Director de Investigación
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Me parece bastante raro que, hace unos cuantos meses, en mayo del año pasado, la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP) cumplió 80 años de existencia y poco o casi nada se dijo sobre este acontecimiento en un país acostumbrado a festejar y reconocer cualquier cosa que se le venga a la mente a nuestros oficiales públicos. Por décadas, la JP era considerada una de las joyas de la corona de las instituciones gubernamentales de Puerto Rico. Según me contaron algunos veteranos de la época de Manos a la Obra, trabajar en la JP, en Fomento o en el Banco Gubernamental era como llegar a la cima de los cuadros técnicos del servicio público. Ciertamente, ha llovido mucho durante estas décadas, pero vale preguntarse cómo una agencia tan venerada cayó en la desgracia que genera la desmemoria.
Ideada y fundada en 1942 por Rexford Guy Tugwell, el último gobernador estadounidense escogido por un dedazo presidencial, la JP se pensó como un “cuarto poder” que facilitaría la transformación socioeconómica de Puerto Rico. Según Tugwell, para lograr esto, se necesitaba previsión, buen juicio, la identificación de recursos disponibles y mucha coordinación: “Si iba a haber crecimiento, debería ser un crecimiento ordenado, no la proliferación de esfuerzos misceláneos, muchos de los cuales podrían anular a otros”. La creación de la JP y la puesta en marcha de sus distintos programas causó asombro y fascinación en distintas partes del mundo. En gran medida, porque la planificación social y económica a una escala nacional era una gestión relativamente nueva y poco común en países capitalistas.
Visto desde nuestro caótico y desconcertante presente, definitivamente hace falta una entidad pública que produzca planes a largo plazo, arme presupuestos precisos y haga recomendaciones de política pública fundamentadas en datos y estudios detallados, entre otras gestiones—como hace años lo hizo la JP. Y quizás examinando la dimensión política de la historia de la JP entenderemos cómo se dio el descalabro que hoy provoca una añoranza por aquella versión de la agencia.
Desde sus comienzos, la JP fue vista como una agencia clave para adelantar un proyecto desarrollista colonial. Para Tugwell y otros oficiales federales, Puerto Rico era un laboratorio social donde se podían ensayar programas y proyectos que eran políticamente antipáticos o inadecuados para los estados de la Unión (como esfuerzos para controlar el crecimiento poblacional, la eliminación masiva de “arrabales” y la creación de empresas estatales), pero que podrían ser útiles en otros países donde se buscaba imponer la visión de mundo de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. En este contexto, la JP fungió como una fábrica de ideas que sirvieron para internacionalizar la hegemonía estadounidense.
La JP tampoco estuvo exenta de los vaivenes y las pugnas de la política local. Tugwell no era fanático de los desarreglos y desvaríos de los municipios y sus alcaldes, y los grandes terratenientes se opusieron a la propuesta de controlar los usos de la tierra en toda la isla. La agencia tampoco logró el sitial en la alta jerarquía de poderes gubernamentales que soñaron sus gestores. Ocho años después de su creación, pasó a estar bajo el mando del poder ejecutivo. Por más que sus empleados se esmerasen en producir los mejores planes y análisis, sus propuestas y designios estaban supeditados al juego de ajedrez partidista.
Con el paso del tiempo, la JP fue perdiendo responsabilidades clave y el país desatendió e ignoró sus ideas más atinadas. El avance económico de mediados del pasado siglo, que vino acompañado de grandes y numerosos proyectos de construcción, atentaba contra la idea rectora del crecimiento ordenado. La creciente población urbana necesitaba casas, escuelas, parques y otras amenidades. Como explica Lucilla Marvel en su libro “Listen to What They Say: Planning and Community Development in Puerto Rico”, en el 1961, la JP intentó ponerle freno al desparrame urbano deteniendo la aprobación de nuevos permisos para desarrollos residenciales en la zona metropolitana de San Juan hasta que se desarrollara un plan sensato. Como era de esperarse, los desarrolladores, dueños de terrenos y los gremios asociados a la construcción pusieron el grito en el cielo, y decidieron apretar tuercas. El resultado fue la adopción de nuevas políticas que poco sirvieron para controlar el avance de las urbanizaciones y centros comerciales. El mensaje fue claro: las mejores propuestas e intenciones de los planificadores no podían competir con los intereses desarrollistas y las presiones partidistas.
En 1975, la JP perdió la responsabilidad de otorgar permisos de construcción y, en la década de 1990, con la Ley de Municipios Autónomos, se transfirieron todavía más responsabilidades a los ayuntamientos. La disciplina de la planificación también se transformó significativamente, y para bien, durante estas décadas. La idea de que la organización y transformación del espacio se gestaba únicamente por técnicos especializados, a puerta cerrada y sin consultarle al público, se sustituyó por una visión más participativa que valoraba el insumo y las propuestas de las comunidades locales. A pesar de este cambio de paradigma, que transformó la práctica y la educación de los planificadores en distintas partes del mundo, aquí, la metodología de la JP se quedó estancada, por demasiados años, en la práctica trasnochada y equívoca del planificador omnisciente.
Con este devenir, no sorprende entonces que la octogenaria JP se encuentre hoy, una vez más, en medio de una controversia sobre cómo se debe planificar y gestionar el uso de nuestros suelos, y que en los pasados siete años los tribunales hayan colgado tres versiones distintas del Reglamento Conjunto —un mamotreto que la JP prepara para facilitar la expedición de permisos en Puerto Rico— por errores procesales. El deterioro institucional ha sido constante, y esto ha consolidado la captura de la agencia por varios grupos de interés, contribuido a la desmoralización de sus buenos empleados y convertido a la JP en un mero facilitador de los caprichos del gobierno de turno. Quizás por eso, en su aniversario, no escuchamos los bombos y platillos, porque, realmente, no hay nada que celebrar.
Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el día 10 de abril de 2023.