Los Pasos para la Transformación Energética de Puerto Rico

Dangerous weather. Electricity pylons with power lines in stunning storm during colorful sunset.

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El modelo de hacer negocios de las compañías de generación eléctrica, incluyendo la AEE, tradicionalmente conocido como “build and grow” y basado en (1) la construcción de plantas generatrices cada vez más grandes y eficientes, utilizando combustibles fósiles baratos y (2) en un aumento continuo en el consumo de electricidad, comenzó a fallar en la década de los años 70 debido a limitaciones en la eficiencia alcanzable en la generación de electricidad, el aumento en el precio de los combustibles fósiles, la nueva reglamentación ambiental, la reducción en la demanda de electricidad y la entrada de tecnologías nuevas de generación utilizando fuentes renovables.

Dicho de otra manera, el modelo de producir y vender electricidad cambió hace 45 años. Pero en Puerto Rico la AEE siguió haciendo las cosas como siempre las había hecho. Por tanto, no debe sorprendernos que es necesario transformar radicalmente la AEE.

Ahora bien, la reforma del sistema energético de Puerto Rico tiene que ser bien pensada, estratégica, y seguir una secuencia lógica, más aún cuando la AEE enfrenta simultáneamente los retos de la reconstrucción del sistema eléctrico después del Huracán María, la reestructuración de su deuda bajo el procedimiento del Titulo III de PROMESA, una baja sustancial en la demanda por sus servicios, y la posible privatización, total o parcial, del sistema eléctrico que ha sido administrado y operado como un monopolio por más de setenta años.

Dada esa situación, recomendamos que se implemente el siguiente proceso para transformar nuestro sistema energético:

Primero, la Comisión de Energía para Puerto Rico, trabajando en conjunto con la AEE, debe actualizar el Plan Integrado de Recursos del 2016 de manera que se tome en consideración los eventos meteorológicos del 2017 y se establezcan metas y objetivos con respecto a la capacidad de generación necesaria, la estructura tarifaria y de precios a cobrarse a los consumidores, los estándares para reconstruir la red transmisión y distribución, y la incorporación de energía renovable a la red, entre otros objetivos importantes.

Segundo, partiendo del Plan Integrado de Recursos, determinar la modalidad de privatización y la estructura de mercado óptima para lograr las metas y objetivos establecidos en ese Plan.

Tercero, la Comisión de Energía deberá establecer unos lineamientos (“guidelines”) para gobernar el proceso de transformación. Entre eestos se deben incluir las cualificaciones que se le exigirán a las compañías que deseen participar del proceso. Aquí es importante prestar atención a la reputación corporativa del licitador, su situación financiera, el desempeño que ha tenido en otras jurisdicciones, y sí ha tenido problemas legales por incumplimiento de contrato o señalamientos de corrupción en otros lugares, entre otros factores.

Cuarto, la Comisión de Energía deberá establecer claramente los criterios que se utilizarán para otorgar los contratos. Entre otros criterios, es importante enfocarse en la capacidad tecnológica de la firma, la experiencia del equipo gerencial, los costos estimados de producción y la solidez financiera para hacer las inversiones de capital requeridas. Sí los contratos son otorgados a compañías sin la experiencia y los recursos adecuados el resultado será el fracaso total del proceso de privatización.

Quinto, una vez se establezcan los parámetros técnicos, a través del Plan Integrado de Recursos; la estructura de mercado óptima para Puerto Rico; las cualificaciones que se le exigirán a las compañías que participen en el proceso; y los criterios para la otorgación de los contratos; entonces la Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico procederá a negociar los contratos pertinentes para implementar la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico.

Sexto, la Comisión de Energía de Puerto Rico deberá emitir un certificado de cumplimiento como condición precedente al cierre de cualquier contrato o transacción. Este requisito es común en los Estados Unidos en los procesos de compra-venta de entidades altamente reglamentadas, por ejemplo, instituciones financieras, compañías de telecomunicaciones, o compañías de radio y televisión. El propósito de este requisito es que la Comisión de Energía certifique que la transacción negociada cumple con los criterios previamente establecidos.

Entonces se comenzaría con el proceso de implementación de la nueva estructura del mercado eléctrico en Puerto Rico.

Desafortunadamente, del P. del S. 860 contiene varias cláusulas que limitan o diluyen la autoridad de la Comisión de Energía en el contexto de la transformación de la AEE.

Por ejemplo, la Sección 6(c) y las Secciones 8, 11, y 12 del proyecto de ley limitan o eliminan los poderes de la Comisión para (1) reglamentar las tarifas y cargos que podrá cobrar una entidad contratante; (2) exigir a la parte contratante el cumplimiento con cualquier proceso, requisito, aprobación, o revisión por parte de la Comisión de Energía de Puerto Rico; y (3) exigir el cumplimiento de cualquier entidad contratante con las disposiciones de cualquier Plan Integrado de Recursos. También se elimina la aplicabilidad de cualquier reglamento promulgado por la Comisión a las Transacciones de la AEE y se elimina el requisito de que cualquier contrato otorgado con respecto a alguna Transacción de la AEE sea evaluado o aprobado por la Comisión de Energía.

La implementación de esas limitaciones sería un grave error de política pública. Y en palabras del Inspector General Interino del Departamento de Seguridad Interna (“DHS”) en una vista pública reciente en el Congreso de Estados Unidos, constituye “una receta para el desastre”. Creo que lo último que deseamos en Puerto Rico después de tanto sufrimiento causado por la lentitud en re-energizar la isla, es provocar otro desastre en el sistema eléctrico causado por reglamentación inadecuada y el funcionamiento deficiente de nuestras instituciones políticas. Recordemos que la crisis energética en California en el año 2000-2001 fue causada por un marco regulatorio deficiente que fue aprovechado por Enron para aumentar las tarifas astronómicamente y resultó en apagones selectivos a través del estado debido a errores humanos, no a eventos de la naturaleza.

En resumen, la reglamentación adecuada del mercado es esencial para obtener los resultados deseados en términos de modernizar nuestro sistema eléctrico, incorporar la generación con fuentes renovables y reducir el costo por kilovatio-hora.

Por: Sergio M. Marxuach

El autor es director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el día 15 de abril de 2018.



perspective view of electricity power lines on blue sky background

Steps towards Energy Transformation in Puerto Rico

The business model for electrical generation companies, including PREPA, traditionally known as “build and grow,” is based on (1) the construction of ever larger and more efficient generating plants using cheap fossil fuels and (2) a constant increase in electrical consumption. This model began to fail, however, in the 1970s due to limitations on the efficiency achievable in the generation of electricity, the increase in the price of fossil fuels, new environmental regulation, a reduction in the demand for electrical power, and the entrance of new generation technologies using renewable energy sources.

To put it another way, the model for producing and selling electricity changed 45 years ago, but in Puerto Rico PREPA went on doing things the way it had always done them. So it should not surprise us that PREPA needs to be radically transformed.

But the reform of the energy system in Puerto Rico has to be well-thought-out, strategic, and it must follow a logical sequence, especially when PREPA is facing a number  of simultaneous challenges: the rebuilding of the electrical system after Hurricane Maria, the restructuring of its debt under the procedures of Title III of PROMESA, a substantial decline in the demand for its services, and the possible privatization, total or partial, of the electrical system that has been administered and operated as a monopoly for more than seventy years.

Given this situation, we recommend implementing the follow process for transforming our electrical system:

First, the Energy Regulatory Commission for Puerto Rico, working in conjunction with PREPA, should update the 2016 Integrated Resource Plan to take into consideration the meteorological events of 2017 and establish goals and objectives for the generation capacity needed, the structure of rates and prices to be charged consumers, the standards for rebuilding the transmission and distribution network and for incorporating renewable energy into that network, and other important objectives.

Second, on the basis of the Integrated Resource Plan, determine the modality to be employed for privatization and the optimal market structure for achieving the goals and objectives set forth in the Plan.

Third, the Energy Commission should establish guidelines to govern the transformation process. Among these guidelines should be the qualifications to be required of the companies who wish to take part in the process. Here, it is important to take into account the bidder’s corporate reputation, its financial situation, its performance in other jurisdictions, and whether it has had legal problems due to breach of contract or accusations of corruption in other locations, among other factors.

Fourth, the Regulatory Commission should establish clear criteria to be used in granting the contracts. Among other criteria, it is important to focus on the firm’s technological capacity, the managerial team’s experience, the estimated costs of production, and the financial solidity for making the necessary capital investments. If the contracts are let to companies without adequate experience and resources, the result will surely be a total failure of the privatization process.

Fifth, after establishing the appropriate technical parameters (via the Integrated Resource Plan), the optimal market structure for Puerto Rico, the qualifications to be required of the companies taking part in the process, and the criteria for granting the contracts, the Puerto Rico Authority for Public-Private Partnerships can proceed to negotiate the contracts necessary for implementing the transformation of Puerto Rico’s electrical system.

Sixth, the Puerto Rico Energy Commission should issue a certificate of compliance as a condition precedent to the signing of any contract or transaction. In the United States this requirement is common in sales of such highly regulated entities as financial institutions, telecommunications companies, and radio and television companies. The purpose of this requirement is to ensure, through a review by the Energy Commission, that the transaction negotiated complies with the previously established criteria.

At that point, implementation of the new electric-market structure in Puerto Rico can begin.
Unfortunately, Senate Bill 860 contains several clauses that limit or dilute the Energy Regulatory Commission’s authority in the context of the transformation of PREPA.

For example, Section 6(c) and Sections 8, 11, and 12 of the bill limit the Commission’s power to (1) regulate the rates and charges that a contracting entity can impose; (2) demand that the contracting party comply with any process, requirement, approval, or review by the Energy Regulatory Commission of Puerto Rico, and (3) demand that any contracting entity comply with the provisions of any Integrated Resource Plan. Likewise, the bill now before the Senate eliminates the applicability of any regulation issued by the Commission affecting PREPA’s Transactions and also eliminates the requirement that any contract let with regard to any PREPA Transaction be evaluated, approved, or endorsed by the Energy Commission.

Implementation of these limitations would be a grave public policy error. Indeed, in the words of the Acting Inspector General of the Department of Homeland Security (DHS) in a recent congressional hearing, it would constitute “a recipe for disaster.” I think the last thing we want in Puerto Rico after so much suffering caused by the slowness in restoring the island’s electric service is to provoke another disaster in the electrical system because of inadequate regulation and the unsatisfactory functioning of our political institutions. We should remember the energy crisis in California in 2000-2001 caused by a weak regulatory framework that was taken advantage of by Enron in order to raise its rates astronomically. This crisis resulted in rolling blackouts across the state due to human error, not natural events.

In summary, adequate regulation of the market is essential if we are to obtain the desired results with respect to modernizing our electrical system, incorporating renewable sources of energy into our generation system, and reducing the cost per kilowatt-hour.

By: Sergio M. Marxuach

The author is the Policy Director at the Center for a New Economy. This column was originally published in El Nuevo Día on April  15th, 2018.

Es hora de abrir la chequera del gobierno al escrutinio público

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Desde una perspectiva de buena gobernanza pública, resulta inaceptable que el gobierno de Puerto Rico no haya divulgado todavía sus Estados Financieros Auditados (“CAFR” en inglés) para el año fiscal 2014. Es preciso que Puerto Rico publique estos informes lo más pronto posible, o al menos que explique públicamente de forma clara, detallada y coherente las razones por las que no ha podido hacerlo.

Ahora bien, los CAFR ofrecen una radiografía del estado de las finanzas públicas al cierre del año fiscal 2014. Lo que es verdaderamente crucial para todos – el pueblo, los contribuyentes, los empleados públicos, los acreedores, el gobierno federal – es saber si el gobierno tiene suficiente efectivo hoy para cumplir con todas sus obligaciones. READ MORE

It’s the Cash Flow, Stupid!

Balancing the Accounts
By: Sergio M. Marxuach

Puerto Rico’s failure to publish its Comprehensive Annual Financial Report (“CAFR”) for fiscal year 2014 has generated all sorts of speculation and harebrained theories—from accusations of incompetence to frankly ridiculous conspiracy allegations.

In our view, this issue, while clearly important, has been blown out of proportion. Timely publication of the CAFR is both essential to keep investors adequately informed about the financial health, or lack thereof, of the Puerto Rican government and necessary to hold accountable those in charge of Puerto Rico’s finances. READ MORE

Cuentas claras

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Por: Nuria Y. Ortiz Vargas

Puerto Rico: la isla estrella. Puerto Rico lo hace mejor. Entre slogans, campañas vistosas y ventajas contributivas, los gobiernos de turno intentan diferenciarse de las miles de jurisdicciones donde compañías en crecimiento podrían establecerse. En un contexto global en que la competencia por atraer inversión económica es cada vez mayor, la estrategia primordial ha sido ofrecer a las corporaciones incentivos económicos y fiscales  para hacer de Puerto Rico un destino atractivo y competitivo.

Indudablemente la inversión de capital, local y extranjero, es medular para lograr desarrollar nuestra economía.  Pero a pesar de que esta estrategia se ha utilizado por décadas, en Puerto Rico no se sabe con certeza qué créditos, exenciones, exclusiones, y leyes particulares han sido efectivos y cuáles no.  Además, la cantidad de leyes que ofrecen tratamiento preferencial a diferentes tipos de actividad económica han convertido nuestro sistema contributivo en un colador, con cientos de huecos por donde se escapan los recaudos y cada vez menos ingresos al fisco.

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A oscuras no

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Por: Jennifer Wolff

El anuncio reciente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a los mercados financieros sobre un aumento en sus tarifas para los años fiscales 2018 y 2019 es un ejemplo de la lógica retorcida con que se maneja la cosa pública en estos días. Se cuecen asuntos medulares a puertas cerradas, se discuten con asesores, técnicos, y firmas de inversión, mientras el público al que le tocará pagarlos, sufrirlos, o ejecutarlos permanece a oscuras de lo que se trama a sus espaldas.

Si bien la opacidad ha sido una característica de la gestión pública en la isla, la crisis fiscal del gobierno parece haber agudizado la práctica, ejecutada ahora con prisa por parte de los oficiales, y recibida con cansancio por parte de un público agobiado por la falta de agua, el “IVU agrandado” y la enorme complejidad del asunto fiscal. READ MORE

El discreto encanto de la frugalidad

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Hablar de frugalidad en Puerto Rico es algo complejo. No compartimos como pueblo una definición clara del término. Durante demasiado tiempo ha reinado la percepción de que ser frugal es sinónimo de tacañería. Hemos confundido lo necesario con lo deseado y, gracias a las múltiples avenidas habidas para acceder al dinero (prestado, trabajado en la economía formal o informal o transferido como asistencia social) nos creímos que nuestras identidades estaban íntimamente ligadas al consumismo de lo último en el mercado.

Frugalidad es una filosofía de vida que predica que se puede vivir con lo justo. O sea, gastar sólo lo necesario y ahorrar en la mayor medida posible. Se trata, al fin y al cabo, de optimizar los recursos para evitar malgastarlos en lo innecesario. En lenguaje sencillo, la frugalidad nos proporciona una sensatez en el consumo, algo que no ha sido uso y costumbre en nuestros estilos alegres personales y colectivos. READ MORE

IVA

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Por: Miguel A. Soto Class

Luego de un análisis profundo y clínico tanto del informe de KPMG como del proyecto de ley de administración para cambiar el código contributivo, y a pesar de estar de acuerdo con muchas de las propuestas incluidas, mi conclusión es que sería perjudicial para el País aprobar esa reforma contributiva en este momento.

Mi opinión esta basada principalmente en tres razones.

Primero, el proceso para analizar el proyecto ha sido muy atropellado, nada transparente y a espaldas del Pueblo.  Desde el inicio no se quiso compartir con la ciudadanía el informe de los consultores de KPMG en el cual se basaba la reforma y el cual había sido pagado con fondos públicos.  A pesar de un llamado amplio de voces del sector ciudadano, de organizaciones no-gubernamentales, de prominentes representantes del sector privado y de sindicatos y hasta de algunos del sector público, Fortaleza mantuvo su postura de secretividad y no fue hasta que un tribunal obligó hacer público el informe que se hizo. READ MORE

Esconder

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Por: Miguel Soto Class

En los últimos días el tema más candente en la opinión pública ha sido la decisión del gobierno de no hacer público el estudio en el cual están basando una abarcadora reforma contributiva que afectara a todos los contribuyentes de Puerto Rico.  El grupo de voces que clama por que no se le esconda al pueblo esa información ha crecido vertiginosamente e incluye periodistas, organizaciones cívicas y no-gubernamentales, entidades empresariales, organizaciones comunitarias, y hasta algunos políticos ilustrados.

No es para menos pues el tema de la transparencia gubernamental es uno de los temas más cruciales para cualquier democracia.  De hecho, no puede existir democracia sin transparencia pues el sistema se basa precisamente en permitir que la ciudadanía decida y eso solo funciona plenamente si se le provee al Pueblo la información necesaria para tomar una decisión informada.

Ante esta situación, son muchos los que piden se presente una demanda legal contra el gobierno para obligarlos a revelar y hacer pública la información que nos esconden.  Hay una gran y noble tradición internacional de ciudadanos demandando a sus gobiernos en los tribunales para exigirle cumplan con sus propias leyes.  Y en las democracias ese derecho es uno de los más importantes que tenemos como ciudadanos. READ MORE

Reforma, información y transparencia

Magnifier over Figures

Por: Sergio M. Marxuach

Recientemente la administración de turno ha comenzado a divulgar selectiva y parcialmente algunos de los detalles de su propuesta para una reforma contributiva que presumiblemente generaría un alivio contributivo significativo. De acuerdo con la información que se ha divulgado en la prensa, los individuos con un ingreso devengado menor de $35,000 y los casados con ingresos devengados menores de $70,000—aproximadamente unos 835,000 contribuyentes—no tendrían que pagar impuestos sobre sus ingresos. Además, se reducirían las tasas marginales para los contribuyentes que devenguen ingresos en exceso de esas exenciones. El alivio contributivo total para este grupo se estima en unos $354 millones.

Ahora, eso no significa que estas personas no pagarían ninguna contribución. Primero, los patronos continúan obligados a retener un 7.65% de su salario por concepto de Seguro Social y Medicare. Además, los empleados gubernamentales también estarán sujetos a la retención de su aportación a su respectivo plan de retiro.

Más importante aún, se nos informa que el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) sería sustituido por un Impuesto de Valor Añadido (IVA). El IVA, de acuerdo con la información que se ha divulgado hasta ahora, aplicaría básicamente a todas las ventas de bienes y servicios en Puerto Rico con tres excepciones: bienes y servicios exportados, servicios financieros y el pago por concepto de alquiler de viviendas. Todo lo demás, por ejemplo, las medicinas recetadas, la matricula del colegio de los nenes, y los productos de la canasta básica alimenticia, tales como leche, pan, y huevos, tributaría a una tasa que se estima que como mínimo duplicaría la del IVU, lo que sería al menos un 14%. El gobierno ha anunciado, sin embargo, que “se pondera” establecer un crédito trimestral para mitigar el impacto del IVA sobre los contribuyentes de más bajos ingresos y que dicho crédito podría costar entre $500 y $600 millones. READ MORE

Transparencia

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Por: Miguel Soto Class

Recuerdo que fue durante mi época de universitario cuando me enfrenté por primera vez a una de esas curiosas idiosincrasias puertorriqueñas. En muchas ocasiones necesité estadísticas del gobierno para trabajos de investigación y – para sorpresa de pocos – generalmente me resultaba casi imposible obtenerlas. La agencia en cuestión rehusaba compartirlas, y en vez, contestaba mi pedido con la pregunta, “¿para qué tú quieres eso?”.

Siempre logré conseguirlas – por pala o por maña – pero lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que las agencias no tan solo no compartían las cifras cuando eran negativas: tampoco las compartían cuando eran positivas.

Entonces entendí que en Puerto Rico impera una cultura de secretividad. Uno puede entender que las administraciones públicas, por su componente político, traten de esconder sus fallas y realzar sus logros. Pero cuando aún esconden sus triunfos, y cuando la primera reacción de los funcionarios es de miedo y ocultación, sabes que te enfrentas a una cultura de opacidad y secretividad.

Para ser justos, debemos reconocer que esto no es sólo un problema del gobierno. En muchas ocasiones son los amigos de Wall Street quienes le exigen al gobierno mantener la secretividad de los acuerdos suscritos con ellos, pues no desean que nadie se entere o del trato preferencial que recibieron o del tumbe que dieron. Y típicamente, el gobierno es sumamente dócil ante ese requerimiento de opacidad. READ MORE

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