más corto de tiempo—una reducción de aproximadamente 10 porciento.

 

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Este tipo de inversión en la capacidad de ADSEF para proveer estos servicios podría redundar tanto en aumentos sustanciales en el empleo de los participantes como en un ahorro sustancial en gastos de apoyo del gobierno. Es un ejemplo de la necesidad de re-establecer la capacidad del estado para proveer servicios esenciales, la cual se ha ido perdiendo gradualmente desde el comienzo de la crisis fiscal. Además, demuestran el impacto que reformas pequeñas pueden tener en los servicios públicos. Finalmente, estas conclusiones y recomendaciones preliminares se basan en evidencia y experiencia—no en pura ideología o especulación.

Pienso que este esfuerzo es sólo un ejemplo de cómo repensar la asistencia económica para promover el desarrollo. La prosperidad que buscamos en el largo plazo se logrará promoviendo el crecimiento económico, una participación amplia en este crecimiento, y la seguridad económica para todos los sectores de la población. Para esto, necesitamos de un gobierno efectivo—con disciplina fiscal—pero que haga las inversiones necesarias para promover ese desarrollo y tome decisiones acertadas basadas en la evidencia. Es nuestra obligación colectiva con Carmen y las otras millones de familias de nuestra isla.

Gustavo J. Bobonis
Economista en Jefe, Centro para una Nueva Economía

Cuentas claras

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Por: Nuria Y. Ortiz Vargas

Puerto Rico: la isla estrella. Puerto Rico lo hace mejor. Entre slogans, campañas vistosas y ventajas contributivas, los gobiernos de turno intentan diferenciarse de las miles de jurisdicciones donde compañías en crecimiento podrían establecerse. En un contexto global en que la competencia por atraer inversión económica es cada vez mayor, la estrategia primordial ha sido ofrecer a las corporaciones incentivos económicos y fiscales  para hacer de Puerto Rico un destino atractivo y competitivo.

Indudablemente la inversión de capital, local y extranjero, es medular para lograr desarrollar nuestra economía.  Pero a pesar de que esta estrategia se ha utilizado por décadas, en Puerto Rico no se sabe con certeza qué créditos, exenciones, exclusiones, y leyes particulares han sido efectivos y cuáles no.  Además, la cantidad de leyes que ofrecen tratamiento preferencial a diferentes tipos de actividad económica han convertido nuestro sistema contributivo en un colador, con cientos de huecos por donde se escapan los recaudos y cada vez menos ingresos al fisco.

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¿Primero la gente?

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Por Sergio M. Marxuach

Mucho se ha hablado sobre la baja tasa de participación laboral en Puerto Rico. Esta discusión, por lo general, se ha enfocado en tres temas principales. Primero, el desempleo prologando ha producido un número significativo de trabajadores desalentados que ni siquiera están buscando trabajo. Segundo, algunos analistas han argumentado que el nivel relativamente alto de las transferencias federales, iguales a aproximadamente el 40% del ingreso personal en la isla —casi el doble de la proporción en los Estados Unidos—desincentiva la participación laboral en la economía formal. Y, tercero, la existencia de una enorme economía informal, tanto legal como ilegal, desalienta el trabajo formal.

En este debate, sin embargo, no se ha analizado con detenimiento el impacto del sistema contributivo en el mercado laboral y las repercusiones para las familias pobres que trabajan. Esto es un asunto medular para el desarrollo económico de Puerto Rico, ya que nuestro sistema impositivo actual penaliza a los trabajadores, especialmente en los niveles más bajos de la escala salarial, e incentiva el sector informal de la economía.

En Puerto Rico una persona, digamos, María Pérez, una madre soltera con 2 hijos que trabaja cuarenta horas semanales ganándose el salario mínimo de $7.25 por hora devengará ingresos semanales de $290. Si María trabajara 52 semanas al año, su ingreso anual sería de $15,080 y no cualificaría para la mayoría de los programas suplementarios como el PAN. Esto antes de tomar en cuenta las retenciones requeridas por ley por concepto del seguro social y otros programas. Si le parece increíble que en Puerto Rico hay personas trabajando a tiempo completo por poco más de $1,000 mensuales, más chocante es el hecho de que esa cantidad de ingresos está sustancialmente por debajo del nivel de pobreza federal para una familia de tres personas ($19,790 en el 2014). Por tanto, la decisión de María y de muchas otras personas que devengan bajos ingresos, de salirse del mercado laboral formal, solicitar ayudas al gobierno y trabajar en la economía informal, es racional desde una perspectiva económica.

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La Filantropía como Buen Negocio para Todos “En Busca de Maximizar las Donaciones Caritativas” (Event Proceedings)

CNE-Filantropia-Event

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An Analysis of Potential Tax Incentives To Increase Charitable Giving in Puerto Rico

Executive Summary

Improved incentives for private charitable donations would strengthen nonprofit organizations that provide a variety of public benefits in Puerto Rico. This study investigates options for stimulating additional charitable giving with enhanced tax incentives. We simulate the effects of proposed modifications of Puerto Rico’s tax deduction on charitable giving and government revenues. Based on our assessment from the economic literature on how individuals respond to incentives for giving, we find that lifting the ceiling on contributions could increase contribu- tions by more than the revenue loss to the Puerto Rico Treasury. Lifting the ceiling would therefore be a cost-effective way for taxpayers to pay for additional services of charitable organizations, compared with increasing direct grants. Reforms that modify or eliminate floors on contributions would add less to contributions than the revenue loss, but they would simplify tax filing and could lead to broader participation in charitable giving activities than our simulations imply.

Puerto Rico allows a full charitable deduction only for donations by itemizers in excess of 3 percent of adjusted gross income (AGI). As an alternative, itemizers may elect to deduct 33 per- cent of all donations. Those who give 4.5 percent of AGI or less are better off claiming deductions on a third of all contributions, while those who give more than 4.5 percent of AGI get a bigger tax benefit from deducting 100 percent of contribu- tions over 3 percent of AGI. In addition to the 3 percent floor, there is no deduction allowed for contributions that exceed 15 percent of income.

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