CNE: La Autoridad de Energía Eléctrica necesita un “árbitro”

noticel

Por: Eva Laureano
Publicado: 10/04/2014 05:58 am

El Centro para la Nueva Economía (CNE), entidad que lleva analizando el tema energético desde el  2005, apoyó el proyecto de reforma energética del Senado por entender que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) necesita de un ente independiente y robusto que le imponga disciplina fiscal, controle grupos de intereses internos, regule las tarifas así como el mercado energético.

(NotiCel Archivo)

El CNE sometió el miércoles una ponencia escrita a la comisión especial de la Cámara que evalúa el proyecto sustitutivo de energía del Senado.

La entidad, dedicada a realizar estudios en profundidad sobre la economía del país, destacó que sin un servicio de energía eléctrica de alta calidad, confiable y a un costo razonable, va a ser muy difícil, por no decir imposible, promover el desarrollo económico de Puerto Rico de manera sostenible y a largo plazo. Para lograr ese objetivo es necesario restructurar a fondo la AEE, la cual funciona como un monopolio auto-reglamentado desde 1941 y también controla y reglamenta el mercado eléctrico en Puerto Rico.

“De entrada, hay que reconocer que la AEE no puede seguir operando como hasta ahora y que tampoco es factible, o deseable, privatizarla o “romperla en mil pedazos” como sugieren algunos”, destacó Sergio Marxuach, director de política pública para la CNE.

Destacó la necesidad de una junta reguladora que haga a la AEE mucho más transparente y que dirima disputas. La controversia reciente con respecto a los contratos de energía renovable hechos por la pasada administración es un ejemplo de este problema. De un lado, la AEE reclama que los contratos la obligan a comprar electricidad producida con fuentes renovables a unos precios muy altos y que algunos contratos fueron otorgados a “especuladores” sin ninguna experiencia en o conocimiento de la industria energética, según Marxuach.

Del otro lado, la Asociación de Productores de Energía Renovable dice que los contratos fueron negociados a precios razonables y comparables con los precios en otras jurisdicciones.

El público en general, sin embargo, no puede evaluar objetivamente los argumentos en esta controversia porque la AEE es una agencia poco transparente, que tradicionalmente le ha mentido a sus clientes y no tiene interés en los contratos de energía renovable, dijo Marxuach.

A la misma vez, los miembros de la Asociación de Productores de Energía Renovable tienen un obvio interés financiero en que la AEE honre sus contratos, no importa cuán onerosos sean sus términos y condiciones.

“El problema es que no existe un ente que sirva de árbitro en esta disputa, que tenga la autoridad y el peritaje para determinar cuáles de estos contratos promueven los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y cuáles se otorgaron utilizando otros criterios”, dijo.

De otra parte, Marxuach destacó que en la AEE existen entes internos o grupos organizados que se benefician del status quo mientras que los consumidores están desorganizados y los costos de actuar colectivamente exceden el beneficio individual que recibiría cada uno.  El problema de fondo, entonces, no es uno tecnológico o meramente financiero, sino uno mucho más complicado de economía política, específicamente de balancear los distintos grupos, destacó.

Según la CNE hace falta la creación de una comisión reguladora independiente que proteja los intereses del consumidor; establezca y revise las tarifas anualmente; apruebe los planes de expansión de capital; promueva la transición a energías renovables; y supervise el mercado eléctrico.

También dijo que cualquier medida de reforma debe de establecer guías claras para la protección del interés público, los parámetros operacionales y de eficiencia para la corporación; la remuneración de la gerencia y el personal; la división de los roles en la administración pública; las reglas para gobernar la relación entre la junta de directores de la corporación; la gerencia; y el estado como propietario.

La medida debe desarrollar una política que reconozca y proteja a los “stakeholders”, desarrollar parámetros de transparencia y divulgación y diseñar un mandato claro a la junta de directores de la corporación sobre su rol para formular y supervisar la estrategia corporativa dentro de los objetivos trazados por el Estado.

Partiendo de estas premisas, la CNE recomendó que en primer lugar, que el gobierno de Puerto Rico establezca una política pública mediante la cual defina cómo va a ejercer sus poderes como accionista y dueño de la AEE.  Eso incluye  delinear los requisitos mínimos operacionales y de eficiencia para la AEE, así como el calendario para su cumplimiento, sentar la política pública con respecto a la remuneración de la alta gerencia y el personal clave de la AEE; y establecer las reglas que gobernarán la relación entre la junta de directores de la AEE, la gerencia, y el estado como accionista.

Segundo, la CNE dijo que hay que reestructurar la Junta de Gobierno de la AEE para separar las funciones de la gobernanza corporativa de la funciones de la regulación del mercado eléctrico en Puerto Rico.  La Junta de Gobierno de la AEE se encargaría de ejecutar y llevar a cabo las funciones típicas de una junta de directores en cualquier corporación.

Tercero, la CNE pidió que se reestructure la composición de la Junta de Gobierno de la AEE para que un tercio de sus miembros sean representantes del estado, un tercio sean representantes de los trabajadores de la AEE, y un tercio sean representantes del sector privado.

En torno a la entidad regulatoria, Marxuach dijo que debe ser independiente y robusta, que tenga los recursos necesarios y la debida autoridad legal para fiscalizar ya sea un monopolio público – como en el caso de Puerto Rico – o un  mercado abierto a la competencia, como se ha hecho en muchas partes del mundo. Esta entidad debe operar con la menor intervención gubernamental posible y asegurar el marco regulatorio en el caso que se abra la generación de energía a la competencia.

El CNE ha estado trabajando con el Regulatory Assistance Project para estudiar las mejores prácticas de entes regulatorios. Dijo que entre los poderes que debe tener la entidad reguladora están desarrollar y establecer tarifas, desarrollar las políticas de las personas que participan dentro del sistema, desarrollar estándares de eficiencia, tiene que tener autoridad para realizar la planificación del sector, crear y hacer valer las reglas para proteger al consumidor y poder hacer investigaciones.

“Un regulador robusto e independiente es crucial para asegurar el interés público frente a un ente tan opaco y arbitrario como la Autoridad de Energía Eléctrica y para asegurarle a Puerto Rico todo un abanico de opciones futuras: desde integrar nuevos productores de energía al sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica, como se hace al momento, hasta abrir ciertas áreas a competencia. Recalcamos que resulta imperativo que ese cuerpo regulador tenga autoridad estatutaria real para supervisar y regular a la Autoridad de Energía Eléctrica y todo el sector eléctrico.  De lo contrario, la reforma será meramente cosmética, y prevalecerán la inercia y el estatus quo”, indicó Marxuach.

Pidió que no se ponga el área de energía bajo mandato de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones por ser dos industrias diferentes.

Dijo que los opositores a la creación de una junta reglamentadora usualmente recurren a tres argumentos en su contra. Estos son el alegado menoscabo de los derechos contractuales de los bonistas; la posible degradación del crédito de la AEE; y que cualquier junta reglamentadora estaría sujeta a ser capturada por la AEE o por algún grupo de interés especial.  .

Según la CNE, el primer argumento es uno débil porque junta reglamentadora tendría que considerar el servicio de la deuda de la AEE como uno de los costos fijos de la AEE al momento de aprobar las tarifas.

Sobre que la creación de una junta reglamentadora resultaría en otra degradación de los bonos de la AEE, un argumento esbozados por los directivos de la AEE,  Marxuach dijo que tiene mucho sentido ya que a largo plazo resulta en el mejor interés de los bonistas que la AEE sea más eficiente y sostenible.

Marxuach también rechazó el argumento de que cualquier junta reglamentadora podría ser capturada por la AEE o por algún grupo de interés especial.  “El establecimiento de una junta reguladora independiente con los recursos humanos, legales, y financieros adecuados, abriría el sistema eléctrico; corregiría sesgos en la política pública a favor de grupos particulares; y reduciría las ineficiencias generadas por la intervención de esos grupos”, sostuvo.

No obstante, el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, dijo que se hará una junta reguladora independiente pero que la misma estará bajo la JRT. Esta junta se espera que opere con dinero proveniente de la misma AEE o $5.8 millones.