SAN JUAN — 30 de septiembre de 2025, el presidente de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció hoy que había emitido un certificado de acuerdo con la sección 209 de la ley PROMESA atestiguando que el gobierno de Puerto Rico (1) cuenta con acceso a los mercados de capital a tasas de interés razonables y (2) ha ejecutado un presupuesto balanceado durante cada uno de los pasados cuatro años fiscales. Con este acto la Junta concluye formalmente sus trabajos.

Dicen que las crisis no se pueden desperdiciar pues sirven para tomar acción sobre asuntos neurálgicos que usualmente no se atienden de manera adecuada. También se pueden aprovechar para esclarecer cuestiones que resultan escabrosos, difíciles de comprender y también de solucionar. En nuestro caso, el terrible panorama fiscal y económico que enfrentamos nos ha obligado a tratar de entender y atender el tremendo lío en el cual nos encontramos.

El Gobierno, con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal, tomó una decisión acertada cuando radicó una petición para el ajuste ordenado de sus deudas y obligaciones bajo el Título III de PROMESA el pasado 3 de mayo. De lo contrario, Puerto Rico habría estado expuesto a litigios costosos y prolongados, lo que habría socavado los esfuerzos de recuperación de su economía.

Ahora que el gobierno de Puerto Rico, con el aval de la Junta de Control Fiscal ha cruzado finalmente el umbral del Titulo III de PROMESA, nos encontramos encaminados a un proceso de restructuración de por lo menos $52,000 de los $74,000 millones de nuestra deuda pública.