Estado de excepción

Por: Jennifer Wolff

Decía hace un tiempo Efrén Rivera Ramos, catedrático de Derecho, que uno de los peligros de los tiempos de crisis es la rapidez con que se implantan los estados de excepción: se imponen medidas draconianas, se menoscaban conquistas sociales, y se suspenden derechos fundamentales. Lo peor, decía Efrén, es que esos estados de emergencia – instaurados en ocasiones irreflexivamente – terminan siendo constitutivos de un nuevo orden en el que la ausencia de lo que se ha cedido, descartado, o perdido se acepta como una nueva normalidad.

Esa sabia reflexión tiene hoy gran vigencia, no solo en términos de los derechos civiles y el bienestar social, sino en términos de la planificación económica que, aún en medio de la crisis fiscal, tiene que hacerse de cara al futuro. Si hay algo que debemos sacar de esta coyuntura es la posibilidad de enderezar los entuertos que nos han llevado al desastre y construir sobre tierra firme los fundamentos de un andamiaje productivo duradero. No habría peor cosa que, por pura desesperación, las medidas que tomemos ahora nos lleven a seguir chapaleteando mañana en la misma marisma donde andamos enredados hoy.

Hace apenas dos meses se aprobó la Ley de Alivio Energético pero ésta se ha quedado empantanada en el laberinto de la crisis fiscal. No es solo que la Comisión Reguladora de Energía no ha sido creada todavía – dejando en suspenso la reforma tarifaria, la búsqueda de tecnologías alternativas, y la planificación a largo plazo del sistema – sino que la aprobación reciente de la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y la Recuperación de las Corporaciones Públicas plantea la posibilidad de que los vientos de reforma se desinflen, y en aras de un estado de excepción, sean echados a un lado. READ MORE

Quiebra criolla viabiliza venta de activos o desmantelamiento de corporaciones públicas

noticel

Por: Laura M. Quintero
Publicado: 27/06/2014 05:32 am

El futuro de las corporaciones públicas que se acojan a la nueva Ley para renegociar sus deudas millonarias con los acreedores está lleno de variables. Pero lo que está definido es que la estructura operacional de las corporaciones cambiará drásticamente al facilitar que vendan o arrienden sus activos a otras entidades del gobierno o a manos privadas.

Los directores de la AAA, Alberto Lázaro, y de la AEE, Juan Alicea, con la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila. (Josian Bruno/NotiCel)

Las corporaciones que se encuentren en estado de insolvencia tendrán a su disponibilidad distintos recursos para cumplir con el pago de sus obligaciones, sin que se afecten los servicios. Permite, por ejemplo, la venta y el arrendamiento de cualquiera de los activos, como pudieran ser las plantas productoras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a otras entidades públicas o privadas que se comprometan ante el juez designado, a mantener el ofrecimiento de los servicios públicos.

Si bien las corporaciones ya tenían la facultad de crear Alianzas Público-Privadas, como las que concedió la Administración Fortuño en el aeropuerto internacional, el peaje Teodoro Moscoso y las carreteras PR-22; esta Ley facilita ese tipo de transferencias a través de un “proceso estructurado y expedito” en el Tribunal, según el economista Sergio Marxuach, Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).

Marxuach comentó, sin embargo, que es improbable que la negociación requiera de una venta o privatización parcial. “Dudo que se llegue a ese tipo de remedio. Creo que la mayoría de los bonistas preferirían renegociar los términos (de la deuda), en vez de correr el riesgo de comenzar desde cero con unos dueños nuevos”, reaccionó, en referencia a la negociación del principal, interés y término de años de la deuda.

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