Publicado el 4 de junio de 2020 / Read in English
Estimado lector:
Esta semana dirigimos nuestra mirada primero hacia nuestros hermanos y hermanas (literalmente para algunos de nosotros) en Estados Unidos, donde la pandemia de COVID-19, el estrés económico y disturbios raciales se han combinado para crear una crisis sin precedentes modernos.
Nuestra sección Análisis de CNE nos trae de regreso a Puerto Rico. Primero, presentamos un breve análisis de la importante decisión de la Corte Suprema de los EE.UU. en el caso de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico v. Aurelius Investment, LLC, que determinó que el nombramiento de los miembros de la Junta de Supervisión no violó la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos.
En segundo lugar, dado que se acerca la temporada de huracanes, anunciamos la publicación de una útil guía de preparación para huracanes desarrollada por ReImagina Puerto Rico, Habitat for Humanity, Enterprise Community Partners y la Asociación de Constructores de Puerto Rico.
Concluimos con una mirada a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y sus afirmaciones de que el sistema eléctrico de la isla está en mejores condiciones ahora que para los huracanes de 2017. Dada nuestra experiencia previa con la AEE, somos escépticos, por no decir más, al comienzo de la temporada de huracanes de 2020. Perdonen nuestra resistencia a suspender la incredulidad.
Hasta la semana que viene, manténganse seguros,
—Sergio M. Marxuach, editor
En nuestro radar...
Enfermedad, desempleo y disturbios sociales: Estados Unidos en crisis – el Washington Post ofrece un buen análisis de la crisis actual. En palabras de los autores, “la persistente disfunción política y la desigualdad racial en los Estados Unidos quedaron al descubierto esta semana, mientras que el número de muertos por coronavirus alcanzó un nuevo hito trágico y el país recibió otro recordatorio de cómo los policías matan a los negros en números desproporcionadamente altos. Juntos, los acontecimientos presentan un cuadro sombrío de una nación en crisis, azotada por la violencia contra sus ciudadanos, plagada por una enfermedad mortal que permanece sin contener y sacudida por un golpe devastador a su economía”.
Oficina de Presupuesto del Congreso: Podría tomar casi 10 años para que la economía se recupere por completo –La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos (CBO, por sus siglas en inglés) en un análisis publicado recientemente “proyecta que durante el período 2020–2030, la producción nominal acumulada será de $15.7 billones (trillion) menos de lo que la agencia proyectó en enero. Esa diferencia constituye el 5.3 por ciento del valor del PIB nominal acumulado para ese período que la agencia proyectó en enero”. En términos de producción real (ajustada por inflación), la “CBO proyecta que en el horizonte de 11 años, la producción real acumulada (en dólares de 2019) será de $7.9 billones, o 3.0 por ciento del PIB real acumulado, menos de lo que la agencia proyectó en enero.”
¿El 2020 es el peor año en la historia moderna de los Estados Unidos? –James Fallows, en el Atlantic, compara la agitación actual con los eventos de 1968, quizás el año más traumático en la historia de los Estados Unidos desde la Gran Depresión. Según Fallows, la “comparación brinda poco consuelo”.
Análisis de CNE
Los nueve jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos
Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) para Puerto Rico v. Aurelius Investment, LLC
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el nombramiento de los miembros de la JSAF no violaba la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos. La Cláusula de Nombramientos establece que el presidente “nominará, y por y con el consejo y consentimiento del Senado, designará embajadores, otros ministros y cónsules públicos, jueces de la Corte Suprema y todos los demás oficiales de los Estados Unidos. . . ” (Art. II, §2, cl. 2). Los miembros de la JSAF fueron nombrados en conformidad con un proceso complicado que no requirió el consejo y consentimiento del Senado.
La opinión de la mayoría, escrita por el juez Breyer, sostuvo que (1) la Cláusula de Nombramientos se aplica a “todos los Oficiales de los Estados Unidos, incluso cuando esos oficiales ejerzan el poder o estén relacionados con Puerto Rico”; (2) los miembros de la JSAF no eran “Oficiales de los Estados Unidos” porque; (3) son “funcionarios locales” investidos por el Congreso con “deberes principalmente locales” (en contraste con “deberes nacionales o federales”) de acuerdo con el Artículo IV de la Constitución de EE.UU.
El juez Thomas escribió una opinión concurrente pero enfatizó que el criterio relevante para determinar quién es un “Oficial de los Estados Unidos” no debe ser si el “oficial” está a cargo principalmente de los deberes “nacionales” o “locales”; sino más bien en la distinción de si el “funcionario” ejerce “poderes nacionales o territoriales”, que en su opinión era la intención de los miembros del Primer Congreso al determinar la aplicabilidad de la Cláusula de Nombramientos.
La jueza Sotomayor escribió una extraña opinión concurrente que al leerse, a veces, parece una disidencia absoluta. Según la jueza Sotomayor, el Congreso “renunció” a ciertos poderes sobre Puerto Rico cuando le otorgó a la isla la autoridad para formar un “gobierno local” de conformidad con un “pacto” entre el pueblo de Puerto Rico y el Congreso en 1952. En su opinión, entonces plantea “serias preguntas sobre cuándo, si alguna vez, el gobierno federal puede ejercer constitucionalmente la autoridad para establecer oficiales territoriales en un territorio como Puerto Rico, donde el Congreso aparentemente cedió esa autoridad hace mucho tiempo a Puerto Rico mismo”.
El problema con el enfoque de Sotomayor, como ella misma admite, es que ninguna de las partes aborda estos problemas ni las preguntas que surgen de ellos. Por lo tanto, ella no resuelve esos asuntos, pero “sin embargo, escribe para explicar por qué estos problemas inexplorados pueden poner en duda la conclusión del Tribunal de que los miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico son funcionarios territoriales que no están sujetos a las ‘importantes salvaguardas estructurales’ incorporadas en la Cláusula de Nombramientos”. En resumen, parece estar escribiendo un mapa para otro desafío constitucional a la JSAF en el futuro.
Finalmente, la opinión del juez Breyer contiene una declaración desafortunada que seguramente provocará muchas discusiones en el futuro cercano. Hacia el final de la sección III de su opinión, Breyer afirma que “en resumen, la Junta posee un poder considerable, incluida la autoridad para sustituir su propio juicio por el juicio considerado del gobernador y otros funcionarios electos”.
Este es un ejemplo de lo que los abogados llaman “obiter dictum”, una declaración o comentario de un juez que no es necesario ni se requiere para sostener la conclusión legal del tribunal. En el caso en cuestión, el asunto era si el nombramiento de los miembros de la JSAF violaba la Cláusula de Nombramientos. Para determinar este asunto, el Tribunal no tuvo que analizar el alcance y la amplitud de los poderes legales de la JSAF. Sin embargo, al hacer esta observación de pasada, Breyer puede haber proporcionado municiones a quienes argumentan a favor de que el poder de la Junta es básicamente ilimitado, una interpretación que excede la intención del Congreso y el texto de la ley.
Podemos esperar, por lo tanto, que la Junta cite este dictamen para justificar políticas arbitrarias o caprichosas y para contrarrestar la oposición del gobierno debidamente electo de Puerto Rico en su intento de preservar su ámbito de operación.
Preparación para huracanes
Por Malu Blázquez
La temporada de huracanes 2020 comenzó el 1 de junio en medio de la pandemia y pronostican que será una temporada activa con aproximadamente 13-19 tormentas y 6-9 huracanes. Nosotros los puertorriqueños sufrimos grandemente la devastación causada por el huracán María, y en el camino de la recuperación aprendimos lecciones y cómo debemos estar mejor preparados para emergencias.
El estar bien preparados con un plan de emergencias precisamente nos ayuda a minimizar los riesgos y los efectos de los huracanes. En estos tiempos de COVID-19, los comercios y los hogares tendrán que incorporar en sus planes de emergencia (1) el almacenamiento de mascarillas, guantes y limpiadores y otros artículos y equipos que sean necesarios para mantener las áreas limpias y (2) el distanciamiento físico mientras se refugian de la tormenta.
Imagen de la Guía rápida para la preparación de viviendas ante huracanes
Habitat for Humanity, en colaboración con ReImagina Puerto Rico, Enterprise Community Partners, y la Asociación de Constructores de Puerto Rico, ha desarrollado una Guía para incrementar la resiliencia de viviendas contra huracanes. De manera sencilla, esta guía explica soluciones importantes para prevenir el impacto de huracanes y hacer las viviendas de Puerto Rico más resilientes. Las recomendaciones y consejos prácticos presentados son útiles para las nuevas construcciones, al igual que para la reparación y el refuerzo de las ya existentes. Este documento también incluye una Guía rápida para la preparación de viviendas ante huracanes que incluye la preparación básica que nuestros ciudadanos deben efectuar para proteger su hogar y hacerlas más resistentes.
¿La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) está lista para otro huracán?
Mientras nos preparamos para la temporada de huracanes de este año, el estado frágil de la red eléctrica de Puerto Rico nos preocupa a todos. ¿Una tormenta ocasionaría un apagón por meses como el que experimentamos después del huracán María? Según José Ortiz, director ejecutivo de la AEE, Puerto Rico se quedaría sin electricidad por “no más” de dos meses y medio en caso de un huracán fuerte. También aseguró que el sistema está más preparado ahora que para los históricos huracanes de 2017.
Sin embargo, estas afirmaciones invitan a un amplio escepticismo a la luz del historial reciente de la AEE. En una audiencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. el 9 de abril de 2019, enumeramos algunas de nuestras preocupaciones actuales con la autoridad de energía de Puerto Rico:
“La AEE ha mentido a sus clientes durante décadas; ha violado consciente e irresponsablemente leyes y reglamentos ambientales federales y estatales; tradicionalmente ha operado con poca transparencia y menos rendición de cuentas; ha sido un foco de corrupción política y gubernamental; sus tarifas altas y arbitrarias y su servicio poco confiable han sido un peso muerto de proporciones monumentales sobre la economía de la Isla; y está en bancarrota”.
En nuestra opinión, muy poco ha cambiado desde entonces.