En estos días se habla mucho sobre PROMESA. Se cumplen diez años de la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico. No faltarán los eventos, discursos y protestas para debatir el significado de una década de control externo sobre nuestras finanzas públicas.
Es una conversación necesaria, y espero que sirva para abordar un asunto preocupante: la idea de que dependemos de la Junta para manejar nuestras finanzas, para darnos dirección como país, y para desarrollar conocimiento técnico. Si bien es cierto que la Junta participa activamente en estas facetas, no es cierto que dependamos de ella para ejecutarlas exitosamente.
Lo preocupante es que, después de diez años, parecemos haber internalizado la idea de que las soluciones tienen que venir de afuera porque nosotros no somos capaces de construirlas.
¿Cuándo empezamos a perder la convicción de que Puerto Rico puede hacer cosas grandes? No son fáciles. Requieren disciplina, esfuerzo y perseverancia. Pero como decía Abo, mi abuelo: más vale maña que fuerza.
En 2016, el Congreso decidió que Puerto Rico necesitaba supervisión externa para corregir años de desorden fiscal. Fue una solución impuesta. Una respuesta punitiva a un problema real. Y aunque la Junta ha tenido un papel determinante en las finanzas públicas de la última década, ha dejado pendiente una tarea fundamental: desarrollar nuestra capacidad institucional para gobernarnos mejor.
La pregunta que debemos hacernos no es cuándo se irá la Junta. La pregunta es qué quedará cuando se vaya.
¿Tendremos una legislatura capaz de imponer disciplina fiscal sin supervisión externa? ¿Agencias que planifican más allá del próximo ciclo electoral? ¿Funcionarios públicos con las herramientas y recursos adecuados para administrar y rendir cuentas eficientemente? ¿Ciudadanos que entienden cómo las decisiones fiscales repercuten en sus oportunidades y calidad de vida?
Luego de una década de supervisión externa, poco se ha hecho para adelantar ese trabajo importante.
Y el tiempo apremia. Puerto Rico todavía enfrenta riesgos fiscales significativos. Los fondos federales de recuperación no durarán para siempre, mucho menos si seguimos arrastrando los pies para utilizarlos. Más allá, nuestra realidad es indignante: hay familias y negocios que llevan meses, no días, sin poder contar con algo tan básico como el agua. Y el problema va mucho más allá. La fragilidad de la red eléctrica continúa limitando el crecimiento económico, encareciendo la operación de negocios y afectando la vida cotidiana de miles de familias.
Por si fuera poco, la incertidumbre sobre el financiamiento futuro de programas esenciales como Medicaid sigue presente. Nada de eso desaparecerá con la salida de la Junta.
Frente a estos desafíos, la resignación es una tentación. Con frecuencia repetimos que “Puerto Rico nunca va a cambiar”. Pero la resignación no es un diagnóstico; es un mal hábito.
Lo que hace falta no es otro mecanismo de supervisión, vigilancia y control. Hace falta fortalecer las instituciones que ya tenemos. Las reformas que perduran no son las que se imponen desde afuera. Son las que se construyen desde adentro, con quienes conocen nuestras realidades y el funcionamiento del gobierno. Son las que se convierten en práctica cotidiana y sobreviven los cambios de administración.
Tenemos que prepararnos para el día después de la Junta. No porque su salida resuelva nuestros problemas, sino porque Puerto Rico no puede depender indefinidamente de que otros tomen sus decisiones.
Ese trabajo debe comenzar ahora. Las transformaciones que se imponen a la fuerza rara vez producen cambios acertados y duraderos. Para eso hace falta algo más complejo, sutil y valioso: capacidad, aprendizaje y sobre todo, voluntad.
Por eso, como decía mi abuelo, más vale maña que fuerza.