Puerto Rico’s Pension System: Knocking on Heaven’s Door

This post was originally published on January 27, 2011.

Introduction

The Employees Retirement System of the Commonwealth of Puerto Rico (the “ERS”) is a trust created by Act 447 of May 15, 1951 to provide pension and other benefits to retired employees of the government of Puerto Rico and its instrumentalities. According to the Management’s Discussion and Analysis included in the ERS’s most recent financial statements, the system “since its inception lacked proper planning.”1 The problem was (and to a certain extent still is) that the level of both employer and employee contributions was relatively low and was not actuarially determined, while the level of benefits was statutorily defined and bore no relation to employee contributions or to the investment yield of the systems assets.

In 1973 the benefit structure was “enhanced” without enacting a corresponding increase in contribution levels. As government employment increased in the mid-to-late 1970s, partially in response to the general economic slowdown, the gap between the assets available to pay benefits and the actuarial obligation began to widen.

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Las trampas de la austeridad

La Reestructuración de la deuda con los bonistas locales

Dicen que las crisis no se pueden desperdiciar pues sirven para tomar acción sobre asuntos neurálgicos que usualmente no se atienden de manera adecuada. También se pueden aprovechar para esclarecer cuestiones que resultan escabrosos, difíciles de comprender y también de solucionar. En nuestro caso, el terrible panorama fiscal y económico que enfrentamos nos ha obligado a tratar de entender y atender el tremendo lío en el cual nos encontramos. Esto no es poca cosa. Nuestros embrollos son bastante complejos y aunque parece que algo se ha aprendido, todavía hay temas, como los recortes presupuestarios y otros ajustes fiscales, que se malinterpretan y manipulan con facilidad.

A pesar de que se ha escrito bastante sobre este asunto, aún quedan profundos vacíos de comprensión. En numerosas ocasiones he escuchado a empresarios, políticos y otros comentaristas plantear, con convicción y autoridad, que nos endeudamos demasiado porque se nos fue la mano con el gasto gubernamental, y ahora, para solucionar el entuerto, tenemos que hacer lo opuesto: cortar el presupuesto estatal hasta que recobremos nuestra salud fiscal. Es un argumento llamativo, en parte, porque esboza una relación directa y positiva entre el recato y el bienestar, pero no parece sostenerse ante la evidencia empírica y los mejores postulados macroeconómicos. Según numerosos análisis, las economías maltrechas no se mejoran con recortes sustanciales al gasto público. De hecho, sucede todo lo contrario: la austeridad en tiempos de vacas flacas, especialmente cuando el sector privado carece de dinamismo, tiende a empeorar el panorama.

Quizás un ejemplo que recién me relató el colega y experto en temas de deuda pública Martín Guzmán nos ayuda a entender esto mejor. Pensemos en una taxista cuyos ingresos principales provienen del servicio de transporte que ofrece. Ante un período de estrechez económica, se ve obligada a ajustarse la correa: come menos fuera de su casa, aplaza algunos arreglos en el hogar, se recorta el pelo con menos frecuencia, y así por el estilo. Aunque ha realizado numerosos arreglos presupuestarios, la situación no mejora, porque la mesera, el ferretero y la peluquera, que ven sus ingresos reducirse por la prudencia de la transportista, deciden cortar gastos también, incluyendo tomar menos viajes en taxi. Todos siguen aparentándose el cinturón, los ingresos siguen bajando, pero aún quedan gastos esenciales y deudas que pagar. Eventualmente, la transportista no cuenta con suficientes pasajeros para cubrir sus obligaciones financieras, y tiene que vender el taxi. Atrapada en un círculo vicioso, ha perdido su calidad de vida y el negocio que le daba de comer.

Lamentablemente, la espiral nociva antes descrita no es un mero ejemplo hipotético. Existen numerosos casos, a nivel de países, donde la imposición de la austeridad ha cavado un hoyo más profundo y difícil de rebasar. En Grecia, los acreedores y las instituciones europeas llevan años exigiendo que se aplique un programa de severos recortes al gasto público, mediante la aplicación de condiciones estrictas para aprobar ciertos préstamos. El impacto ha sido trágico. Desde el 2008 hasta la fecha, la economía griega ha ido en picada; han perdido una cuarta parte de su Producto Interno Bruto (PIB) y la tasa de desempleo se mantiene por encima del 20 por ciento. Los residentes de Grecia han vivido en carne propia lo que muchos en la isla no logran entender: no hay tal cosa como “tocar fondo” cuando se desciende aceleradamente por el risco de la austeridad.

Peor aún, una caída económica tan estrepitosa contribuye a que la carga de la deuda se torne más insoportable. Cuando aumenta lo que se debe —y hasta cuando se queda igual— mientras se achica la economía, la proporción entre deuda y producción nacional se dispara y las aguas fiscales suben del cuello a las narices. Esto está sucediendo en Grecia, y en los próximos años, acá enfrentaremos un panorama muy similar.

Esta no es una premonición infundada, pues los números del plan fiscal que sometió el gobierno de Puerto Rico y aprobó la Junta de Control Fiscal (JCF) afirman que la economía seguirá cayendo durante la próxima década. Esto se debe, en gran parte, a que las medidas que buscan aumentar impuestos y reducir gastos públicos tendrán considerables impactos negativos, y por buen rato. Si cae la economía y no se reduce el monto de lo que se tomó prestado, la proporción de deuda a producción nacional bruta (Deuda/PNB) podría aumentar de 104% en el 2017, a 141% en el 2026. En otras palabras, si se sigue la ruta oficialista a la austeridad y no nos quitamos parte de la deuda de encima, estaremos mucho peor que hoy en día.

Ciertamente, algo se puede hacer para no seguir avanzando por el desbarrancadero. Por una parte, resulta imprescindible abogar por una reducción del principal adeudado. Pero determinar cuánto quitar requiere análisis precisos y creíbles que demuestren cómo una reestructuración de la deuda nos ubica en una mejor trayectoria hacia el futuro. Actualmente, estamos trabajando en un estudio que examina detalladamente el plan fiscal de Puerto Rico y ofrecerá propuestas específicas para atender este ángulo de la crisis.

Articular políticas sensatas con respecto al gasto y la deuda es una gestión sumamente necesaria, pero no es suficiente. Aun eliminando todas nuestras obligaciones con los bonistas, no salimos del atolladero porque carecemos de una estrategia de desarrollo que nos ayude a generar oportunidades económicas y aumentar el bienestar nacional. Atender esta apremiante necesidad es la tarea principal de la recién creada Comisión de Crecimiento del CNE.

El estado juega un rol indispensable en la articulación y puesta en marcha de proyectos de desarrollo. Tomando esto en cuenta, uno de los temas de interés de la Comisión es descifrar cómo mejorar el funcionamiento y desempeño de nuestro sector público. Sin lugar a dudas, el despilfarro, los malos manejos y la corrupción han minado la capacidad y efectividad de nuestras instituciones gubernamentales. Pero estos problemas no desaparecerán achicando el aparato estatal a través de privatizaciones y machetazos presupuestarios. Tenemos que evadir las trampas de la austeridad, y repensar críticamente el rol del gobierno para poder mejorarlo, robustecerlo y así asegurarnos que nos ayuda a recobrar el crecimiento.

Por: Deepak Lamba Nieves
Director de Investigación, Centro para una Nueva Economía
@deepakln

Restoring Growth: Forging the Road Ahead – 2017 CNE Conference Proceedings

Growth

CNE’s 2017 Conference was unique in many ways. Puerto Rico’s debt crisis provided an exacting but precious backdrop for a much-needed and multifaceted discussion on the current fiscal policies and the prospects for future structural change.

The two-day Conference consisted of seven events designed to bring the conversation about debt, uncertainty, austerity and growth to a wide variety of groups.

The highlight: the launch of the CNE Growth Commission for Puerto Rico and its first convening in San Juan.

Debt, Austerity and Growth – Joseph Stiglitz in San Juan

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A variegated audience of over one thousand people gathered on April 6, 2017 at the San Juan Symphonic Hall to listen and reflect on Nobel Prize winner Joseph Stiglitz’ words of caution and forward-looking advise regarding Puerto Rico’s economic predicament. Stiglitz is one of 17 experts who conform pro-bono the CNE Growth Commission for Puerto Rico.

Click here to access a complete recording of the event.

Watch the following summary videos:

In introducing Stiglitz, CNE’s President and Founder Miguel A. Soto-Class stressed the need for ample involvement in the process of economic recovery and made an urgent call-to-action.

Stiglitz cautioned against the contractionary effects fiscal austerity measures will have on the island’s economy…

…and urged for growth measures as anchors of any fiscal and debt restructuring plans.

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Growth Amidst Uncertainty: A Free Market Perspective – A Conversation with Steven Davis

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“Historically, the Puerto Rican tax code and regulatory system abound with provisions for special business interests…The result is a complicated web of policy-induced financial incentives that helps sustain a rent-seeking business culture and an overly intrusive role for the government.”
Steven Davis

On April 6, 2017, Steven Davis, Professor of Entrepreneurship and Global Economics and Management at the Sloan School of Management of the Massachusetts Institute of Technology, led a conversation with Puerto Rico entrepreneurs and business leaders on how free markets can help Puerto Rico create a healthier economic climate and foster growth. Davis, who is a pro-bono member of the CNE Growth Commission for Puerto Rico, argued in favor of simplifying regulations affecting the island’s business environment.

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Charting a Path Towards Growth – CNE Growth Commission All-Day Convening

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The CNE Growth Commission for Puerto Rico convened for the first time in San Juan and began to craft an agenda focused on helping the island devise economic development opportunities and strengthen execution capabilities.

The Commission’s vision is based on the premise that – given the demands of a rapidly changing knowledge-based economy and heightened global competition – long-term sustained economic growth is a result of a country’s capability to move into higher value-added activities. Therefore, the Commission understands that any new economic strategy for long-term growth in Puerto Rico ought to be focused on:

  1. Speeding up the process of economic structural change by advancing the economy’s insertion in high-value niches, investing in innovation, and adopting new knowledge and technologies.
  2. Creating the institutional framework to promote this structural change; that is, revamping the institutions whose mission is to promote this transformation.
  3. Devising public policies that help raise the wellbeing of society in an inclusive manner, so that most of its members can benefit from the gains of improved economic performance.

Access the CNE’s Growth Commission Workplan

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Prompting a Far-Reaching Dialogue About Economic Recovery

With the objective of prompting a far-reaching dialogue about the process of economic recovery, the CNE 2017 Conference included also a series of workshops, presentations and meetings with Puerto Rico and US media, University of Puerto Rico students and the general public.

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Endeudando al de aquí: Los préstamos por depósito diferido en Puerto Rico

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La prensa ha reportado recientemente que se ha radicado un proyecto para legalizar la practica de prestamos por deposito diferido o “payday loans.” Una practica abusiva y depredadora que denunciamos en el 2006. A continuación el post y el policy brief que escribimos en aquel entonces oponiéndonos a legalizar el negocio de estos traficantes financieros en Puerto Rico.

En Puerto Rico se está contemplando actualmente legalizar la práctica de otorgar préstamos por depósito diferido, conocida en inglés como “payday lending.” En términos generales, un préstamo por depósito diferido consiste de una transacción crediticia donde un prestamista le ofrece a un consumidor un préstamo a corto plazo a cambio de un cheque personal postdatado con un valor mayor, el cual el prestamista se compromete a no depositar o negociar hasta la fecha de vencimiento del préstamo. Por ejemplo, un prestamista podría otorgar un préstamo de $200 a cambio de un cheque personal del prestatario por la cantidad de $230, el cual el prestamista se compromete a retener sin negociar hasta la fecha del próximo día de pago del prestatario, digamos en catorce días. En este caso el préstamo por dos semanas conlleva un tipo de interés anual (“APR”) de 391%.

Las instituciones financieras tradicionales, por lo general, no ofrecen este tipo de producto a sus clientes. La mayoría de los proveedores de estos servicios son (1) compañías que se dedican exclusivamente a este negocio, (2) establecimientos dedicados a cambiar cheques (“check cashers”) y (3) tiendas de empeño. Hace escasamente 15 años estas compañías de préstamos por depósito diferido no existían en los Estados Unidos. Sin embargo, algunos analistas estiman que actualmente existen 22,000 establecimientos que proveen más de $40,000 millones de préstamos por depósito diferido anualmente.1 Un total de 37 estados han aprobado legislación para permitir este tipo de préstamos. No obstante, existe una gran variación con respecto al grado de reglamentación que les aplica a estos prestamistas.

Sergio M. Marxuach
Director de Politica Publica
24 de marzo de 2017

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O lea el documento a continuación:

La junta en su laberinto

cne-dilemaspLos dilemas del Plan Fiscal

Jorge Luis Borges en “El jardín de senderos que se bifurcan” narra la historia de Ts’ui Pên, un chino erudito que se retira a “escribir un libro” y “construir un laberinto.” Al morir éste deja como legado varios “manuscritos caóticos”. Con el paso del tiempo un profesor descifra el enigma: el libro y el laberinto eran un solo objeto. En su libro, Ts’ui Pên—en contraste con una narrativa tradicional donde una persona enfrentada con diversas alterativas “opta por una y elimina las otras”—opta simultáneamente por todas y “crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan.” En esencia “todos los desenlaces ocurren; cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones.”

De igual manera, los encargados de redactar un plan fiscal a diez años para Puerto Rico comienzan en el mismo lugar que Ts’ui Pên: enfrentando una infinidad de porvenires posibles. Pero, a diferencia de Ts’ui Pên, no pueden optar simultáneamente por todas las alternativas. Los autores tendrán que analizar como interactúan diversas variables económicas, financieras, fiscales y sociales, y escoger un sendero fiscal, entre los múltiples que son factibles, sabiendo que su decisión será a su vez—a través de los efectos en la economía de Puerto Rico—el punto de partida de otros senderos y bifurcaciones fiscales.

DECISIONES DIFÍCILES DEL PLAN FISCAL

El problema es que no existe una metodología puramente tecnocrática, libre de una carga ideológica o filosófica, para determinar si se le otorga prioridad al crecimiento económico, a eliminar el déficit estructural, al pago de la deuda pública, a mantener los servicios públicos esenciales, incluyendo el seguro salud del gobierno, o al pago de las pensiones. Es por eso que en el CNE hemos elaborado, partiendo desde nuestra visión y entendimiento de la economía de Puerto Rico, algunos principios para la preparación del plan fiscal.

El 15 de noviembre enviamos una carta a la Junta de Control Fiscal describiendo esos principios, los cuales resumimos a continuación.

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Las premisas del modelo económico del plan fiscal deben ser absolutamente transparentes

La médula del plan fiscal es un escenario base, que a su vez es función de unas proyecciones de crecimiento económico. Este escenario asume que no hay cambios en las leyes o políticas fiscales existentes. El objetivo es establecer un marco de referencia para estimar el impacto de diversas propuestas de política pública. Por tanto, es extremadamente importante que el modelo económico utilizado para generar el escenario base se haga público y que las premisas utilizadas para su preparación se expliquen y justifiquen adecuadamente.

Restaurar el crecimiento económico debe ser el objetivo principal

Un crecimiento económico robusto es la clave para sufragar los servicios gubernamentales, pagar las pensiones, y para la sostenibilidad de la deuda pública. El segundo paso, por tanto, debe ser el diseño de una estrategia de crecimiento a mediano plazo que identifique sectores donde Puerto Rico tiene, o pudiera tener, una ventaja comparativa y las reformas estructurales necesarias para generar crecimiento. El impacto de esas intervenciones de política pública se puede medir entonces en relación al escenario base. Idealmente, se escogerían políticas que aumenten la inversión, creen empleos nuevos, incrementen el ingreso personal, generen un aumento en los recaudos gubernamentales y produzcan un balance primario positivo (antes de pagar interés y principal) que servirá de punto de partida para negociar con los acreedores.

Cualquier restructuración de la deuda debe ser por una cantidad suficiente para evitar otra renegociación en el corto plazo

Una vez se determina el balance primario estimado para los próximos diez años, se compara esa cantidad con el servicio de la deuda (para ese mismo periodo de tiempo) que depende de impuestos para su repago (las corporaciones públicas se excluyen ya que éstas generan sus propios ingresos) y se calcula la quita necesaria para asegurarnos con un alto grado de probabilidad, digamos 95%, que la deuda se podrá pagar sin tener que tomar préstamos nuevos y que no será necesario renegociarla en el corto plazo. Este último punto es importante; varios estudios han determinado que en más del 50% de las reestructuraciones de deuda durante los últimos cuarenta años ha sido necesario renegociar los términos dentro de un periodo de cinco años. Este resultado no solamente es sub-óptimo sino que también retrasa la recuperación económica al generar un alto grado de incertidumbre.

Evitar o minimizar las políticas de austeridad

La idea de que la implementación de políticas de austeridad tiene efectos positivos en el crecimiento económico ha tenido una larga vida a pesar de toda la evidencia que indica lo contrario. Tan recientemente como el 2010, economistas de la división de investigación del Fondo Monetario Internacional (“FMI”) cuestionaron la sabiduría de imponer políticas de austeridad a países que atraviesan por una crisis fiscal o financiera. Por ejemplo, el World Economic Outlook de octubre de 2010, incluye un análisis que concluye que en países afectados por una crisis fiscal “un recorte en el gasto gubernamental igual a 1% del PNB reduce la demanda doméstica aproximadamente por 1 por ciento y aumenta la tasa de desempleo por 0.3 punto porcentual.” Este análisis fue validado por el propio FMI en el 2011, 2012, y 2013.

Más importante aún, en Puerto Rico la austeridad se ha intentado y ha fracasado. Tanto la Ley 7 del 2009, como la Ley 66 del 2014, impusieron recortes al gasto gubernamental, aumentaron impuestos, congelaron salarios, suspendieron la efectividad de convenios colectivos, y rescindieron contratos, entre otras medidas de austeridad. El efecto, en ambos casos, fue agudizar la contracción económica.

Estipular claramente que cosas son negociables y cuales no

Dada la experiencia en otras jurisdicciones, lo más probable es que los bonistas presenten demandas económicamente irrazonables o socialmente perversas con respecto a la cantidad del balance primario, recortes a los servicios gubernamentales y pensiones públicas, la privatización de activos públicos, y reformas a leyes laborales y al seguro de salud del gobierno. El gobierno de Puerto Rico debe dejar claro desde el principio que es negociable y que no en cada una de estas áreas para evitar la pérdida de tiempo y reducir la ansiedad e incertidumbre entre la población. Sí los efectos económicos de la austeridad son negativos, los efectos sociales son potencialmente explosivos.

Dado todo lo anterior, recomendamos que la próxima iteración del plan fiscal atienda la crisis fiscal en la siguiente secuencia: (1) implementar reformas estructurales para fomentar el crecimiento; (2) reformar las instituciones presupuestarias, fiscales y de política económica; (3) renegociar los términos de la deuda pública; y (4) postergar la implementación de políticas de austeridad, si alguna.

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Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

Memo from a Working Group of the CNE Growth Commission to the Congressional Task Force on Economic Growth in Puerto Rico

Devising economic development opportunities should be one of the most pressing goals for both U.S. and local policy makers. In the following memo, a Working Group of the CNE Growth Commission charts a preliminary vision for addressing the deeper, structural constraints to economic advancement and for spurring economic growth.

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