Director de Investigación
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Pensar que los residentes de ocho comunidades pobres en el corazón de San Juan podrían tener en sus manos el poder de decidir cómo se llevaría a cabo un proyecto enorme de infraestructura y desarrollo urbano —específicamente, el dragado de un cuerpo de agua y la restauración de las zonas aledañas— suena tan improbable hoy como hace dos décadas. En un país donde los índices de indigencia demuestran que las carencias socioeconómicas han sido persistentes y profundas, y donde los menos afortunados son comúnmente descritos, infundadamente, por lo bajo y a bocajarro, como vagos, vividores y buscones, resultaría inverosímil que los pobres puedan definir e implementar soluciones a algunos de nuestros problemas más complejos. Pero esto es precisamente lo que han logrado los residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña, organizados bajo el Grupo de Ocho Comunidades o G8, en colaboración con los oficiales del Proyecto ENLACE, una corporación pública que ejecuta la visión y los planes que han definido los vecinos del Caño.
Hace casi 20 años, justo después de terminar una maestría en planificación urbana, me sumé a la red de colaboradores del Caño para darle una mano a un nuevo esfuerzo de planificación integral. Se trataba de un proyecto liderado por los residentes, que buscaría avanzar la justicia ambiental, el desarrollo espacial y socioeconómico, y que crearía el primer fideicomiso de tierras comunitario para evitar el desplazamiento de los residentes que comúnmente se evidencia cuando se remozan barrios urbanos. En aquel entonces, no fueron pocos los que, sin reserva alguna, decían que ese era un invento más, una utopía destinada al fracaso o una pérdida de tiempo. Demasiadas veces escuché a allegados y colegas decir que el dinero requerido para limpiar y ahondar el cuerpo de agua nunca aparecería, y que lo ideal sería remover a la gente para que esas tierras localizadas en el corazón de Hato Rey y Santurce se pudiesen usar para fines más productivos y lucrativos. Quizás lo hacían para correrme la máquina —con esas bromas que, en realidad, revelan deseos reprimidos—, sabiendo que me tiraría de cabeza a defender lo que, sin duda, era la mejor idea de planificación que se había articulado en Puerto Rico en buen tiempo. Parece que esas puyas calaron hondo porque las tuve muy presentes cuando, hace un par de meses, asistí a una actividad en la Parada 27 para celebrar la “primera pala” del dragado.
Luego de años de lucha, educación popular y cabildeo férreo, se asignaron los cientos de millones en fondos federales para comenzar las obras de infraestructura más costosas y trascendentales. Estos proyectos, además de mejorarle las vidas a los más de 16,000 residentes de las ocho comunidades que bordean el Caño, beneficiarán al país porque reducirán las amenazas de inundación del aeropuerto en Isla Verde y mejorarán la calidad del agua del Estuario de la Bahía de San Juan. Para los que llevábamos años trabajando mano a mano con la gente del Caño, fue un día muy especial al conmemorar que se logró lo que unos pocos creían posible y otros, dentro y fuera del gobierno, infravaloraron u obstaculizaron.
Semanas después, se anunció que el Departamento de la Vivienda le otorgará $46 millones a ENLACE para la reubicación de familias que actualmente viven donde las palas estarán dragando, y para la construcción de viviendas asequibles en los terrenos firmes y protegidos del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. Con estos fondos, muchos más hogares se sumarán a cientos otros que, a través de los años, las organizaciones del Caño han podido mudar fuera de zonas de riesgo y situar en viviendas dentro de las mismas comunidades o donde los residentes escojan. Esta tarea, la relocalización, es una gestión sumamente delicada y compleja especialmente en un país con una larga tradición de mover a los pobres de un lugar a otro, sin su anuencia ni respetando sus derechos, como si fuesen peñones en el camino. No obstante, en el Caño se ha concebido un modelo exitoso y probado, anclado en el diálogo, la transparencia, el respeto y la participación de las familias a reubicar, que debería servirle de ejemplo a los atribulados gestores de los programas posdesastre, que a duras penas se han puesto en marcha a lo largo del país.
Estos dos grandes logros, por sí solos, deberían impresionarnos. Pero es importante señalar que forman parte de un amplio catálogo de iniciativas locales que revelan las transformaciones que se pueden lograr cuando se articulan buenos procesos de planificación y participación comunitaria. En el Caño, han convertido terrenos baldíos en jardines comunitarios o mercados agroartesanales. Están transformando edificios, incluyendo escuelas abandonadas por el estado, en empresas comunitarias y espacios comerciales. Se están construyendo casas seguras y se están diseñando proyectos de vivienda multifamiliar asequibles. Y gran parte de las nuevas residencias estarán ubicadas en las 200 cuerdas que componen el Fideicomiso de la Tierra, lo que garantiza que no estarán a merced de la especulación inmobiliaria que contribuye a nuestra grave crisis de vivienda.
Gracias al habitual ninguneo y cinismo tropical, la experiencia del Caño resuena más fuera de Puerto Rico que en nuestro archipiélago. Como profesor de planificación y académico, me llena de orgullo cuando mis colegas de distintas partes del mundo comentan sobre la trayectoria y los logros de las comunidades del Caño y sus organizaciones. Además de los numerosos premios internacionales que han recibido, y las múltiples reseñas, estudios y escritos que se han redactado, la experiencia del Caño se ha discutido como ejemplo en Brasil, España, Sudáfrica y en otras comunidades que enfrentan problemas similares en diversas partes del mundo. Ahora falta que muchos más aquí tomen nota y entiendan que, desde el Caño, se está repensando y verdaderamente reconstruyendo el país.
Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el día 2 de julio de 2023.