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La necesidad de reducir el costo de la electricidad en Puerto Rico, junto a la fragilidad financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica, hacen impostergable la creación de una junta reguladora del sistema eléctrico que logre cambios profundos en la forma en que opera la Autoridad, le imponga disciplina, y controle la conducta depredadora de los grupos de interés internos y externos que se benefician de la situación actual.

El Centro para una Nueva Economía le sometió a la Comisión Especial para una Nueva Política Energética de la Cámara de Representantes los criterios que debe tener la junta reguladora de electricidad sea efectiva:

• Autoridad legal para revisar tarifas, regular el mercado de electricidad en Puerto Rico, imponer métricas de eficiencia, y fiscalizar, incluyendo la imposición de limites de tiempo, el cumplimiento con las mismas por parte de la AEE.
• Exclusividad sobre la industria eléctrica. No se debe incluir el área de energía al mandato de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. La complejidad del sistema eléctrico requiere la atención a tiempo completo de un regulador con todos los recursos necesarios para llevar a cabo su misión.
• Independencia de los políticos y de los grupos de interés internos y externos a la corporación que se benefician de la situación actual.
• Recursos para que cuente con el peritaje, los recursos humanos y financieros, y el apoyo institucional necesario para llevar a cabo su complicada misión.