Acuerdo entre la AEE y LUMA: ¿Dónde estamos ahora?

Acuerdo entre la AEE y LUMA: ¿Dónde estamos ahora?

Publicado el 13 de septiembre de 2022 / Read in English

Sergio portrait
Director de Política Pública
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Vivimos en un mundo complicado y muchas veces confuso. Cuando nos enfrentamos a esta realidad es de esperarse que las personas simplifiquen demasiado lo que son en realidad problemas complejos. Entonces, dividimos las soluciones a los problemas económicos, políticos o sociales en dos grupos y con un fuerte suspiro de alivio nos posicionamos decididamente a favor de este conjunto de soluciones y definitivamente en contra de aquel otro grupo de propuestas. Aunque esa simplicidad puede ayudar a que nos sintamos mejor, este tipo de pensamiento binario no es útil en la búsqueda de soluciones reales a problemas difíciles. Lo que suele ocurrir es que el discurso público se convierte en una gritería entre los que están ferozmente a favor de una “solución” y los que están rabiosamente en contra. Mientras los grupos opuestos hablan sin escucharse, apenas se reflexiona y menos aún se analiza el verdadero problema.

Esta es precisamente la situación con respecto al acuerdo de alianza público-privada entre el gobierno de Puerto Rico y LUMA. En días recientes, el debate público sobre este tema se ha convertido en una pelea a gritos entre los que apoyan a LUMA y los que están en contra. Pero parafraseando al Papa Francisco, quien sabe una que otra cosa sobre negociaciones difíciles, reducir la compleja realidad a simples binarios es el resultado de un pensamiento mediocre y cuando nos enfrentamos a un esquema mental tan reductivo y parcial debemos intentar trascenderlo y ver el mundo como es con toda su maravillosa y confusa complejidad.

En el caso del acuerdo entre LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”) tras 15 meses de operación, está claro que el desempeño de LUMA no está a la altura de las expectativas. Tanto el Negociado de Energía de Puerto Rico (“NEPR”) como la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (“Autoridad P3”) han criticado varios aspectos del funcionamiento de LUMA. Hasta ahora LUMA: ha sobrepasado sus presupuestos; no ha cumplido con las métricas clave de rendimiento en cuanto a la duración y la frecuencia de los apagones; está atrasada en el cumplimiento de ciertos objetivos de mantenimiento (por ejemplo, el control del crecimiento de la vegetación alrededor de las líneas importantes); y ha mostrado poca evidencia de que esté logrando los ahorros que alegó que generaría con una administración más eficiente del sistema de transmisión y distribución (“Sistema de T&D”). Por lo tanto, corresponde al gobierno de Puerto Rico defender los intereses del pueblo puertorriqueño.

Sin embargo, esta no es la historia completa. Aunque simpatizamos y apoyamos plenamente que se exija un servicio eléctrico más barato y fiable en Puerto Rico, la realidad objetiva es que no se puede culpar a LUMA de todos nuestros problemas de energía eléctrica. El sistema de transmisión y distribución, si bien es funcional, se encuentra en un estado frágil desde 2018 cuando finalizaron las reparaciones de emergencia relacionadas con los daños causados por el huracán María.

Además, la flota de generación de la AEE, con la excepción de un puñado de unidades que han sido adaptadas para quemar gas natural, no ha sido modernizada. Sigue dependiendo mayormente del petróleo y el diésel para la generación de electricidad. Esto significa que Puerto Rico está a la merced de los mercados del petróleo y el gas natural, que se han visto perturbados recientemente por la rápida recuperación de la actividad económica que se afectó por la pandemia de COVID-19, el crecimiento rápido de la demanda energética relacionado con el aumento post-pandémico en el consumo de bienes manufacturados (en lugar de servicios), otras limitaciones globales en el suministro de energía y la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Por lo tanto, una porción de los apagones, al menos los relacionados con el estado remendado de la red, y los aumentos en las facturas, que son en su mayoría, por no decir en su totalidad, una función de los aumentos de los costos del combustible, no pueden ser debidamente imputados a LUMA.

Ante esta complicada realidad, el gobierno de Puerto Rico tiene varias opciones, algunas de las cuales exploramos y explicamos en nuestro informe de Política Pública más reciente. Para resumir, la contestación a quienes preguntan si se puede cancelar el contrato de operación con LUMA es que sí. El contrato prevé varias formas para hacerlo.

Quizás la más sencilla, en términos procesales, sería simplemente no solicitar la extensión del período interino de operación que finaliza el 30 de noviembre. El Acuerdo Suplementario actualmente en vigor establece la cancelación automática de ambos acuerdos (tanto el Acuerdo de Operación y Mantenimiento (“Acuerdo de O&M”) como el Acuerdo Suplementario) en esa fecha, a menos que el gobierno de Puerto Rico solicite extender su efectividad.

Sin embargo, cada solución propuesta conlleva algunas consecuencias que deben ser analizadas de antemano para evitar errores o empeorar lo que ya es una situación difícil. En el caso del escenario que acabamos de describir, el vencimiento automático de los acuerdos desencadenaría una serie de eventos.

En primer lugar, conforme a la Sección 7.2(c)(i) del Acuerdo Suplementario, la AEE tendría que pagar a LUMA una tarifa de cancelación, que en este caso sería igual a la Tarifa de Servicio del Período Interino (véase la Sección 4.2(d) del Acuerdo Suplementario). La Tarifa de Servicio del Período Interino es de $115,000,000 en dólares de 2020, ajustados por inflación.

En segundo lugar, el vencimiento de ambos acuerdos activaría el reloj del Período de Transición de Cierre (“Back-End”), que podría durar hasta doce meses y durante el cual LUMA terminaría sus operaciones y las transferiría a un operador sustituto. La AEE sería responsable también del pago de una Tarifa de Transición de Cierre (“Back-End”) para cubrir el costo de las operaciones de LUMA durante este período.

El problema con este y cualquier otro escenario de cancelación, es que parece que no hay candidatos para ser el operador sustituto del Sistema de T&D. Es decir, parece que no hay un Plan B. ¿Quién se encargará entonces del Sistema de T&D de Puerto Rico?

Devolver la operación del Sistema de T&D a la AEE, una corporación extremadamente corrupta e ineficiente, sería un retroceso, en vez de progreso hacia el cumplimiento de los objetivos energéticos de Puerto Rico. Además, la mayoría de los empleados de la AEE con experiencia en transmisión y distribución se han jubilado o se han trasladado a otras agencias gubernamentales. Por lo tanto, incluso si fuera deseable devolver la operación de la red a la AEE, la agencia podría ser incapaz de retomarla.

La alternativa, buscar un nuevo operador según la ley P3 de Puerto Rico sería un proceso engorroso que podría durar hasta dos años. Dada la experiencia con LUMA, nos parece muy poco probable que muchas empresas de talla mundial hagan fila para ocupar su lugar como operador con los mismos términos y condiciones de LUMA. En todo caso, cualquier empresa interesada probablemente buscaría condiciones aún más favorables que las establecidas actualmente en el Acuerdo de O&M. También existe el riesgo de que un operador organizado de la noche a mañana, pero con conexiones políticas obtenga el nuevo contrato, dejando a Puerto Rico con lo peor de ambos mundos: un sistema de transmisión y distribución frágil y un operador incompetente y corrupto. Un escenario que sería absurdo en cualquier otro país, pero que no puede descartarse categóricamente en Puerto Rico hoy en día.

Además, hay que tener en cuenta el impacto que la cancelación del Acuerdo de O&M pudiera tener ahora en el desembolso de los fondos de FEMA y CDBG-DR asignados para la reconstrucción de la red. Lo más probable es que ambas agencias decidan esperar a que se resuelvan los problemas legales y operativos para hacer los desembolsos. Esto significa que la reconstrucción de la red tardaría aún más que los 10 años previstos actualmente.

Por lo tanto, parece que el escenario más práctico es lograr que el Acuerdo de O&M funcione. El debate público actual es un espectáculo secundario porque ambas partes están equivocadas: es igual de irresponsable conceder a LUMA un cheque en blanco como lo es cancelar el Acuerdo de O&M sin identificar un operador sustituto viable. En nuestra opinión, las preguntas clave son (1) ¿por qué LUMA ha sido incapaz de cumplir los objetivos básicos de rendimiento durante los últimos 15 meses?; (2) ¿qué quiere y puede hacer el gobierno al respecto?; (3) ¿qué consecuencias tiene la cancelación del Acuerdo de O&M?; y (4) ¿cuáles son las alternativas viables a LUMA?, es decir, ¿cuál es el Plan B? Estas son las preguntas que estamos haciendo y analizando.

En adelante, recomendamos que la Autoridad P3 contrate a una firma independiente de ingenieros de clase mundial, preferiblemente de Estados Unidos o de Europa, sin conexiones comerciales o políticas con Puerto Rico, para supervisar de manera tenaz e inquebrantable el desempeño de LUMA en relación a sus obligaciones bajo el Acuerdo de O&M.

Por último, advertimos a nuestros lectores que no crean a aquellos que ya están vendiendo soluciones fáciles y ofreciendo falsas esperanzas con la expectativa de obtener beneficios financieros o políticos, o ambos. No hay soluciones fáciles para los problemas energéticos de Puerto Rico. Se necesitarán varios años de trabajo duro y consistente para reconstruir el sistema y reducir las tarifas energéticas. No hay atajos, ni respuestas fáciles, ni salidas directas. La única opción es trabajar hasta lograrlo. De lo contrario, nos enfrentamos al desagradable prospecto de más años de declive económico y estancamiento social que eso conlleva.