Los/las trabajadores/as pobres en Puerto Rico: La situación y las posibles soluciones

En el 2005, más de 1.6 millones de personas en Puerto Rico se encontraban en o bajo la línea de la pobreza que establece el Censo de los Estados Unidos. Esto quiere decir que cerca del 43 por ciento de la población era pobre. Aunque estas cifras son bastante conocidas y se reseñan a menudo en reportajes e informes, conocemos muy poco sobre quiénes son los pobres y sus características. Más importante aún, se ignoran categorías fundamentales como “trabajadores/as pobres” o “the working poor” que incluyen personas que están en fuerza laboral (mayores de 16 años) y que trabajan mitad del año o más pero no reciben suficientes ingresos para salir de la penuria.

Partiendo de esta definición, la tasa de trabajadores/as pobres —la proporción entre los/las trabajadores/as pobres y todos los/las trabajadores/as que estuvieron en la fuerza laboral por 27 semanas o más— en Puerto Rico era de 18.5 por ciento. En una sociedad donde se enfatiza que el trabajo es el antídoto contra la dependencia de programas de asistencia pública y la ruta al bienestar económico, se les debe prestar atención especial a aquéllos que trabajan y aún así permanecen en la pobreza. Muchos de los/las trabajadores/as pobres no reciben subsidios públicos y ocupan posiciones con salarios míseros, pero siguen apostando a que su situación mejorará desde la formalidad. Sus necesidades deben figurar entre las prioridades de nuestros sistemas de asistencia pues en cualquier momento pueden escaparse de la fuerza laboral.
 
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O lea el reporte a continuación:
 

Channeling People Into the Economic Mainstream: Financial Access in Puerto Rico

A significant segment of the Puerto Rican population, 36%, is unbanked. These households tend to be extremely poor, with an average income of $8,472, and headed by older single unemployed females with a less than average education. Close to 50% of all unbanked households are located in the greater San Juan area.

This lack of financial access precludes unbanked households from enjoying benefits associated with asset accumulation which exist in addition to the benefits conferred by the ability to defer consumption and creates a major obstacle for the implementation of asset-based policies to reduce poverty in Puerto Rico.
 
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