Abogados, asesores, bonistas y periodistas

Abogados, asesores, bonistas y periodistas

El 20 de junio hice una presentación en un taller auspiciado por la Escuela Graduada de Periodismo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York para periodistas, tanto locales como de Estados Unidos, que cubren la crisis de Puerto Rico. La discusión fue interesante, informada y respetuosa, entre personas que tenían, en algunos casos, visiones muy diferentes sobre la naturaleza y el alcance de PROMESA, el plan fiscal, el presupuesto y sobre cuanto dinero hay disponible para mantener el gobierno operando y pagarle a los acreedores.

Jim Millstein, de Millstein & Co., y Richard Cooper, del bufete Cleary, Gottlieb—ambos asesores de la pasada administración—fueron los panelistas iniciales. Su presentación recapituló muchas de la críticas que se han hecho al plan fiscal (proyecciones económicas injustificables, subestimación de la reducción de la población), pero el Sr. Millstein hizo dos señalamientos que han pasado por debajo del radar de la discusión pública.

Primero, señaló que el plan fiscal fue enmendado después que el gobernador enviara su presupuesto recomendado a la legislatura. En una carta cursada el 31 de mayo, el Sr. Gerardo Portela, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, le notifica a la Sra. Natalie A. Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (“JCF”), que estaba de acuerdo con ciertas modificaciones al plan fiscal ya aprobado y certificado por la JCF. Ese plan fiscal enmendado, que sepamos, no se ha hecho público.

La pasada administración fue criticada duramente, en mi opinión correctamente, por su opacidad: no había estados financieros auditados para los últimos dos años fiscales, los estimados de gastos y recaudos cambiaban sin explicación y la información se divulgaba lenta y aleatoriamente. Irónicamente, podríamos decir que hoy la transparencia gubernamental no ha mejorado nada y en algunas dimensiones ha empeorado. Todavía no hay estados financieros para el 2015 y 2016 y las proyecciones económicas y financieras siguen cambiando sin explicación alguna. Además, estos temas se tratan ahora discretamente por carta privada, al estilo Les Liaisons Dangereuses, entre una junta de procónsules coloniales y un reducido grupo de oficiales gubernamentales.

El Sr. Millstein reveló también, que de acuerdo a sus cálculos, la reducción en el principal de la deuda (la “quita” o “haircut”) para que la deuda sea sostenible económicamente, debería fluctuar entre 62% y 79%, dependiendo del tipo de bono. Esta proyección no se había hecho pública hasta ahora y constituye un estimado inicial de lo que los bonistas podrían razonablemente recuperar en un proceso de reestructuración justo y ordenado.

Por su parte James Spiotto, experto en quiebras municipales, explicó la complejidad de la ley PROMESA. Según Spiotto, PROMESA es una “mezcla ecléctica” de los mecanismos utilizados para resolver las crisis fiscales de las ciudades de Nueva York, Philadelphia y Washington, DC, combinados con secciones del Capítulo 9 y el Capítulo 11 del Código de Quiebras. Esto significa que la resolución de los conflictos entre las diversas partes dependerá en gran medida de la filosofía judicial de la Juez Laura Taylor Swain. Por un lado, la Juez podría seguir estrictamente la jurisprudencia existente con respecto al  o por el otro, podría tomar una actitud más liberal e interpretar PROMESA como una tabula rasa concebida por el Congreso específicamente para los territorios.

Spiotto también le recordó a los bonistas de obligación general y a los de COFINA, que en teoría pueden tener todos los derechos legales del mundo pero si el gobierno no tiene dinero para continuar operando y pagarles al mismo tiempo, van a tener que hacer concesiones significativas y “ser creativos”. El gobierno de Puerto Rico, a diferencia de una corporación en liquidación, no puede simplemente cerrar operaciones, vender todos sus activos y repartir el producto entre sus acreedores.

El optimismo expresado por el Sr. Spiotto fue tronchado prontamente por los bonistas y sus representantes. La presentación fue interesante ya que en vez de utilizar sofisticados argumentos económicos o financieros, su discurso enfatizó nociones tradicionales de justicia, la santidad de los contratos, la importancia del repago de las deudas, el estigma del impago y las consecuencias siempre nefastas de una quita, entre otras. En fin, montaron todo un “morality play” de bonistas como los santos y los deudores como los pecadores.

Estos conceptos son antiquísimos y se han estudiado a través de la literatura, la religión, la filosofía y la antropología, entre otras disciplinas. De hecho, escuchar a los bonistas en Nueva York me recordó un libro de Margaret Atwood, Payback: Debt and the Shadow Side of Debt, que analiza muchos de estos temas a través de su interpretación de varios textos y autores incluyendo la Biblia, Goethe, Dickens y Shakespeare.

Me temo, sin embargo, que los tropos discursivos de los bonistas no le servirán de mucho ni con el público en general, ni con la Juez Taylor Swain. Aquí nadie es un santo. En el caso de Puerto Rico todo el mundo sabía lo que estaba pasando, políticos y banqueros suscribieron libre y voluntariamente un pacto Mefistofélico: los gobernantes recibían dinero para financiar déficits operacionales y evitar decisiones difíciles, mientras los banqueros de inversión clamaban que la “calle pide papel” para así cobrar sus comisiones y bonificaciones exorbitantes: año nuevo, Maserati nuevo. Ciertamente se merecen los unos a los otros. Las verdaderas víctimas aquí son los ciudadanos que siguieron las reglas, pagaron sus impuestos y ahora sufrirán las consecuencias de las transacciones turbias entre políticos disolutos y los traficantes financieros de Wall Street.

Finalmente, Matt Fabian de Municipal Market Analytics opinó que a Puerto Rico le podría tomar 10 años recuperar el acceso a los mercados de capital. De cumplirse esa proyección, la JCF también permanecerá activa por diez años más, ya que una de las condiciones para concluir sus funciones es precisamente que Puerto Rico recupere acceso a los mercados de capital a corto y largo plazo a “tasas de interés razonables.” Ya veremos.

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

Sostenibilidad de la Deuda

Sostenibilidad de la Deuda

Ahora que el gobierno de Puerto Rico, con el aval de la Junta de Control Fiscal ha cruzado finalmente el umbral del Titulo III de PROMESA, nos encontramos encaminados a un proceso de restructuración de por lo menos $52,000 de los $74,000 millones de nuestra deuda pública.

Como era de esperarse esa decisión ha generado todo tipo de análisis y comentarios. Sin embargo, un asunto que no se está discutiendo es la necesidad de hacer un análisis serio sobre que porción de esa deuda se puede pagar sin desestabilizar la economía de Puerto Rico.

De entrada surgen dos posiciones extremas. De un lado se encuentran los inversionistas que argumentan que hay que pagar la deuda en su totalidad, no importa las consecuencias y el daño social que se pueda causar. El problema con este argumento es que la tasa de interés de los bonos que compraron incorpora ex-ante el riesgo de impago por parte del emisor y ya han sido debidamente compensados por asumir ese riesgo.

Tampoco son convincentes los argumentos de aquellos que solicitan un trato especial porque invirtieron todo su capital en bonos de Puerto Rico. Muchas de estas personas presumen de ser sofisticados hombres y mujeres de negocios y, por tanto, deberían saber que la diversificación de los riesgos es uno de los principios fundamentales a la hora de invertir. Si no diversificaron debidamente su cartera de inversión con el objetivo de minimizar lo que eventualmente tendrían que pagar a Hacienda, pues ahora tienen que enfrentar las consecuencias de haber optado por una estrategia de inversión altamente riesgosa.

Para ser justos, existe un grupo de inversionistas locales poco sofisticados que fueron mal aconsejados por sus asesores financieros. El remedio para esas personas se encuentra en presentar una demanda o querella en contra de su asesor financiero o corredor de bolsa y no en socializar o transferir sus pérdidas privadas al resto de la población.

Del otro lado hay un grupo que aboga por que no se pague nada ya que la deuda es de alguna manera “ilegítima”, “ilegal”, o responsabilidad del Congreso de Estados Unidos.

El problema con este argumento es que 4,184 millas de autopistas y carreteras; más de 1,300 escuelas públicas; 30,675 millas de líneas de distribución, 2,416 millas de líneas de transmisión y 31 unidades de generación eléctrica; así como 14,000 millas de tubería y 126 plantas de tratamiento de agua, entre otras obras públicas, se financiaron en gran parte con emisiones de bonos. Podemos estipular que el mantenimiento y la operación de esos bienes públicos no ha sido el óptimo, pero la realidad es que existen y el pueblo de Puerto Rico se ha beneficiado de esa inversión pública.

Habiendo dicho eso, si es cierto que por décadas Puerto Rico ha emitido deuda para sufragar gastos innecesarios o superfluos. Por ejemplo, la R.C. de la C. 1995 del 17 de abril de 2007, asignó un total de $482,000,000 con cargo al Fondo de Mejoras Públicas 2006-2007 (léase emisión de bonos). Entre otras partidas cuestionables encontramos $100,000 para “Mejoras al Centro Comunal de la Urbanización Metrópolis- 1era. Sección, en Carolina”; y $1,200,000 para “la adquisición de terrenos y el diseño del Complejo Recreativo de Camuy”.

Los que exigen una auditoría de la deuda deberían comenzar por ahí, examinando los discursos de estado situación del país, las miles de asignaciones legislativas con cargo a los Fondos de Mejoras Públicas que nadie protestó cuando se aprobaron, los gastos exponenciales del Plan de Salud del Gobierno incurridos sin identificar una fuente recurrente de financiamiento y los déficits operacionales financiados con bonos de COFINA. Me temo que al finalizar su trabajo llegarán a la conclusión, en palabras del Rabino Abraham Joshua Heschel, de que en este asunto de la deuda pública algunos son culpables pero todos somos responsables.

Habiendo descartado las dos posiciones extremas, la realidad es que no podemos pagar la deuda pública según estructurada y será necesario calcular una reducción de esa deuda. Para determinar esa reducción es necesario llevar a cabo un análisis de sostenibilidad de la deuda utilizando una metodología robusta y partiendo de unos principios racionales.

De acuerdo con Martin Guzmán y Domenico Lombardi el objetivo principal de la restructuración de la deuda pública debe ser restablecer las condiciones necesarias para la implementación de políticas que permitan alcanzar las metas de desarrollo económico que una sociedad desea lograr.

Para lograr ese objetivo, es imperativo que la restructuración de la deuda se guíe por unos principios básicos. Primero, la restructuración de la deuda debe ser sostenible con un alto grado de probabilidad, sujeto a otras restricciones económicas y políticas. Esto significa que la reestructuración de la deuda es adecuada si facilita una recuperación económica que permita la generación de un superávit primario (antes de pagar interés y principal) en digamos 95% de los escenarios posibles, sujeto al cumplimiento con otros objetivos políticos y económicos.

Lo anterior implica que el crecimiento económico es la clave para la sostenibilidad de la deuda pública. El próximo paso, por tanto, debe ser el diseño de una estrategia de crecimiento a mediano plazo que identifique sectores donde Puerto Rico tiene, o pudiera tener, una ventaja comparativa y las reformas estructurales necesarias para generar crecimiento y que eventualmente produzcan los balances primarios que servirán de punto de partida para negociar con los acreedores.
Segundo, la restructuración debe ser políticamente factible. Por ejemplo, el resultado de la reestructuración de la deuda debe liberar una cantidad de recursos económicos suficientes para mantener los servicios de educación, salud y seguridad pública, así como otros servicios esenciales; mantener los pagos a los pensionados públicos; y evitar la venta a precio de liquidación de activos estatales.

Tercero, la restructuración debe ser económicamente viable. En términos generales, esto significa que la deuda, según reestructurada, se podrá pagar sin tener que tomar préstamos nuevos y que no será necesario renegociarla en el corto plazo. Este último punto es importante; varios estudios han determinado que en más del 50% de las reestructuraciones de deuda durante los últimos cuarenta años ha sido necesario renegociar los términos dentro de un periodo de cinco años. Este resultado no solamente es sub-óptimo sino que también retrasa la recuperación económica al generar un alto grado de incertidumbre.

Nosotros en el Centro para una Nueva Economía estamos trabajando en la elaboración de un análisis de sostenibilidad de la deuda que haremos público próximamente y esperamos nos ayude a determinar como sociedad cuanto de esa deuda incurrida a través de los años se puede pagar de manera sostenible.

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

Transparencia en la Era de PROMESA

Transparencia en la Era de PROMESA

Ponencia de Sergio M. Marxuach, Director de Política Publica del Centro para una Nueva Economía en el Foro sobre el Acceso a la Información y la Documentación Pública y la Fiscalización Ciudadana, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 2 de mayo de 2017

Introducción

Buenos días a todos los presentes y mi agradecimiento a la administración y gerencia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en especial a su presidente el Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, al Padre Feliciano Rodríguez Domínguez, director del Instituto Superior Nacional de Pastoral, y al Licenciado Víctor García San Inocencio por la invitación a participar en este Foro sobre el Acceso a la Información y la Documentación Pública y la Fiscalización Ciudadana.

En términos generales, el discurso sobre el acceso a la información y documentación pública tiende a circunscribirse a los aspectos legales del mismo: el derecho constitucional de los ciudadanos a obtener dicha información y/o documentos; los precedentes y la jurisprudencia que avalan dicho derecho; y la obligación del estado de hacer disponibles los documentos públicos, entre otras dimensiones legales y jurídicas que determinan la naturaleza, alcance y efectividad del ejercicio de este derecho.

Sin embargo, en ese discurso técnico/legal, aunque importante, se pierden de vista en muchas ocasiones los fundamentos filosóficos, políticos, y teóricos que forman la infraestructura ideológica sobre la cual se construye y sostiene todo este entramado legal.

Por tanto, en la mañana de hoy quiero enfocar mi mensaje en (1) la importancia del acceso a la información y la transparencia gubernamental para el funcionamiento adecuado de un gobierno que por lo menos en sus aspiraciones pretende ser democrático; (2) la absoluta indispensabilidad de esa transparencia para convertir a Puerto Rico en una sociedad abierta; y (3) la relación de dependencia mutua entre una sociedad abierta y el desarrollo de una economía basada en la producción de ideas, la información, y el conocimiento en el siglo 21.

La Importancia del Acceso a la Información Pública en Puerto Rico

En general, las estructuras gubernamentales en Puerto Rico son paternalistas y poco transparentes. El gobierno, en muchas instancias, tiende a desalentar la acción comunitaria independiente y a fomentar patrones de interacción basados en relaciones de dependencia y de patronazgo político. Esto significa que muchas organizaciones de la sociedad civil y algunas del sector privado en Puerto Rico han sido capturadas por estructuras político-partidistas, operan en función de esos intereses partidistas, y, por tanto, no son verdaderamente independientes.

Lo anterior no significa que no existan ejemplos de comunidades organizadas y de coaliciones de organizaciones de la sociedad civil que se han movilizado exitosamente para cambiar la política gubernamental en áreas tales como los derechos de la mujer, la justicia ambiental, y la igualdad legal para la comunidad LGBTT, entre otros ejemplos. Pero, aunque algunos de estos movimientos sociales han tenido gran visibilidad y han sido sumamente efectivos, la realidad es que este tipo de acción cívica independiente no es la norma en Puerto Rico.

Y esa realidad, es producto, por lo menos en parte, de la falta de acceso a la información y documentación gubernamental y a los esfuerzos concertados por parte de oficiales gubernamentales en impedir y obstruir dicho acceso.

Lo que nos lleva, entonces, a preguntarnos:

¿Por qué el gobierno de Puerto Rico le oculta información al pueblo?

Y aquí cito a Friedrich Hayek, profeta, citado frecuentemente pero muy pocas veces leído, de la escuela económica Austriaca y santo patrón de todos los economistas auto-descritos como “conservadores”, solo para demonstrar que este asunto de la transparencia y el acceso a la información no es meramente una obsesión de intelectuales izquierdosos, liberales paranoicos, socialistas trasnochados, o de estudiantes universitarios rebeldes en búsqueda de una causa.

La respuesta que ofrece Hayek en The Road to Serfdom es que en la mayoría de los gobiernos, ya sean de izquierda o derecha:

“Toda información que pudiera causar duda sobre la sabiduría del gobierno, o que pueda crear descontento, le será negada al pueblo. La base de comparaciones poco favorables con condiciones en otros lugares, el conocimiento de posibles alternativas al curso tomado, cualquier información que pudiera sugerir el fracaso de parte del gobierno en cumplir sus promesas o de tomar ventaja de oportunidades para mejorar condiciones, todo esto será suprimido.”

Tal y como dice Hayek, simplemente el gobierno no le interesa que el pueblo que alega representar tenga la información necesaria para cuestionar la supuesta sabiduría de sus decisiones. Esta situación es inaceptable.

En el siglo 21 un puñado de burócratas y políticos, actuando como los hacendados enguayaberados de antaño, no puede pretender gobernar el país como si fuera su finca privada. Tal vez eso era lo que se esperaba en aquel tiempo en que Luis Muñoz Marín y sus discípulos caminaban por los campos de Puerto Rico. Hoy resulta imperativo fortalecer nuestra cultura cívica y forjar nuevos canales para la participación ciudadana efectiva.

En una sociedad democrática es obligatorio que los ciudadanos tengan los recursos, la capacidad, y la autonomía necesaria para participar eficazmente en el proceso político; para retar las estructuras existentes de poder económico, político, y cultural; y para reducir las desigualdades sociales que producen esas estructuras. Y para lograr esos objetivos, en muchas ocasiones, se requiere obtener información y/o documentación pública.

Ahora bien, de acuerdo con el profesor Guillermo O’Donnell aquello que comúnmente llamamos “democracia” es un concepto teórico “denso”, producto de la inevitable imbricación de tres componentes o tradiciones políticas diferentes.

O’Donnell y otros estudiosos de la teoría política moderna enfatizan que en una democracia “todos los ciudadanos están igualmente autorizados a participar en la toma de decisiones colectivas bajo el marco institucional existente, una aseveración democrática a la que se le añade el mandato republicano de que nadie, incluyendo a aquellos que gobiernan, debe estar por encima de ley y la advertencia liberal de que ciertas garantías y libertades no pueden ser usurpadas.”

Por tanto, el primer componente de este amalgama teórico es la tradición democrática clásica con sus orígenes en la antigua Atenas. Este componente, en su versión tradicional, se basa en la idea de que existe un demos soberano que se gobierna a si mismo a través de la participación activa y formal de los ciudadanos que componen la polis.

Pero, cuidado, esta tradición favorece vigorosamente la primacía de las mayorías, lo cual puede ser muy peligroso para las minorías, los disidentes, los “diferentes”, los insumisos y los inconformes, como nos recuerda el suicidio de Sócrates, los juicios por la alegada práctica de brujería en Nueva Inglaterra en el siglo 17, los linchamientos en el sur de Estados Unidos en el siglo 19, y los hornos de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, entre otras instancias donde innumerables abusos y violaciones a la dignidad humana se han justificado “por que la mayoría manda”. Aquí vale la pena mencionar las palabras de Timothy Snyder, profesor de historia en la Universidad de Yale:

“The European history of the twentieth century shows us that societies can break, democracies can fall, ethics can collapse, and ordinary men can find themselves standing over death pits with guns in their hands. It would serve us well today to understand why.”

El republicanismo del siglo 18 es la segunda de las tradiciones que menciona O’Donnell. Esta tradición favorece la esfera pública en general sobre la privada. La teoría republicana tradicional establece que es en la esfera pública donde el ser humano puede llegar a su perfeccionamiento a través del servicio desprendido a otros, evitando, a su vez, que intereses privados o partidistas interfieran con la búsqueda del bien común.

Al igual que la democracia, la tradición republicana, por sí sola, puede ser peligrosa ya que parte de la premisa de que solamente los ciudadanos suficientemente virtuosos tienen la capacidad necesaria para atender los asuntos públicos. Este principio llevado al extremo culmina en un elitismo sin limites y posiblemente en la oligarquía.

Aunque, para ser justos con los republicanos del siglo 18, muchos de ellos abogaban por inculcar en los niños y niñas las virtudes necesarias para el auto-gobierno a través de la educación pública gratuita y la enseñanza de las artes, ciencias y valores cristianos. Por ejemplo, Samuel Adams, mejor conocido hoy por muchos como la cara que aparece en las botellas de la cerveza que lleva su nombre, fue uno de los autores de la constitución de 1780 del estado de Massachusetts la cual establecía que:

“It was the responsibility of government…to cherish the interests of literature and the sciences, and all seminaries of them…and public schools and grammar schools in the towns; to encourage private societies and public institutions, rewards and immunities, for the promotion of agriculture, arts, sciences, commerce, trades, manufactures, and a natural history of the country; to countenance and inculcate the principles of humanity and general benevolence, public and private charity, industry and frugality, honesty and punctuality in their dealings; sincerity, good humor, and all social affections, and generous sentiments, among the people.”

La tercera tradición política es la liberal, que tiende a favorecer la esfera privada sobre la pública y se caracteriza por una desconfianza general del poder gubernamental. Esta tradición se enfoca en limitar los abusos que pudiera generar la democracia y algunas versiones del republicanismo clásico, y en proteger a las minorías y los derechos civiles, tales como la libertad de culto, la libertad de asamblea, el debido proceso de ley, el derecho a la intimidad y la libertad de prensa, entre otros.

De acuerdo con O’Donnell, cada una de estas tradiciones se asocia, a su vez, con unas formas específicas de rendición de cuentas (“accountability”), y aquí amarramos la discusión previa con el tema de la conferencia de hoy, ya que cada una de estas formas de rendición de cuentas requiere, en algún momento, el acceso a información o documentos públicos.

La tradición democrática se asocia con la “rendición de cuentas vertical” que se caracteriza, entre otras cosas, por (1) la elección de oficiales públicos honestos; (2) elecciones periódicas, justas y libres de fraude, (3) el derecho de todos los ciudadanos a postularse a puestos electivos; (4) el voto secreto y libre de influencias indebidas; (5) la transferencia pacífica del poder político de un partido o facción a otra; (6) el acceso a medios alternativos de información; y (7) la libertad para crear partidos y formar movimientos políticos. El instrumento principal, entonces, para la rendición de cuentas bajo la tradición democrática es la participación colectiva en la toma de decisiones a través de un proceso electoral transparente y justo.

Por otro lado, la tradición republicana enfatiza la “rendición de cuentas horizontal”. Aquí el énfasis es en (1) la primacía del estado de derecho; (2) el principio de que nadie está por encima de las leyes; (3) la igual protección de las leyes; (4) la división y el balance de poderes gubernamentales; (5) la protección de la minorías políticas (el principio “contra-mayoritario”) ; (6) la existencia de instituciones especiales para investigar la corrupción y el abuso del poder gubernamental, y (7) evitar la usurpación de los poderes de una rama de gobierno por otra.

El instrumento principal, entonces, para la rendición de cuentas bajo la tradición republicana es una “constitución compuesta” que divide, contiene, regula y a veces invalida las decisiones tomadas por oficiales electos.

Finalmente, la tradición liberal se caracteriza por la “rendición de cuentas social” mediante la cual la prensa, los ciudadanos en su carácter individual, y los movimientos sociales participan activamente en la reivindicación de los derechos civiles a través de diversos medios, tales como demandas de amparo constitucional, investigaciones periodísticas, protestas, la desobediencia civil y otros métodos similares.

En Puerto Rico, desafortunadamente, todas las modalidades de rendición de cuentas son ineficaces.

Las “rendición de cuentas vertical” es deficiente, hueca o truncada por dos razones. Primero, debido a nuestro status colonial, Puerto Rico no participa plenamente de los procesos políticos en Washington DC que afectan nuestro diario vivir, más aún después de la aprobación de la ley PROMESA. Y en segundo lugar, porque los oficiales electos y algunos jefes de agencia asumen la actitud que después de terminado el proceso eleccionario tienen un cheque en blanco para administrar y manejar los asuntos públicos por cuatro años según ellos mejor lo entiendan, ya que “la mayoría manda.”

Por otro lado, la “rendición de cuentas horizontal” no ha sido efectiva en detener la impunidad y la corrupción que son rampantes entre la clase gobernante de Puerto Rico. A pesar de las múltiples contralorías, procuradurías, monitores, fiscales especiales y oficinas de ética, la realidad es que todas estas instituciones han sido ineficaces en el desempeño de sus labores, y en muchos casos son utilizadas como instrumentos de intimidación y coerción en contra de adversarios políticos o incluso de ciudadanos que buscan reivindicar sus derechos.

Finalmente, la “rendición de cuentas social” en Puerto Rico es sumamente limitada. La violación de los derechos humanos y civiles es constante, empezando por la corrupta Policía de Puerto Rico, especialmente en aquellas comunidades marginadas y pobres que el Papa Francisco tuvo a bien llamar las “periferias existenciales.” Existe además en el país una gran desconfianza de aquellos que utilizan los diversos medios y métodos que están disponibles para reclamar la reparación de agravios.

El resultado es que la democracia puertorriqueña se puede catalogar como una “democracia delegativa” en la que los oficiales gubernamentales asumen que pueden hacer lo que quieran hacer hasta las próximas elecciones sin rendirle cuentas a nadie. O’Donnell asocia esta conducta con democracias inmaduras, aquellas que por lo general recién acaban de terminar la transición de un régimen autoritario a uno democrático. Y parece ser que en Puerto Rico, en realidad, nunca hemos terminado esa transición.

En resumen, en Puerto Rico, los mecanismos de rendición de cuentas y el control de los ciudadanos sobre los oficiales electos y jefes de agencia son frágiles e imperfectos en el mejor de los casos y completamente inoperantes en el peor.

La Sociedad Abierta como Alternativa

El objetivo entonces debe ser la creación de una sociedad donde los individuos y las organizaciones de la sociedad civil tengan los recursos, las herramientas, la capacidad, y la autonomía para interactuar eficazmente con el gobierno y otras instituciones; para oponerse y retar a las estructuras existentes de poder económico, político, y socio-cultural; para reducir las desigualdades generadas por esas estructuras de poder; y para ser agentes de cambio para conseguir un gobierno responsable, ético, transparente y que rinda cuentas al pueblo.

Para lograr esos objetivos, es necesario, en nuestra opinión, transformar a Puerto Rico en una sociedad abierta. Este concepto se asocia tradicionalmente con el filósofo Karl Popper y su libro The Open Society and its Enemies, publicado en 1945. Popper estaba escribiendo, en parte, en respuesta al desarrollo de sociedades totalitarias, tanto de izquierda como de derecha, durante la primera mitad del siglo 20 y que eran el producto de epistemologías deterministas que intentaban demostrar que la historia de la humanidad evolucionaba de acuerdo con unas leyes universales que solo un pequeño grupo de ilustrados lograban descifrar.

En estas sociedades totalitarias el pensamiento crítico y la libertad de expresión estaban prohibidos y eventualmente se fomentaba la destrucción del conocimiento a través de la censura, la quema de libros y el encarcelamiento, la tortura, y en muchas ocasiones el asesinato, de profesores, escritores, periodistas, e intelectuales.

Para Popper, sin embargo, el conocimiento era fluido y falible ya que la imaginación y la creatividad humana estaban siempre en un estado de constante evolución. Los seres humanos siempre estamos cuestionando, estudiando, investigando, experimentando. Por lo tanto, la creación y desarrollo de nuevas ideas requiere de una sociedad que esté abierta a estos procesos de innovación.

En la sociedad abierta de Popper, cada ciudadano debe y necesita utilizar sus facultades de pensamiento crítico. Esto a su vez requiere libertad de pensamiento y expresión así como las instituciones legales y culturales que faciliten y fomenten el acceso a la información gubernamental, así como la acción independiente por parte de los ciudadanos.

En principio podríamos decir que Puerto Rico cumple con los requisitos formales de una sociedad abierta y democrática, tenemos elecciones cada cuatro años, una constitución que protege la libertad de expresión y de asociación, una universidad pública que recibe una generosa subvención gubernamental (hasta el momento) y leyes que, por lo menos en teoría, garantizan todo tipo de derechos.

Sin embargo, resulta difícil argumentar que en nuestro diario vivir Puerto Rico es una sociedad verdaderamente abierta y democrática. Más de 500 años de colonialismo han producido una larga historia de dependencia gubernamental, de clientelismo político, de persecución y vigilancia ilegal de organizaciones políticas, tanto por el gobierno federal como por el estatal, del uso repetido de la fuerza para reprimir el derecho a la libre expresión y para perseguir a diversas comunidades marginadas, y de niveles alarmantes de corrupción gubernamental e impunidad oficial.

El problema es que la apertura es indispensable para la economía del conocimiento.

Anne Marie Slaughter, ex-decana de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs de la Universidad de Princeton y la primera mujer en dirigir la oficina de “Policy Planning” del Departamento de Estado de Estados Unidos, argumenta en su mas reciente libro que:

“The defining choice of our age is not democracies versus autocracies, but open versus closed. In Industries of the Future, Alec Ross, one of the architects of the Open Government Partnership, lines up countries on an “open-closed axis” and notes that countries like China, Saudi Arabia, and Kuwait are trying to pioneer hybrids of open economies and closed societies. He predicts that the societies that embrace openness will be those that compete and succeed most effectively.”

La necesidad de que Puerto Rico comience una transición hacia una economía basada en el conocimiento y la producción de ideas se ha estado discutiendo recientemente en el foro público. Para lograr esa transición se requieren, entre otras cosas, políticas públicas que fomenten la generación del conocimiento; escuelas y universidades con currículos modernos que enfaticen el pensamiento crítico; instituciones que protejan y fomenten la creación de nuevo conocimiento; y la inserción de Puerto Rico en comunidades epistémicas globales a través de su participación en redes transnacionales de actores no-gubernamentales.

Por tanto, es importante entender que una economía basada en el conocimiento no funcionará en una sociedad cerrada y poco transparente; donde se le teme al cambio, a la innovación, a hacer las cosas de manera diferente; donde se desperdicia el talento de miles de personas victimas de la discriminación y la marginalización social; y donde se utiliza el poder gubernamental arbitrariamente para perseguir a aquellos que, parafraseando a Henry David Thoreau, deciden marchar al ritmo de otro tambor.

Conclusión

Me parece que, además de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, exigir mayor transparencia gubernamental y promover la apertura social descrita anteriormente, sí de verdad queremos fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico a largo plazo tenemos que atender tres deficiencias con carácter de condiciones de umbral.

Primero, necesitamos desarrollar la capacidad para reflexionar. El diccionario de la Real Academia Española define “reflexionar” como “considerar nueva o detenidamente algo.” En el caso de Puerto Rico tenemos que reflexionar detenidamente sobre como llegamos aquí; ¿como surgió esta crisis?; ¿que lecciones podemos deducir de los triunfos y los fracasos del pasado?; ¿cuáles políticas fiscales, económicas y sociales funcionaron y cuáles no?

Segundo, necesitamos claridad de pensamiento. Santo Tomás de Aquino, antes de ponerse a escribir o dar una conferencia, rezaba una oración conocida como Ante Studium. En esa oración, Santo Tomás pedía la iluminación divina de los “rincones más oscuros” de su mente, además “de agudeza en el entendimiento, capacidad para recordar, facilidad en el aprendizaje, lucidez para la interpretación, y elocuencia al hablar.”

Esa claridad de pensamiento nos hace mucha falta en Puerto Rico y no el discurso trillado, reducido a estribillos como “no hay otra alternativa”, “que paguen los ricos”, la “deuda no es mía”, “hay que poner el rico de vuelta en Puerto Rico” o “ni un impuesto más”, clichés tontos que podrán sonar bien en una entrevista de radio o de televisión pero que no son más que un refugio cómodo para evitar el pesado trabajo intelectual que tenemos por delante.

En específico, necesitamos pensar claramente sobre los cambios que tenemos que ejecutar. ¿Qué instituciones y organizaciones hay que reformar para diseñar una política económica racional en Puerto Rico? ¿Qué arreglos institucionales innovadores son posibles dadas las limitaciones políticas a las que nos enfrentamos? ¿Cuáles sectores económicos generan la mayor cantidad de conocimiento que podemos utilizar para movernos hacia la producción de bienes y servicios más complejos? ¿Qué política económica fomentaría esas actividades?

Y para llevar a cabo ese ejercicio de pensamiento nos hace falta, en muchos casos, acceso a datos y documentación del gobierno. Por ejemplo, el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico se basa en unos supuestos económicos que no han sido explicados adecuadamente ni tampoco se ha hecho disponible el modelo económico que se utilizó para analizar el impacto de las medidas de ajuste fiscal sobre la actividad económica del país. Mientras la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico ha tomado la posición de que esa información es confidencial. ¿Por qué? ¿Basado en que criterio o autoridad legal? ¿Cómo contribuye este acto de censura oficial a un debate público informado sobre un asunto de vital importancia social?

Finalmente, nos hace falta valentía moral para, como decía Vaclav Havel, dejar de vivir dentro de una mentira y vivir dentro de la verdad. Eso significa actuar cuando sea necesario actuar, hablar cuando haya que hablar y exigir cuando haya que exigir. No saben cuantas veces se nos acerca alguien al Centro para una Nueva Economía y nos dice ¿por qué ustedes no dicen esto o lo otro? Y usualmente mi respuesta es ¿y por qué usted no se atreve?

La verdad es que en Puerto Rico vivimos con una gran cobardía intelectual, con un profundo miedo existencial a hacer preguntas, a cuestionar lo que hacen nuestros gobernantes, y a dar la impresión de que estamos “creando problemas” a los poderes que son. Sí, en Puerto Rico hace falta más diálogo, pero no aquel que busca la reconciliación de diversos intereses económicos, políticos, sociales, o de clase basándose en el menor denominador común, sino ese diálogo, en palabras de Albert Camus, entre personas que se mantienen firmes en lo que son y que no tienen miedo de decir lo que piensan de verdad y lo que tienen en la mente. Necesitamos un diálogo que derrote al silencio contundentemente, como la verdad a la mentira. No una sesión de terapia grupal tipo “new age” alrededor de una fogata en la playa.

Si de verdad queremos cambiar las cosas, tenemos que reflexionar profundamente, pensar claramente, y actuar con valentía moral. Tenemos que ver las cosas como son, en su forma y color precisos y, parafraseando al escritor francés Roger Grenier, tenemos que tener la valentía para descomponer nuestra realidad y recomponerla de otra manera que nos permita entenderla mejor y aprender algo sobre el mundo y la vida. De lo contrario nuestra caótica y pobre entendida existencia seguirá siendo incomprensible.

Puerto Rico, desafortunadamente, va camino a convertirse en una tierra baldía posindustrial, caracterizada por la corrupción, la criminalidad, el desempleo, la descomposición urbana y la pobreza. Para evitar ese destino, resulta imperativo sentarnos en una mesa y llegar a unos acuerdos como país para, entre otras cosas, fortalecer nuestra cultura cívica, reformar la política fiscal de nuestro gobierno y elaborar una verdadera estrategia de crecimiento económico a largo plazo.

En suma, salir de la coyuntura actual requerirá un profundo cambio sistémico que promueva mayor apertura, transparencia, e inclusión social. Muchas gracias por su atención.

La Reestructuración de la deuda con los bonistas locales

La Reestructuración de la deuda con los bonistas locales

Los contratos de deuda no son promesas de cumplimiento seguro. Es por eso que los acreedores reciben una compensación extra, en la forma de tasas de interés que incluyen una prima de riesgo. Reciben una cantidad extra cuando cobran, a cambio de tomar el riesgo de que haya instancias en que no puedan cobrar.

Y Puerto Rico está en una situación en la que no puede pagar. No es una cuestión de falta de voluntad, sino de falta de capacidad. En las circunstancias actuales, no hay otro camino posible que el de la reestructuración.

Una quita apropiada le permitiría al país tener los recursos para las políticas expansivas que tanto necesita. Pero alcanzar una reestructuración exitosa no será un ejercicio trivial. No lo ha sido en ninguno de los países que necesitan reestructurar sus deudas.

Pero a diferencia de ellos, que deben negociar con múltiples acreedores heterogéneos bajo marcos legales que no difieren demasiado de la ley de la selva, Puerto Rico cuenta con el marco jurídico que ofrece la ley PROMESA. Pero PROMESA no es una panacea, sino un arma de doble filo: mientras bien usado sería un marco útil, si se utiliza como elemento de coerción para favorecer a los intereses de los acreedores sería por demás nocivo.

Al momento de reestructurar deudas, surge un problema de acción colectiva: mientras que potencialmente la reestructuración puede beneficiar a todos, cada acreedor prefiere que la quita recaiga sobre los demás. Cuando finalmente se delinee un plan para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, el país enfrentará esos problemas. Las disputas entre acreedores por ver quien carga con la quita serán feroces.

El proceso creado por PROMESA tendrá un rol crucial para resolver esos conflictos. La forma en que se resuelvan determinará no solamente la distribución de la carga de la quita, sino que además repercutirá sobre el desempeño económico del país.

Y esto es así porque una parte significativa de la deuda, que se estima entre 10.5% y 20%, está en manos de agentes locales, como es el sector de las cooperativas de ahorro y crédito, que brindan servicios a depositantes locales, entre los cuales se incluyen a grupos de ingresos medianos y bajos. Las consecuencias de recortar deuda en posesión de tales cooperativas son diferentes que las de recortarla sobre bonistas extranjeros.

La aritmética que subyace a tal lógica es sencilla. Suponga que el valor de las tenencias de bonos puertorriqueños en manos de un bonista extranjero se reduce en, digamos, $100. En la medida que ese bonista no gaste nada de su riqueza en la economía local, la demanda local no se verá afectada, y el gobierno contará con un alivio de $100 que podría ser usado para políticas que expandan el nivel de actividad.

Pero supongamos que el mismo recorte recae sobre un residente de Puerto Rico, que planeaba gastar, digamos, 80 por ciento de esas tenencias en el país. El resultado será que la demanda local caerá en $80. Y en una economía en un régimen de demanda restringida, como lo está la economía puertorriqueña en la actualidad, eso significaría una contracción del nivel de actividad, contrarrestando en parte el efecto expansivo que podía ser generado por las políticas que los $100 de alivio de deuda volvían factibles.

La evidencia internacional es absolutamente consistente con esta lógica: los defaults tienden a ser más costosos cuanto mayor es la proporción de deuda en default en manos de bonistas locales, y las reestructuraciones tienden a ser más expansivas cuanto menor es la porción de la quita que recae en los bonistas locales.

Al día de hoy, no termina de quedar claro cómo se distribuirá la quita entre el complejo espectro de acreedores. Esa incertidumbre está provocando efectos ambiguos. Por una parte, impide que los precios de ciertas categorías de bonos se hayan desplomado en proporciones mayores. Pero por otra parte, le impide a instituciones locales que poseen deuda puertorriqueña tener certeza sobre la buena salud de su estado de situación. Esto hace que el comportamiento de esas instituciones deba ser por demás precautorio, contribuyendo a que la inversión se mantenga deprimida.

Pero tarde o temprano llegará el momento en el que la estructura de prioridades entre acreedores para la distribución de lo que Puerto Rico termine pagando se tendrá que definir. Llegado ese momento, el gobierno y la Junta Fiscal tendrán que haber develado los principios bajo los cuales se base el plan de reestructuración que se proponga. El tratamiento equitativo entre acreedores podría ser uno de esos principios.

De modo que mientras es claro entonces que Puerto Rico se beneficiaría si la reestructuración se diseñase de modo de favorecer a los acreedores locales, podría pensarse que eso es impracticable, pues significaría que el plan estaría discriminando entre acreedores de un modo que violaría un tratamiento equitativo entre ellos. Pero eso no necesariamente es cierto.

Tratamiento equitativo no quiere decir tratamiento igualitario: por ejemplo, que se le imponga el mismo porcentaje de quita a todos los acreedores sería inequitativo si esos bonistas pagaron distintos precios por sus bonos. Y además, el universo de acreedores tiene que ser apropiadamente definido. La equidad entre acreedores no necesariamente se debe circunscribir a los acreedores formales, es decir aquellos que poseen bonos emitidos por el gobierno. El universo de acreedores también debería incluir a los considerados “acreedores informales”, tales como en principio serían los pensionados para con quienes existe un contrato social implícito que determina obligaciones.

En definitiva, la forma en que se reestructure la deuda de Puerto Rico afectará a las oportunidades de su población actual y también de las generaciones futuras. El país necesita una quita sustancial para recuperar las condiciones que le permitan encausarse en un sendero de desarrollo sano, que sea dinámico e inclusivo; que proteja los derechos de los más vulnerables y que no aniquile las oportunidades de los jóvenes de hoy y de los de mañana. La forma en que se distribuya quien paga por esa quita determinará si ese sendero es alcanzable. Y lo cierto es que la sociedad puertorriqueña ya pagó un precio muy caro por la crisis de la deuda. Tanto por razones de pura eficiencia económica como de equidad, es hora de que sean otros a los que les toca pagar.

Por: Martín Guzmán
Miembro investigador no-residente del CNE, Investigador asociado de Columbia University y Profesor de la Universidad de Buenos Aires

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Isla migaja

Isla Migajas

En esta coyuntura de incertidumbre resulta útil establecer contextos y miradas comparativas: sirven para entender situaciones complejas como la que vivimos y forjar alternativas. A medida que se ha ido precisando la magnitud de la crisis económica y fiscal, Puerto Rico ha sido comparado con Grecia y Argentina, con Detroit. Ambas miradas – hacia los países soberanos y hacia las municipalidades de EEUU – son aleccionadoras, pero quizás se quedan cortas tanto por la naturaleza híbrida de la ley PROMESA – que recoge disposiciones de la quiebra municipal y de los regímenes de quiebra soberana – como por el complicado estatus jurídico e institucional de Puerto Rico. Por esto, en este espacio propongo una tercera mirada usando como punto de partida el libro Islas migajas: los países no independientes del Caribe contemporáneo del profesor de la Universidad de Puerto Rico Aaron Gamaliel Ramos.

Comencemos por contextualizar su título. “Islas migajas” es uno de los calificativos con el que el poeta y pensador martiniqués Aimé Césaire denominó las islas del Caribe en su poema Cuaderno de un retorno al país natal. Considerado por algunos como el mayor monumento lírico de la lengua francesa, Cuaderno es una oda a la trágica, conflictiva, dura, pero tremendamente rica historia del Caribe, caracterizada por el colonialismo, la esclavitud, el monocultivo, y la pauperización de sus gentes. Puerto Rico ha sido parte de esa complicada historia, si bien ha vivido durante varias décadas en negación, de espaldas al entorno antillano del que es parte y en el que está enclavado.

Islas migajas sirve para enmarcar nuestra crisis actual en los sucesos más amplios que se han producido en el Caribe. Primero, contextualiza el esquema institucional que Puerto Rico ha sostenido con EEUU y desmonta la noción de su excepcionalismo. El “Estado Libre Asociado” (ELA) es uno de varios arreglos territoriales que Gran Bretaña, Francia, Holanda y EEUU forjaron con sus colonias durante la post-guerra, experimentando con distintos grados de integración, autonomía y control. Mientras que Francia optó por la departamentalización de Martinica y Guadalupe (algo que equivaldría a la estadidad federada en el caso estadounidense), Holanda optó por una serie de arreglos autonómicos en Curazao, Aruba y St. Marteen, y Gran Bretaña por unos de corte abiertamente territorial. Si alguna interrogante quedaba sobre la pertenencia de Puerto Rico a este caleidoscopio neo-colonial, los sucesos recientes nos deben haber sacado de duda, con la opinión del Procurador General de EEUU sobre la naturaleza territorial del ELA; la invalidación de la llamada “Quiebra Criolla” por parte del Tribunal Supremo de EEUU; y la reafirmación de los poderes plenarios del Congreso federal sobre la isla con la aprobación de la ley PROMESA y la implantación de una Junta de Supervisión Fiscal.

Segundo, el desencanto económico es compartido. En Puerto Rico la contracción y la crisis fiscal han servido para que muchos se pregunten si el presente marco institucional provee herramientas efectivas o si, por el contrario, aboca a la isla a un hoyo cada vez más profundo: la dependencia sobre esquemas contributivos federales para promover la inversión y la incertidumbre que esto genera; la falta de paridad en fondos federales y la inseguridad en la renovación de los fondos; la renuencia del Departamento del Tesoro federal a proveer mecanismos de liquidez para ampliar el espacio fiscal del gobierno; la exclusión de la isla del Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras… la lista de desengaños recientes es larga. El Caribe no independiente, por su parte, también lidia con estructuras institucionales que pueden considerarse arcaicas para una economía mundial globalizada. Las Antillas francesas – que según Ramos comparten con Puerto Rico el dudoso honor de seguir un modelo de “integración dependiente” – sufrieron los embates de la integración al mercado común (francés primero y europeo después) mediante un descenso en sus exportaciones de productos agrícolas; hoy tienen un alto nivel de dependencia en fondos de asistencia social de la metrópoli francesa. Las islas británicas y las holandesas han apostado al turismo y a los servicios financieros internacionales, y en el proceso se han convertido (o re-convertido si se piensa en el no muy lejano trasfondo de la plantación) en economías de enclave con beneficios inciertos para las poblaciones locales.

Esto nos lleva al tercer punto, el de la llamada “recolonización”, un término que denota la renovada injerencia de las metrópolis en los asuntos isleños. Curazao y San Martín tienen desde el 2010 su propia versión de Junta de Control Fiscal: sus finanzas públicas están bajo la tutela de una Comisión de Supervisión Fiscal que vigila la confección y ejecución de los presupuestos locales. Este mayor control metropolitano fue el quid pro quo para que Holanda asumiera el 80% de su deuda pública (estimada en $ 2,000 millones) al momento de éstos ser admitidos al Reino como “países autónomos”. El pasado año, Curazao solicitó se pusiera fin a la supervisión financiera, pero el Consejo de Ministros del Reino rechazó la solicitud aduciendo que la gerencia financiera de la isla aún no había alcanzado estándares adecuados. En el caso de los territorios británicos, el Foreign and Commonwealth Office ha reconocido su obligación de sufragar “obligaciones y déficits” de sus territorios, pero a la vez, cuenta con leyes que le permiten a Londres invalidar acciones tomadas por los gobiernos locales y colocar al territorio bajo la autoridad del gobernador colonial. El Reino Unido ejerció esa facultad en 2009, cuando, aduciendo fallas administrativas en la gestión pública de las Islas Turcas y Caicos, revocó unilateralmente el fuero local y tomó el control del gobierno isleño.

La experiencia del Caribe no-independiente, entonces, nos muestra que la crisis de Puerto Rico no es excepcional: la isla intenta forjar su recuperación económica en un tablero que históricamente ha sido muy desigual y en el que todavía hoy se juega con dados cargados. Abordar un marco institucional fatigado que mantiene imbricadas asimetrías históricas de poder será fundamental para que Puerto Rico pueda articular estrategias viables que propulsen el desarrollo económico sostenible y equitativo a largo plazo.

Jennifer Wolff
Directora de Programas y Comunicaciones
Centro para una Nueva Economía

La Junta enseña sus cartas

La Junta enseña sus cartas

No fueron pocos los que cabildearon a favor y aplaudieron la eventual aprobación del proyecto de ley federal conocido por sus siglas en inglés, PROMESA. Luego de un largo año desde que el gobernador de entonces, Alejandro García Padilla, apalabró lo evidente: que la matemática fiscal no cuadraba y que no había dinero para pagar la deuda pública, el gobierno federal intervino nombrando una junta para tomar control de las nuevas peripecias de la colonia y atender nuestros entuertos legales y económicos. Los apologistas criollos esbozaron diversos argumentos basados en una lógica paternalista y sumisa: nuestra incapacidad para atender el panorama fiscal requería una solución drástica y, como nos habíamos portado mal, como si fuéramos niños inmaduros y malcriados, nos merecíamos un par de nalgadas.

La ley PROMESA impuso una Junta de Control Fiscal que creó dos mecanismos para renegociar los contratos de lo que el gobierno tomó prestado. Según la lógica defensora, este nuevo cuerpo se encargaría de acabar con la bayoya y el relajo gubernamental que se practicó por años y nos encaminó a la insolvencia. Meses después, algunas encuestas confirmaron esta creciente fiebre disciplinaria. Los entrevistados afirmaron un “Respaldo a lo desconocido” donde casi setenta porciento de los encuestados apoyaba a la Junta a pesar de que casi tres cuartas partes sabía poco o nada sobre la flamante entidad. Este era el sentir de un grupo amplio, pues el aval se registró en todas las variables sociodemográficas del país. Al parecer, patricios y plebeyos estaban dispuestos a tenderle la alfombra roja a una institución desconocida e impuesta por los Estados Unidos. Cualquier cosa prometía ser más beneficiosa que el status quo.

No obstante, una cosa es lo que dice la ley y otra es cómo se aplica. Poco después del nombramiento de los miembros de la Junta, algunos nos aventuramos a plantear, siguiendo las pistas de experiencias similares en Washington DC, Detroit y Grecia, que se avecinaba un plan de ajuste unilateral y severo. Más aún, auguramos que los miembros de la Junta, tecnócratas financieros todos, atenderían la situación desde un enfoque puramente contable, con cálculos precisos y fórmulas estandarizadas, y que caracterizarían sus propuestas como racionales e inevitables. Esta táctica serviría para enmascarar sus posturas políticas e ideológicas, que desde el comienzo apuntaban a un viejo libreto neoliberal centrado en recortes al gasto, aumento de impuestos y privatizaciones y facilitar el avance a galope de la inversión privada y el “libre mercado”. Lamentablemente, todo indicaba a que seguirían este modelo a pesar de que los gestores originales de la misma en el Fondo Monetario Internacional habían dado fe de su caducidad.

Le tomó tiempo calentar motores, pero una vez en marcha, la Junta comenzó a maniobrar a través de una serie de reuniones, comunicados y misivas estratégicas que han dado mucho de que hablar en las últimas semanas. A pesar de que están dirigidas al poder Ejecutivo, las cartas han servido para hacerles señas y llamar la atención a múltiples públicos, incluyendo políticos, bonistas y residentes de la isla.

En plena época navideña, en una carta dirigida tanto al gobernador saliente como al entrante, los miembros de la Junta comenzaron a detallar su agenda y postura. Por un lado, delinearon una serie de objetivos deseables, difíciles de reprochar, como aumentar la actividad económica, la tasa de participación laboral, el ingreso medio de las familias y reducir la pobreza, entre otros. Al parecer, querían entablar una especie de complicidad con el pueblo, transmitiendo la idea de que “todos queremos lo mismo para el país”. Sin embargo, en ese texto también revelaron lo anticipado: su receta incluiría buenas dosis de tala presupuestaria y aumento de impuestos.

Pero la verdadera sorpresa llegaría semanas después, mediante otra misiva al Ejecutivo donde la Junta esbozó un ejercicio básico de contabilidad para la confección del nuevo plan fiscal del gobierno. Su argumento se puede resumir de la siguiente manera: el gobierno gasta mucho más de lo que ingresa, por lo que hay que realizar serios recortes al gasto público y aumentar los recaudos en un plazo muy corto. De esta forma, se recobraría la confianza de potenciales inversionistas. El dinero que sobre luego de realizar este acelerado cuadre de caja es lo que estaría disponible para pagar la deuda pública.

Ofrecieron varias cifras para sustentar sus argumentos, pero quizás la más importante, y la que menos atención recibió, indicaba que de seguir este plan la economía podría contraerse 16.2% en el año fiscal 2019. Un escenario tétrico, difícil de imaginar e insoportable, especialmente para las poblaciones más vulnerables—los que siempre reciben los golpes más duros de las políticas de austeridad.

Los gritos se escucharon por las cuatro esquinas y hasta algunos otrora porristas de la Junta expresaron su indignación. No es para menos, dado que la propuesta va en contra de la mejor evidencia empírica académica. Los países que recortan sus déficits en tiempos difíciles suelen empeorar una grave situación. Igualmente, al no poder generar crecimiento, se les hace imposible lograr niveles sostenibles de deuda. Este es, precisamente, el talón de Aquiles de la estrategia planteada por los supervisores fiscales: priorizan la puesta en marcha de un ajuste fiscal severo en vez de delinear políticas de desarrollo precisas y justas para mejorar la economía.

Como bien apuntó durante su reciente visita a la isla Martín Guzmán, experto en temas de deuda pública y macroeconomía, resulta imprescindible que el gobierno de Puerto Rico delinee un plan de desarrollo, negocie efectivamente una reestructuración profunda de la deuda—que permita allegar fondos públicos a sectores y actividades productivas—, y logre una moratoria en el pago a los acreedores que nos provea el espacio necesario para reencender los motores de la economía.

La Junta está haciendo apuestas peligrosas y juega mal sus cartas. Si el gobierno de Puerto Rico decide acatar sus directrices el resultado será nefasto para todos los implicados. Además del durísimo impacto social que generaría la consolidación fiscal, y el deterioro longevo que se observaría en diversos sectores económicos, los acreedores y los mercados también se verían seriamente afectados. Como nos alertó Guzmán, la austeridad que propone la Junta mataría la economía y “los muertos no pagan deudas”.

Deepak Lamba-Nieves,
Director de Investigación del Centro para una Nueva Economía
Twitter: @deepakln

Declaraciones de Miguel Soto Class, Presidente del CNE, sobre el proyecto HR 5278

“En los pasados meses CNE ha invertido una cantidad significativa de tiempo en compartir nuestro conocimiento sobre las complejidades de la situación económica y fiscal de Puerto Rico con los miembros y el personal de los comités de la Cámara y el Senado federal que han estado trabajando en el tema de la crisis fiscal en Washington DC. Hemos reiterado la urgencia de atender cuanto antes la situación fiscal de Puerto Rico y hemos propuesto alternativas ponderadas para atender el problema inmediato de la reestructuración de la deuda, para transformar las instituciones fiscales de Puerto Rico de cara al futuro y para encaminar un proceso que reactive el crecimiento económico.”

“Lamentablemente, luego de analizar el proyecto HR 5278 – y aunque reconocemos que se ha hecho mucho trabajo para lograr un proyecto que cuente con apoyo bipartita – tenemos que decir que no podemos endosar el proyecto.”

“Primero, este proyecto le impone a Puerto Rico un costo muy alto a cambio de un beneficio muy incierto. Nos obliga a canjear la facultad de tomar decisiones sobre nuestra propia gestión pública a cambio de acceder a un proceso que – luego de sortear más de 45 requisitos, pasos y niveles distintos – pudiera permitirnos quizás acceder a la posibilidad de que un tribunal acceda (o no) a autorizarnos a reestructurar alguna parte de nuestra deuda.”

“Segundo, porque si bien Puerto Rico necesita controles fiscales fuertes, esos controles tienen que salir de unas instituciones locales y una cultura fiscal transformada. De nada vale que se imponga una junta de control fuerte que cuadre la chequera pero que, una vez terminado su mandato, nos deje las mismas instituciones gubernamentales y fiscales que nos han metido en este atolladero. Puerto Rico necesita transformaciones duraderas y a largo plazo.”

“Esta no es una decisión fácil ni para mí ni para el CNE. Sin embargo, el momento requiere que lo enfrentemos con los ojos abiertos. Aquellos que plantean que nuestros funcionarios electos han sido incapaces de lograr el cambio que Puerto Rico necesita tienen razón. Sin embargo, la respuesta no es una junta de control con otros funcionarios políticos de fuera de Puerto Rico porque esto terminará por atrofiar aún más nuestras corrompidas instituciones económicas y fiscales. Lo que Puerto Rico necesita es una nueva infraestructura cívica, con instituciones nuevas e individuos y organizaciones que puedan lograr las transformaciones institucionales que necesitamos de cara al futuro.”

 

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¿Cumple HR 5278 con los principios de política pública establecidos por el CNE?

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Enlace al análisis del HR 5278 y resumen ejecutivo

PARA DESCARGAR EL ANÁLISIS DEL CNE EN SU TOTALIDAD OPRIMA EL SIGUIENTE BOTÓN: 
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RESUMEN EJECUTIVO:

Principio 1: Cualquier junta federal tiene que respetar las instituciones y procesos políticos de Puerto Rico.

El proyecto NO cumple con el principio 1. El HR 5278 le confiere a la Junta de Control Fiscal poderes que exceden los necesarios para ejecutar una función de monitoreo y supervisión fiscal. La Junta será una entidad del gobierno de Puerto Rico pagada con fondos públicos de Puerto Rico, pero no estará sujeta al control o la supervisión de funcionarios locales; podrá forzar la ejecución de recomendaciones que hayan sido rechazadas por el Gobernador o la Legislatura de P.R.; podrá prohibir la ejecución de ciertas leyes, reglamentos, órdenes o contratos; podrá requerir la ejecución de medidas de privatización y comercialización de actividades gubernamentales; y de manejo de los fondos de pensiones de los empleados públicos.

Principio 2: La decisión final sobre materias impositivas y de gasto público debe residir con los oficiales democráticamente electos de P.R. que deben actuar de manera transparente y rendir cuentas.

El proyecto NO cumple con el principio 2. Bajo el HR 5278, la Junta prácticamente toma control de las instituciones fiscales de Puerto Rico: queda facultada para desarrollar  el presupuesto del gobierno e imponer reducciones de gastos aún en detrimento de la prestación de algunos servicios públicos.

Principio 3: Los procesos para reestructurar la deuda deben tratar a las partes de forma justa y equitativa. Deben proveer un camino claro y viable para que se produzca un alivio significativo en el pago de la deuda. 

El proyecto NO cumple con el principio 3. El HR 5278 representa progreso sobre el proyecto anterior (HR 4900). Sin embargo, los procesos de reestructuración todavía son demasiado complicados y no proveen un camino viable que desemboque en alivio a la deuda. HR 5278 crea un proceso complejo de clasificación de acreedores; contempla un periodo muy corto de aplazamiento para los litigios; y crea una segunda capa de requisitos al nivel de la Junta de Control para que se pueda acceder a un proceso de reestructuración supervisado por la corte.

Principio 4: Ninguna clase de deuda debe ser excluida del proceso de reestructuración.

El proyecto SÍ cumple con el principio 4. HR 5278 incluye los Bonos de Obligación General (GO’s) y COFINA en la reestructuración, pero respeta la jerarquía de sus reclamos.

Principio 5: Se debe crear un Task Force congresional sobre crecimiento económico de Puerto Rico.

El proyecto cumple PARCIALMENTE con el principio 5. HR 5278 crea un Task Force de Crecimiento Económico. Sin embargo, no le asigna fondos y el Task Force tiene una vida muy corta. Asimismo, excluye entidades no-gubernamentales y de la sociedad civil del proceso de consulta.

Principio 6: Si el Congreso no puede actuar, debería autorizar expresamente que Puerto Rico legisle su propio marco para reestructurar la deuda. 

Este principio NO APLICA en el proyecto. Puerto Rico se encuentra en un limbo legal en cuanto a cómo reestructurar su deuda.

Statement by Miguel Soto-Class on HR 5278

Statement by Miguel A. Soto-Class, President of the Center for a New Economy (CNE), on CNE’s analysis of HR 5278 “To establish an Oversight Board to assist the Government of Puerto Rico, including instrumentalities, in managing its public finances, and for other purposes/PROMESA”.


“During the past several months, CNE has invested a significant amount of time in sharing our knowledge on the complexities of the fiscal and economic situation of Puerto Rico with those members and staff of the U.S. House of Representatives and Senate who have been working on the island’s fiscal crisis in Washington DC. We have stressed the urgency of addressing Puerto Rico’s fiscal situation and we have proposed well-thought and balanced alternatives to address the immediate problem of the debt overhang, transform Puerto Rico’s fiscal institutions, and spearhead a process to reactivate economic growth.”

“Although we recognize the enormous amount of work that has been put into achieving a bill that could muster bipartisan support, we must say today that, after carefully analyzing HR 5278, we cannot endorse the bill as it stands.”

“First of all, this project imposes on Puerto Rico a very high cost in exchange for very uncertain benefits. It forces Puerto Rico to barter away its inherent power to make decisions about its own affairs in exchange for the opportunity of accessing a process which – after sorting more than 45 requirements, steps, and levels – may only allow us the possibility of having a court authorize us (or not) to restructure part of our debt.”

“Second, while it is true that Puerto Rico needs strong fiscal controls, those controls need to be imposed by the island’s government institutions. We gain nothing from the imposition of an excessively powerful foreign control board that will balance the checkbook but that, once its mandate is finished, will leave intact the same weak and decayed fiscal and governmental institutions that have brought us into the present quagmire. Puerto Rico needs durable and long-term transformations.”

“Not endorsing this bill was a very difficult decision. But CNE must be true to its mandate and to the values that sustain us. Those who argue that our elected officials have been incapable of achieving the transformations that Puerto Rico needs are right. But the answer to this problem is not a control board designed by other politicians from outside Puerto Rico.  This will only atrophy even more our inadequate economic and fiscal institutions. What Puerto Rico needs is a new civic infrastructure, with new institutions, and with individuals and organizations that can achieve the transformations we need for the future.”

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