Director de Política Pública
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Recientemente, la Junta de Supervisión y Administración Fiscal publicó el informe financiero del gobierno de Puerto Rico correspondiente al segundo trimestre del año fiscal en curso. En la página 8 de ese informe encontramos una gráfica que muestra el nivel del producto nacional bruto de Puerto Rico, a precios constantes de 2017, entre 1990 y 2025 (ver abajo). De inmediato se identifican claramente tres tendencias durante esos 35 años.
Primero, una tendencia al alza entre 1990 y 2006. Segundo, una tendencia a la baja entre 2007 y 2020. Y tercero, un modesto repunte entre 2021 y 2025. Lo que más llama la atención, sin embargo, es que el nivel del PNB en 2025 era el mismo que en 1998, un poco menos de $70,000 millones, a precios de 2017. Aunque la economía creció en algunos años durante ese periodo (1998-2025), la tendencia es claramente una de estancamiento en el mejor de los casos y de contracción en el peor. Esa es la única economía que ha conocido un puertorriqueño que tiene 26 o 27 años de edad. En 2016 hablábamos de una década perdida, hoy es necesario hablar de una generación de puertorriqueños que solo ha conocido crisis.
Ha llovido mucho desde 1998 y aunque los factores que contribuyeron a ese estancamiento son múltiples — la apertura de India y China, la eliminación de la sección 936, la quiebra del gobierno, el Huracán María — lo cierto es que durante ese periodo también dejamos de invertir en nuestra infraestructura física, particularmente la eléctrica. Hoy, en un mundo de transacciones digitales e inteligencia artificial incipiente, tendemos a descontar la importancia de la infraestructura material, pero la realidad es que el acceso a energía confiable y a bajo costo es una condición necesaria, aunque no suficiente, para revertir la tendencia contraccionaria de nuestra economía.
El gobierno de Puerto Rico ya ha tomado algunas medidas para promover la inversión nueva en nuestro sistema eléctrico. Entre estas, se encuentra la Orden Ejecutiva 2025-047 del 22 de septiembre de 2025. Dicha orden, modifica y extiende el alcance del estado de emergencia del sistema eléctrico y establece un proceso expedito para evaluar y negociar contratos de compraventa de energía renovable que cualifiquen para los créditos contributivos federales por inversión en energía renovable, conocidos como “ITC” por sus siglas en inglés. Para cualificar para estos créditos, los proyectos de energía renovable deben iniciar construcción antes del 4 de julio de 2026 o estar en operación en o antes del 31 de diciembre de 2027.
El sistema eléctrico de Puerto Rico necesita una inversión de miles de millones de dólares. En el área de generación, la estrategia más acertada consiste en diversificar las fuentes de energía y promover la energía renovable para reducir nuestra dependencia en combustibles fósiles que no producimos. Y la manera más rápida y eficiente de implantar esa estrategia es aprobando proyectos de generación con energía solar a escala comercial.
Estos proyectos tienen varias ventajas sobre los que usan gas natural. El costo de los paneles solares y las baterías se ha reducido significativamente durante la última década. Mientras los costos de los proyectos de generación con gas natural han aumentado 66% y el tiempo para ponerlos en operación ha aumentado 23%, ambos entre 2023 y 2025, de acuerdo con un análisis de BloombergNEF.
Segundo, la generación con gas natural depende de una vasta infraestructura global para extraer el gas, llevarlo a un puerto donde el gas se transforma en líquido, transportarlo en barco hasta Puerto Rico, y re-gasificarlo una vez llega acá. Infraestructura que no controlamos los puertorriqueños y cuyo uso está sujeto a los vaivenes económicos y geopolíticos globales.
Por último, la disponibilidad de los ITC hace aún más atractiva esta inversión al reducir efectivamente los costos de construcción. Esa reducción en los costos de la infraestructura se traduce eventualmente en energía más barata que ayuda a generar mayor inversión y actividad económica. Todos ganamos. ¿Qué esperamos?