Publicado el 27 de junio de 2013

Miguel A. Soto-Class

El mes de junio trae siempre la misma fuente de ansiedad. Y no me refiero a qué hacer con las nenas durante las vacaciones de verano. A lo que me refiero es a la tragicomedia anual de cómo allegar recursos a las defalcadas arcas públicas y cuadrar el presupuesto gubernamental. Este año, a pesar de las medidas correctivas que se han tomado para subsanar las deficiencias del Sistema de Retiro y mantener la credibilidad ante las casas acreditadoras, la situación es particularmente crítica. La deuda pública equivale casi al Producto Nacional Bruto, los mercados financieros tienen cada vez menos paciencia, y nuestro andamiaje institucional y político parece ser incapaz de aportar soluciones efectivas y mucho menos duraderas. Vivimos de crisis en crisis, poniéndole parches a un dique que estalla por todas las esquinas.

Es preciso abordar el problema en su fondo. Correr el gobierno de Puerto Rico y proveer el nivel actual de servicios cuesta $10,400 millones al año mientras que los ingresos apenas llegan a poco más de $9,600 millones. Esto se llama “déficit estructural”, y este año ronda los $775 millones. Hasta ahora nuestra respuesta para atajar este hueco era acudir al mercado financiero y tomar prestado lo que hiciera falta. Pero la deuda pública ya ronda los $70,000 millones, y hay mucha incertidumbre en cuanto a nuestra capacidad de cumplir con todas las obligaciones.

Este año, el Ejecutivo propuso alrededor de $1,000 millones en nuevos impuestos, pero el juego político, las protestas de los grupos afectados y la simple irrealidad de algunas de las ideas han dejado un cuadro incierto, incoherente y desarticulado. La amnistía contributiva apenas ha recaudado una cuarta parte de los ingresos proyectados; el sector de negocios no tiene idea del monto y la forma en que se van a aplicar los nuevos impuestos, y la capacidad de maniobra del Gobierno para recortar gastos está seriamente limitada porque una parte importante de los recursos ya están comprometidos con pagar lo que ha tomado prestado en años anteriores.

Así que otra vez el mes de junio nos agarra en un nuevo intento -desesperado y fútil- de rearmar el presupuesto gubernamental. La realidad es que el dique no aguanta más parches: tenemos que buscar una solución permanente, ampliando las fuentes de ingreso del Gobierno, no de forma improvisada, caótica y confusa como se hace todos los años, sino de una manera coordinada, coherente y duradera.

En el Centro para una Nueva Economía hemos propuesto insistentemente desde el 2006 la necesidad de realizar una reforma contributiva profunda y completa, que estabilice las finanzas públicas, captando recursos en áreas que ahora permanecen al margen, y brindándole racionalidad al sistema.

Entre los componentes principales de esta reforma debería estar la revalorización del impuesto a la propiedad, la simplificación del impuesto al consumo y la imposición de un gravamen al valor añadido. No somos los únicos que estamos haciendo este llamado. En el 2010, varios reconocidos economistas desarrollaron para la Fundación del Colegio de Contadores Públicos un destacado estudio que sentaba las bases para una reforma integral del sistema.

Así que una vez pasadas las ansiedades presupuestarias de este año, hay que pensar a largo plazo. Propongamos que este sea el último presupuesto improvisado de Puerto Rico y empecemos desde ahora a desarrollar una reforma contributiva y fiscal para nuestro gobierno que sea completa, integral y coherente. Nosotros nos apuntamos como siempre para contribuir y colaborar. Quedan emplazados nuestros gobernantes a ver si logran ejercer el liderato necesario.

Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 26 de junio de 2013.