Desde el Caño, se reconstruye el país

Desde el Caño, se reconstruye el país

Publicado el 2 de julio de 2023 / Read in English

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Director de Investigación
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Pensar que los residentes de ocho comunidades pobres en el corazón de San Juan podrían tener en sus manos el poder de decidir cómo se llevaría a cabo un proyecto enorme de infraestructura y desarrollo urbano —específicamente, el dragado de un cuerpo de agua y la restauración de las zonas aledañas— suena tan improbable hoy como hace dos décadas. En un país donde los índices de indigencia demuestran que las carencias socioeconómicas han sido persistentes y profundas, y donde los menos afortunados son comúnmente descritos, infundadamente, por lo bajo y a bocajarro, como vagos, vividores y buscones, resultaría inverosímil que los pobres puedan definir e implementar soluciones a algunos de nuestros problemas más complejos. Pero esto es precisamente lo que han logrado los residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña, organizados bajo el Grupo de Ocho Comunidades o G8, en colaboración con los oficiales del Proyecto ENLACE, una corporación pública que ejecuta la visión y los planes que han definido los vecinos del Caño.

Hace casi 20 años, justo después de terminar una maestría en planificación urbana, me sumé a la red de colaboradores del Caño para darle una mano a un nuevo esfuerzo de planificación integral. Se trataba de un proyecto liderado por los residentes, que buscaría avanzar la justicia ambiental, el desarrollo espacial y socioeconómico, y que crearía el primer fideicomiso de tierras comunitario para evitar el desplazamiento de los residentes que comúnmente se evidencia cuando se remozan barrios urbanos. En aquel entonces, no fueron pocos los que, sin reserva alguna, decían que ese era un invento más, una utopía destinada al fracaso o una pérdida de tiempo. Demasiadas veces escuché a allegados y colegas decir que el dinero requerido para limpiar y ahondar el cuerpo de agua nunca aparecería, y que lo ideal sería remover a la gente para que esas tierras localizadas en el corazón de Hato Rey y Santurce se pudiesen usar para fines más productivos y lucrativos. Quizás lo hacían para correrme la máquina —con esas bromas que, en realidad, revelan deseos reprimidos—, sabiendo que me tiraría de cabeza a defender lo que, sin duda, era la mejor idea de planificación que se había articulado en Puerto Rico en buen tiempo. Parece que esas puyas calaron hondo porque las tuve muy presentes cuando, hace un par de meses, asistí a una actividad en la Parada 27 para celebrar la “primera pala” del dragado.

Luego de años de lucha, educación popular y cabildeo férreo, se asignaron los cientos de millones en fondos federales para comenzar las obras de infraestructura más costosas y trascendentales. Estos proyectos, además de mejorarle las vidas a los más de 16,000 residentes de las ocho comunidades que bordean el Caño, beneficiarán al país porque reducirán las amenazas de inundación del aeropuerto en Isla Verde y mejorarán la calidad del agua del Estuario de la Bahía de San Juan. Para los que llevábamos años trabajando mano a mano con la gente del Caño, fue un día muy especial al conmemorar que se logró lo que unos pocos creían posible y otros, dentro y fuera del gobierno, infravaloraron u obstaculizaron.

Semanas después, se anunció que el Departamento de la Vivienda le otorgará $46 millones a ENLACE para la reubicación de familias que actualmente viven donde las palas estarán dragando, y para la construcción de viviendas asequibles en los terrenos firmes y protegidos del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. Con estos fondos, muchos más hogares se sumarán a cientos otros que, a través de los años, las organizaciones del Caño han podido mudar fuera de zonas de riesgo y situar en viviendas dentro de las mismas comunidades o donde los residentes escojan. Esta tarea, la relocalización, es una gestión sumamente delicada y compleja especialmente en un país con una larga tradición de mover a los pobres de un lugar a otro, sin su anuencia ni respetando sus derechos, como si fuesen peñones en el camino. No obstante, en el Caño se ha concebido un modelo exitoso y probado, anclado en el diálogo, la transparencia, el respeto y la participación de las familias a reubicar, que debería servirle de ejemplo a los atribulados gestores de los programas posdesastre, que a duras penas se han puesto en marcha a lo largo del país.

Estos dos grandes logros, por sí solos, deberían impresionarnos. Pero es importante señalar que forman parte de un amplio catálogo de iniciativas locales que revelan las transformaciones que se pueden lograr cuando se articulan buenos procesos de planificación y participación comunitaria. En el Caño, han convertido terrenos baldíos en jardines comunitarios o mercados agroartesanales. Están transformando edificios, incluyendo escuelas abandonadas por el estado, en empresas comunitarias y espacios comerciales. Se están construyendo casas seguras y se están diseñando proyectos de vivienda multifamiliar asequibles. Y gran parte de las nuevas residencias estarán ubicadas en las 200 cuerdas que componen el Fideicomiso de la Tierra, lo que garantiza que no estarán a merced de la especulación inmobiliaria que contribuye a nuestra grave crisis de vivienda.

Gracias al habitual ninguneo y cinismo tropical, la experiencia del Caño resuena más fuera de Puerto Rico que en nuestro archipiélago. Como profesor de planificación y académico, me llena de orgullo cuando mis colegas de distintas partes del mundo comentan sobre la trayectoria y los logros de las comunidades del Caño y sus organizaciones. Además de los numerosos premios internacionales que han recibido, y las múltiples reseñas, estudios y escritos que se han redactado, la experiencia del Caño se ha discutido como ejemplo en Brasil, España, Sudáfrica y en otras comunidades que enfrentan problemas similares en diversas partes del mundo. Ahora falta que muchos más aquí tomen nota y entiendan que, desde el Caño, se está repensando y verdaderamente reconstruyendo el país.

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el día 2 de julio de 2023.

¿Quién celebrará a la Junta?

¿Quién celebrará a la Junta?

Publicado el 10 de abril de 2023 / Read in English

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Director de Investigación
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Me parece bastante raro que, hace unos cuantos meses, en mayo del año pasado, la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP) cumplió 80 años de existencia y poco o casi nada se dijo sobre este acontecimiento en un país acostumbrado a festejar y reconocer cualquier cosa que se le venga a la mente a nuestros oficiales públicos. Por décadas, la JP era considerada una de las joyas de la corona de las instituciones gubernamentales de Puerto Rico. Según me contaron algunos veteranos de la época de Manos a la Obra, trabajar en la JP, en Fomento o en el Banco Gubernamental era como llegar a la cima de los cuadros técnicos del servicio público. Ciertamente, ha llovido mucho durante estas décadas, pero vale preguntarse cómo una agencia tan venerada cayó en la desgracia que genera la desmemoria.

Ideada y fundada en 1942 por Rexford Guy Tugwell, el último gobernador estadounidense escogido por un dedazo presidencial, la JP se pensó como un “cuarto poder” que facilitaría la transformación socioeconómica de Puerto Rico. Según Tugwell, para lograr esto, se necesitaba previsión, buen juicio, la identificación de recursos disponibles y mucha coordinación: “Si iba a haber crecimiento, debería ser un crecimiento ordenado, no la proliferación de esfuerzos misceláneos, muchos de los cuales podrían anular a otros”. La creación de la JP y la puesta en marcha de sus distintos programas causó asombro y fascinación en distintas partes del mundo. En gran medida, porque la planificación social y económica a una escala nacional era una gestión relativamente nueva y poco común en países capitalistas.

Visto desde nuestro caótico y desconcertante presente, definitivamente hace falta una entidad pública que produzca planes a largo plazo, arme presupuestos precisos y haga recomendaciones de política pública fundamentadas en datos y estudios detallados, entre otras gestiones—como hace años lo hizo la JP. Y quizás examinando la dimensión política de la historia de la JP entenderemos cómo se dio el descalabro que hoy provoca una añoranza por aquella versión de la agencia.

Desde sus comienzos, la JP fue vista como una agencia clave para adelantar un proyecto desarrollista colonial. Para Tugwell y otros oficiales federales, Puerto Rico era un laboratorio social donde se podían ensayar programas y proyectos que eran políticamente antipáticos o inadecuados para los estados de la Unión (como esfuerzos para controlar el crecimiento poblacional, la eliminación masiva de “arrabales” y la creación de empresas estatales), pero que podrían ser útiles en otros países donde se buscaba imponer la visión de mundo de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. En este contexto, la JP fungió como una fábrica de ideas que sirvieron para internacionalizar la hegemonía estadounidense.

La JP tampoco estuvo exenta de los vaivenes y las pugnas de la política local. Tugwell no era fanático de los desarreglos y desvaríos de los municipios y sus alcaldes, y los grandes terratenientes se opusieron a la propuesta de controlar los usos de la tierra en toda la isla. La agencia tampoco logró el sitial en la alta jerarquía de poderes gubernamentales que soñaron sus gestores. Ocho años después de su creación, pasó a estar bajo el mando del poder ejecutivo. Por más que sus empleados se esmerasen en producir los mejores planes y análisis, sus propuestas y designios estaban supeditados al juego de ajedrez partidista.

Con el paso del tiempo, la JP fue perdiendo responsabilidades clave y el país desatendió e ignoró sus ideas más atinadas. El avance económico de mediados del pasado siglo, que vino acompañado de grandes y numerosos proyectos de construcción, atentaba contra la idea rectora del crecimiento ordenado. La creciente población urbana necesitaba casas, escuelas, parques y otras amenidades. Como explica Lucilla Marvel en su libro “Listen to What They Say: Planning and Community Development in Puerto Rico”, en el 1961, la JP intentó ponerle freno al desparrame urbano deteniendo la aprobación de nuevos permisos para desarrollos residenciales en la zona metropolitana de San Juan hasta que se desarrollara un plan sensato. Como era de esperarse, los desarrolladores, dueños de terrenos y los gremios asociados a la construcción pusieron el grito en el cielo, y decidieron apretar tuercas. El resultado fue la adopción de nuevas políticas que poco sirvieron para controlar el avance de las urbanizaciones y centros comerciales. El mensaje fue claro: las mejores propuestas e intenciones de los planificadores no podían competir con los intereses desarrollistas y las presiones partidistas.

En 1975, la JP perdió la responsabilidad de otorgar permisos de construcción y, en la década de 1990, con la Ley de Municipios Autónomos, se transfirieron todavía más responsabilidades a los ayuntamientos. La disciplina de la planificación también se transformó significativamente, y para bien, durante estas décadas. La idea de que la organización y transformación del espacio se gestaba únicamente por técnicos especializados, a puerta cerrada y sin consultarle al público, se sustituyó por una visión más participativa que valoraba el insumo y las propuestas de las comunidades locales. A pesar de este cambio de paradigma, que transformó la práctica y la educación de los planificadores en distintas partes del mundo, aquí, la metodología de la JP se quedó estancada, por demasiados años, en la práctica trasnochada y equívoca del planificador omnisciente.

Con este devenir, no sorprende entonces que la octogenaria JP se encuentre hoy, una vez más, en medio de una controversia sobre cómo se debe planificar y gestionar el uso de nuestros suelos, y que en los pasados siete años los tribunales hayan colgado tres versiones distintas del Reglamento Conjunto —un mamotreto que la JP prepara para facilitar la expedición de permisos en Puerto Rico— por errores procesales. El deterioro institucional ha sido constante, y esto ha consolidado la captura de la agencia por varios grupos de interés, contribuido a la desmoralización de sus buenos empleados y convertido a la JP en un mero facilitador de los caprichos del gobierno de turno. Quizás por eso, en su aniversario, no escuchamos los bombos y platillos, porque, realmente, no hay nada que celebrar.

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el día 10 de abril de 2023.