El Costo Social del Plan Fiscal

Tomada de donlinscott.com Scroll Down for English Version Seis miembros de la Junta de Control Fiscal (“JCF”), aprobaron el Plan Fiscal para el gobierno de Puerto Rico el pasado 19 de abril. En términos conceptuales, el Plan consiste en la implementación de (1) un programa de reformas estructurales; (2) un programa de consolidación fiscal; y (3) un programa de reconstrucción financiado por el gobierno federal. La lógica del Plan es la siguiente: el gasto relacionado con la recuperación del huracán María aumentará la actividad económica temporalmente; ese repunte (proyectado) en la economía es el momento adecuado para implementar un plan de austeridad fiscal, que tendrá un impacto negativo modesto en la economía (según la JCF); y concurrentemente implementar una serie de reformas estructurales que servirán de zapata para el crecimiento a largo plazo una vez termine la reconstrucción y el impacto negativo de la austeridad fiscal haya sido asimilado por la economía. El Plan, por tanto, está anclado firmemente en una teoría de ajuste macroeconómico que ha fracasado en docenas de países. La Junta debería ser intelectualmente honesta y admitir que el documento que ha certificado es más un manifiesto ideológico que un plan de recuperación fiscal.
"El Plan, por tanto, está anclado firmemente en una teoría de ajuste macroeconómico que ha fracasado en docenas de países."
El Plan sufre de múltiples defectos, por ejemplo, no está claro que cumple con todos los requisitos estipulados en la sección 201(b) de PROMESA; se basa en premisas teóricas que hasta el mismo Fondo Monetario Internacional ha aceptado son erróneas; las proyecciones del impacto económico de las reformas propuestas son producto de un modelo económico secreto (nota al calce número 3, pagina 10); el Plan parece subestimar el impacto negativo de la reforma fiscal y sobreestimar el impacto positivo de las reformas estructurales; es internamente incoherente ya que las proyecciones de superávits primarios son inconsistentes con el análisis de sostenibilidad de la deuda que hace la Junta y sugiere que Puerto Rico puede sostener un nivel de endeudamiento en exceso del de un estado promedio; y asume que la economía de Puerto Rico va seguir creciendo aún con una reducción permanente de los fondos federales para Medicaid, la reducción paulatina de los fondos para la reconstrucción, una marcada reducción poblacional, a la misma vez que genera un superávit primario de aproximadamente 2% del PNB. (Brad Setser, “The Oversight Board’s Latest Fiscal Plan for Puerto Rico is Still Too Optimistic”). Todo suena demasiado optimista. Probablemente lo sea y ya muchos economistas y académicos han comenzado a identificar las deficiencias del Plan Fiscal. Pero no es de eso que quiero escribir hoy. Aún si tomamos como buenas las proyecciones de la JCF y el Plan se cumple al pie de la letra, hay unos costos sociales asociados con el Plan de los que no se están tomando en consideración. EDUCACIÓN Comencemos con los recortes al Departamento de Educación y a la Universidad de Puerto Rico. Desde hace más de 60 años, cuando Robert Solow comenzó a calcular y desglosar los factores que influencian el crecimiento económico, la inversión en la educación ha sido identificada como uno de los factores claves. No conozco de ningún país con una economía avanzada que haya logrado crecer significativamente a la misma vez que reduce la inversión en su sistema de educación. Los recortes propuestos, tanto en el sistema de K-12 y el universitario, afectarán adversamente el acceso a la educación de los sectores mas pobres de Puerto Rico, resultando en un aumento en la deserción escolar y en la desigualdad, menor acceso al mercado laboral, y una reducción permanente del potencial de crecimiento de nuestra economía. También pudiéramos ver una reducción en la tasa de escolaridad de la población de Puerto Rico por primera vez casi un siglo. REFORMA LABORAL Miremos ahora la reforma laboral. Según se presenta en el Plan, la reforma laboral elimina beneficios y protecciones que considera “excesivas” a cambio de un modesto aumento en el salario mínimo. El Plan estima que una vez implementada dicha reforma, aumentará la tasa de participación laboral, aumentará el ingreso, se reducirá la pobreza y el déficit fiscal se reduciría. De entrada, notamos que el análisis de la JCF se basa en una interpretación errónea de la tasa de participación laboral. (Página 34). Ese indicador se calcula sumando la cantidad de personas empleadas a la cantidad de personas que están activamente buscando empleo y entonces esa cifra se divide entre la población económicamente activa, que se define como el grupo de personas entre 16 y 64 años de edad. Por tanto, no es necesariamente correcto que un aumento en la tasa de participación significa que hay más gente empleada. La tasa de participación también puede mejorar si la cantidad de personas desempleadas y buscando empleo aumenta, lo que no tiene impacto alguno en los niveles de ingreso y pobreza. Segundo, no es correcto asumir que un salario modestamente más alto compensa la pérdida de otros beneficios y protecciones laborales. Cada ley o reglamento laboral protege al empleado de un riesgo especifico (despido injustificado, condiciones de trabajo peligrosas etc.) que no necesariamente se compensan de manera lineal con un pequeño aumento en el salario mínimo. A corto y mediano plazo el efecto más probable de esta reforma laboral será un aumento en la economía informal al hacer el empleo en la economía formal menos atractivo y podemos esperar que trabajadores que ya ganan el salario mínimo o aquellos con vínculos débiles al mercado laboral formal prefieran trabajar “por debajo de la mesa”. Y el aumento proyectado en los recaudos debido al impacto de esta reforma no es más que un ejercicio de pensamiento mágico. BENEFICIOS DEL PAN Otra reforma que no se ha pensado bastante es la de requerir a ciertas personas entre 18 y 59 años de edad que se benefician del Programa de Asistencia Nutricional tengan que trabajar un mínimo de 80 horas al mes, o participar en actividades de entrenamiento o servicio voluntario, para recibir los beneficios. Esta es una política clasista y prejuiciada que asume que hay gente pobre porque quiere, porque son vagos, o porque sufren de algún defecto moral. Esta visión del mundo no toma en consideración los impedimentos sistémicos que limitan el acceso al mercado laboral, tales como un sistema público de educación deficiente, la falta de un sistema de transportación pública confiable; la poca oferta de servicios adecuados de cuidado de niños, la discriminación, el racismo, el sexismo, y la desigualdad social. Dado que vienen obligados a trabajar para no perder beneficios, muchos de los empleos que estarían disponibles inmediatamente a este grupo serían empleos con salarios bajos, pocos o ningunos beneficios marginales y con horarios irregulares. Tomemos el caso de una madre soltera con dos hijos en escuela pública. Para evitar perder sus beneficios del PAN, obtiene un trabajo en una megatienda. En teoría, podría trabajar hasta 40 horas a la semana. Pero en realidad su supervisor le puede asignar 25 horas una semana, 18 horas la otra, y 10 horas la otra. Esta persona, entonces, podría terminar perdiendo sus beneficios a pesar de que trabaja. Ahora veamos el ejemplo de un estudiante universitario a tiempo completo que tiene que dejar los estudios para cuidar a su padre que esta gravemente enfermo. El muchacho solicita beneficios del PAN para poder alimentarse adecuadamente mientras lleva a cabo sus labores de cuidador. Pero la oficial de la ADSEF le informa que tiene que cumplir con el requisito de 80 horas. ¿Qué se supone que haga esta persona? ¿Que deje solo a su padre 80 horas al mes mientras cumple con los requisitos del programa? ¿Y si lo deja solo y su padre sufre un accidente en su hogar y el paramédico que viene a atenderlo lo denuncia por maltrato a su progenitor? SISTEMA DE PENSIONES La reforma del sistema de pensiones es otra área donde los costos sociales no se han tomado en consideración. El plan fiscal requiere un recorte en los beneficios a los pensionados de 10%, en promedio. Estos recortes se basan en la siguiente fórmula: (1) se determina la cantidad mensual promedio de la pensión sumando la cantidad mensual de la pensión regular y de la pensión por ley especial, la aportación para el plan medico, y una doceava parte de los bonos de Navidad y de medicinas; (2) se reducen estos beneficios mensuales por 25%; y (3) a esa cantidad se le añaden $150 (o $250 si no recibe Seguro Social) para reducir el impacto que sufrirían aquellos con los beneficios más bajos. (Nota al calce 159, página 112). Si le aplicamos esta fórmula a un pensionado que recibe la pensión “promedio” de $1,100 mensuales del Sistema de Retiro y el beneficio “promedio” en Puerto Rico de $859 mensuales del Seguro Social, su ingreso total se reduciría de $1,959 mensuales a $1,469 (reducción de 25%) más $150, lo que suma una pensión mensual ajustada de $1,619. Una reducción mensual de $339, o 17.3%. Enfrentado con esta situación, el pensionado “promedio” tendría que buscarse un trabajo a tiempo parcial, de estar en condiciones para trabajar, o recortar sus gastos personales probablemente en su mayoría medicinas o alimentos; o pedirle ayuda a sus familiares, que podrían ayudarlo en la medida en que tengan los recursos. De todos modos, la vida del “pensionado promedio” se ha precarizado debido a la reducción en su pensión. Los efectos sociales son previsibles: la agudización de enfermedades crónicas al recortar el gasto en medicinas, un aumento en la tasa de pobreza y la malnutrición en la población de mayor edad, un incremento en las personas que posponen el retiro y en el número de personas que literalmente se mueren trabajando, un aumento en el abandono de personas de edad avanzada, y una reducción eventual en la expectativa de vida. SALUD Es en el área de salud donde tal vez mas se están subestimado los costos sociales del Plan Fiscal. El Plan Fiscal proyecta ahorros de $840 millones anuales en el 2023 en el costo del plan de salud del gobierno mayormente a través de la implementación de un modelo nuevo de competencia entre las aseguradoras, la utilización de medicamentos genéricos y recortes de beneficios considerados “premium” tales como servicios dentales, oftálmicos y diseño de próstesis, entre otros. Dejando a un lado el hecho que los economistas han determinado que la competencia en los servicios médicos no ha funcionado ni para reducir costos ni para aumentar el acceso, el impacto de estos recortes afectará adversamente la salud de los más vulnerables de nuestra sociedad, los niños, los envejecientes, los desempleados, y los que padecen de enfermedades crónicas. Las consecuencias más probables son un aumento en la migración a Estados Unidos, especialmente entre aquellos que cualifican para Medicaid, Medicare o ambos programas; hacinamiento en los hospitales; y un aumento en muertes prematuras. ÚLTIMOS COMENTARIOS..... Los seis miembros de la Junta que aprobaron el Plan creen, a pesar de toda la evidencia al contrario, que Puerto Rico se convertirá en un paraíso neoliberal. Eso es poco probable. Más factible es que acabemos con una distopia infernal: con más polarización social, desempleo, pobreza extrema, criminalidad, maltrato de menores, violencia de genero, abuso de sustancias controladas y suicidios; y menos escolaridad, expectativa de vida y movilidad social. Probablemente veamos sectores geográficos en ruinas, con escuelas y edificios abandonados convertidos en hospitalillos, puntos de droga y focos de prostitución, así como en hogares improvisados para deambulantes y envejecientes sin vivienda. Dentro de una década podríamos convertirnos en una desolada tierra baldía post-industrial, donde las actividades de mayor crecimiento serán el narcotráfico, la corrupción pública y la compraventa de influencias. Una isla, parafraseando a Rubén Blades, habitada mayormente por fantasmas y muertos en vida, que por alguna extraña razón rehúsan ir a otro lugar. Por: Sergio M. Marxuach El autor es director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Esta es una versión extendida de la columna publicada originalmente en El Nuevo Día el 28 de abril de 2018.   AnchorOn April 19, six members of the Fiscal Control Board (FCB) approved the Fiscal Plan for the government of Puerto Rico. In conceptual terms, the Plan consists of implementation of (1) a program of structural reforms; (2) a fiscal consolidation program; and (3) a reconstruction program financed by the federal government. The Plan’s logic is the following: The spending related to the recovery from Hurricane Maria will temporarily increase economic activity; that (projected) rebound in the economy is the right time to implement a fiscal austerity plan, which will have a modest negative impact on the economy (according to the FCB); and concurrently implement a series of structural reforms that will serve as the foundation for long-term growth once the reconstruction ends and the negative impact of fiscal austerity has been assimilated by the economy. The Plan, therefore, is firmly anchored in a theory of macroeconomic adjustment that has failed in dozens of countries. The Board should be intellectually honest and admit that the document it has certified is more an ideological manifesto than a fiscal recovery plan.
The Plan, therefore, is firmly anchored in a theory of macroeconomic adjustment that has failed in dozens of countries.
The Plan has many defects. For example, it is not clear that it meets all the requirements stipulated in Section 201 (b) of PROMESA; it is based on theoretical assumptions that even the International Monetary Fund has found to be erroneous; the projections of the economic impact of the proposed reforms are the product of a secret economic model (footnote 3, page 10); the Plan seems to underestimate the negative impact of the fiscal reform and overestimate the positive impact of the structural reforms; it is internally incoherent, since the projections of primary surpluses are inconsistent with the Board’s debt sustainability analysis and suggest that Puerto Rico can sustain a level of indebtedness in excess of an average state of the union; and it assumes that the economy of Puerto Rico is going to continue to grow even with a permanent reduction in federal funds for Medicaid, the gradual reduction of funds for reconstruction, and a marked reduction in population, while at the same time it is generating a primary surplus of approximately two percent of the GNP. (Brad Setser, “The Oversight Board’s Latest Fiscal Plan for Puerto Rico is Still Too Optimistic”) It all sounds overly optimistic. It probably is, and many economists and academics have already started to point out the Fiscal Plan’s shortcomings. But that is not what I want to write about today. Even if we accept the FCB’s projections and the Plan is followed to the letter, there are social costs associated with the Plan that are not being taken into consideration. EDUCATION  Let’s start with the cuts to the Department of Education and the University of Puerto Rico. For more than sixty years, when Robert Solow began to calculate and isolate the factors that influence economic growth, investment in education has been identified as one of the key factors. I know of no country with an advanced economy that has managed to grow in any significant way at the same time it has reduced its investment in education. The proposed cuts, to both the K-12 system and the state university, will adversely affect access to education among the poorest sectors of Puerto Rico, resulting in an increase in the dropout rate and inequality, less access to the labor market, and a permanent reduction in our economy’s potential for growth. We could also see a reduction in Puerto Rico’s educational attainment for the first time in almost a hundred years. LABOR REFORM  Let’s look now at labor reform. As presented in the Plan, the labor reform eliminates benefits and protections it considers “excessive” in exchange for a modest increase in the minimum wage. The Plan estimates that once the reform is implemented, the labor force participation rate will increase, incomes will rise, poverty will decrease, and the fiscal deficit will be reduced. First, we would note that the FCB’s analysis is based on an erroneous interpretation of the labor force participation rate. (page 34) That indicator is calculated by adding the number of persons employed to the number of persons who are actively seeking employment, and then that number is divided by the economically active population, which is defined as the group of persons between 16 and 64 years of age. Therefore, it is not necessarily correct that an increase in the rate of participation means that there are more people employed. The participation rate can also improve if the number of persons unemployed and actively seeking employment increases, which has no impact whatsoever on income and poverty levels. Second, it is not correct to assume that a modestly higher salary compensates for the loss of other benefits and labor-rights protections. Every labor law or regulation protects employees from a specific risk (unjustified dismissal, dangerous working conditions, etc.) that are not necessarily compensated for in a linear way with a small increase in the minimum wage. In the short and medium term, the most probable effect of this labor reform will be an increase in the informal economy because jobs in the formal economy become relatively less attractive and we can expect workers already earning the minimum wage or those with weak ties to the formal labor market to prefer to be paid “off-the-books.” And the projected increase in government revenues due to the impact of this reform will be nothing more than an exercise in magical thinking. NUTRITIONAL ASSISTANCE PROGRAM (PAN)  Another reform that has not been sufficiently thought out is to impose the requirement on certain persons between 18 and 59 years of age who benefit from the Nutritional Assistance Program (PAN) to work a minimum of 80 hours a month or take part in training activities or volunteer services. This is a classist, prejudiced policy that assumes that poor people are poor because they want to be, because they’re lazy, or because they suffer from some moral defect. This view of the world does not take into account the systemic impediments that limit access to the labor market, such as a poor educational system, the lack of a reliable system of public transportation, the limited offering of satisfactory childcare services, discrimination, racism, sexism, and social inequality. Given that these individuals will have to work in order not to lose their benefits, many of the jobs that will be immediately available to this group will be jobs with low salaries, few or no fringe benefits, and irregular hours. Let’s take the case of a single mother with two children in public school. To avoid losing her PAN benefits, she gets a job in a megastore. In theory, she could work up to 40 hours a week. But actually, her supervisor can assign her 25 hours one week, 18 the next, and 10 hours the next. This person, then, could wind up losing her benefits despite the fact that she’s working. Now let’s look at the example of a full-time university student who has to quit his studies to take care of his father, who is gravely ill. The young man applies for PAN benefits in order to nourish himself adequately while he’s serving as his father’s caretaker. But the ADSEF official informs him that he has to meet the requirement of 80 hours of work a month. What is this young man supposed to do? Leave his father alone for 80 hours a month while he complies with the program’s requirements? What if he leaves his father alone and the old man has an accident at home and the paramedic who comes to take care of him reports the young man for senior abuse? Being poor is complicated. And hard to understand for a person who’s never been poor. PENSION SYSTEM  The reform of the pension system is another area in which social costs have not been taken into account. The fiscal plan requires a cut of ten percent, on average, to retirees’ benefits. These cuts are based on the following formula: (1) the average monthly amount of the pension is determined by taking the sum of the monthly amount of the regular pension and the pension from “special laws,” the contribution to the medical plan, and one-twelfth of the Christmas and medicine bonuses; (2) those monthly benefits are reduced by 25%; and (3) and $150 is added to that amount (or $250 if the retiree does not receive Social Security) to reduce the impact on those with the lowest benefits. (Footnote 159, page 112) If we apply this formula to a retiree who receives the “average” pension of $1,100 a month from the Employees Retirement System and the “average” monthly Social Security benefit in Puerto Rico of $859, the pensioner’s total income would be reduced from $1,959 per month to $1,468 (a reduction of 25%) plus $150, which adds up to an adjusted monthly pension payment of $1,819—a monthly reduction of $339, or 17.3%. Confronted with this situation, the “average” retiree would have to find a part-time job, if he or she is able to work, or cut his or her personal expenses, probably mostly medicines or food, or ask for help from his or her family members, who could help to the extent they themselves are able. At any rate, the life of the “average retiree” has been precarized due to the reduction in his or her pension. The social effects are foreseeable: chronic illnesses become acute when spending on medicines is cut, increases in the poverty rate and malnutrition among the elderly segment of the population, there is an increase in people postponing retirement and in the number of people who literally die working, an increase in the abandonment of the elderly and an eventual decline in life expectancy. HEALTH It is the area of health where the social costs of the Fiscal Plan are perhaps most underestimated. The Fiscal Plan projects savings of $840 million per year in 2023 in the cost of the government health plan, largely through the implementation of a new competition model among insurers, the use of generic medicines, and cuts in “premium” benefits such as dental, ophthalmological, and prosthesis-design services. Leaving aside the fact that economists have determined that competition in medical services has worked neither to reduce costs nor increase access, the impact of these cuts will adversely affect the health of the most vulnerable in our society: children, the elderly, the unemployed, and those with chronic diseases. The most probable consequences are an increase in migration to the mainland U.S., especially among those who qualify for Medicaid, Medicare, or both; overcrowding in hospitals; an increase in premature deaths and eventually a decrease in life expectancy. LAST COMMENTS...  The six members of the Board who approved the Plan believe, despite all evidence to the contrary, that Puerto Rico will become a neoliberal paradise. That is highly unlikely. More likely is that we wind up with a hellish dystopia: more social polarization, unemployment, extreme poverty, crime, child abuse, gender violence, abuse of controlled-substance and suicides, and lower educational levels, life expectancy, and social mobility. We will probably see geographical areas in ruins, with closed schools and abandoned buildings turned into “shooting galleries” for drug addicts and lairs of prostitution or improvised shelters for the homeless and the elderly without resources. Within a decade we could become a post-industrial wasteland in which the highest-growth activities will be drug trafficking, public corruption, and influence peddling. An island, paraphrasing Rubén Blades, inhabited mostly by ghosts and the living dead, who for some strange reason refuse to go anywhere else. By Sergio M. Marxuach The author is the Policy Director for the Center for a New Economy. This is an extended version of the column that was originally published in El Nuevo Día on April 28th, 2018

Servicios Esenciales

Image by Sanja Gienero

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Antes del paso de los huracanes Irma y María, tanto la creación de la Junta de Control Fiscal (“JCF”) como el proceso de restructuración de la deuda fueron objeto de un álgido debate público. Sin embargo, ese no fue el caso con la definición de servicios esenciales y al día de hoy ni el gobierno ni la JCF ha tomado una posición clara sobre cuáles son las prestaciones primarias que provee el gobierno. Ha sido necesario el azote de un huracán categoría 4 para traer este tema al centro del discurso público. READ MORE

Puerto Rico 2025

Puerto Rico in 2025 SAN JUAN — 30 de septiembre de 2025, el presidente de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció hoy que había emitido un certificado de acuerdo con la sección 209 de la ley PROMESA atestiguando que el gobierno de Puerto Rico (1) cuenta con acceso a los mercados de capital a tasas de interés razonables y (2) ha ejecutado un presupuesto balanceado durante cada uno de los pasados cuatro años fiscales. Con este acto la Junta concluye formalmente sus trabajos. El costo social de cumplir con esas condiciones ha sido alto. La economía de Puerto Rico en términos reales, aún después de un modesto repunte durante el 2024, es aproximadamente 10% menor que en el 2016 y ha estado en contracción durante 18 de los pasados 20 años. Esa prolongada depresión económica sirvió de aliciente a la emigración, en su mayoría de personas jóvenes y clase media. A junio de 2025 la población total de Puerto Rico se estimaba en poco menos de 2.8 millones, esto en comparación con 3.7 millones de habitantes en el 2010. Esa ola migratoria aceleró el envejecimiento de la población y, además, causó una baja significativa en la natalidad. De hecho, durante el 2020 las defunciones excedieron los nacimientos en Puerto Rico por primera vez en décadas. La reducción poblacional significa que hay menos demanda por bienes y servicios y en consecuencia menos actividad económica. Por tanto, el empleo total se ha estabilizado alrededor de 725,000, en comparación con aproximadamente 1,000,000 de empleos en el 2016. Irónicamente, la economía de Puerto Rico en el 2025 se asemeja a la economía dual teorizada por W. Arthur Lewis en 1954, donde un segmento relativamente pequeño de la población trabaja en un sector moderno y el resto de la población trabaja en un sector tradicional de poca productividad, salarios bajos y pobreza. Con la diferencia de que los trabajos en el sector moderno de hoy no son en la manufactura como en 1954, sino en servicios profesionales y de alto valor añadido y los trabajos en el sector rezagado son mayormente en el comercio al detal y en el sector de servicios que no requieren mayor educación o destrezas especializadas, en vez de en la agricultura. La manufactura se ha reducido considerablemente debido a las políticas fiscales y aislacionistas favorecidas por el ex-presidente Donald J. Trump y los trabajos de “clase media” ya casi no existen. (Véase: Peter Temin, The Vanishing Middle Class: Prejudice and Power in a Dual Economy). Si en 1954 la migración del campo a la ciudad era el puente entre la economía tradicional y la economía moderna, en el 2025 la educación avanzada es la que sirve de pasaporte de un sector a otro. Sin embargo, Puerto Rico ha reducido la inversión social en todos los niveles de educación. Un poco más de 400 escuelas públicas cerraron durante la última década y los maestros “excedentes” emigraron. A nivel universitario, la UPR cuenta actualmente con apenas 30,000 estudiantes en 5 recintos universitarios. La reducción de las oportunidades educativas y los cambios en la estructura productiva han generado un aumento desproporcionado en la pobreza y la desigualdad. Se estima que la tasa de pobreza en Puerto Rico durante el 2025 es de 60%, mientras que el 5% más rico de la población recibe en exceso del 40% del ingreso anual. Esto en comparación con una tasa de pobreza de 46% y el 27% del ingreso que recibía el 5% más rico en el 2015. Dado lo anterior no debe sorprendernos que los indicadores de salud se hayan desplomado durante la década pasada. La tasa de mortalidad entre las personas con niveles bajos de ingresos y educación aumentó desmedidamente debido al uso de drogas, el alcoholismo y los suicidios. Además, los cambios al financiamiento del programa de Medicaid y los recortes en el Programa de Salud de Gobierno de Puerto Rico se conjugaron para reducir el acceso a los servicios médicos en la isla. La falta de cobertura médica ha causado miles de muertes prematuras y por primera vez en más de 90 años la expectativa de vida al nacer en Puerto Rico se ha reducido.” Este escenario, aunque pudiera parecer uno de ciencia ficción, se encuentra dentro del ámbito de los probables para la próxima década. Obviamente no es inevitable, el Puerto Rico de 2025 puede que sea mejor o peor que lo descrito anteriormente. El punto importante es que ese Puerto Rico se está diseñando hoy. La discusión sobre el Plan Fiscal y el presupuesto no se trata meramente de que agencias recibirán más o menos fondos. Lo que está ocurriendo es una renegociación radical de los términos del contrato social puertorriqueño que determinará la configuración de nuestra economía, gobierno y sociedad en el 2025. Y es una Junta de Control sin legitimidad democrática alguna la que está dirigiendo esa renegociación, acompañada por un coro de banqueros impenitentes que cantan una vieja y trillada canción que hemos escuchado desde la crisis de la ciudad de Nueva York en 1975: “no hay otra alternativa.” Pero eso es falso. Como nos recuerda la historiadora Kim Phillips-Fein en su libro Fear City: New York’s Fiscal Crisis and the Rise of Austerity Politics: “No obstante, hoy como en los años setenta, la austeridad sigue siendo una decisión política. Las fuerzas que la hacen parecer la única opción oscurecen las razones subyacentes por la cuales las ciudades se empobrecen y las metrópolis ricas terminan con gobiernos que carecen de fondos. Más allá de los debates ceñidos a cómo se pueden repagar las deudas, hay preguntas más importantes, que aún no se han resuelto, sobre qué tipo de sociedad queremos tener, acerca de quién pagará por cierto tipo de provisiones sociales y si vamos a tenerlas en absoluto. Al final del día, estas son ineludiblemente cuestiones políticas, no contables.” Son esas preguntas importantes, entonces, las que tenemos que contestar de cara al 2025. Sergio M. Marxuach Director de Política Pública Centro para una Nueva Economía

Transparencia en la Era de PROMESA

Transparencia en la Era de PROMESA Ponencia de Sergio M. Marxuach, Director de Política Publica del Centro para una Nueva Economía en el Foro sobre el Acceso a la Información y la Documentación Pública y la Fiscalización Ciudadana, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 2 de mayo de 2017

Introducción

Buenos días a todos los presentes y mi agradecimiento a la administración y gerencia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en especial a su presidente el Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, al Padre Feliciano Rodríguez Domínguez, director del Instituto Superior Nacional de Pastoral, y al Licenciado Víctor García San Inocencio por la invitación a participar en este Foro sobre el Acceso a la Información y la Documentación Pública y la Fiscalización Ciudadana. En términos generales, el discurso sobre el acceso a la información y documentación pública tiende a circunscribirse a los aspectos legales del mismo: el derecho constitucional de los ciudadanos a obtener dicha información y/o documentos; los precedentes y la jurisprudencia que avalan dicho derecho; y la obligación del estado de hacer disponibles los documentos públicos, entre otras dimensiones legales y jurídicas que determinan la naturaleza, alcance y efectividad del ejercicio de este derecho. Sin embargo, en ese discurso técnico/legal, aunque importante, se pierden de vista en muchas ocasiones los fundamentos filosóficos, políticos, y teóricos que forman la infraestructura ideológica sobre la cual se construye y sostiene todo este entramado legal. Por tanto, en la mañana de hoy quiero enfocar mi mensaje en (1) la importancia del acceso a la información y la transparencia gubernamental para el funcionamiento adecuado de un gobierno que por lo menos en sus aspiraciones pretende ser democrático; (2) la absoluta indispensabilidad de esa transparencia para convertir a Puerto Rico en una sociedad abierta; y (3) la relación de dependencia mutua entre una sociedad abierta y el desarrollo de una economía basada en la producción de ideas, la información, y el conocimiento en el siglo 21.

La Importancia del Acceso a la Información Pública en Puerto Rico

En general, las estructuras gubernamentales en Puerto Rico son paternalistas y poco transparentes. El gobierno, en muchas instancias, tiende a desalentar la acción comunitaria independiente y a fomentar patrones de interacción basados en relaciones de dependencia y de patronazgo político. Esto significa que muchas organizaciones de la sociedad civil y algunas del sector privado en Puerto Rico han sido capturadas por estructuras político-partidistas, operan en función de esos intereses partidistas, y, por tanto, no son verdaderamente independientes. Lo anterior no significa que no existan ejemplos de comunidades organizadas y de coaliciones de organizaciones de la sociedad civil que se han movilizado exitosamente para cambiar la política gubernamental en áreas tales como los derechos de la mujer, la justicia ambiental, y la igualdad legal para la comunidad LGBTT, entre otros ejemplos. Pero, aunque algunos de estos movimientos sociales han tenido gran visibilidad y han sido sumamente efectivos, la realidad es que este tipo de acción cívica independiente no es la norma en Puerto Rico. Y esa realidad, es producto, por lo menos en parte, de la falta de acceso a la información y documentación gubernamental y a los esfuerzos concertados por parte de oficiales gubernamentales en impedir y obstruir dicho acceso. Lo que nos lleva, entonces, a preguntarnos:

¿Por qué el gobierno de Puerto Rico le oculta información al pueblo?

Y aquí cito a Friedrich Hayek, profeta, citado frecuentemente pero muy pocas veces leído, de la escuela económica Austriaca y santo patrón de todos los economistas auto-descritos como “conservadores”, solo para demonstrar que este asunto de la transparencia y el acceso a la información no es meramente una obsesión de intelectuales izquierdosos, liberales paranoicos, socialistas trasnochados, o de estudiantes universitarios rebeldes en búsqueda de una causa. La respuesta que ofrece Hayek en The Road to Serfdom es que en la mayoría de los gobiernos, ya sean de izquierda o derecha: “Toda información que pudiera causar duda sobre la sabiduría del gobierno, o que pueda crear descontento, le será negada al pueblo. La base de comparaciones poco favorables con condiciones en otros lugares, el conocimiento de posibles alternativas al curso tomado, cualquier información que pudiera sugerir el fracaso de parte del gobierno en cumplir sus promesas o de tomar ventaja de oportunidades para mejorar condiciones, todo esto será suprimido.” Tal y como dice Hayek, simplemente el gobierno no le interesa que el pueblo que alega representar tenga la información necesaria para cuestionar la supuesta sabiduría de sus decisiones. Esta situación es inaceptable. En el siglo 21 un puñado de burócratas y políticos, actuando como los hacendados enguayaberados de antaño, no puede pretender gobernar el país como si fuera su finca privada. Tal vez eso era lo que se esperaba en aquel tiempo en que Luis Muñoz Marín y sus discípulos caminaban por los campos de Puerto Rico. Hoy resulta imperativo fortalecer nuestra cultura cívica y forjar nuevos canales para la participación ciudadana efectiva. En una sociedad democrática es obligatorio que los ciudadanos tengan los recursos, la capacidad, y la autonomía necesaria para participar eficazmente en el proceso político; para retar las estructuras existentes de poder económico, político, y cultural; y para reducir las desigualdades sociales que producen esas estructuras. Y para lograr esos objetivos, en muchas ocasiones, se requiere obtener información y/o documentación pública. Ahora bien, de acuerdo con el profesor Guillermo O’Donnell aquello que comúnmente llamamos “democracia” es un concepto teórico “denso”, producto de la inevitable imbricación de tres componentes o tradiciones políticas diferentes. O’Donnell y otros estudiosos de la teoría política moderna enfatizan que en una democracia “todos los ciudadanos están igualmente autorizados a participar en la toma de decisiones colectivas bajo el marco institucional existente, una aseveración democrática a la que se le añade el mandato republicano de que nadie, incluyendo a aquellos que gobiernan, debe estar por encima de ley y la advertencia liberal de que ciertas garantías y libertades no pueden ser usurpadas.” Por tanto, el primer componente de este amalgama teórico es la tradición democrática clásica con sus orígenes en la antigua Atenas. Este componente, en su versión tradicional, se basa en la idea de que existe un demos soberano que se gobierna a si mismo a través de la participación activa y formal de los ciudadanos que componen la polis. Pero, cuidado, esta tradición favorece vigorosamente la primacía de las mayorías, lo cual puede ser muy peligroso para las minorías, los disidentes, los “diferentes”, los insumisos y los inconformes, como nos recuerda el suicidio de Sócrates, los juicios por la alegada práctica de brujería en Nueva Inglaterra en el siglo 17, los linchamientos en el sur de Estados Unidos en el siglo 19, y los hornos de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, entre otras instancias donde innumerables abusos y violaciones a la dignidad humana se han justificado “por que la mayoría manda”. Aquí vale la pena mencionar las palabras de Timothy Snyder, profesor de historia en la Universidad de Yale: “The European history of the twentieth century shows us that societies can break, democracies can fall, ethics can collapse, and ordinary men can find themselves standing over death pits with guns in their hands. It would serve us well today to understand why.” El republicanismo del siglo 18 es la segunda de las tradiciones que menciona O’Donnell. Esta tradición favorece la esfera pública en general sobre la privada. La teoría republicana tradicional establece que es en la esfera pública donde el ser humano puede llegar a su perfeccionamiento a través del servicio desprendido a otros, evitando, a su vez, que intereses privados o partidistas interfieran con la búsqueda del bien común. Al igual que la democracia, la tradición republicana, por sí sola, puede ser peligrosa ya que parte de la premisa de que solamente los ciudadanos suficientemente virtuosos tienen la capacidad necesaria para atender los asuntos públicos. Este principio llevado al extremo culmina en un elitismo sin limites y posiblemente en la oligarquía. Aunque, para ser justos con los republicanos del siglo 18, muchos de ellos abogaban por inculcar en los niños y niñas las virtudes necesarias para el auto-gobierno a través de la educación pública gratuita y la enseñanza de las artes, ciencias y valores cristianos. Por ejemplo, Samuel Adams, mejor conocido hoy por muchos como la cara que aparece en las botellas de la cerveza que lleva su nombre, fue uno de los autores de la constitución de 1780 del estado de Massachusetts la cual establecía que: “It was the responsibility of government…to cherish the interests of literature and the sciences, and all seminaries of them…and public schools and grammar schools in the towns; to encourage private societies and public institutions, rewards and immunities, for the promotion of agriculture, arts, sciences, commerce, trades, manufactures, and a natural history of the country; to countenance and inculcate the principles of humanity and general benevolence, public and private charity, industry and frugality, honesty and punctuality in their dealings; sincerity, good humor, and all social affections, and generous sentiments, among the people.” La tercera tradición política es la liberal, que tiende a favorecer la esfera privada sobre la pública y se caracteriza por una desconfianza general del poder gubernamental. Esta tradición se enfoca en limitar los abusos que pudiera generar la democracia y algunas versiones del republicanismo clásico, y en proteger a las minorías y los derechos civiles, tales como la libertad de culto, la libertad de asamblea, el debido proceso de ley, el derecho a la intimidad y la libertad de prensa, entre otros. De acuerdo con O’Donnell, cada una de estas tradiciones se asocia, a su vez, con unas formas específicas de rendición de cuentas (“accountability”), y aquí amarramos la discusión previa con el tema de la conferencia de hoy, ya que cada una de estas formas de rendición de cuentas requiere, en algún momento, el acceso a información o documentos públicos. La tradición democrática se asocia con la “rendición de cuentas vertical” que se caracteriza, entre otras cosas, por (1) la elección de oficiales públicos honestos; (2) elecciones periódicas, justas y libres de fraude, (3) el derecho de todos los ciudadanos a postularse a puestos electivos; (4) el voto secreto y libre de influencias indebidas; (5) la transferencia pacífica del poder político de un partido o facción a otra; (6) el acceso a medios alternativos de información; y (7) la libertad para crear partidos y formar movimientos políticos. El instrumento principal, entonces, para la rendición de cuentas bajo la tradición democrática es la participación colectiva en la toma de decisiones a través de un proceso electoral transparente y justo. Por otro lado, la tradición republicana enfatiza la “rendición de cuentas horizontal”. Aquí el énfasis es en (1) la primacía del estado de derecho; (2) el principio de que nadie está por encima de las leyes; (3) la igual protección de las leyes; (4) la división y el balance de poderes gubernamentales; (5) la protección de la minorías políticas (el principio “contra-mayoritario”) ; (6) la existencia de instituciones especiales para investigar la corrupción y el abuso del poder gubernamental, y (7) evitar la usurpación de los poderes de una rama de gobierno por otra. El instrumento principal, entonces, para la rendición de cuentas bajo la tradición republicana es una “constitución compuesta” que divide, contiene, regula y a veces invalida las decisiones tomadas por oficiales electos. Finalmente, la tradición liberal se caracteriza por la “rendición de cuentas social” mediante la cual la prensa, los ciudadanos en su carácter individual, y los movimientos sociales participan activamente en la reivindicación de los derechos civiles a través de diversos medios, tales como demandas de amparo constitucional, investigaciones periodísticas, protestas, la desobediencia civil y otros métodos similares. En Puerto Rico, desafortunadamente, todas las modalidades de rendición de cuentas son ineficaces. Las “rendición de cuentas vertical” es deficiente, hueca o truncada por dos razones. Primero, debido a nuestro status colonial, Puerto Rico no participa plenamente de los procesos políticos en Washington DC que afectan nuestro diario vivir, más aún después de la aprobación de la ley PROMESA. Y en segundo lugar, porque los oficiales electos y algunos jefes de agencia asumen la actitud que después de terminado el proceso eleccionario tienen un cheque en blanco para administrar y manejar los asuntos públicos por cuatro años según ellos mejor lo entiendan, ya que “la mayoría manda.” Por otro lado, la “rendición de cuentas horizontal” no ha sido efectiva en detener la impunidad y la corrupción que son rampantes entre la clase gobernante de Puerto Rico. A pesar de las múltiples contralorías, procuradurías, monitores, fiscales especiales y oficinas de ética, la realidad es que todas estas instituciones han sido ineficaces en el desempeño de sus labores, y en muchos casos son utilizadas como instrumentos de intimidación y coerción en contra de adversarios políticos o incluso de ciudadanos que buscan reivindicar sus derechos. Finalmente, la “rendición de cuentas social” en Puerto Rico es sumamente limitada. La violación de los derechos humanos y civiles es constante, empezando por la corrupta Policía de Puerto Rico, especialmente en aquellas comunidades marginadas y pobres que el Papa Francisco tuvo a bien llamar las “periferias existenciales.” Existe además en el país una gran desconfianza de aquellos que utilizan los diversos medios y métodos que están disponibles para reclamar la reparación de agravios. El resultado es que la democracia puertorriqueña se puede catalogar como una “democracia delegativa” en la que los oficiales gubernamentales asumen que pueden hacer lo que quieran hacer hasta las próximas elecciones sin rendirle cuentas a nadie. O’Donnell asocia esta conducta con democracias inmaduras, aquellas que por lo general recién acaban de terminar la transición de un régimen autoritario a uno democrático. Y parece ser que en Puerto Rico, en realidad, nunca hemos terminado esa transición. En resumen, en Puerto Rico, los mecanismos de rendición de cuentas y el control de los ciudadanos sobre los oficiales electos y jefes de agencia son frágiles e imperfectos en el mejor de los casos y completamente inoperantes en el peor.

La Sociedad Abierta como Alternativa

El objetivo entonces debe ser la creación de una sociedad donde los individuos y las organizaciones de la sociedad civil tengan los recursos, las herramientas, la capacidad, y la autonomía para interactuar eficazmente con el gobierno y otras instituciones; para oponerse y retar a las estructuras existentes de poder económico, político, y socio-cultural; para reducir las desigualdades generadas por esas estructuras de poder; y para ser agentes de cambio para conseguir un gobierno responsable, ético, transparente y que rinda cuentas al pueblo. Para lograr esos objetivos, es necesario, en nuestra opinión, transformar a Puerto Rico en una sociedad abierta. Este concepto se asocia tradicionalmente con el filósofo Karl Popper y su libro The Open Society and its Enemies, publicado en 1945. Popper estaba escribiendo, en parte, en respuesta al desarrollo de sociedades totalitarias, tanto de izquierda como de derecha, durante la primera mitad del siglo 20 y que eran el producto de epistemologías deterministas que intentaban demostrar que la historia de la humanidad evolucionaba de acuerdo con unas leyes universales que solo un pequeño grupo de ilustrados lograban descifrar. En estas sociedades totalitarias el pensamiento crítico y la libertad de expresión estaban prohibidos y eventualmente se fomentaba la destrucción del conocimiento a través de la censura, la quema de libros y el encarcelamiento, la tortura, y en muchas ocasiones el asesinato, de profesores, escritores, periodistas, e intelectuales. Para Popper, sin embargo, el conocimiento era fluido y falible ya que la imaginación y la creatividad humana estaban siempre en un estado de constante evolución. Los seres humanos siempre estamos cuestionando, estudiando, investigando, experimentando. Por lo tanto, la creación y desarrollo de nuevas ideas requiere de una sociedad que esté abierta a estos procesos de innovación. En la sociedad abierta de Popper, cada ciudadano debe y necesita utilizar sus facultades de pensamiento crítico. Esto a su vez requiere libertad de pensamiento y expresión así como las instituciones legales y culturales que faciliten y fomenten el acceso a la información gubernamental, así como la acción independiente por parte de los ciudadanos. En principio podríamos decir que Puerto Rico cumple con los requisitos formales de una sociedad abierta y democrática, tenemos elecciones cada cuatro años, una constitución que protege la libertad de expresión y de asociación, una universidad pública que recibe una generosa subvención gubernamental (hasta el momento) y leyes que, por lo menos en teoría, garantizan todo tipo de derechos. Sin embargo, resulta difícil argumentar que en nuestro diario vivir Puerto Rico es una sociedad verdaderamente abierta y democrática. Más de 500 años de colonialismo han producido una larga historia de dependencia gubernamental, de clientelismo político, de persecución y vigilancia ilegal de organizaciones políticas, tanto por el gobierno federal como por el estatal, del uso repetido de la fuerza para reprimir el derecho a la libre expresión y para perseguir a diversas comunidades marginadas, y de niveles alarmantes de corrupción gubernamental e impunidad oficial.

El problema es que la apertura es indispensable para la economía del conocimiento.

Anne Marie Slaughter, ex-decana de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs de la Universidad de Princeton y la primera mujer en dirigir la oficina de “Policy Planning” del Departamento de Estado de Estados Unidos, argumenta en su mas reciente libro que: “The defining choice of our age is not democracies versus autocracies, but open versus closed. In Industries of the Future, Alec Ross, one of the architects of the Open Government Partnership, lines up countries on an “open-closed axis” and notes that countries like China, Saudi Arabia, and Kuwait are trying to pioneer hybrids of open economies and closed societies. He predicts that the societies that embrace openness will be those that compete and succeed most effectively.” La necesidad de que Puerto Rico comience una transición hacia una economía basada en el conocimiento y la producción de ideas se ha estado discutiendo recientemente en el foro público. Para lograr esa transición se requieren, entre otras cosas, políticas públicas que fomenten la generación del conocimiento; escuelas y universidades con currículos modernos que enfaticen el pensamiento crítico; instituciones que protejan y fomenten la creación de nuevo conocimiento; y la inserción de Puerto Rico en comunidades epistémicas globales a través de su participación en redes transnacionales de actores no-gubernamentales. Por tanto, es importante entender que una economía basada en el conocimiento no funcionará en una sociedad cerrada y poco transparente; donde se le teme al cambio, a la innovación, a hacer las cosas de manera diferente; donde se desperdicia el talento de miles de personas victimas de la discriminación y la marginalización social; y donde se utiliza el poder gubernamental arbitrariamente para perseguir a aquellos que, parafraseando a Henry David Thoreau, deciden marchar al ritmo de otro tambor.

Conclusión

Me parece que, además de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, exigir mayor transparencia gubernamental y promover la apertura social descrita anteriormente, sí de verdad queremos fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico a largo plazo tenemos que atender tres deficiencias con carácter de condiciones de umbral. Primero, necesitamos desarrollar la capacidad para reflexionar. El diccionario de la Real Academia Española define “reflexionar” como “considerar nueva o detenidamente algo.” En el caso de Puerto Rico tenemos que reflexionar detenidamente sobre como llegamos aquí; ¿como surgió esta crisis?; ¿que lecciones podemos deducir de los triunfos y los fracasos del pasado?; ¿cuáles políticas fiscales, económicas y sociales funcionaron y cuáles no? Segundo, necesitamos claridad de pensamiento. Santo Tomás de Aquino, antes de ponerse a escribir o dar una conferencia, rezaba una oración conocida como Ante Studium. En esa oración, Santo Tomás pedía la iluminación divina de los “rincones más oscuros” de su mente, además “de agudeza en el entendimiento, capacidad para recordar, facilidad en el aprendizaje, lucidez para la interpretación, y elocuencia al hablar.” Esa claridad de pensamiento nos hace mucha falta en Puerto Rico y no el discurso trillado, reducido a estribillos como “no hay otra alternativa”, “que paguen los ricos”, la “deuda no es mía”, “hay que poner el rico de vuelta en Puerto Rico” o “ni un impuesto más”, clichés tontos que podrán sonar bien en una entrevista de radio o de televisión pero que no son más que un refugio cómodo para evitar el pesado trabajo intelectual que tenemos por delante. En específico, necesitamos pensar claramente sobre los cambios que tenemos que ejecutar. ¿Qué instituciones y organizaciones hay que reformar para diseñar una política económica racional en Puerto Rico? ¿Qué arreglos institucionales innovadores son posibles dadas las limitaciones políticas a las que nos enfrentamos? ¿Cuáles sectores económicos generan la mayor cantidad de conocimiento que podemos utilizar para movernos hacia la producción de bienes y servicios más complejos? ¿Qué política económica fomentaría esas actividades? Y para llevar a cabo ese ejercicio de pensamiento nos hace falta, en muchos casos, acceso a datos y documentación del gobierno. Por ejemplo, el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico se basa en unos supuestos económicos que no han sido explicados adecuadamente ni tampoco se ha hecho disponible el modelo económico que se utilizó para analizar el impacto de las medidas de ajuste fiscal sobre la actividad económica del país. Mientras la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico ha tomado la posición de que esa información es confidencial. ¿Por qué? ¿Basado en que criterio o autoridad legal? ¿Cómo contribuye este acto de censura oficial a un debate público informado sobre un asunto de vital importancia social? Finalmente, nos hace falta valentía moral para, como decía Vaclav Havel, dejar de vivir dentro de una mentira y vivir dentro de la verdad. Eso significa actuar cuando sea necesario actuar, hablar cuando haya que hablar y exigir cuando haya que exigir. No saben cuantas veces se nos acerca alguien al Centro para una Nueva Economía y nos dice ¿por qué ustedes no dicen esto o lo otro? Y usualmente mi respuesta es ¿y por qué usted no se atreve? La verdad es que en Puerto Rico vivimos con una gran cobardía intelectual, con un profundo miedo existencial a hacer preguntas, a cuestionar lo que hacen nuestros gobernantes, y a dar la impresión de que estamos “creando problemas” a los poderes que son. Sí, en Puerto Rico hace falta más diálogo, pero no aquel que busca la reconciliación de diversos intereses económicos, políticos, sociales, o de clase basándose en el menor denominador común, sino ese diálogo, en palabras de Albert Camus, entre personas que se mantienen firmes en lo que son y que no tienen miedo de decir lo que piensan de verdad y lo que tienen en la mente. Necesitamos un diálogo que derrote al silencio contundentemente, como la verdad a la mentira. No una sesión de terapia grupal tipo “new age” alrededor de una fogata en la playa. Si de verdad queremos cambiar las cosas, tenemos que reflexionar profundamente, pensar claramente, y actuar con valentía moral. Tenemos que ver las cosas como son, en su forma y color precisos y, parafraseando al escritor francés Roger Grenier, tenemos que tener la valentía para descomponer nuestra realidad y recomponerla de otra manera que nos permita entenderla mejor y aprender algo sobre el mundo y la vida. De lo contrario nuestra caótica y pobre entendida existencia seguirá siendo incomprensible. Puerto Rico, desafortunadamente, va camino a convertirse en una tierra baldía posindustrial, caracterizada por la corrupción, la criminalidad, el desempleo, la descomposición urbana y la pobreza. Para evitar ese destino, resulta imperativo sentarnos en una mesa y llegar a unos acuerdos como país para, entre otras cosas, fortalecer nuestra cultura cívica, reformar la política fiscal de nuestro gobierno y elaborar una verdadera estrategia de crecimiento económico a largo plazo. En suma, salir de la coyuntura actual requerirá un profundo cambio sistémico que promueva mayor apertura, transparencia, e inclusión social. Muchas gracias por su atención.

Ajuste fiscal y la economía

The Need to Know the Risks El debate público durante los últimos dos meses se ha concentrado en el impacto de las medidas especificas de ajuste fiscal propuestas tanto por la Junta de Control de Fiscal (“JCF”) en su carta del 18 de enero al Gobernador Rosselló, como por la administración actual en su Plan Fiscal del 28 de febrero. Por ejemplo, se ha debatido mucho sobre la sabiduría, o falta de esta, de recortarle $300 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Y esa discusión es importante, pero ese debate ha desviado la atención del impacto agregado en la economía que tendría un ajuste fiscal de la magnitud propuesta tanto por la JCF como por la administración actual. De entrada, debe quedar claro que va a ser muy difícil evitar medidas de austeridad ya que se proyecta que Puerto Rico incurra un déficit primario (antes del servicio de la deuda) durante los próximos años y no podemos devaluar nuestra moneda, ni tenemos acceso a financiamiento a corto plazo. Esto no significa, sin embargo, que no se pueda hacer nada para mitigar parcialmente el impacto negativo de las políticas de austeridad. Primero, se puede modificar la composición de las medidas de ajuste. Algunas combinaciones de recortes e impuestos tienen un impacto adverso menor en la economía en comparación con otras, dependiendo del impacto en la demanda agregada. Segundo, la ley PROMESA no exige que el ajuste fiscal se lleve a cabo en dos años. Sí se hiciera en un periodo de tres a cinco años le daría más tiempo al gobierno para que las reformas estructurales que propone implementar comiencen a tener un efecto positivo en la economía. Entonces las medidas de ajuste se podrían implementar escalonadamente, una vez la economía comience a crecer. Tercero, la liquidez del gobierno mejoraría de manera significativa si se declara una moratoria absoluta en el pago de toda la deuda pública. Esos fondos se podrían utilizar entonces para financiar deficiencias a corto plazo en lo que se implementa el ajuste fiscal y las reformas estructurales. Habiendo dicho eso, sí la ruta de la austeridad resulta inevitable, tanto la JCF como el gobierno tienen la obligación moral de explicar con claridad el impacto adverso en la economía de los ajustes que proponen. En su carta del 18 de enero, la JCF propone un ajuste fiscal de $4,500 millones en un periodo de dos años fiscales. Ese ajuste es equivalente a 6.4% del producto nacional bruto (“PNB”) estimado para el año fiscal 2017. Ahora, un ajuste fiscal de $1,000 millones tiene un impacto fiscal y económico en exceso de $1,000 millones. Por el lado fiscal, esto se debe, por ejemplo, a que una reducción de los salarios o beneficios de los empleados públicos significa que éstos tendrán menos ingreso disponible para gastar y por lo tanto los recaudos de Hacienda disminuirán. Además, también debemos suponer que los contribuyentes modificarán su actividad económica en respuesta a cambios en la política pública. El Dr. Brad Setser, ex-funcionario del Tesoro de Estados Unidos quien trabajó en los asuntos de Puerto Rico y se encuentra actualmente en el Council on Foreign Relations, estima este impacto, en un blog publicado recientemente en CFR.org, en 20% para Puerto Rico. Eso significa que lograr un ajuste de $4,500 millones, va a tener un impacto fiscal de aproximadamente $5,400 millones o cerca de 7.7% del PNB. Por el lado de la economía, para calcular el impacto total de la consolidación fiscal en relación al PNB es necesario ajustarla por el multiplicador fiscal. En términos sencillos, el multiplicador fiscal es un estimado del efecto (positivo o negativo) que tiene un cambio en el gasto gubernamental sobre el ingreso nacional (PNB). La literatura económica sobre cómo calcular el multiplicador fiscal es extensa. A manera de ejemplo, presentamos aquí tres fuentes diferentes. Primero, el Fondo Monetario Internacional (“FMI”) utiliza un multiplicador fiscal de aproximadamente 1.5. Esto significa que una reducción en el gasto gubernamental equivalente al 1% del PNB produce una reducción en el PNB de 1.5%. Una investigación más reciente llevada a cabo por Christopher House, Christian Proebsting y Lida Tesar (“HPT”), publicada en el website del prestigioso National Bureau of Economic Research (NBER Working Paper No. 23,147) estima el multiplicador fiscal en 2 para países europeos que pertenecen a una unión monetaria. Finalmente, Alan J. Auerbach y Yuriy Gorodnichenko, ambos de la Universidad de California—Berkeley, estiman que el multiplicador para economías en recesión es aún mayor, entre 2.24 y 2.48. Aquí utilizamos un promedio simple de 2.36. Por lo tanto, podemos estimar (sin pretensiones de precisión absoluta) que el ajuste propuesto por la JCF podría resultar en una reducción en el PNB de 11.5% utilizando el multiplicador del FMI, 15.4% utilizando el multiplicador de HPT y de hasta 18.2% utilizando el estimado de Auerbach, esto en una economía que ya se ha contraído por aproximadamente 14% desde el 2006. El Plan Fiscal presentado por la administración actual sugiere un ajuste fiscal menor—$3,500 millones en un periodo de dos años fiscales, equivalente a 5% del PNB—ya que parte de un escenario base más optimista. Ese ajuste, sin embargo, incluye $1,000 millones producto de la extensión del impuesto de la ley 154. Ese impuesto, según estructurado actualmente afecta temporeramente el flujo de efectivo de las compañías que lo pagan, pero no impacta adversamente la economía local ya que se impone solamente sobre transacciones entre ciertas compañías foráneas con operaciones en Puerto Rico y sus afiliadas internacionales. Por lo tanto, restamos esa cantidad del ajuste fiscal sugerido y este se reduce a $2,500 millones. Como explicamos anteriormente, esa cifra hay que aumentarla por 20% para tomar en cuenta el impacto fiscal del ajuste. Eso significa que lograr un ajuste de $2,500 millones va a tener un impacto fiscal de $3,000 millones, o un 4.3% del PNB. Si utilizamos los mismos multiplicadores fiscales, concluimos que el impacto económico adverso del ajuste propuesto por la actual administración podría fluctuar entre 6.5%, 8.6% y 10.1% del PNB. Un impacto negativo menor relativo al ajuste sugerido por la JCF pero de todas maneras devastador en una economía tan débil como la de Puerto Rico. Aunque es difícil de determinar, ya que el Plan Fiscal no describe el modelo económico que se utilizó para estimar el impacto de las políticas propuestas, nos parece, dado el análisis anterior, que no se incorporó de manera explícita el impacto adverso total del ajuste fiscal en las proyecciones. Por tanto, el impacto negativo a corto plazo de las medidas de ajuste fiscal pudiera estar sub-estimado en el Plan Fiscal. Por otro lado, el Plan Fiscal parece incluir el efecto positivo de la implementación de una serie de reformas estructurales que, según el Plan, tendrían un impacto “acumulativo de 2% en el crecimiento del PNB.” Otra vez, sin acceso al modelo económico que se utilizó es difícil determinar la razonabilidad de este estimado. Sin embargo, nos preocupa el estimado de la inversión que se prevé por parte de Alianzas Publico Privadas (“APP”) y de los empleos que serán creados por estas. El Plan Fiscal proyecta una inversión nueva por parte de APPs de unos $4,500 millones que se estima crearán unos 100,443 empleos nuevos. Esa proyección es similar a la que utilizó la administración de Luis Fortuño en su Modelo Estratégico para una Nueva Economía del 2009, que incluía una inversión de $6,214 millones por parte de APPs creando 99,735 empleos nuevos. Desafortunadamente se sobre-estimó tanto la cantidad de inversión como la creación de empleos. Por tanto, el impacto económico de las reformas estructurales pudiera estar sobre-estimado en el Plan Fiscal. Finalmente, debemos estar conscientes de que todas estas propuestas de ajustes y reformas estructurales se implementarán en un país donde la ambigüedad ideológica, la incertidumbre política, la complejidad de la economía y la desintegración social delimitan estrictamente nuestras opciones. El reto consiste en actuar eficazmente en este ambiente, a la vez que aceptamos y vivimos con esas tensiones y contradicciones. Por: Sergio M. Marxuach Director de Política Pública Centro para una Nueva Economía

Fiscal Adjustment and the Economy of Puerto Rico


The Need to Know the Risks During the past two months, public debate in Puerto Rico has focused mostly on the impact of specific fiscal adjustment measures proposed by the Fiscal Control Board (“FCB”) in its January 18 letter to Governor Roselló and by the Rosselló administration in its February 28 Fiscal Plan. For example, much has been said about the wisdom, or lack thereof, of cutting $300 million from the budget of the University of Puerto Rico. This discussion while important, has diverted attention away from the aggregate impact that fiscal adjustments such as those proposed both by the FCB and the administration would have on the economy. From the start it should be clear that it will be very difficult for Puerto Rico to avoid austerity measures: the government is expected to incur in a primary deficit (before debt service) over the next few years and the island can neither devalue its currency nor access short term financing. This does not mean that nothing can be done to mitigate the negative impact of austerity measures. Some combinations of budget cuts and tax increases have a less adverse impact on the economy when compared to others, depending on their impact on aggregate demand. Second, PROMESA does not require that the fiscal adjustment be implemented in two years. If it were implemented over a three to five year period, the structural reforms the government is proposing would have adequate time to have a positive effect on the economy. Then fiscal adjustment measures could be implemented incrementally, once the economy starts growing again. Third, declaring an absolute moratorium on all public debt service could significantly increase the government’s liquidity. These funds would be used to finance short-term deficiencies while the fiscal adjustment and the structural reforms are implemented. That being said, if the road of fiscal austerity is inevitable, then both the FCB and the government have a moral obligation to clearly explain the adverse effect that their proposals will have on the overall economy. In its January 18 letter, the FCB proposed an adjustment of $4.5 billion over a two- year fiscal period. That adjustment is equivalent to 6.4% of the Gross National Product (GNP) estimated for fiscal year 2017. It is important to note that a fiscal adjustment of $1 billion has both a fiscal and an economic impact in excess of $1 billion. On the fiscal side, this negative feedback loop is due, for example, to the fact that a reduction in the salaries or benefits of public employees reduces their disposable income available for consumption and this has a negative effect on the government’s revenues. In addition, taxpayers modify their economic activity in response to changes in public policy. Dr. Brad Setser, a former United States Treasury official who worked on matters related to Puerto Rico and is currently with the Council on Foreign Relations, estimated in a blog recently published in CFR.org, that this impact in Puerto Rico to be in the order of 20%. This means that an adjustment of $4.5 billion will have a fiscal impact of $5.4 billion or close to 7.7% of the GNP. On the economic side, we must adjust the amount of the proposed fiscal consolidation using a fiscal multiplier to calculate the total impact of the fiscal consolidation on the economy as a whole. In general terms, the fiscal multiplier is an estimate of the (negative or positive) effect that a change in government spending has on national income (the GNP). The economic literature on how to calculate a fiscal multiplier is extensive. For discussion purposes, we use estimates from three different sources. First, the International Monetary Fund (“IMF”) uses a fiscal multiplier of approximately 1.5. This means that a reduction in government spending of 1% of GNP will produce a reduction of 1.5% on the GNP. A more recent investigation by Christopher House, Christian Proebsting and Linda Tesar (“HPT”) published in the website of the prestigious National Bureau of Economic Research (NBER Working Paper No. 23,147) estimates the fiscal multiplier in 2 for European countries that belong to a monetary union. Finally, Alan J. Auerbach and Yuriy Gorodnichenko, both from the University of California—Berkeley, estimate that the multiplier for economies in recession is even larger, between 2.24 and 2.48. Here we use a simple average of 2.36. We can then estimate (without pretension of having absolute certainty) that the adjustment proposed by the FCB could result in a reduction of 11.5% of GNP using the IMF’s multiplier, 15.4% applying HPT’s multiplier, and up to 18.2% using Auerbach’s estimate—this in an economy that has already contracted about 14% since 2006. The Fiscal Plan presented by the Administration suggests a smaller fiscal adjustment— $3.5 billion over a two-year fiscal period, equivalent to 5% of GNP—because it assumes a more optimistic baseline scenario. This adjustment, however, includes $1 billion from the extension of the Act 154 excise tax. While this tax temporarily affects the cash flow of the companies subject to it, it does not have an adverse impact on the local economy (it is not a “fiscal drag”) since it is imposed only on sales made by certain foreign companies with operations in Puerto Rico to their offshore affiliates. This means we have to subtract that amount from the suggested fiscal adjustment, which then decreases to $2.5 billion. As we explained before, this figure has to be increased by 20% in order to take into account the negative fiscal feedback loop. This means that an adjustment of $2.5 billion will have a fiscal impact of $ 3 billion or 4.3% of the GNP. If we use the same fiscal multipliers, we can conclude that the aggregate adverse economic impact of the adjustment proposed by the administration could fluctuate between 6.5%, 8.6% and 10.1% of GNP. This is a smaller negative impact relative to the adjustment suggested by the FCB but still a devastating one for such a weak economy as Puerto Rico’s. The Fiscal Plan does not describe the economic model that was used to estimate the impact of the policies proposed. However, it seems to us, given the preceding analysis, that the total adverse impact the fiscal adjustment would have on the economy was not explicitly incorporated in the administration’s projections. Thus, the short-term negative impact of the fiscal adjustment measures could be under-estimated in the Fiscal Plan. On the other hand, the Fiscal Plan does seem to include the positive effect of the implementation of a series of structural reforms that, according to the Plan, would generate a “cumulative 2% increase in GNP growth”. Without access to the economic model that was used it is difficult to determine the reasonableness of this estimate. However, we are troubled by the estimate provided for the amount of investment and the new jobs that are expected to be created by Public Private Partnerships (“PPP”). The Fiscal Plan forecasts that new investment by the PPPs will be in the order of $4.5 billion and would create 100,443 new jobs. This projection is eerily similar to the one used by the Luis Fortuño administration in its 2009 Strategic Model for a New Economy. That document incorporated the effect of $6.2 billion in new investment by PPPs and forecasted the creation of 99,735 new jobs. Unfortunately, both the level of investment and of new jobs was over-estimated. We can thus surmise that the positive economic impact of the structural reforms may have been over-estimated in the administration’s Fiscal Plan. Finally, we should be aware that all these proposals for adjustments and reforms will be implemented in a country where ideological ambiguity, political uncertainty, economic complexity and social disintegration severely limit the available options. The challenge is to figure out how to act efficaciously in this environment while accepting and embracing those tensions and contradictions. Fiscal Adjustment and the Economy of Puerto Rico By: Sergio M. Marxuach Policy Director Center for a New Economy

Medicaid, el ACA y Trump

Medicaid, el ACA y Trump El 30 de julio de 1965, el Presidente Lyndon B. Johnson firmó la ley creando los programas de Medicaid y Medicare. El Presidente describió con elocuencia los objetivos de la nueva ley:
“Many men can draft many laws. But few have the piercing and humane eye, which can see beyond the words to the people that they touch. Few can see past the speeches and the political battles to the doctor over there that is tending the infirm, and to the hospital that is receiving those in anguish, or feel in their heart painful wrath at the injustice which denies the miracle of healing to the old and to the poor…There are those, alone in suffering who will now hear the sound of some approaching footsteps coming to help. There are those fearing the terrible darkness of despairing poverty--despite their long years of labor and expectation--who will now look up to see the light of hope and realization.
En sus casi 52 años de existencia Medicaid y Medicare, junto con el Children’s Health Insurance Program (“CHIP”), han aliviado el sufrimiento de millones de niños, adultos de bajos ingresos y personas de edad avanzada facilitándoles acceso a un cuidado médico digno. En Puerto Rico, de acuerdo con datos publicados en el Commonwealth Financial Information and Operating Data Report con fecha de 18 de diciembre de 2016, aproximadamente 1,583,000 personas (46% la población) se benefician de Medicaid y CHIP a un costo de $2,867 millones. Este costo es sufragado con una asignación de $892 millones del fondo general de Puerto Rico; $1,706 millones de fondos Federales; y $348 millones de otros ingresos. Desafortunadamente, este financiamiento y el acceso a servicios de salud para casi la mitad de nuestra población se encuentran en peligro. Para entender como llegamos aquí debemos explicar la manera discriminatoria en la que se ha tratado tradicionalmente a Puerto Rico bajo el programa de Medicaid. En términos generales, los gastos de Medicaid se financian en parte por cada estado y en parte por el gobierno Federal. La porción relativa que aporta cada jurisdicción se basa en una fórmula que le otorga gran peso a la tasa de pobreza—mientras más pobre el estado más grande es la contribución Federal. En el caso de Puerto Rico la aportación Federal se fija en 55% del costo del programa, un porcentaje que usualmente le aplica a los estados más prósperos. Además, la ley le impone un tope muy bajo a la cantidad total de la aportación Federal para Puerto Rico. Para el año fiscal 2016 esa aportación fue de aproximadamente $340 millones. El resultado perverso es que una de la jurisdicciones más pobres de los Estados Unidos, donde la mediana del ingreso por hogar es $18,626 y aproximadamente 46% de todas las personas y 43% de todas la familias viven bajo el nivel de pobreza federal, se le trata como uno de los estados más ricos para propósitos de Medicaid, un programa diseñado específicamente para ayudar a las personas con bajos ingresos a obtener servicios de salud de calidad. Puerto Rico recibió un alivio temporero al aprobarse el Affordable Care Act (“ACA”) en el 2010. Primero, el ACA aumentó de manera no-recurrente los fondos de Medicaid para Puerto Rico con una asignación adicional de $5,400 millones para ser utilizada entre el 2011 y el 2019. Segundo, el gobierno de Puerto Rico recibió otra asignación de $925 millones, que se pueden utilizar para pagar beneficios en vez de (“in lieu of”) establecer un mercado de seguros de salud (“insurance marketplace”), pero esos fondos solo se pueden utilizar después que se gaste la asignación inicial de $5,400 millones y están disponibles solamente hasta el año fiscal 2019. De acuerdo con las proyecciones más recientes, Puerto Rico agotará ambas asignaciones presupuestarias entre octubre de 2017 y marzo de 2018. Desafortunadamente, la crisis financiera de nuestro seguro de salud público coincide con el comienzo de la administración de Donald Trump. Y Trump, como es de conocimiento general, prometió durante su campaña derogar el ACA y reemplazarlo con “algo mucho mejor” que todavía no se ha identificado. Además, tanto el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, como el recién confirmado Secretario de Salud de Estados Unidos, Tom Price, han expresado interés en modificar radicalmente el programa de Medicaid, de uno que beneficia a todo aquel que cualifique (un “entitlement”) a uno basado en asignaciones en bloque a los estados para que éstos tengan más “flexibilidad” para utilizar los fondos. El efecto real, sin embargo, de cambiar la estructura de Medicaid sería reducir significativamente la aportación Federal al programa y transferir riesgos a los estados (el costo alto de tratamientos nuevos, epidemias, aumento en la tasa de pobreza durante una recesión, etc.) que ahora recaen sobre el gobierno Federal. A corto plazo, dado el nivel de disfunción política en Washington y que los Republicanos no tienen un plan detallado para reemplazar ni el ACA ni Medicaid, el riesgo principal para Puerto Rico es que no se renueve la asignación especial de fondos bajo el ACA. La Comisionada Residente ha presentado un proyecto, el H.R. 259, a tales efectos pero es poco probable que se apruebe si no forma parte de un paquete de legislación más abarcador. La manera más eficaz de lograr esto sería incluyendo el lenguaje del H.R. 259 en el proyecto que finalizaría las asignaciones presupuestarias Federales para el AF2017 que se estima se presente en el Congreso en abril. Si no se logra renovar la asignación bajo el ACA, la cantidad de fondos asignada a Puerto Rico bajo Medicaid se reduciría a aproximadamente $400 millones bajo la fórmula que tradicionalmente le ha aplicado a Puerto Rico. En este escenario, las compañías de seguros que administran el programa se mostrarían renuentes a renovar los contratos con el gobierno de Puerto Rico para el próximo año fiscal. De hecho, aún si Puerto Rico mantuviera el nivel actual de la aportación local de aproximadamente $1,100 millones anuales, cerca de 500,000 beneficiarios perderían su cubierta, de acuerdo con un análisis del Departamento de Salud de Estados Unidos. Para estabilizar y mantener el programa operando, el Gobierno de Puerto Rico entonces tendría que (1) reducir aún más la cantidad de beneficiarios; (2) reducir los beneficios cubiertos bajo el plan; (3) reducir los reembolsos a los doctores y hospitales; (4) aumentar los deducibles y los co-pagos que hacen los beneficiarios; (5) dedicar una fuente permanente de ingresos para financiar el programa; o (6) implementar una combinación de algunas o todas las anteriores. Ninguna de esas opciones es buena. ¿Cómo se reduce de una manera justa la cantidad de beneficiarios cuando la mayoría son niños pobres, mujeres embarazadas con bajos ingresos, los discapacitados y personas de edad avanzada que viven en la pobreza? Reducir beneficios es extremadamente difícil ya que la mayor parte del gasto de Medicaid es para el tratamiento de personas con condiciones crónicas, discapacitadas, o personas pobres de edad avanzada, quienes necesitan una gran cantidad de servicios médicos. ¿A quien se le va a eliminar los beneficios: al niño bajo tratamiento para leucemia; a la mujer embarazada que tiene síntomas de preeclampsia; al pensionado en quimioterapia; o a la señora con Alzheimer o Parkinson? ¿Quién decide y utilizando que criterios? Por otro lado, las tarifas que paga Medicaid ya son muy bajas y reducirlas aún más podría resultar en que menos proveedores participen del programa. Finalmente, requerir que los beneficiarios paguen más por los servicios médicos que reciben es casi matemáticamente imposible, ya que el programa está diseñado precisamente para personas pobres con un nivel bajo de ingreso disponible. Recaería entonces el peso del financiamiento sobre el fondo general de Puerto Rico, cuya condición es precaria y aumentar los impuestos o crear uno nuevo dada la situación actual de nuestra economía no parece ser una opción factible a corto plazo. Dada la crueldad, el ensañamiento y el odio que la administración Trump ha mostrado hacia los más débiles, indefensos y necesitados de la sociedad—se podría decir que gobierna como el anti-LBJ—resulta imperativo señalar que esto no es un mero juego contable, o un tema que solo le interesa a burócratas y tecnócratas. La vida de cientos, tal vez miles, de puertorriqueños está en riesgo, muertes prematuras que se pueden prevenir y cuya responsabilidad recaerá sobre los oficiales fiscales impuestos por el gobierno Federal y los representantes electos que tienen la obligación de tomar acción para evitarlas. Evitar esas muertes implica (1) a corto plazo: obtener una extensión de los fondos asignados bajo el ACA; y (2) a mediano plazo: diseñar una solución equitativa para Puerto Rico bajo cualquier ley o programa que reemplace el ACA y/o Medicaid. Finalmente, prepárense porque este es solo el primero de muchos dilemas morales que inevitablemente enfrentaremos en estos tiempos de escasez fiscal. En situaciones como la que afrontamos, nos dice Isaiah Berlin, “la primera obligación pública es evitar los extremos del sufrimiento humano” especialmente el sufrimiento de los inocentes. Y aunque no es realista suponer que la propensión a la crueldad se puede erradicar para siempre de la naturaleza humana, nos va a tocar a cada uno de nosotros decidir si estamos del lado de aquellos cuya cruel indiferencia no hace más que añadirle a la suma total del sufrimiento humano o si estamos con aquellos que, parafraseando a Esquilo, se dedican a domesticar el salvajismo del hombre con el hombre y a hacer apacible la vida en este mundo—o por lo menos lo intentan. Por: Sergio M. Marxuach Director de Política Pública Centro para una Nueva Economía




Medicaid, the ACA and Trump




Medicaid, el ACA y Trump

On July 30, 1965, President Lyndon B. Johnson signed the law that created the Medicaid and Medicare programs. The President was eloquent in his description of the objectives of the law:

“Many men can draft many laws. But few have the piercing and humane eye, which can see beyond the words to the people that they touch. Few can see past the speeches and the political battles to the doctor over there that is tending the infirm, and to the hospital that is receiving those in anguish, or feel in their heart painful wrath at the injustice which denies the miracle of healing to the old and to the poor…There are those, alone in suffering who will now hear the sound of some approaching footsteps coming to help. There are those fearing the terrible darkness of despairing poverty--despite their long years of labor and expectation--who will now look up to see the light of hope and realization. There just can be no satisfaction, nor any act of leadership, that gives greater satisfaction than this.”

In their almost 52 years of existence, Medicaid and Medicare, jointly with the Children’s Health Insurance Program (“CHIP”), have alleviated the suffering of millions of children, low-income adults and elderly people by enabling them to access dignified health care.

In Puerto Rico, according to data published by the government in the December 18, 2016 Commonwealth Financial Information and Operating Data Report, approximately 1,583,000 people (46% of the population) benefit from Medicaid and CHIP at a cost of $2.86 billion. This expense has been funded with an $892 million appropriation from Puerto Rico’s general fund; $1.7 billion from the Federal government; and $348 million from other income sources. Unfortunately, these financing sources and the access to health services they provide to almost half of the island’s population are currently at risk.

In order to understand how we reached this point, we should start by explaining the discriminatory manner in which Puerto Rico has been treated under Medicaid. In general, Medicaid is financed partly by each state and partly by the Federal government and the relative shares are determined by a formula that gives significant weight to poverty rates—the poorer the state the larger the Federal share.

In Puerto Rico the Federal share is set at 55% of the cost of the program, a percentage that is usually applied to the wealthiest states. Furthermore, the law sets a very low cap on the total amount of the Federal contribution to Puerto Rico. For fiscal year 2016, that contribution was approximately $340 million

The perverse result is that one of the poorest jurisdictions in the United States, where the median household is $18,626 and approximately 46% of all persons and 43% of all families live under the Federal poverty threshold, is treated as one of the wealthiest states for purposes of Medicaid, a program specifically designed to help people with low income obtain access to quality health services.

Puerto Rico received some temporary relief when the Affordable Care Act (“ACA”) was enacted in 2010. First, the ACA increased significantly non-recurrent Medicaid funds for Puerto Rico with an additional allocation of $5.4 billion to be spent between 2011 and 2019.

Second, the government of Puerto Rico received another allocation of $925 million that could be spent on benefits in lieu of being utilized to create a health care insurance exchange. However, those funds can only be used after the initial $5.4 billion have been spent and they are available only until 2019. According to recent budget forecasts, both allocations will have been fully spent between October 2017 and March 2018.

Unfortunately, the financial crisis of our public health insurance program coincides with the beginning of the Trump administration. And Trump, as is well known, promised during his campaign to eliminate the ACA and substitute it with “something much better” that has yet to be defined.

In addition, both the Speaker of the House of Representatives, Paul Ryan, and the newly confirmed Secretary of Health of the United States, Tom Price, have expressed their interest in radically modifying the Medicaid program, from one that benefits anyone who qualifies (an “entitlement”) to one based on a block grant to the states so that they can have more “flexibility” in using the funds. The real effect of changing Medicaid’s structure, however, will be to significantly decrease the Federal contribution for the financing of the program and to transfer to the states risks that are currently borne by the Federal government (the high cost of new treatments, epidemics, increase in poverty levels due to recessions, etc.).

In the short run, given the level of political dysfunction in Washington and the fact that Republicans do not have a detailed plan to substitute either the ACA or Medicaid, the principal risk for Puerto Rico is that the special ACA funding allocation is not renewed. The Resident Commissioner has presented a bill to address the issue, H.R. 259, but it is highly unlikely that it will be enacted unless it becomes part of a broader legislative vehicle. The most effective way to achieve this objective would be to insert the language of H.R. 259 in the bill to finalize FY2017 appropriations, which could be introduced in the House sometime in April.

If the ACA allocation is not renewed, the amount of funds assigned to Puerto Rico under Medicaid would decrease to approximately $400 million under the standard formula traditionally applied to Puerto Rico. Under this scenario, the insurance companies that administer the program in Puerto Rico would be reluctant to renew their contracts with the Government of Puerto Rico for the next fiscal year. In fact, even if Puerto Rico maintains its healthcare expenditures at the current level of $1.1 billion, approximately 500,000 beneficiaries would lose their coverage, according to an analysis made by the United States Department of Health and Human Services.

To stabilize and keep the program in operation, the Government of Puerto Rico would have to (1) reduce even more the number of beneficiaries; (2) reduce the benefits covered by the plan; (3) reduce reimbursements to doctors and hospitals; (4) increase deductibles and the co-payments made by beneficiaries; (5) identify a permanent income source to finance the program; or (6) implement a combination of some or all of the above.

None of these options is good. Can you fairly reduce the number of beneficiaries, when the majority are poor children, low-income pregnant women, the disabled and elderly people living in poverty?

It is also extremely difficult to reduce benefits because most of Medicaid’s expenditures are for the treatment of patients with chronic conditions, people with disabilities or low-income elderly people. To whom do you reduce benefits: to the child under treatment for leukemia; the pregnant woman with symptoms of preeclampsia; the pensioner on chemotherapy; or the elderly woman with Alzheimer or Parkinson? Who decides and using which criteria?

On the other hand, the rates paid by Medicaid to health providers already are below those paid by health insurance companies; reducing them even more could result in less providers participating in the program. Finally, requiring the beneficiaries to pay more for the health services they receive is virtually impossible, given that the program is precisely designed for poor people with low disposable income.

The brunt of the financing would then fall on Puerto Rico’s general fund, whose condition is precarious and increasing taxes or creating a new one are not viable short-term options given the current situation of our economy.

Given the cruelty, spite and hate the Trump administration has shown towards the weak, the defenseless and the needy—it could be said that he is governing as the anti-LBJ—it is imperative to state that this is not a mere accounting game or a topic that is only of interest to bureaucrats or technocrats.

The lives of hundreds, maybe thousands of Puerto Ricans is at risk, premature deaths that could be prevented and whose responsibility will fall on the fiscal officers appointed by the Federal government and the elected representatives who have the obligation to act in order to avoid them. Avoiding those deaths implies (1) in the short run: obtaining an extension of the funds assigned under the ACA; and (2) in the medium term: designing an equitable solution for Puerto Rico under any law or program that substitutes either ACA or Medicaid.

Finally, this only the first of many moral dilemmas we will unavoidably face during these trying fiscal times. According to Isaiah Berlin, in situations like this the “first public obligation is to avoid extremes of human suffering”, especially the suffering of innocent ones. While it would be unrealistic to assume that the propensity to cruelty can ever be entirely uprooted from human nature, each one us will have to decide if we are on the side of those whose cruel indifference only adds to the total sum of human suffering, or if, one the other hand, we are on the side of those who, paraphrasing Aeschylus, dedicate themselves to tame the savageness of man and make gentle the life of this world—or at the very least try.

By: Sergio M. Marxuach Policy Director Center for a New Economy

Memo from a Working Group of the CNE Growth Commission to the Congressional Task Force on Economic Growth in Puerto Rico

Devising economic development opportunities should be one of the most pressing goals for both U.S. and local policy makers. In the following memo, a Working Group of the CNE Growth Commission charts a preliminary vision for addressing the deeper, structural constraints to economic advancement and for spurring economic growth. Click the following button to download the report: CNE-DownloadPublication-Button Or read the document below:

Análisis del estudio de KPMG

UntitledPor: Sergio M. Marxuach En esta entrada de nuestro blog describimos el escenario base para la reforma contributiva propuesta por KPMG, analizamos si esa propuesta cumple con los objetivos básicos para una reestructuración del sistema tributario puertorriqueño esbozados por el Dr. Ramón Cao en su libro, Impuestos en Puerto Rico: treinta años de experiencias y estudios (2004) y presentamos algunas preocupaciones que tenemos con la propuesta de KPMG. El escenario base de KPMG El escenario base propuesto por KPMG consiste de los siguientes elementos. Primero, la implementación de un impuesto al valor añadido (“IVA”) con una tasa de 16% aplicado a una base amplia. KPMG recomienda que el IVA aplique a todos los bienes y servicios excepto aquellos para la exportación, los servicios financieros, los pagos por el alquiler de una residencia, la electricidad, el agua, el combustible, y los servicios hoteleros. Además, propone que las ventas hechas por los pequeños negocios estén exentas del IVA. READ MORE

Pobreza, oportunidades y sociedad

social-ladder Por: Sergio M. Marxuach Nuestra narrativa comienza en un apartamento pequeño, con poca luz y menos ventilación, en un barrio pobre en una colonia de una potencia Europea. Allí vivían cinco personas: la abuela, matriarca de la familia; su hijo mayor que apenas podía hablar debido a un impedimento físico; su hija mayor, que era sorda; y sus dos nietos, uno que trabajaba para una compañía de seguros y su hermano menor que todavía estaba en la escuela primaria. El padre de los niños murió durante la primera guerra mundial, cuando su hijo menor tenía apenas un año de nacido. La madre limpiaba casas para obtener algún ingreso, la vida era dura y difícil. Al terminar la escuela intermedia la abuela le exige a su nieto menor que comience a trabajar para aportar a las precarias finanzas de su familia. Sin embargo, un maestro observador reconoció el potencial intelectual del joven y le ofrece darle tutorías de gratis para que tome un examen para obtener una beca a una de las escuelas superiores elite. El muchacho estudia para el examen, obtiene la beca, se gradúa de escuela superior, y es aceptado en la universidad. Allí escribe una disertación sobre la relación entre la metafísica cristiana y el neoplatonismo. Parece una película de Hollywood, pero le aseguro que no. Hago un alto aquí porque creo que lo que he narrado hasta ahora nos ofrece la oportunidad de explorar las distintas teorías sobre la pobreza y responsabilidad individual. Existen muchas teorías sobre la pobreza y sus causas, pero a grandes rasgos, y reconociendo que es una síntesis apretada, las podemos dividir en dos grandes grupos, las teorías que enfatizan la conducta individual y las teorías que se enfocan en las estructuras sociales. READ MORE

Conferencia Anual CNE 2014: La economía del conocimiento y la sociedad abierta (Presentación)

Presentación por Sergio M. Marxuach, Director de Política Pública para el Centro Para Una Nueva Economía, presentada durante la Convención Anual 2014.   CNE-DownloadPublication-Button

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