CNE – Centro Para Una Nueva Economía – Center for a New Economy
Non-profit, economic research and policy development organization
El Gobierno, con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal, tomó una decisión acertada cuando radicó una petición para el ajuste ordenado de sus deudas y obligaciones bajo el Título III de PROMESA el pasado 3 de mayo. De lo contrario, Puerto Rico habría estado expuesto a litigios costosos y prolongados, lo que habría socavado los esfuerzos de recuperación de su economía.
Ahora que el gobierno de Puerto Rico, con el aval de la Junta de Control Fiscal ha cruzado finalmente el umbral del Titulo III de PROMESA, nos encontramos encaminados a un proceso de restructuración de por lo menos $52,000 de los $74,000 millones de nuestra deuda pública.
Buenos días a todos los presentes y mi agradecimiento a la administración y gerencia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en especial a su presidente el Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, al Padre Feliciano Rodríguez Domínguez, director del Instituto Superior Nacional de Pastoral, y al Licenciado Víctor García San Inocencio por la invitación a participar en este Foro sobre el Acceso a la Información y la Documentación Pública y la Fiscalización Ciudadana.
Los contratos de deuda no son promesas de cumplimiento seguro. Es por eso que los acreedores reciben una compensación extra, en la forma de tasas de interés que incluyen una prima de riesgo. Reciben una cantidad extra cuando cobran, a cambio de tomar el riesgo de que haya instancias en que no puedan cobrar.
El ajuste incluido en el Plan Fiscal aprobado el pasado día 13 de marzo, por sí solo, no servirá para restablecer el crecimiento de la economía de la isla. En el Centro para una Nueva Economía hemos expresado que Puerto Rico tiene que recobrar su competitividad a nivel internacional para generar los niveles necesarios de crecimiento económico sostenido.
El debate público durante los últimos dos meses se ha concentrado en el impacto de las medidas especificas de ajuste fiscal propuestas tanto por la Junta de Control de Fiscal (“JCF”) en su carta del 18 de enero al Gobernador Rosselló, como por la administración actual en su Plan Fiscal del 28 de febrero.
El 30 de julio de 1965, el Presidente Lyndon B. Johnson firmó la ley creando los programas de Medicaid y Medicare. El Presidente describió con elocuencia los objetivos de la nueva ley:
En esta coyuntura de incertidumbre resulta útil establecer contextos y miradas comparativas: sirven para entender situaciones complejas como la que vivimos y forjar alternativas. A medida que se ha ido precisando la magnitud de la crisis económica y fiscal, Puerto Rico ha sido comparado con Grecia y Argentina, con Detroit.
