Ajuste fiscal y la economía

The Need to Know the Risks

El debate público durante los últimos dos meses se ha concentrado en el impacto de las medidas especificas de ajuste fiscal propuestas tanto por la Junta de Control de Fiscal (“JCF”) en su carta del 18 de enero al Gobernador Rosselló, como por la administración actual en su Plan Fiscal del 28 de febrero.

Por ejemplo, se ha debatido mucho sobre la sabiduría, o falta de esta, de recortarle $300 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Y esa discusión es importante, pero ese debate ha desviado la atención del impacto agregado en la economía que tendría un ajuste fiscal de la magnitud propuesta tanto por la JCF como por la administración actual.

De entrada, debe quedar claro que va a ser muy difícil evitar medidas de austeridad ya que se proyecta que Puerto Rico incurra un déficit primario (antes del servicio de la deuda) durante los próximos años y no podemos devaluar nuestra moneda, ni tenemos acceso a financiamiento a corto plazo.

Esto no significa, sin embargo, que no se pueda hacer nada para mitigar parcialmente el impacto negativo de las políticas de austeridad. Primero, se puede modificar la composición de las medidas de ajuste. Algunas combinaciones de recortes e impuestos tienen un impacto adverso menor en la economía en comparación con otras, dependiendo del impacto en la demanda agregada.

Segundo, la ley PROMESA no exige que el ajuste fiscal se lleve a cabo en dos años. Sí se hiciera en un periodo de tres a cinco años le daría más tiempo al gobierno para que las reformas estructurales que propone implementar comiencen a tener un efecto positivo en la economía. Entonces las medidas de ajuste se podrían implementar escalonadamente, una vez la economía comience a crecer.

Tercero, la liquidez del gobierno mejoraría de manera significativa si se declara una moratoria absoluta en el pago de toda la deuda pública. Esos fondos se podrían utilizar entonces para financiar deficiencias a corto plazo en lo que se implementa el ajuste fiscal y las reformas estructurales.

Habiendo dicho eso, sí la ruta de la austeridad resulta inevitable, tanto la JCF como el gobierno tienen la obligación moral de explicar con claridad el impacto adverso en la economía de los ajustes que proponen.

En su carta del 18 de enero, la JCF propone un ajuste fiscal de $4,500 millones en un periodo de dos años fiscales. Ese ajuste es equivalente a 6.4% del producto nacional bruto (“PNB”) estimado para el año fiscal 2017.

Ahora, un ajuste fiscal de $1,000 millones tiene un impacto fiscal y económico en exceso de $1,000 millones. Por el lado fiscal, esto se debe, por ejemplo, a que una reducción de los salarios o beneficios de los empleados públicos significa que éstos tendrán menos ingreso disponible para gastar y por lo tanto los recaudos de Hacienda disminuirán. Además, también debemos suponer que los contribuyentes modificarán su actividad económica en respuesta a cambios en la política pública.

El Dr. Brad Setser, ex-funcionario del Tesoro de Estados Unidos quien trabajó en los asuntos de Puerto Rico y se encuentra actualmente en el Council on Foreign Relations, estima este impacto, en un blog publicado recientemente en CFR.org, en 20% para Puerto Rico. Eso significa que lograr un ajuste de $4,500 millones, va a tener un impacto fiscal de aproximadamente $5,400 millones o cerca de 7.7% del PNB.

Por el lado de la economía, para calcular el impacto total de la consolidación fiscal en relación al PNB es necesario ajustarla por el multiplicador fiscal. En términos sencillos, el multiplicador fiscal es un estimado del efecto (positivo o negativo) que tiene un cambio en el gasto gubernamental sobre el ingreso nacional (PNB).

La literatura económica sobre cómo calcular el multiplicador fiscal es extensa. A manera de ejemplo, presentamos aquí tres fuentes diferentes. Primero, el Fondo Monetario Internacional (“FMI”) utiliza un multiplicador fiscal de aproximadamente 1.5. Esto significa que una reducción en el gasto gubernamental equivalente al 1% del PNB produce una reducción en el PNB de 1.5%.

Una investigación más reciente llevada a cabo por Christopher House, Christian Proebsting y Lida Tesar (“HPT”), publicada en el website del prestigioso National Bureau of Economic Research (NBER Working Paper No. 23,147) estima el multiplicador fiscal en 2 para países europeos que pertenecen a una unión monetaria.

Finalmente, Alan J. Auerbach y Yuriy Gorodnichenko, ambos de la Universidad de California—Berkeley, estiman que el multiplicador para economías en recesión es aún mayor, entre 2.24 y 2.48. Aquí utilizamos un promedio simple de 2.36.

Por lo tanto, podemos estimar (sin pretensiones de precisión absoluta) que el ajuste propuesto por la JCF podría resultar en una reducción en el PNB de 11.5% utilizando el multiplicador del FMI, 15.4% utilizando el multiplicador de HPT y de hasta 18.2% utilizando el estimado de Auerbach, esto en una economía que ya se ha contraído por aproximadamente 14% desde el 2006.

El Plan Fiscal presentado por la administración actual sugiere un ajuste fiscal menor—$3,500 millones en un periodo de dos años fiscales, equivalente a 5% del PNB—ya que parte de un escenario base más optimista.

Ese ajuste, sin embargo, incluye $1,000 millones producto de la extensión del impuesto de la ley 154. Ese impuesto, según estructurado actualmente afecta temporeramente el flujo de efectivo de las compañías que lo pagan, pero no impacta adversamente la economía local ya que se impone solamente sobre transacciones entre ciertas compañías foráneas con operaciones en Puerto Rico y sus afiliadas internacionales. Por lo tanto, restamos esa cantidad del ajuste fiscal sugerido y este se reduce a $2,500 millones.

Como explicamos anteriormente, esa cifra hay que aumentarla por 20% para tomar en cuenta el impacto fiscal del ajuste. Eso significa que lograr un ajuste de $2,500 millones va a tener un impacto fiscal de $3,000 millones, o un 4.3% del PNB. Si utilizamos los mismos multiplicadores fiscales, concluimos que el impacto económico adverso del ajuste propuesto por la actual administración podría fluctuar entre 6.5%, 8.6% y 10.1% del PNB. Un impacto negativo menor relativo al ajuste sugerido por la JCF pero de todas maneras devastador en una economía tan débil como la de Puerto Rico.

Aunque es difícil de determinar, ya que el Plan Fiscal no describe el modelo económico que se utilizó para estimar el impacto de las políticas propuestas, nos parece, dado el análisis anterior, que no se incorporó de manera explícita el impacto adverso total del ajuste fiscal en las proyecciones. Por tanto, el impacto negativo a corto plazo de las medidas de ajuste fiscal pudiera estar sub-estimado en el Plan Fiscal.

Por otro lado, el Plan Fiscal parece incluir el efecto positivo de la implementación de una serie de reformas estructurales que, según el Plan, tendrían un impacto “acumulativo de 2% en el crecimiento del PNB.” Otra vez, sin acceso al modelo económico que se utilizó es difícil determinar la razonabilidad de este estimado. Sin embargo, nos preocupa el estimado de la inversión que se prevé por parte de Alianzas Publico Privadas (“APP”) y de los empleos que serán creados por estas. El Plan Fiscal proyecta una inversión nueva por parte de APPs de unos $4,500 millones que se estima crearán unos 100,443 empleos nuevos.

Esa proyección es similar a la que utilizó la administración de Luis Fortuño en su Modelo Estratégico para una Nueva Economía del 2009, que incluía una inversión de $6,214 millones por parte de APPs creando 99,735 empleos nuevos. Desafortunadamente se sobre-estimó tanto la cantidad de inversión como la creación de empleos. Por tanto, el impacto económico de las reformas estructurales pudiera estar sobre-estimado en el Plan Fiscal.

Finalmente, debemos estar conscientes de que todas estas propuestas de ajustes y reformas estructurales se implementarán en un país donde la ambigüedad ideológica, la incertidumbre política, la complejidad de la economía y la desintegración social delimitan estrictamente nuestras opciones. El reto consiste en actuar eficazmente en este ambiente, a la vez que aceptamos y vivimos con esas tensiones y contradicciones.

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía


Fiscal Adjustment and the Economy of Puerto Rico


The Need to Know the Risks

During the past two months, public debate in Puerto Rico has focused mostly on the impact of specific fiscal adjustment measures proposed by the Fiscal Control Board (“FCB”) in its January 18 letter to Governor Roselló and by the Rosselló administration in its February 28 Fiscal Plan.

For example, much has been said about the wisdom, or lack thereof, of cutting $300 million from the budget of the University of Puerto Rico. This discussion while important, has diverted attention away from the aggregate impact that fiscal adjustments such as those proposed both by the FCB and the administration would have on the economy.

From the start it should be clear that it will be very difficult for Puerto Rico to avoid austerity measures: the government is expected to incur in a primary deficit (before debt service) over the next few years and the island can neither devalue its currency nor access short term financing.

This does not mean that nothing can be done to mitigate the negative impact of austerity measures. Some combinations of budget cuts and tax increases have a less adverse impact on the economy when compared to others, depending on their impact on aggregate demand.

Second, PROMESA does not require that the fiscal adjustment be implemented in two years. If it were implemented over a three to five year period, the structural reforms the government is proposing would have adequate time to have a positive effect on the economy. Then fiscal adjustment measures could be implemented incrementally, once the economy starts growing again.

Third, declaring an absolute moratorium on all public debt service could significantly increase the government’s liquidity. These funds would be used to finance short-term deficiencies while the fiscal adjustment and the structural reforms are implemented.

That being said, if the road of fiscal austerity is inevitable, then both the FCB and the government have a moral obligation to clearly explain the adverse effect that their proposals will have on the overall economy.

In its January 18 letter, the FCB proposed an adjustment of $4.5 billion over a two- year fiscal period. That adjustment is equivalent to 6.4% of the Gross National Product (GNP) estimated for fiscal year 2017.

It is important to note that a fiscal adjustment of $1 billion has both a fiscal and an economic impact in excess of $1 billion. On the fiscal side, this negative feedback loop is due, for example, to the fact that a reduction in the salaries or benefits of public employees reduces their disposable income available for consumption and this has a negative effect on the government’s revenues. In addition, taxpayers modify their economic activity in response to changes in public policy.

Dr. Brad Setser, a former United States Treasury official who worked on matters related to Puerto Rico and is currently with the Council on Foreign Relations, estimated in a blog recently published in CFR.org, that this impact in Puerto Rico to be in the order of 20%. This means that an adjustment of $4.5 billion will have a fiscal impact of $5.4 billion or close to 7.7% of the GNP.

On the economic side, we must adjust the amount of the proposed fiscal consolidation using a fiscal multiplier to calculate the total impact of the fiscal consolidation on the economy as a whole. In general terms, the fiscal multiplier is an estimate of the (negative or positive) effect that a change in government spending has on national income (the GNP).

The economic literature on how to calculate a fiscal multiplier is extensive. For discussion purposes, we use estimates from three different sources. First, the International Monetary Fund (“IMF”) uses a fiscal multiplier of approximately 1.5. This means that a reduction in government spending of 1% of GNP will produce a reduction of 1.5% on the GNP.

A more recent investigation by Christopher House, Christian Proebsting and Linda Tesar (“HPT”) published in the website of the prestigious National Bureau of Economic Research (NBER Working Paper No. 23,147) estimates the fiscal multiplier in 2 for European countries that belong to a monetary union.

Finally, Alan J. Auerbach and Yuriy Gorodnichenko, both from the University of California—Berkeley, estimate that the multiplier for economies in recession is even larger, between 2.24 and 2.48. Here we use a simple average of 2.36.

We can then estimate (without pretension of having absolute certainty) that the adjustment proposed by the FCB could result in a reduction of 11.5% of GNP using the IMF’s multiplier, 15.4% applying HPT’s multiplier, and up to 18.2% using Auerbach’s estimate—this in an economy that has already contracted about 14% since 2006.

The Fiscal Plan presented by the Administration suggests a smaller fiscal adjustment— $3.5 billion over a two-year fiscal period, equivalent to 5% of GNP—because it assumes a more optimistic baseline scenario.

This adjustment, however, includes $1 billion from the extension of the Act 154 excise tax. While this tax temporarily affects the cash flow of the companies subject to it, it does not have an adverse impact on the local economy (it is not a “fiscal drag”) since it is imposed only on sales made by certain foreign companies with operations in Puerto Rico to their offshore affiliates. This means we have to subtract that amount from the suggested fiscal adjustment, which then decreases to $2.5 billion.

As we explained before, this figure has to be increased by 20% in order to take into account the negative fiscal feedback loop. This means that an adjustment of $2.5 billion will have a fiscal impact of $ 3 billion or 4.3% of the GNP. If we use the same fiscal multipliers, we can conclude that the aggregate adverse economic impact of the adjustment proposed by the administration could fluctuate between 6.5%, 8.6% and 10.1% of GNP. This is a smaller negative impact relative to the adjustment suggested by the FCB but still a devastating one for such a weak economy as Puerto Rico’s.

The Fiscal Plan does not describe the economic model that was used to estimate the impact of the policies proposed. However, it seems to us, given the preceding analysis, that the total adverse impact the fiscal adjustment would have on the economy was not explicitly incorporated in the administration’s projections. Thus, the short-term negative impact of the fiscal adjustment measures could be under-estimated in the Fiscal Plan.

On the other hand, the Fiscal Plan does seem to include the positive effect of the implementation of a series of structural reforms that, according to the Plan, would generate a “cumulative 2% increase in GNP growth”. Without access to the economic model that was used it is difficult to determine the reasonableness of this estimate. However, we are troubled by the estimate provided for the amount of investment and the new jobs that are expected to be created by Public Private Partnerships (“PPP”). The Fiscal Plan forecasts that new investment by the PPPs will be in the order of $4.5 billion and would create 100,443 new jobs.

This projection is eerily similar to the one used by the Luis Fortuño administration in its 2009 Strategic Model for a New Economy. That document incorporated the effect of $6.2 billion in new investment by PPPs and forecasted the creation of 99,735 new jobs. Unfortunately, both the level of investment and of new jobs was over-estimated. We can thus surmise that the positive economic impact of the structural reforms may have been over-estimated in the administration’s Fiscal Plan.

Finally, we should be aware that all these proposals for adjustments and reforms will be implemented in a country where ideological ambiguity, political uncertainty, economic complexity and social disintegration severely limit the available options. The challenge is to figure out how to act efficaciously in this environment while accepting and embracing those tensions and contradictions.

Fiscal Adjustment and the Economy of Puerto Rico
By: Sergio M. Marxuach
Policy Director
Center for a New Economy

Medicaid, el ACA y Trump

Medicaid, el ACA y Trump

El 30 de julio de 1965, el Presidente Lyndon B. Johnson firmó la ley creando los programas de Medicaid y Medicare. El Presidente describió con elocuencia los objetivos de la nueva ley:

“Many men can draft many laws. But few have the piercing and humane eye, which can see beyond the words to the people that they touch. Few can see past the speeches and the political battles to the doctor over there that is tending the infirm, and to the hospital that is receiving those in anguish, or feel in their heart painful wrath at the injustice which denies the miracle of healing to the old and to the poor…There are those, alone in suffering who will now hear the sound of some approaching footsteps coming to help. There are those fearing the terrible darkness of despairing poverty–despite their long years of labor and expectation–who will now look up to see the light of hope and realization.

En sus casi 52 años de existencia Medicaid y Medicare, junto con el Children’s Health Insurance Program (“CHIP”), han aliviado el sufrimiento de millones de niños, adultos de bajos ingresos y personas de edad avanzada facilitándoles acceso a un cuidado médico digno.

En Puerto Rico, de acuerdo con datos publicados en el Commonwealth Financial Information and Operating Data Report con fecha de 18 de diciembre de 2016, aproximadamente 1,583,000 personas (46% la población) se benefician de Medicaid y CHIP a un costo de $2,867 millones. Este costo es sufragado con una asignación de $892 millones del fondo general de Puerto Rico; $1,706 millones de fondos Federales; y $348 millones de otros ingresos. Desafortunadamente, este financiamiento y el acceso a servicios de salud para casi la mitad de nuestra población se encuentran en peligro.

Para entender como llegamos aquí debemos explicar la manera discriminatoria en la que se ha tratado tradicionalmente a Puerto Rico bajo el programa de Medicaid. En términos generales, los gastos de Medicaid se financian en parte por cada estado y en parte por el gobierno Federal. La porción relativa que aporta cada jurisdicción se basa en una fórmula que le otorga gran peso a la tasa de pobreza—mientras más pobre el estado más grande es la contribución Federal.

En el caso de Puerto Rico la aportación Federal se fija en 55% del costo del programa, un porcentaje que usualmente le aplica a los estados más prósperos. Además, la ley le impone un tope muy bajo a la cantidad total de la aportación Federal para Puerto Rico. Para el año fiscal 2016 esa aportación fue de aproximadamente $340 millones.

El resultado perverso es que una de la jurisdicciones más pobres de los Estados Unidos, donde la mediana del ingreso por hogar es $18,626 y aproximadamente 46% de todas las personas y 43% de todas la familias viven bajo el nivel de pobreza federal, se le trata como uno de los estados más ricos para propósitos de Medicaid, un programa diseñado específicamente para ayudar a las personas con bajos ingresos a obtener servicios de salud de calidad.

Puerto Rico recibió un alivio temporero al aprobarse el Affordable Care Act (“ACA”) en el 2010. Primero, el ACA aumentó de manera no-recurrente los fondos de Medicaid para Puerto Rico con una asignación adicional de $5,400 millones para ser utilizada entre el 2011 y el 2019.

Segundo, el gobierno de Puerto Rico recibió otra asignación de $925 millones, que se pueden utilizar para pagar beneficios en vez de (“in lieu of”) establecer un mercado de seguros de salud (“insurance marketplace”), pero esos fondos solo se pueden utilizar después que se gaste la asignación inicial de $5,400 millones y están disponibles solamente hasta el año fiscal 2019. De acuerdo con las proyecciones más recientes, Puerto Rico agotará ambas asignaciones presupuestarias entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Desafortunadamente, la crisis financiera de nuestro seguro de salud público coincide con el comienzo de la administración de Donald Trump. Y Trump, como es de conocimiento general, prometió durante su campaña derogar el ACA y reemplazarlo con “algo mucho mejor” que todavía no se ha identificado.

Además, tanto el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, como el recién confirmado Secretario de Salud de Estados Unidos, Tom Price, han expresado interés en modificar radicalmente el programa de Medicaid, de uno que beneficia a todo aquel que cualifique (un “entitlement”) a uno basado en asignaciones en bloque a los estados para que éstos tengan más “flexibilidad” para utilizar los fondos. El efecto real, sin embargo, de cambiar la estructura de Medicaid sería reducir significativamente la aportación Federal al programa y transferir riesgos a los estados (el costo alto de tratamientos nuevos, epidemias, aumento en la tasa de pobreza durante una recesión, etc.) que ahora recaen sobre el gobierno Federal.

A corto plazo, dado el nivel de disfunción política en Washington y que los Republicanos no tienen un plan detallado para reemplazar ni el ACA ni Medicaid, el riesgo principal para Puerto Rico es que no se renueve la asignación especial de fondos bajo el ACA. La Comisionada Residente ha presentado un proyecto, el H.R. 259, a tales efectos pero es poco probable que se apruebe si no forma parte de un paquete de legislación más abarcador. La manera más eficaz de lograr esto sería incluyendo el lenguaje del H.R. 259 en el proyecto que finalizaría las asignaciones presupuestarias Federales para el AF2017 que se estima se presente en el Congreso en abril.

Si no se logra renovar la asignación bajo el ACA, la cantidad de fondos asignada a Puerto Rico bajo Medicaid se reduciría a aproximadamente $400 millones bajo la fórmula que tradicionalmente le ha aplicado a Puerto Rico. En este escenario, las compañías de seguros que administran el programa se mostrarían renuentes a renovar los contratos con el gobierno de Puerto Rico para el próximo año fiscal. De hecho, aún si Puerto Rico mantuviera el nivel actual de la aportación local de aproximadamente $1,100 millones anuales, cerca de 500,000 beneficiarios perderían su cubierta, de acuerdo con un análisis del Departamento de Salud de Estados Unidos.

Para estabilizar y mantener el programa operando, el Gobierno de Puerto Rico entonces tendría que (1) reducir aún más la cantidad de beneficiarios; (2) reducir los beneficios cubiertos bajo el plan; (3) reducir los reembolsos a los doctores y hospitales; (4) aumentar los deducibles y los co-pagos que hacen los beneficiarios; (5) dedicar una fuente permanente de ingresos para financiar el programa; o (6) implementar una combinación de algunas o todas las anteriores.

Ninguna de esas opciones es buena. ¿Cómo se reduce de una manera justa la cantidad de beneficiarios cuando la mayoría son niños pobres, mujeres embarazadas con bajos ingresos, los discapacitados y personas de edad avanzada que viven en la pobreza?

Reducir beneficios es extremadamente difícil ya que la mayor parte del gasto de Medicaid es para el tratamiento de personas con condiciones crónicas, discapacitadas, o personas pobres de edad avanzada, quienes necesitan una gran cantidad de servicios médicos. ¿A quien se le va a eliminar los beneficios: al niño bajo tratamiento para leucemia; a la mujer embarazada que tiene síntomas de preeclampsia; al pensionado en quimioterapia; o a la señora con Alzheimer o Parkinson? ¿Quién decide y utilizando que criterios?

Por otro lado, las tarifas que paga Medicaid ya son muy bajas y reducirlas aún más podría resultar en que menos proveedores participen del programa. Finalmente, requerir que los beneficiarios paguen más por los servicios médicos que reciben es casi matemáticamente imposible, ya que el programa está diseñado precisamente para personas pobres con un nivel bajo de ingreso disponible.

Recaería entonces el peso del financiamiento sobre el fondo general de Puerto Rico, cuya condición es precaria y aumentar los impuestos o crear uno nuevo dada la situación actual de nuestra economía no parece ser una opción factible a corto plazo.

Dada la crueldad, el ensañamiento y el odio que la administración Trump ha mostrado hacia los más débiles, indefensos y necesitados de la sociedad—se podría decir que gobierna como el anti-LBJ—resulta imperativo señalar que esto no es un mero juego contable, o un tema que solo le interesa a burócratas y tecnócratas.

La vida de cientos, tal vez miles, de puertorriqueños está en riesgo, muertes prematuras que se pueden prevenir y cuya responsabilidad recaerá sobre los oficiales fiscales impuestos por el gobierno Federal y los representantes electos que tienen la obligación de tomar acción para evitarlas. Evitar esas muertes implica (1) a corto plazo: obtener una extensión de los fondos asignados bajo el ACA; y (2) a mediano plazo: diseñar una solución equitativa para Puerto Rico bajo cualquier ley o programa que reemplace el ACA y/o Medicaid.

Finalmente, prepárense porque este es solo el primero de muchos dilemas morales que inevitablemente enfrentaremos en estos tiempos de escasez fiscal. En situaciones como la que afrontamos, nos dice Isaiah Berlin, “la primera obligación pública es evitar los extremos del sufrimiento humano” especialmente el sufrimiento de los inocentes. Y aunque no es realista suponer que la propensión a la crueldad se puede erradicar para siempre de la naturaleza humana, nos va a tocar a cada uno de nosotros decidir si estamos del lado de aquellos cuya cruel indiferencia no hace más que añadirle a la suma total del sufrimiento humano o si estamos con aquellos que, parafraseando a Esquilo, se dedican a domesticar el salvajismo del hombre con el hombre y a hacer apacible la vida en este mundo—o por lo menos lo intentan.

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía


Medicaid, the ACA and Trump


Medicaid, el ACA y Trump

On July 30, 1965, President Lyndon B. Johnson signed the law that created the Medicaid and Medicare programs. The President was eloquent in his description of the objectives of the law:

“Many men can draft many laws. But few have the piercing and humane eye, which can see beyond the words to the people that they touch. Few can see past the speeches and the political battles to the doctor over there that is tending the infirm, and to the hospital that is receiving those in anguish, or feel in their heart painful wrath at the injustice which denies the miracle of healing to the old and to the poor…There are those, alone in suffering who will now hear the sound of some approaching footsteps coming to help. There are those fearing the terrible darkness of despairing poverty–despite their long years of labor and expectation–who will now look up to see the light of hope and realization. There just can be no satisfaction, nor any act of leadership, that gives greater satisfaction than this.”

In their almost 52 years of existence, Medicaid and Medicare, jointly with the Children’s Health Insurance Program (“CHIP”), have alleviated the suffering of millions of children, low-income adults and elderly people by enabling them to access dignified health care.

In Puerto Rico, according to data published by the government in the December 18, 2016 Commonwealth Financial Information and Operating Data Report, approximately 1,583,000 people (46% of the population) benefit from Medicaid and CHIP at a cost of $2.86 billion. This expense has been funded with an $892 million appropriation from Puerto Rico’s general fund; $1.7 billion from the Federal government; and $348 million from other income sources. Unfortunately, these financing sources and the access to health services they provide to almost half of the island’s population are currently at risk.

In order to understand how we reached this point, we should start by explaining the discriminatory manner in which Puerto Rico has been treated under Medicaid. In general, Medicaid is financed partly by each state and partly by the Federal government and the relative shares are determined by a formula that gives significant weight to poverty rates—the poorer the state the larger the Federal share.

In Puerto Rico the Federal share is set at 55% of the cost of the program, a percentage that is usually applied to the wealthiest states. Furthermore, the law sets a very low cap on the total amount of the Federal contribution to Puerto Rico. For fiscal year 2016, that contribution was approximately $340 million

The perverse result is that one of the poorest jurisdictions in the United States, where the median household is $18,626 and approximately 46% of all persons and 43% of all families live under the Federal poverty threshold, is treated as one of the wealthiest states for purposes of Medicaid, a program specifically designed to help people with low income obtain access to quality health services.

Puerto Rico received some temporary relief when the Affordable Care Act (“ACA”) was enacted in 2010. First, the ACA increased significantly non-recurrent Medicaid funds for Puerto Rico with an additional allocation of $5.4 billion to be spent between 2011 and 2019.

Second, the government of Puerto Rico received another allocation of $925 million that could be spent on benefits in lieu of being utilized to create a health care insurance exchange. However, those funds can only be used after the initial $5.4 billion have been spent and they are available only until 2019. According to recent budget forecasts, both allocations will have been fully spent between October 2017 and March 2018.

Unfortunately, the financial crisis of our public health insurance program coincides with the beginning of the Trump administration. And Trump, as is well known, promised during his campaign to eliminate the ACA and substitute it with “something much better” that has yet to be defined.

In addition, both the Speaker of the House of Representatives, Paul Ryan, and the newly confirmed Secretary of Health of the United States, Tom Price, have expressed their interest in radically modifying the Medicaid program, from one that benefits anyone who qualifies (an “entitlement”) to one based on a block grant to the states so that they can have more “flexibility” in using the funds. The real effect of changing Medicaid’s structure, however, will be to significantly decrease the Federal contribution for the financing of the program and to transfer to the states risks that are currently borne by the Federal government (the high cost of new treatments, epidemics, increase in poverty levels due to recessions, etc.).

In the short run, given the level of political dysfunction in Washington and the fact that Republicans do not have a detailed plan to substitute either the ACA or Medicaid, the principal risk for Puerto Rico is that the special ACA funding allocation is not renewed. The Resident Commissioner has presented a bill to address the issue, H.R. 259, but it is highly unlikely that it will be enacted unless it becomes part of a broader legislative vehicle. The most effective way to achieve this objective would be to insert the language of H.R. 259 in the bill to finalize FY2017 appropriations, which could be introduced in the House sometime in April.

If the ACA allocation is not renewed, the amount of funds assigned to Puerto Rico under Medicaid would decrease to approximately $400 million under the standard formula traditionally applied to Puerto Rico. Under this scenario, the insurance companies that administer the program in Puerto Rico would be reluctant to renew their contracts with the Government of Puerto Rico for the next fiscal year. In fact, even if Puerto Rico maintains its healthcare expenditures at the current level of $1.1 billion, approximately 500,000 beneficiaries would lose their coverage, according to an analysis made by the United States Department of Health and Human Services.

To stabilize and keep the program in operation, the Government of Puerto Rico would have to (1) reduce even more the number of beneficiaries; (2) reduce the benefits covered by the plan; (3) reduce reimbursements to doctors and hospitals; (4) increase deductibles and the co-payments made by beneficiaries; (5) identify a permanent income source to finance the program; or (6) implement a combination of some or all of the above.

None of these options is good. Can you fairly reduce the number of beneficiaries, when the majority are poor children, low-income pregnant women, the disabled and elderly people living in poverty?

It is also extremely difficult to reduce benefits because most of Medicaid’s expenditures are for the treatment of patients with chronic conditions, people with disabilities or low-income elderly people. To whom do you reduce benefits: to the child under treatment for leukemia; the pregnant woman with symptoms of preeclampsia; the pensioner on chemotherapy; or the elderly woman with Alzheimer or Parkinson? Who decides and using which criteria?

On the other hand, the rates paid by Medicaid to health providers already are below those paid by health insurance companies; reducing them even more could result in less providers participating in the program. Finally, requiring the beneficiaries to pay more for the health services they receive is virtually impossible, given that the program is precisely designed for poor people with low disposable income.

The brunt of the financing would then fall on Puerto Rico’s general fund, whose condition is precarious and increasing taxes or creating a new one are not viable short-term options given the current situation of our economy.

Given the cruelty, spite and hate the Trump administration has shown towards the weak, the defenseless and the needy—it could be said that he is governing as the anti-LBJ—it is imperative to state that this is not a mere accounting game or a topic that is only of interest to bureaucrats or technocrats.

The lives of hundreds, maybe thousands of Puerto Ricans is at risk, premature deaths that could be prevented and whose responsibility will fall on the fiscal officers appointed by the Federal government and the elected representatives who have the obligation to act in order to avoid them. Avoiding those deaths implies (1) in the short run: obtaining an extension of the funds assigned under the ACA; and (2) in the medium term: designing an equitable solution for Puerto Rico under any law or program that substitutes either ACA or Medicaid.

Finally, this only the first of many moral dilemmas we will unavoidably face during these trying fiscal times. According to Isaiah Berlin, in situations like this the “first public obligation is to avoid extremes of human suffering”, especially the suffering of innocent ones. While it would be unrealistic to assume that the propensity to cruelty can ever be entirely uprooted from human nature, each one us will have to decide if we are on the side of those whose cruel indifference only adds to the total sum of human suffering, or if, one the other hand, we are on the side of those who, paraphrasing Aeschylus, dedicate themselves to tame the savageness of man and make gentle the life of this world—or at the very least try.

By: Sergio M. Marxuach
Policy Director
Center for a New Economy

Memo from a Working Group of the CNE Growth Commission to the Congressional Task Force on Economic Growth in Puerto Rico

Devising economic development opportunities should be one of the most pressing goals for both U.S. and local policy makers. In the following memo, a Working Group of the CNE Growth Commission charts a preliminary vision for addressing the deeper, structural constraints to economic advancement and for spurring economic growth.

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Análisis del estudio de KPMG

UntitledPor: Sergio M. Marxuach

En esta entrada de nuestro blog describimos el escenario base para la reforma contributiva propuesta por KPMG, analizamos si esa propuesta cumple con los objetivos básicos para una reestructuración del sistema tributario puertorriqueño esbozados por el Dr. Ramón Cao en su libro, Impuestos en Puerto Rico: treinta años de experiencias y estudios (2004) y presentamos algunas preocupaciones que tenemos con la propuesta de KPMG.

El escenario base de KPMG

El escenario base propuesto por KPMG consiste de los siguientes elementos. Primero, la implementación de un impuesto al valor añadido (“IVA”) con una tasa de 16% aplicado a una base amplia. KPMG recomienda que el IVA aplique a todos los bienes y servicios excepto aquellos para la exportación, los servicios financieros, los pagos por el alquiler de una residencia, la electricidad, el agua, el combustible, y los servicios hoteleros. Además, propone que las ventas hechas por los pequeños negocios estén exentas del IVA. READ MORE

Pobreza, oportunidades y sociedad

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Por: Sergio M. Marxuach

Nuestra narrativa comienza en un apartamento pequeño, con poca luz y menos ventilación, en un barrio pobre en una colonia de una potencia Europea. Allí vivían cinco personas: la abuela, matriarca de la familia; su hijo mayor que apenas podía hablar debido a un impedimento físico; su hija mayor, que era sorda; y sus dos nietos, uno que trabajaba para una compañía de seguros y su hermano menor que todavía estaba en la escuela primaria. El padre de los niños murió durante la primera guerra mundial, cuando su hijo menor tenía apenas un año de nacido. La madre limpiaba casas para obtener algún ingreso, la vida era dura y difícil.

Al terminar la escuela intermedia la abuela le exige a su nieto menor que comience a trabajar para aportar a las precarias finanzas de su familia. Sin embargo, un maestro observador reconoció el potencial intelectual del joven y le ofrece darle tutorías de gratis para que tome un examen para obtener una beca a una de las escuelas superiores elite. El muchacho estudia para el examen, obtiene la beca, se gradúa de escuela superior, y es aceptado en la universidad. Allí escribe una disertación sobre la relación entre la metafísica cristiana y el neoplatonismo.

Parece una película de Hollywood, pero le aseguro que no. Hago un alto aquí porque creo que lo que he narrado hasta ahora nos ofrece la oportunidad de explorar las distintas teorías sobre la pobreza y responsabilidad individual. Existen muchas teorías sobre la pobreza y sus causas, pero a grandes rasgos, y reconociendo que es una síntesis apretada, las podemos dividir en dos grandes grupos, las teorías que enfatizan la conducta individual y las teorías que se enfocan en las estructuras sociales.

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Conferencia Anual CNE 2014: La economía del conocimiento y la sociedad abierta (Presentación)

Presentación por Sergio M. Marxuach, Director de Política Pública para el Centro Para Una Nueva Economía, presentada durante la Convención Anual 2014.
 
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