Ajustando la AEE

En días recientes se ha suscitado un caldeado debate público sobre el tema de la factura que pagamos por el consumo de energía eléctrica. Para el cliente residencial promedio, que no disfruta de subsidios ni créditos, dicha factura consiste de cuatro componentes.


Primero, la AEE cobra un cargo fijo de $3.00 a todos sus clientes independientemente del consumo.

Segundo, se cobra una tarifa básica que a su vez tiene dos componentes: los primeros 425 kWh de consumo se cobran a 4.35 centavos; y el consumo en exceso de 425 kWh se cobra a 4.97 centavos por kWh. Esta tarifa básica no se ha modificado desde 1989 debido a razones políticas.

Tercero, la factura incluye un ajuste por la energía que la AEE le compra a las dos generadoras de electricidad privadas que operan en Puerto Rico. Este ajuste se calcula utilizando una fórmula que contiene unos factores para recobrar lo que la AEE le paga al gobierno por concepto de contribuciones en lugar de impuestos y el costo de la energía perdida y sin contabilizar, incluyendo la electricidad que no se puede facturar debido al robo de la misma.

Cuarto, a la factura se le suma el ya notorio ajuste por combustible que también se calcula utilizando una fórmula que incluye unos factores para recobrar lo que la AEE paga por concepto de contribuciones en lugar de impuestos y la energía perdida y sin contabilizar.

A manera de ejemplo supongamos que un cliente residencial de la AEE consume 1,000 kWh durante un mes. Si utilizamos los valores para los ajustes por compra de energía y combustible de una factura reciente, nuestro cliente hipotético tendría que pagar lo siguiente: (1) $3.00 de cargo fijo; (2) $18.49 por los primeros 425 kWh de consumo; (3) $28.58 por el consumo en exceso de 425 kWh; (4) $37.69 por el ajuste por compra de energía; y (5) $208.52 por el ajuste por combustible. Por tanto, la factura total suma unos $296.28, equivalente a un costo por kWh de 29.62 centavos, el costo más alto por kWh desde julio de 2008 cuando el precio del petróleo llegó a $147 por barril. Actualmente el precio del barril está cerca de $88.

Es evidente que la estructura tarifaria actual de la AEE es complicada, difícil de entender, injusta, e ineficiente. El nivel de complicación y dificultad hace imposible que el consumidor promedio entienda y mucho menos que pueda criticar inteligentemente lo que se le está cobrando. Las llamadas a programas de radio y las cartas a los periódicos por parte de consumidores frustrados es la evidencia más fehaciente de este problema. El mismo secretario del DACO admitió recientemente que no entiende como funciona la fórmula del ajuste por combustible.

La tarifa es injusta porque la AEE incrementa la factura a la mayoría de sus clientes para (1) subsidiar el consumo de ciertos grupos favorecidos arbitrariamente por legislación; y (2) para recobrar el costo de la electricidad que no se puede facturar debido al robo de la misma. Estas prácticas de facturación son patentemente inmorales ya que tratan a justos y pecadores por igual.

La estructura tarifaria también es ineficiente por varias razones. Primero, no provee ningún incentivo para que la AEE controle sus costos ya que se los puede pasar en su totalidad a sus clientes. Segundo, las fórmulas de ajuste se utilizan para ocultar el costo real de los créditos, subsidios, y tarifas especiales que a los políticos les encanta legislar. Finalmente, no fomenta ni promueve la conservación de energía, especialmente por parte de los municipios.

La legitimidad indiscutible de estos planteamientos no implica, sin embargo, que la estructura tarifaria de la AEE se deba cambiar abruptamente, sin el debido estudio y la planificación adecuada. Cambiar una estructura tarifaria defectuosa por otra igualmente mala no resuelve nada.

Por otro lado, no es cierto que los compromisos que la AEE ha contraído con sus bonistas impiden que se pueda cambiar la manera en que ésta nos factura. Ninguna corporación, sea pública o privada, se administra exclusiva o primariamente para el beneficio de sus acreedores, un grupo que incluye a los bonistas. Obviamente, pagar lo que se le debe a los acreedores constituye una parte integral de la buena administración de cualquier negocio, pero para satisfacer esa obligación es suficiente cumplir con lo que se ha prometido. Dicho de otra manera, no hay que pagar de mas ni de menos. En el caso de la AEE, el convenio tarifario principal con los bonistas es que la AEE facture lo suficiente para (1) cubrir los gastos operacionales del sistema y (2) generar una cantidad igual al 120% del pago de interés y principal que se vence el próximo año fiscal.

En nuestra opinión, es posible cumplir con los bonistas y cambiar el marco regulatorio que gobierna el sector eléctrico en Puerto Rico para modernizarlo, simplificarlo, y hacerlo mas justo y eficiente. Existen decenas, por no decir centenares, de modelos regulatorios exitosos alrededor del mundo. Por ejemplo, en California la regulación existente fomenta la conservación y el uso eficiente de la energía penalizando a las compañías generadoras cuando el consumo se excede de cierto nivel estipulado por la agencia reguladora y permitiéndoles aumentar sus ganancias cuando el consumo es menor al nivel establecido. ¿Por qué no podemos aprender en Puerto Rico de las mejores prácticas regulatorias de Estados Unidos, Europa, y Asia?

Lo primero que tenemos que hacer para mejorar nuestro sistema eléctrico es crear un ente regulador independiente que fiscalice rigurosamente las operaciones de la AEE. Esta junta podrá, entre otras cosas, estudiar cuidadosamente las opciones energéticas para Puerto Rico y presentar enmiendas radicales a la ley orgánica de la AEE. Ha llegado la hora de ajustar las operaciones de la AEE al siglo 21.


Créditos: Ajustando la AEE

Por: Sergio M. Marxuach | Director de Política Pública, Centro para la Nueva Economía
Publicación: El Vocero | 22 de septiembre de 2011

Category: CNE Blog, News, Print · Tags:

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