Las trampas de la austeridad

La Reestructuración de la deuda con los bonistas locales

Dicen que las crisis no se pueden desperdiciar pues sirven para tomar acción sobre asuntos neurálgicos que usualmente no se atienden de manera adecuada. También se pueden aprovechar para esclarecer cuestiones que resultan escabrosos, difíciles de comprender y también de solucionar. En nuestro caso, el terrible panorama fiscal y económico que enfrentamos nos ha obligado a tratar de entender y atender el tremendo lío en el cual nos encontramos. Esto no es poca cosa. Nuestros embrollos son bastante complejos y aunque parece que algo se ha aprendido, todavía hay temas, como los recortes presupuestarios y otros ajustes fiscales, que se malinterpretan y manipulan con facilidad.

A pesar de que se ha escrito bastante sobre este asunto, aún quedan profundos vacíos de comprensión. En numerosas ocasiones he escuchado a empresarios, políticos y otros comentaristas plantear, con convicción y autoridad, que nos endeudamos demasiado porque se nos fue la mano con el gasto gubernamental, y ahora, para solucionar el entuerto, tenemos que hacer lo opuesto: cortar el presupuesto estatal hasta que recobremos nuestra salud fiscal. Es un argumento llamativo, en parte, porque esboza una relación directa y positiva entre el recato y el bienestar, pero no parece sostenerse ante la evidencia empírica y los mejores postulados macroeconómicos. Según numerosos análisis, las economías maltrechas no se mejoran con recortes sustanciales al gasto público. De hecho, sucede todo lo contrario: la austeridad en tiempos de vacas flacas, especialmente cuando el sector privado carece de dinamismo, tiende a empeorar el panorama.

Quizás un ejemplo que recién me relató el colega y experto en temas de deuda pública Martín Guzmán nos ayuda a entender esto mejor. Pensemos en una taxista cuyos ingresos principales provienen del servicio de transporte que ofrece. Ante un período de estrechez económica, se ve obligada a ajustarse la correa: come menos fuera de su casa, aplaza algunos arreglos en el hogar, se recorta el pelo con menos frecuencia, y así por el estilo. Aunque ha realizado numerosos arreglos presupuestarios, la situación no mejora, porque la mesera, el ferretero y la peluquera, que ven sus ingresos reducirse por la prudencia de la transportista, deciden cortar gastos también, incluyendo tomar menos viajes en taxi. Todos siguen aparentándose el cinturón, los ingresos siguen bajando, pero aún quedan gastos esenciales y deudas que pagar. Eventualmente, la transportista no cuenta con suficientes pasajeros para cubrir sus obligaciones financieras, y tiene que vender el taxi. Atrapada en un círculo vicioso, ha perdido su calidad de vida y el negocio que le daba de comer.

Lamentablemente, la espiral nociva antes descrita no es un mero ejemplo hipotético. Existen numerosos casos, a nivel de países, donde la imposición de la austeridad ha cavado un hoyo más profundo y difícil de rebasar. En Grecia, los acreedores y las instituciones europeas llevan años exigiendo que se aplique un programa de severos recortes al gasto público, mediante la aplicación de condiciones estrictas para aprobar ciertos préstamos. El impacto ha sido trágico. Desde el 2008 hasta la fecha, la economía griega ha ido en picada; han perdido una cuarta parte de su Producto Interno Bruto (PIB) y la tasa de desempleo se mantiene por encima del 20 por ciento. Los residentes de Grecia han vivido en carne propia lo que muchos en la isla no logran entender: no hay tal cosa como “tocar fondo” cuando se desciende aceleradamente por el risco de la austeridad.

Peor aún, una caída económica tan estrepitosa contribuye a que la carga de la deuda se torne más insoportable. Cuando aumenta lo que se debe —y hasta cuando se queda igual— mientras se achica la economía, la proporción entre deuda y producción nacional se dispara y las aguas fiscales suben del cuello a las narices. Esto está sucediendo en Grecia, y en los próximos años, acá enfrentaremos un panorama muy similar.

Esta no es una premonición infundada, pues los números del plan fiscal que sometió el gobierno de Puerto Rico y aprobó la Junta de Control Fiscal (JCF) afirman que la economía seguirá cayendo durante la próxima década. Esto se debe, en gran parte, a que las medidas que buscan aumentar impuestos y reducir gastos públicos tendrán considerables impactos negativos, y por buen rato. Si cae la economía y no se reduce el monto de lo que se tomó prestado, la proporción de deuda a producción nacional bruta (Deuda/PNB) podría aumentar de 104% en el 2017, a 141% en el 2026. En otras palabras, si se sigue la ruta oficialista a la austeridad y no nos quitamos parte de la deuda de encima, estaremos mucho peor que hoy en día.

Ciertamente, algo se puede hacer para no seguir avanzando por el desbarrancadero. Por una parte, resulta imprescindible abogar por una reducción del principal adeudado. Pero determinar cuánto quitar requiere análisis precisos y creíbles que demuestren cómo una reestructuración de la deuda nos ubica en una mejor trayectoria hacia el futuro. Actualmente, estamos trabajando en un estudio que examina detalladamente el plan fiscal de Puerto Rico y ofrecerá propuestas específicas para atender este ángulo de la crisis.

Articular políticas sensatas con respecto al gasto y la deuda es una gestión sumamente necesaria, pero no es suficiente. Aun eliminando todas nuestras obligaciones con los bonistas, no salimos del atolladero porque carecemos de una estrategia de desarrollo que nos ayude a generar oportunidades económicas y aumentar el bienestar nacional. Atender esta apremiante necesidad es la tarea principal de la recién creada Comisión de Crecimiento del CNE.

El estado juega un rol indispensable en la articulación y puesta en marcha de proyectos de desarrollo. Tomando esto en cuenta, uno de los temas de interés de la Comisión es descifrar cómo mejorar el funcionamiento y desempeño de nuestro sector público. Sin lugar a dudas, el despilfarro, los malos manejos y la corrupción han minado la capacidad y efectividad de nuestras instituciones gubernamentales. Pero estos problemas no desaparecerán achicando el aparato estatal a través de privatizaciones y machetazos presupuestarios. Tenemos que evadir las trampas de la austeridad, y repensar críticamente el rol del gobierno para poder mejorarlo, robustecerlo y así asegurarnos que nos ayuda a recobrar el crecimiento.

Por: Deepak Lamba Nieves
Director de Investigación, Centro para una Nueva Economía
@deepakln

Reestructurar la deuda para crecer

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El Gobierno, con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal, tomó una decisión acertada cuando radicó una petición para el ajuste ordenado de sus deudas y obligaciones bajo el Título III de PROMESA el pasado 3 de mayo. De lo contrario, Puerto Rico habría estado expuesto a litigios costosos y prolongados, lo que habría socavado los esfuerzos de recuperación de su economía.

El gobierno ahora necesita presentar una propuesta de reestructuración fiscal y de deuda. Este ejercicio requerirá que se determine si la trayectoria trazada en el plan de ajuste logrará conseguir “sostenibilidad fiscal” o la sostenibilidad de la deuda. Es decir, ¿tendrá el gobierno los medios para pagar su deuda con alta probabilidad, luego de implementar su política fiscal y económica? Esa propuesta debe tomar en consideración los siguientes puntos.

Primero, para que la deuda sea sostenible, el plan de reestructuración (o ajuste) debe determinar el nivel de los superávits primarios—la cantidad de fondos disponibles para pagar el interés y principal adeudado después de cubrir los gastos operacionales del gobierno—que se requerirán de aquí al futuro en el corto, mediano y largo plazo para cumplir con los acreedores.

Segundo, este plan de reestructuración no es meramente un ejercicio contable; la implementación de cualquier plan de reestructuración fiscal y de deuda también tendrá efectos sobre la actividad económica de la isla, lo cual en sí afectará la capacidad del gobierno de generar los recaudos necesarios para cumplir con sus obligaciones.

Por tanto, en la discusión pública se deben destacar los impactos de algunas movidas fiscales claves. En el escenario de recesión prolongada y severa en el que Puerto Rico se encuentra, cuando el gobierno incrementa los impuestos y/o reduce los gastos, afecta negativamente los ingresos de las familias y empresas, que, a su vez, gastan e invierten menos—el llamado efecto multiplicador de la política fiscal del gobierno. Este efecto multiplicador tiende a ser más pronunciado durante recesiones como la que está experimentando la isla. Esta consolidación fiscal desencadena una reducción en la demanda agregada, lo cual acelera la recesión y reduce los recaudos del gobierno en el corto plazo.

Además, la reducción en la inversión pública en la investigación y desarrollo, la educación y salud, capacitación laboral, etc., en el corto y mediano plazo reduce las posibilidades de crecimiento en el mediano y largo plazo.

Finalmente, la falta de acceso a los mercados de capital y de apoyo financiero de terceros para poner en vigor una política fiscal expansiva limita la inversión tanto pública como la privada, lo que dificulta cualquier esfuerzo de recuperación económica.

Estos mecanismos, operando en conjunto, generarán una reducción en los recaudos del gobierno, lo cual disminuirá la probabilidad de lograr los superávits primarios que se proyectarían en un plan fiscal.

Por otro lado, el impago a los acreedores dificulta el acceso al crédito necesario para poner en vigor una política fiscal expansiva y tiende a aumentar el costo de tomar prestado, según evidencia reciente de episodios de impago de deuda soberana (Juan Cruces y Christoph Trebesch, “Sovereign Defaults: The Price of Haircuts” publicado en la revista American Economic Journal: Macroeconomics, 2013).

Debido a estos y otros factores, como la posibilidad que los planes de reestructuración puedan contribuir a retrasar el proceso de reformas estructurales para promover el crecimiento de la economía en el largo plazo, necesitamos de evidencia empírica para determinar si la reestructuración de la deuda es beneficiosa para el país.

Por ejemplo, en el artículo “Sovereign Debt Relief and Its Aftermath” publicado el año pasado en el Journal of the European Economic Association, Carmen Reinhart y Christoph Trebesch muestran evidencia empírica de los efectos de la reestructuración de deuda soberana en el desempeño económico del país deudor durante y hasta cinco años después del episodio de reestructuración.

Los autores demuestran que hay mejoras sustanciales en términos de crecimiento económico, calificación de riesgo y sostenibilidad de la deuda cuando las reestructuraciones implican una reducción en el valor nominal del principal. En cambio, esfuerzos más modestos de resolución de crisis prestatarias, como la reprogramación o ‘reprofiling’ de la deuda, las moratorias y el uso de ‘bridge financing’ no promueven un mejor desempeño de la economía. Estas últimas herramientas no son eficaces en resolver las crisis de deuda.

Además, calcular correctamente la cantidad de la quita o ‘haircut’ de la deuda es sumamente importante ya que durante la próxima década es muy probable que los recaudos del gobierno se queden por debajo de las proyecciones del Plan Fiscal, y el Gobierno y la JSF tendrán que reaccionar ante esto. Específicamente, el gobierno tendrá que tomar medidas para lograr los objetivos de recaudos incluidos en el Plan Fiscal. Tal reacción en términos de política fiscal profundizaría la recesión aún más y socavaría la sostenibilidad de la deuda, ya que la carga de deuda relativa al PNB aumentaría.

Finalmente, es preciso señalar que una reestructuración de la deuda que incluya recortes profundos al principal es necesaria para aumentar el espacio fiscal disponible para reactivar la economía, pero no es suficiente para situar la economía de Puerto Rico en un camino de crecimiento económico sostenido y dinámico. Para lograr ese crecimiento, Puerto Rico necesita ejecutar efectivamente una estrategia de desarrollo económico, algo que no ha podido hacer por décadas. Esa es la meta de la Comisión de Crecimiento para Puerto Rico del CNE.

Por: Gustavo J. Bobonis
Economista en Jefe, Centro para una Nueva Economía

Declaraciones de Miguel Soto Class, Presidente del CNE, sobre el proyecto HR 5278

“En los pasados meses CNE ha invertido una cantidad significativa de tiempo en compartir nuestro conocimiento sobre las complejidades de la situación económica y fiscal de Puerto Rico con los miembros y el personal de los comités de la Cámara y el Senado federal que han estado trabajando en el tema de la crisis fiscal en Washington DC. Hemos reiterado la urgencia de atender cuanto antes la situación fiscal de Puerto Rico y hemos propuesto alternativas ponderadas para atender el problema inmediato de la reestructuración de la deuda, para transformar las instituciones fiscales de Puerto Rico de cara al futuro y para encaminar un proceso que reactive el crecimiento económico.”

“Lamentablemente, luego de analizar el proyecto HR 5278 – y aunque reconocemos que se ha hecho mucho trabajo para lograr un proyecto que cuente con apoyo bipartita – tenemos que decir que no podemos endosar el proyecto.”

“Primero, este proyecto le impone a Puerto Rico un costo muy alto a cambio de un beneficio muy incierto. Nos obliga a canjear la facultad de tomar decisiones sobre nuestra propia gestión pública a cambio de acceder a un proceso que – luego de sortear más de 45 requisitos, pasos y niveles distintos – pudiera permitirnos quizás acceder a la posibilidad de que un tribunal acceda (o no) a autorizarnos a reestructurar alguna parte de nuestra deuda.”

“Segundo, porque si bien Puerto Rico necesita controles fiscales fuertes, esos controles tienen que salir de unas instituciones locales y una cultura fiscal transformada. De nada vale que se imponga una junta de control fuerte que cuadre la chequera pero que, una vez terminado su mandato, nos deje las mismas instituciones gubernamentales y fiscales que nos han metido en este atolladero. Puerto Rico necesita transformaciones duraderas y a largo plazo.”

“Esta no es una decisión fácil ni para mí ni para el CNE. Sin embargo, el momento requiere que lo enfrentemos con los ojos abiertos. Aquellos que plantean que nuestros funcionarios electos han sido incapaces de lograr el cambio que Puerto Rico necesita tienen razón. Sin embargo, la respuesta no es una junta de control con otros funcionarios políticos de fuera de Puerto Rico porque esto terminará por atrofiar aún más nuestras corrompidas instituciones económicas y fiscales. Lo que Puerto Rico necesita es una nueva infraestructura cívica, con instituciones nuevas e individuos y organizaciones que puedan lograr las transformaciones institucionales que necesitamos de cara al futuro.”

 

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¿Cumple HR 5278 con los principios de política pública establecidos por el CNE?

CNECFiscal

Enlace al análisis del HR 5278 y resumen ejecutivo

PARA DESCARGAR EL ANÁLISIS DEL CNE EN SU TOTALIDAD OPRIMA EL SIGUIENTE BOTÓN: 
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RESUMEN EJECUTIVO:

Principio 1: Cualquier junta federal tiene que respetar las instituciones y procesos políticos de Puerto Rico.

El proyecto NO cumple con el principio 1. El HR 5278 le confiere a la Junta de Control Fiscal poderes que exceden los necesarios para ejecutar una función de monitoreo y supervisión fiscal. La Junta será una entidad del gobierno de Puerto Rico pagada con fondos públicos de Puerto Rico, pero no estará sujeta al control o la supervisión de funcionarios locales; podrá forzar la ejecución de recomendaciones que hayan sido rechazadas por el Gobernador o la Legislatura de P.R.; podrá prohibir la ejecución de ciertas leyes, reglamentos, órdenes o contratos; podrá requerir la ejecución de medidas de privatización y comercialización de actividades gubernamentales; y de manejo de los fondos de pensiones de los empleados públicos.

Principio 2: La decisión final sobre materias impositivas y de gasto público debe residir con los oficiales democráticamente electos de P.R. que deben actuar de manera transparente y rendir cuentas.

El proyecto NO cumple con el principio 2. Bajo el HR 5278, la Junta prácticamente toma control de las instituciones fiscales de Puerto Rico: queda facultada para desarrollar  el presupuesto del gobierno e imponer reducciones de gastos aún en detrimento de la prestación de algunos servicios públicos.

Principio 3: Los procesos para reestructurar la deuda deben tratar a las partes de forma justa y equitativa. Deben proveer un camino claro y viable para que se produzca un alivio significativo en el pago de la deuda. 

El proyecto NO cumple con el principio 3. El HR 5278 representa progreso sobre el proyecto anterior (HR 4900). Sin embargo, los procesos de reestructuración todavía son demasiado complicados y no proveen un camino viable que desemboque en alivio a la deuda. HR 5278 crea un proceso complejo de clasificación de acreedores; contempla un periodo muy corto de aplazamiento para los litigios; y crea una segunda capa de requisitos al nivel de la Junta de Control para que se pueda acceder a un proceso de reestructuración supervisado por la corte.

Principio 4: Ninguna clase de deuda debe ser excluida del proceso de reestructuración.

El proyecto SÍ cumple con el principio 4. HR 5278 incluye los Bonos de Obligación General (GO’s) y COFINA en la reestructuración, pero respeta la jerarquía de sus reclamos.

Principio 5: Se debe crear un Task Force congresional sobre crecimiento económico de Puerto Rico.

El proyecto cumple PARCIALMENTE con el principio 5. HR 5278 crea un Task Force de Crecimiento Económico. Sin embargo, no le asigna fondos y el Task Force tiene una vida muy corta. Asimismo, excluye entidades no-gubernamentales y de la sociedad civil del proceso de consulta.

Principio 6: Si el Congreso no puede actuar, debería autorizar expresamente que Puerto Rico legisle su propio marco para reestructurar la deuda. 

Este principio NO APLICA en el proyecto. Puerto Rico se encuentra en un limbo legal en cuanto a cómo reestructurar su deuda.

CNE al Congreso de EEUU: el mecanismo de reestructuración de la deuda que se cree para Puerto Rico tiene que funcionar

Declaración en relación a  la sesión informativa que CNE ofreció en el Congreso en Washington D.C. el 28 de abril de 2016.

El Centro para una Nueva Economía (CNE) fue invitado por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EEUU a ofrecer su peritaje sobre la crisis económica y fiscal de Puerto Rico durante una sesión educativa dirigida a los miembros y el personal del Comité. Durante la sesión, CNE resaltó la urgencia de que el Congreso tome acción sobre Puerto Rico pero advirtió que cualquier proyecto de ley que se apruebe debe proveerle a la isla acceso a un mecanismo de reestructuración que verdaderamente funcione. READ MORE

Prioridades de CNE ante el Congreso de EEUU

La crisis económica y fiscal de Puerto Rico tardó años en gestarse y no se circunscribe exclusivamente al problema de la deuda pública. La raíz del dilema actual se encuentra en un modelo de desarrollo económico deteriorado y unas instituciones que han impedido el crecimiento. Por lo tanto, cualquier solución que adopte el gobierno federal debe reconocer la naturaleza compleja y plural de la crisis actual. A continuación esbozamos las recomendaciones principales del Centro para una Nueva Economía en relación al Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stabilization Act. READ MORE

Puerto Rico se ha quedado sin certezas

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Por: Sergio M. Marxuach

El autor colombiano Juan Gabriel Vásquez escribe en su novela “Las reputaciones” que “las certezas adquiridas en algún momento del pasado podían dejar de ser certezas con el tiempo: algo podía suceder, un hecho fortuito o voluntario, y de repente toda evidencia quedaba invalidada, lo verdadero dejaba de ser verdadero, lo visto dejaba de haber sido visto, y lo ocurrido de haber ocurrido: perdía su lugar en el tiempo y en el espacio; era devorado y pasaba a otro mundo, o a otra dimensión de nuestro mundo, una dimensión que no conocíamos.”

Durante los últimos meses muchas de las cosas que los puertorriqueños dábamos por sentadas o ciertas—la solvencia del gobierno, el repago de la deuda pública, la relación política con Estados Unidos, la voluntad del gobierno federal para asistir a Puerto Rico, las garantías de nuestra constitución, entre muchas otras cosas—han dejado de serlo. Más desconcertante aún, este fenómeno es causado en gran medida por fuerzas fuera de nuestro control y que muy pocas personas comprenden. READ MORE

La revelación de lo impagable

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Por: Deepak Lamba-Nieves

Casi en el medio del verano, época pico de la huida de la rutina hacia festivales playeros, destinos vacacionales foráneos y continuos escapes etílicos, se produjo el anuncio: “La deuda no se puede pagar”. Como parte de una estrategia mediática cargada de histrionismo, el gobernador de Puerto Rico se apareció en Nueva York para ofrecer una entrevista exclusiva al Times donde campechanamente reveló ese gran secreto a voces, y aprovechó la oportunidad para dejarles saber a los jeques de los mercados financieros que tenían que asumir parte del fajazo para evitar que la isla descendiera en una “espiral de muerte”. El impacto fue contundente y el evento provocó reacciones diversas que han servido para revolcar aún más el complicado panorama social y político que se vive en el terruño y se siente más allá de sus orillas. READ MORE

Crónica del endeudamiento en el siglo 21

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Por: Sergio M. Marxuach

Desde el año fiscal 2000, la deuda pública de Puerto Rico ha incrementado vertiginosamente tanto en términos absolutos como en términos relativos al tamaño de la economía. Al finalizar el año fiscal 2000, la deuda pública total de Puerto Rico sumaba $24,200 millones, mientras que al 31 de julio de 2014 sumaba $71,435 millones, un aumento de $47,235 millones, o un 195%. Durante este periodo el endeudamiento público de la isla creció a una tasa anual compuesta de 8.04%.

El peso de esa deuda se está dejando sentir. El presupuesto consolidado para el año fiscal en curso incluye $4,552 millones (16.2% del total) para el servicio de la deuda, en comparación con $3,408 millones para el Departamento de Educación; $2,223 millones para Mi Salud; $1,503 millones para la UPR; $1,190 millones (4.2% del total) para mejoras permanentes; y $848 millones para la Policía de Puerto Rico.

Por otro lado, el Producto Nacional Bruto (“PNB”), a precios corrientes, incrementó de $41,400 millones en el 2000, a unos $70,740 millones al finalizar el año fiscal 2013, un aumento de $29,340 millones, o un 71%. Durante este periodo el PNB de la isla creció a una tasa anual compuesta de 4.2%. READ MORE

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