Una idea peligrosa

Una idea peligrosa

El final de la Gran Recesión provocó gran interés en estudiar los efectos de la implementación de políticas de austeridad económica en países atravesando por una crisis fiscal. Mark Blyth, profesor en la Universidad de Brown, publicó uno de los mejores análisis sobre la austeridad y sus efectos en su libro Austerity: The History of a Dangerous Idea (Oxford, 2013).

De acuerdo con Blyth “la austeridad es una forma de deflación, en la que la economía se ajusta a través de una reducción en los salarios, los precios y el gasto público para restaurar la competitividad, y la mejor manera de lograr esto es (supuestamente) recortando el presupuesto, eliminando los déficits y dejando de tomar prestado.” Los proponentes de la austeridad creen que estas políticas harán que aparezca, en palabras de Paul Krugman, la “hada madrina de la confianza” que mágicamente causará un aumento en la inversión.

El problema con esta teoría es que existen muy pocos datos empíricos que la apoyen. De hecho, el resultado más común de la implementación de estas políticas es una fuerte contracción económica, lo que a su vez reduce la capacidad del país para pagar sus deudas. Por tanto, la primera razón por la cual la austeridad es una idea peligrosa es que simplemente no funciona. En los pocos países donde se ha proclamado que la austeridad ha sido “efectiva”, se ha demostrado que otros factores tales como una devaluación de la moneda, que promueve la exportación, o una reducción en las tasas de interés, que aumenta el acceso al crédito y fomenta la inversión, fueron la causa principal de la recuperación. Pero en Puerto Rico no podemos implementar una política monetaria independiente debido a nuestra condición colonial.

La segunda razón por la cual la austeridad es una idea peligrosa es porque busca socializar las pérdidas generadas por la conducta arriesgada de gobernantes irresponsables y banqueros inescrupulosos. Si los gobiernos y los banqueros saben que no serán responsables por las consecuencias de su conducta negligente, entonces no tienen incentivos para evitarla ex ante. Es lo que los economistas llaman un “moral hazard.”

Además, la responsabilidad de responder por estas pérdidas socializadas usualmente recae sobre los pobres y la clase media, precisamente aquellos menos preparados para absorberlas. Esta presión en los sectores pobres produce eventualmente una explosión social cuando los recortes a las pensiones, a los servicios médicos y a la educación pública, conjuntamente con el aumento en el desempleo, la pobreza y la desigualdad, llegan a niveles intolerables. En Puerto Rico esa presión se ha disipado a través de la migración a los Estados Unidos, pero la posibilidad de una crisis social no se puede descartar.

Otra razón por la cual la austeridad es una idea peligrosa es lo que Blyth llama “la falacia de la composición.” En el caso de la austeridad esta falacia se manifiesta cuando se piensa que un dólar menos de gasto gubernamental se traduce en un dólar más disponible para la inversión privada. Pero esto no es así ya que una reducción de un dólar en el gasto del gobierno implica una reducción mayor a un dólar en la actividad económica. Esto se debe a que el gasto del gobierno es el ingreso de otro y el gasto de esa otra persona es el ingreso de otro y así sucesivamente. Esto es lo que se llama el multiplicador fiscal.

Tomemos a manera de ejemplo la reducción en la jornada laboral. De acuerdo con el presupuesto aprobado el gasto de nómina con cargo al fondo general es de $4,030 millones. A esa cantidad le restamos $608 millones de la nómina de la Policía, la cual entendemos estaría exenta del recorte de jornada. Esto nos deja con una nómina ajustada de $3,422 millones, pero la reducción de jornada solo estaría en vigor por diez meses en este año fiscal ya que entraría en efecto el 1 de septiembre. Por tanto esa cifra hay que multiplicarla por 0.8333 (10/12). Esto resulta en una nómina de $2,851 millones. Una reducción de 10% es igual a $285 millones. Ese es el impacto directo. Ahora hay que tomar en cuenta el impacto indirecto a través del efecto multiplicador. Si utilizamos el multiplicador de 1.34 que ha utilizado la Junta anteriormente, la reducción total en la actividad económica sería de $382 millones; si utilizamos un multiplicador de 1.5 (como prefiere el FMI) el impacto podría llegar a $427 millones, en ambos casos un poco más de medio punto porcentual del PNB.

Además de todo lo anterior, la imposición de políticas de austeridad en Puerto Rico no es una buena idea porque Puerto Rico no tiene acceso a financiamiento a corto plazo, lo que hace el ajuste mucho más difícil. A la Directora Ejecutiva de la Junta, la Sra. Natalie Jaresko, le gusta citar su experiencia en Ucrania como un modelo a seguir. Curiosamente, sin embargo, la Sra. Jaresko omite explicar que una buena parte, más del 40%, de la brecha de financiamiento (“financing gap”) que enfrentaba ese país se cerró con un préstamo del FMI de $17,500 millones desembolsados a través de cuatro años—una opción que no está disponible para Puerto Rico.

Es importante que el pueblo entienda a fondo las consecuencias de seguir el camino de la austeridad. Primero, la Junta tiene la obligación moral de explicar los fundamentos para sus decisiones y divulgar su modelo económico, así como todos sus análisis de liquidez, estudios sobre las pensiones y sus proyecciones económicas y fiscales.

Segundo, hay que tomar en cuenta el costo social, no solo el económico, de las políticas de austeridad. Usemos como ejemplo otra vez la reducción en la jornada laboral. ¿Qué se supone que hagan los padres con sus hijos si las escuelas públicas cierran dos días al mes? ¿Qué sucede con aquellos estudiantes que reciben almuerzo subsidiado por el gobierno federal, para quienes en muchos casos esa es su única comida caliente al día? ¿Cómo se afecta el proceso de enseñanza y aprendizaje?

Tercero, el panorama económico es sombrío si no se consigue financiamiento a corto plazo o algún programa económico federal para facilitar el ajuste. La población continuará reduciéndose por la migración debido a la falta de oportunidades en la isla, lo que a su vez hará más difícil reactivar la actividad económica, así como lograr los objetivos de recaudos. Y no se puede descartar, como mencioné anteriormente, que una agudización de la depresión económica resulte en una explosión social.

Cuarto, la imposición de un programa de ajuste como el que se propone implica una reducción significativa, un “haircut” en exceso de 75%, en el principal de la deuda de Puerto Rico. Esto tendrá que ser así ya que la prolongada debilidad de la economía limitará significativamente la cantidad de deuda que Puerto Rico podrá pagar de manera sostenible con un alto grado de probabilidad. La implicación de no ejecutar ese recorte profundo en la deuda hoy es que Puerto Rico, dado el impacto negativo de la austeridad, no podrá cumplir mañana con el servicio de la deuda según renegociado y tendrá que volver a la mesa de negociación.

En conclusión, tanto la teoría económica como la experiencia en otras jurisdicciones demuestran que la imposición de políticas de austeridad en medio de una crisis económica y fiscal es contraproducente. Si la Junta decide seguir por ese camino debe explicar claramente las consecuencias económicas de sus decisiones y el escabroso futuro que nos espera.

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

Política Fiscal y Competitividad en el Siglo XXI

Política Fiscal y Competitividad en el Siglo XXI

El ajuste incluido en el Plan Fiscal aprobado el pasado día 13 de marzo, por sí solo, no servirá para restablecer el crecimiento de la economía de la isla. En el Centro para una Nueva Economía hemos expresado que Puerto Rico tiene que recobrar su competitividad a nivel internacional para generar los niveles necesarios de crecimiento económico sostenido. Esto será necesario tanto para lograr mantener el bienestar de la población de la isla como para cumplir en el largo plazo con las múltiples obligaciones del estado. A menos que seamos capaces de implantar reformas contundentes en esa dirección, es muy posible que nos encontremos en una situación igual o peor de aquí a diez años (o más).

Índice: junio 2017 = 100. Fuente de datos: Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority. Fiscal Plan for Puerto Rico, March 13, 2017

Índice: junio 2017 = 100.
Fuente de datos: Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority. Fiscal Plan for Puerto Rico, March 13, 2017

Como bien señaló el colega economista Juan Lara en una columna reciente en este diario, debemos enfocar la discusión en cómo diseñar y ejecutar un programa de medidas económicas apropiado para generar ese desarrollo. Esta estrategia debe ser lógica y prudente, pero también innovadora.

Según las proyecciones del Producto Nacional Bruto (PNB) real (ajustado por inflación) para Puerto Rico según el Plan Fiscal, la economía de la isla sufrirá una contracción mayor al diez (10) por ciento en los próximos seis años, y no es hasta el año 2026 que se registrará una leve recuperación. Esto representa un costo extremadamente alto a pagar para la población de la isla. ¿Habrá maneras más efectivas para restablecer la economía de la isla con un menor costo humano? ¿Es indispensable otra década perdida?

En esta columna quiero compartir un ejemplo del tipo de política pública que puede implantarse para asegurar que el sacrificio que tendremos que hacer hoy redunde en el desarrollo de mañana.

Política macroeconómica y competitividad

La magnitud del choque macroeconómico estructural sufrido por la economía de Puerto Rico—en particular la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos y el eventual colapso de otros sectores de la economía de la isla—justificaría, en otro país, la implantación de políticas monetarias para reestablecer la competitividad internacional en el mediano plazo.

Por ejemplo, una devaluación de la tasa de cambio—al efectivamente reducir los costos de mano de obra para hacer las exportaciones más competitivas en el mercado internacional y reducir las importaciones, haciéndolas más caras—ayudaría a estimular la economía. Una estrategia de este tipo es crucial para compensar la contracción que ocurriría debido al inevitable ajuste fiscal necesario para mejorar la solvencia del gobierno.

Evidentemente, esta estrategia no es viable dada la inclusión de Puerto Rico en la unión monetaria estadounidense y, por lo tanto, su incapacidad para aprovechar la política cambiaria para restablecer la competitividad.

Sin embargo, Puerto Rico puede utilizar instrumentos de política fiscal, en su mayoría contributivos, para conseguir mayor competitividad de una manera similar a la que se conseguiría con una devaluación de la tasa de cambio.

Hay varias formas de diseñar este tipo de estrategia—llamada una devaluación fiscal. Esto puede lograrse, por ejemplo, mediante una reducción en el pago de contribuciones patronales de Seguro Social. El mismo se subvencionaría con alguna de las medidas impositivas contemplables en un programa de ajustes, como, por ejemplo, algún aumento correspondiente en el impuesto a las ventas y uso (IVU). La idea básica es reducir los costos de mano de obra mediante un menor pago de contribuciones patronales lo cual permite a las empresas—tanto domésticas como multinacionales—vender sus bienes y servicios en el extranjero a precios más bajos, simulando el efecto de una moneda más débil. Por otro lado, los aumentos en el IVU se utilizarían para sustituir la aportación patronal al Seguro Social, con el propósito de resarcir el fondo de retiro dado esta reducción en contribuciones (a la misma vez que se darían incentivos a las empresas a cumplir con sus obligaciones de recaudos del IVU.)

Al implementar esta serie de reformas en conjunto, el gobierno podría generar aumentos en el empleo y el ingreso tanto de las empresas como de los hogares, como ocurriría con la devaluación de la moneda. La política también podría ayudar en el frente fiscal, ya que una mayor competitividad podría generar un mayor recaudo de ingresos al fisco.

El concepto original detrás de la devaluación fiscal se remonta a John Maynard Keynes en 1931, quien propuso aumentar los subsidios a la exportación junto con aumentos correspondientes a los arbitrios de importación como alternativa a una devaluación de la moneda (cuando los países estaban en el patrón oro). Dado que las reglas de la Organización Mundial del Comercio no permiten intervenciones que utilicen impuestos a la exportación e importación, su propuesta original no es factible en el presente escenario.

Este tipo de estrategia ha ganado popularidad en los círculos de política pública a nivel internacional. Además, es consistente con propuestas recientes a nivel congresional como la del Senador Orrin Hatch de eximir a Puerto Rico temporeramente del pago de contribuciones de Seguro Social y parcialmente con la propuesta republicana de implementar un ‘border adjustment tax o “BAT”’.

Además, varias jurisdicciones y países como Alemania en el 2007 y Francia en el 2013 han implementado estas estrategias con diversos grados de éxito. En el caso de Puerto Rico, junto con la reestructuración de la deuda y otras reformas estructurales tan necesarias, la devaluación fiscal podría contribuir a poner nuestra economía a flote. Este tipo de política fiscal ayudaría a reducir la necesidad de llevar a cabo recortes tan severos en la inversión y el gasto público bajo las medidas de consolidación propuestas en el Plan Fiscal.

Este tipo de propuesta requiere de mayor estudio para determinar cómo funcionaría en Puerto Rico. Por ejemplo, habría que determinar los posibles impactos en términos distributivos para los hogares dado, por un lado, aumentos en el empleo y los ingresos devengados y, por otro, la reducción en el poder adquisitivo de estos debido a los aumentos en el IVU. La Comisión de Crecimiento para Puerto Rico de CNE—trayendo a la mesa académicos de primera con representantes de los sectores público y privado—tiene la intención de producir este tipo de análisis creativo y a la vez riguroso que Puerto Rico tanto necesita.

Gustavo J. Bobonis
Economista en Jefe, Centro para una Nueva Economía

El informe de la Reserva Federal

Por: Sergio M. Marxuach

En el 2012 economistas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (conocido comúnmente como el Fed de Nueva York) publicaron un informe sobre la competitividad de la economía de Puerto Rico. Hace apenas unos días, el 31 de julio, el Fed de Nueva York publicó una actualización de ese informe. El informe más reciente ha sido prácticamente ignorado por el gobierno y la prensa local. Los pocos economistas que lo han comentado lo han despachado como un documento que no dice nada nuevo. Y eso es cierto, en parte. El informe, sin embargo, es importante por dos razones. Primero porque presenta un análisis de nuestra economía y de la situación fiscal del gobierno libre de la propaganda oficial y de la crítica politiquera usual. Segundo, el informe es importante también por sus silencios, por lo que no dice.

Sobre nuestra situación económica el informe es claro: la economía se encuentra en un estado de depresión y no hay señales que apunten a una recuperación significativa (pág. 3). La actividad económica, según medida por el Índice de Actividad Económica del Banco Gubernamental de Fomento, aumentó algo a finales del 2012 pero recientemente se ha debilitado. Mientras, el empleo se ha reducido por 10% entre el 2006 y el 2010 y se ha mantenido estancado desde entonces (pág. 5).

El informe enfatiza la reducción de la población de la isla, que ha disminuido de 3.8 millones en el 2004 a 3.6 millones en el 2013, una reducción de 212,000 personas, o un 5.5%, durante ese periodo. Más aún, la proyección para el 2014 es que la población se reduzca por un 0.65% adicional, una de las contracciones más pronunciadas en el mundo (pág. 6). READ MORE

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