Publicado el 2 de mayo de 2017

Sergio M. Marxuach

Ponencia en el Foro sobre el Acceso a la Información y la Documentación Pública y la Fiscalización Ciudadana, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico

Introducción

Buenos días a todos los presentes y mi agradecimiento a la administración y gerencia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en especial a su presidente el Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, al Padre Feliciano Rodríguez Domínguez, director del Instituto Superior Nacional de Pastoral, y al Licenciado Víctor García San Inocencio por la invitación a participar en este Foro sobre el Acceso a la Información y la Documentación Pública y la Fiscalización Ciudadana.

En términos generales, el discurso sobre el acceso a la información y documentación pública tiende a circunscribirse a los aspectos legales del mismo: el derecho constitucional de los ciudadanos a obtener dicha información y/o documentos; los precedentes y la jurisprudencia que avalan dicho derecho; y la obligación del estado de hacer disponibles los documentos públicos, entre otras dimensiones legales y jurídicas que determinan la naturaleza, alcance y efectividad del ejercicio de este derecho.

Sin embargo, en ese discurso técnico/legal, aunque importante, se pierden de vista en muchas ocasiones los fundamentos filosóficos, políticos, y teóricos que forman la infraestructura ideológica sobre la cual se construye y sostiene todo este entramado legal.

Por tanto, en la mañana de hoy quiero enfocar mi mensaje en (1) la importancia del acceso a la información y la transparencia gubernamental para el funcionamiento adecuado de un gobierno que por lo menos en sus aspiraciones pretende ser democrático; (2) la absoluta indispensabilidad de esa transparencia para convertir a Puerto Rico en una sociedad abierta; y (3) la relación de dependencia mutua entre una sociedad abierta y el desarrollo de una economía basada en la producción de ideas, la información, y el conocimiento en el siglo 21.

La importancia del acceso a la información pública en Puerto Rico

En general, las estructuras gubernamentales en Puerto Rico son paternalistas y poco transparentes. El gobierno, en muchas instancias, tiende a desalentar la acción comunitaria independiente y a fomentar patrones de interacción basados en relaciones de dependencia y de patronazgo político. Esto significa que muchas organizaciones de la sociedad civil y algunas del sector privado en Puerto Rico han sido capturadas por estructuras político-partidistas, operan en función de esos intereses partidistas, y, por tanto, no son verdaderamente independientes.

Lo anterior no significa que no existan ejemplos de comunidades organizadas y de coaliciones de organizaciones de la sociedad civil que se han movilizado exitosamente para cambiar la política gubernamental en áreas tales como los derechos de la mujer, la justicia ambiental, y la igualdad legal para la comunidad LGBTT, entre otros ejemplos. Pero, aunque algunos de estos movimientos sociales han tenido gran visibilidad y han sido sumamente efectivos, la realidad es que este tipo de acción cívica independiente no es la norma en Puerto Rico.

Y esa realidad, es producto, por lo menos en parte, de la falta de acceso a la información y documentación gubernamental y a los esfuerzos concertados por parte de oficiales gubernamentales en impedir y obstruir dicho acceso.

Lo que nos lleva, entonces, a preguntarnos:

¿Por qué el gobierno de Puerto Rico le oculta información al pueblo?

Y aquí cito a Friedrich Hayek, profeta, citado frecuentemente pero muy pocas veces leído, de la escuela económica Austriaca y santo patrón de todos los economistas auto-descritos como “conservadores”, solo para demonstrar que este asunto de la transparencia y el acceso a la información no es meramente una obsesión de intelectuales izquierdosos, liberales paranoicos, socialistas trasnochados, o de estudiantes universitarios rebeldes en búsqueda de una causa.

La respuesta que ofrece Hayek en The Road to Serfdom es que en la mayoría de los gobiernos, ya sean de izquierda o derecha:

“Toda información que pudiera causar duda sobre la sabiduría del gobierno, o que pueda crear descontento, le será negada al pueblo. La base de comparaciones poco favorables con condiciones en otros lugares, el conocimiento de posibles alternativas al curso tomado, cualquier información que pudiera sugerir el fracaso de parte del gobierno en cumplir sus promesas o de tomar ventaja de oportunidades para mejorar condiciones, todo esto será suprimido.”

Tal y como dice Hayek, simplemente el gobierno no le interesa que el pueblo que alega representar tenga la información necesaria para cuestionar la supuesta sabiduría de sus decisiones. Esta situación es inaceptable.

En el siglo 21 un puñado de burócratas y políticos, actuando como los hacendados enguayaberados de antaño, no puede pretender gobernar el país como si fuera su finca privada. Tal vez eso era lo que se esperaba en aquel tiempo en que Luis Muñoz Marín y sus discípulos caminaban por los campos de Puerto Rico. Hoy resulta imperativo fortalecer nuestra cultura cívica y forjar nuevos canales para la participación ciudadana efectiva.

En una sociedad democrática es obligatorio que los ciudadanos tengan los recursos, la capacidad, y la autonomía necesaria para participar eficazmente en el proceso político; para retar las estructuras existentes de poder económico, político, y cultural; y para reducir las desigualdades sociales que producen esas estructuras. Y para lograr esos objetivos, en muchas ocasiones, se requiere obtener información y/o documentación pública.

Ahora bien, de acuerdo con el profesor Guillermo O’Donnell aquello que comúnmente llamamos “democracia” es un concepto teórico “denso”, producto de la inevitable imbricación de tres componentes o tradiciones políticas diferentes.

O’Donnell y otros estudiosos de la teoría política moderna enfatizan que en una democracia “todos los ciudadanos están igualmente autorizados a participar en la toma de decisiones colectivas bajo el marco institucional existente, una aseveración democrática a la que se le añade el mandato republicano de que nadie, incluyendo a aquellos que gobiernan, debe estar por encima de ley y la advertencia liberal de que ciertas garantías y libertades no pueden ser usurpadas.”

Por tanto, el primer componente de este amalgama teórico es la tradición democrática clásica con sus orígenes en la antigua Atenas. Este componente, en su versión tradicional, se basa en la idea de que existe un demos soberano que se gobierna a si mismo a través de la participación activa y formal de los ciudadanos que componen la polis.

Pero, cuidado, esta tradición favorece vigorosamente la primacía de las mayorías, lo cual puede ser muy peligroso para las minorías, los disidentes, los “diferentes”, los insumisos y los inconformes, como nos recuerda el suicidio de Sócrates, los juicios por la alegada práctica de brujería en Nueva Inglaterra en el siglo 17, los linchamientos en el sur de Estados Unidos en el siglo 19, y los hornos de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, entre otras instancias donde innumerables abusos y violaciones a la dignidad humana se han justificado “por que la mayoría manda”. Aquí vale la pena mencionar las palabras de Timothy Snyder, profesor de historia en la Universidad de Yale:

“The European history of the twentieth century shows us that societies can break, democracies can fall, ethics can collapse, and ordinary men can find themselves standing over death pits with guns in their hands. It would serve us well today to understand why.”

El republicanismo del siglo 18 es la segunda de las tradiciones que menciona O’Donnell. Esta tradición favorece la esfera pública en general sobre la privada. La teoría republicana tradicional establece que es en la esfera pública donde el ser humano puede llegar a su perfeccionamiento a través del servicio desprendido a otros, evitando, a su vez, que intereses privados o partidistas interfieran con la búsqueda del bien común.

Al igual que la democracia, la tradición republicana, por sí sola, puede ser peligrosa ya que parte de la premisa de que solamente los ciudadanos suficientemente virtuosos tienen la capacidad necesaria para atender los asuntos públicos. Este principio llevado al extremo culmina en un elitismo sin limites y posiblemente en la oligarquía.

Aunque, para ser justos con los republicanos del siglo 18, muchos de ellos abogaban por inculcar en los niños y niñas las virtudes necesarias para el auto-gobierno a través de la educación pública gratuita y la enseñanza de las artes, ciencias y valores cristianos. Por ejemplo, Samuel Adams, mejor conocido hoy por muchos como la cara que aparece en las botellas de la cerveza que lleva su nombre, fue uno de los autores de la constitución de 1780 del estado de Massachusetts la cual establecía que:

“It was the responsibility of government…to cherish the interests of literature and the sciences, and all seminaries of them…and public schools and grammar schools in the towns; to encourage private societies and public institutions, rewards and immunities, for the promotion of agriculture, arts, sciences, commerce, trades, manufactures, and a natural history of the country; to countenance and inculcate the principles of humanity and general benevolence, public and private charity, industry and frugality, honesty and punctuality in their dealings; sincerity, good humor, and all social affections, and generous sentiments, among the people.”

La tercera tradición política es la liberal, que tiende a favorecer la esfera privada sobre la pública y se caracteriza por una desconfianza general del poder gubernamental. Esta tradición se enfoca en limitar los abusos que pudiera generar la democracia y algunas versiones del republicanismo clásico, y en proteger a las minorías y los derechos civiles, tales como la libertad de culto, la libertad de asamblea, el debido proceso de ley, el derecho a la intimidad y la libertad de prensa, entre otros.

De acuerdo con O’Donnell, cada una de estas tradiciones se asocia, a su vez, con unas formas específicas de rendición de cuentas (“accountability”), y aquí amarramos la discusión previa con el tema de la conferencia de hoy, ya que cada una de estas formas de rendición de cuentas requiere, en algún momento, el acceso a información o documentos públicos.

La tradición democrática se asocia con la “rendición de cuentas vertical” que se caracteriza, entre otras cosas, por (1) la elección de oficiales públicos honestos; (2) elecciones periódicas, justas y libres de fraude, (3) el derecho de todos los ciudadanos a postularse a puestos electivos; (4) el voto secreto y libre de influencias indebidas; (5) la transferencia pacífica del poder político de un partido o facción a otra; (6) el acceso a medios alternativos de información; y (7) la libertad para crear partidos y formar movimientos políticos. El instrumento principal, entonces, para la rendición de cuentas bajo la tradición democrática es la participación colectiva en la toma de decisiones a través de un proceso electoral transparente y justo.

Por otro lado, la tradición republicana enfatiza la “rendición de cuentas horizontal”. Aquí el énfasis es en (1) la primacía del estado de derecho; (2) el principio de que nadie está por encima de las leyes; (3) la igual protección de las leyes; (4) la división y el balance de poderes gubernamentales; (5) la protección de la minorías políticas (el principio “contra-mayoritario”) ; (6) la existencia de instituciones especiales para investigar la corrupción y el abuso del poder gubernamental, y (7) evitar la usurpación de los poderes de una rama de gobierno por otra.

El instrumento principal, entonces, para la rendición de cuentas bajo la tradición republicana es una “constitución compuesta” que divide, contiene, regula y a veces invalida las decisiones tomadas por oficiales electos.

Finalmente, la tradición liberal se caracteriza por la “rendición de cuentas social” mediante la cual la prensa, los ciudadanos en su carácter individual, y los movimientos sociales participan activamente en la reivindicación de los derechos civiles a través de diversos medios, tales como demandas de amparo constitucional, investigaciones periodísticas, protestas, la desobediencia civil y otros métodos similares.

En Puerto Rico, desafortunadamente, todas las modalidades de rendición de cuentas son ineficaces.

Las “rendición de cuentas vertical” es deficiente, hueca o truncada por dos razones. Primero, debido a nuestro status colonial, Puerto Rico no participa plenamente de los procesos políticos en Washington DC que afectan nuestro diario vivir, más aún después de la aprobación de la ley PROMESA. Y en segundo lugar, porque los oficiales electos y algunos jefes de agencia asumen la actitud que después de terminado el proceso eleccionario tienen un cheque en blanco para administrar y manejar los asuntos públicos por cuatro años según ellos mejor lo entiendan, ya que “la mayoría manda.”

Por otro lado, la “rendición de cuentas horizontal” no ha sido efectiva en detener la impunidad y la corrupción que son rampantes entre la clase gobernante de Puerto Rico. A pesar de las múltiples contralorías, procuradurías, monitores, fiscales especiales y oficinas de ética, la realidad es que todas estas instituciones han sido ineficaces en el desempeño de sus labores, y en muchos casos son utilizadas como instrumentos de intimidación y coerción en contra de adversarios políticos o incluso de ciudadanos que buscan reivindicar sus derechos.

Finalmente, la “rendición de cuentas social” en Puerto Rico es sumamente limitada. La violación de los derechos humanos y civiles es constante, empezando por la corrupta Policía de Puerto Rico, especialmente en aquellas comunidades marginadas y pobres que el Papa Francisco tuvo a bien llamar las “periferias existenciales.” Existe además en el país una gran desconfianza de aquellos que utilizan los diversos medios y métodos que están disponibles para reclamar la reparación de agravios.

El resultado es que la democracia puertorriqueña se puede catalogar como una “democracia delegativa” en la que los oficiales gubernamentales asumen que pueden hacer lo que quieran hacer hasta las próximas elecciones sin rendirle cuentas a nadie. O’Donnell asocia esta conducta con democracias inmaduras, aquellas que por lo general recién acaban de terminar la transición de un régimen autoritario a uno democrático. Y parece ser que en Puerto Rico, en realidad, nunca hemos terminado esa transición.

En resumen, en Puerto Rico, los mecanismos de rendición de cuentas y el control de los ciudadanos sobre los oficiales electos y jefes de agencia son frágiles e imperfectos en el mejor de los casos y completamente inoperantes en el peor.

La sociedad abierta como alternativa

El objetivo entonces debe ser la creación de una sociedad donde los individuos y las organizaciones de la sociedad civil tengan los recursos, las herramientas, la capacidad, y la autonomía para interactuar eficazmente con el gobierno y otras instituciones; para oponerse y retar a las estructuras existentes de poder económico, político, y socio-cultural; para reducir las desigualdades generadas por esas estructuras de poder; y para ser agentes de cambio para conseguir un gobierno responsable, ético, transparente y que rinda cuentas al pueblo.

Para lograr esos objetivos, es necesario, en nuestra opinión, transformar a Puerto Rico en una sociedad abierta. Este concepto se asocia tradicionalmente con el filósofo Karl Popper y su libro The Open Society and its Enemies, publicado en 1945. Popper estaba escribiendo, en parte, en respuesta al desarrollo de sociedades totalitarias, tanto de izquierda como de derecha, durante la primera mitad del siglo 20 y que eran el producto de epistemologías deterministas que intentaban demostrar que la historia de la humanidad evolucionaba de acuerdo con unas leyes universales que solo un pequeño grupo de ilustrados lograban descifrar.

En estas sociedades totalitarias el pensamiento crítico y la libertad de expresión estaban prohibidos y eventualmente se fomentaba la destrucción del conocimiento a través de la censura, la quema de libros y el encarcelamiento, la tortura, y en muchas ocasiones el asesinato, de profesores, escritores, periodistas, e intelectuales.

Para Popper, sin embargo, el conocimiento era fluido y falible ya que la imaginación y la creatividad humana estaban siempre en un estado de constante evolución. Los seres humanos siempre estamos cuestionando, estudiando, investigando, experimentando. Por lo tanto, la creación y desarrollo de nuevas ideas requiere de una sociedad que esté abierta a estos procesos de innovación.

En la sociedad abierta de Popper, cada ciudadano debe y necesita utilizar sus facultades de pensamiento crítico. Esto a su vez requiere libertad de pensamiento y expresión así como las instituciones legales y culturales que faciliten y fomenten el acceso a la información gubernamental, así como la acción independiente por parte de los ciudadanos.

En principio podríamos decir que Puerto Rico cumple con los requisitos formales de una sociedad abierta y democrática, tenemos elecciones cada cuatro años, una constitución que protege la libertad de expresión y de asociación, una universidad pública que recibe una generosa subvención gubernamental (hasta el momento) y leyes que, por lo menos en teoría, garantizan todo tipo de derechos.

Sin embargo, resulta difícil argumentar que en nuestro diario vivir Puerto Rico es una sociedad verdaderamente abierta y democrática. Más de 500 años de colonialismo han producido una larga historia de dependencia gubernamental, de clientelismo político, de persecución y vigilancia ilegal de organizaciones políticas, tanto por el gobierno federal como por el estatal, del uso repetido de la fuerza para reprimir el derecho a la libre expresión y para perseguir a diversas comunidades marginadas, y de niveles alarmantes de corrupción gubernamental e impunidad oficial.

El problema es que la apertura es indispensable para la economía del conocimiento.

Anne Marie Slaughter, ex-decana de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs de la Universidad de Princeton y la primera mujer en dirigir la oficina de “Policy Planning” del Departamento de Estado de Estados Unidos, argumenta en su mas reciente libro que:

“The defining choice of our age is not democracies versus autocracies, but open versus closed. In Industries of the Future, Alec Ross, one of the architects of the Open Government Partnership, lines up countries on an “open-closed axis” and notes that countries like China, Saudi Arabia, and Kuwait are trying to pioneer hybrids of open economies and closed societies. He predicts that the societies that embrace openness will be those that compete and succeed most effectively.”

La necesidad de que Puerto Rico comience una transición hacia una economía basada en el conocimiento y la producción de ideas se ha estado discutiendo recientemente en el foro público. Para lograr esa transición se requieren, entre otras cosas, políticas públicas que fomenten la generación del conocimiento; escuelas y universidades con currículos modernos que enfaticen el pensamiento crítico; instituciones que protejan y fomenten la creación de nuevo conocimiento; y la inserción de Puerto Rico en comunidades epistémicas globales a través de su participación en redes transnacionales de actores no-gubernamentales.

Por tanto, es importante entender que una economía basada en el conocimiento no funcionará en una sociedad cerrada y poco transparente; donde se le teme al cambio, a la innovación, a hacer las cosas de manera diferente; donde se desperdicia el talento de miles de personas victimas de la discriminación y la marginalización social; y donde se utiliza el poder gubernamental arbitrariamente para perseguir a aquellos que, parafraseando a Henry David Thoreau, deciden marchar al ritmo de otro tambor.

Conclusión

Me parece que, además de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, exigir mayor transparencia gubernamental y promover la apertura social descrita anteriormente, sí de verdad queremos fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico a largo plazo tenemos que atender tres deficiencias con carácter de condiciones de umbral.

Primero, necesitamos desarrollar la capacidad para reflexionar. El diccionario de la Real Academia Española define “reflexionar” como “considerar nueva o detenidamente algo.” En el caso de Puerto Rico tenemos que reflexionar detenidamente sobre como llegamos aquí; ¿como surgió esta crisis?; ¿que lecciones podemos deducir de los triunfos y los fracasos del pasado?; ¿cuáles políticas fiscales, económicas y sociales funcionaron y cuáles no?

Segundo, necesitamos claridad de pensamiento. Santo Tomás de Aquino, antes de ponerse a escribir o dar una conferencia, rezaba una oración conocida como Ante Studium. En esa oración, Santo Tomás pedía la iluminación divina de los “rincones más oscuros” de su mente, además “de agudeza en el entendimiento, capacidad para recordar, facilidad en el aprendizaje, lucidez para la interpretación, y elocuencia al hablar.”

Esa claridad de pensamiento nos hace mucha falta en Puerto Rico y no el discurso trillado, reducido a estribillos como “no hay otra alternativa”, “que paguen los ricos”, la “deuda no es mía”, “hay que poner el rico de vuelta en Puerto Rico” o “ni un impuesto más”, clichés tontos que podrán sonar bien en una entrevista de radio o de televisión pero que no son más que un refugio cómodo para evitar el pesado trabajo intelectual que tenemos por delante.

En específico, necesitamos pensar claramente sobre los cambios que tenemos que ejecutar. ¿Qué instituciones y organizaciones hay que reformar para diseñar una política económica racional en Puerto Rico? ¿Qué arreglos institucionales innovadores son posibles dadas las limitaciones políticas a las que nos enfrentamos? ¿Cuáles sectores económicos generan la mayor cantidad de conocimiento que podemos utilizar para movernos hacia la producción de bienes y servicios más complejos? ¿Qué política económica fomentaría esas actividades?

Y para llevar a cabo ese ejercicio de pensamiento nos hace falta, en muchos casos, acceso a datos y documentación del gobierno. Por ejemplo, el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico se basa en unos supuestos económicos que no han sido explicados adecuadamente ni tampoco se ha hecho disponible el modelo económico que se utilizó para analizar el impacto de las medidas de ajuste fiscal sobre la actividad económica del país. Mientras la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico ha tomado la posición de que esa información es confidencial. ¿Por qué? ¿Basado en que criterio o autoridad legal? ¿Cómo contribuye este acto de censura oficial a un debate público informado sobre un asunto de vital importancia social?

Finalmente, nos hace falta valentía moral para, como decía Vaclav Havel, dejar de vivir dentro de una mentira y vivir dentro de la verdad. Eso significa actuar cuando sea necesario actuar, hablar cuando haya que hablar y exigir cuando haya que exigir. No saben cuantas veces se nos acerca alguien al Centro para una Nueva Economía y nos dice ¿por qué ustedes no dicen esto o lo otro? Y usualmente mi respuesta es ¿y por qué usted no se atreve?

La verdad es que en Puerto Rico vivimos con una gran cobardía intelectual, con un profundo miedo existencial a hacer preguntas, a cuestionar lo que hacen nuestros gobernantes, y a dar la impresión de que estamos “creando problemas” a los poderes que son. Sí, en Puerto Rico hace falta más diálogo, pero no aquel que busca la reconciliación de diversos intereses económicos, políticos, sociales, o de clase basándose en el menor denominador común, sino ese diálogo, en palabras de Albert Camus, entre personas que se mantienen firmes en lo que son y que no tienen miedo de decir lo que piensan de verdad y lo que tienen en la mente. Necesitamos un diálogo que derrote al silencio contundentemente, como la verdad a la mentira. No una sesión de terapia grupal tipo “new age” alrededor de una fogata en la playa.

Si de verdad queremos cambiar las cosas, tenemos que reflexionar profundamente, pensar claramente, y actuar con valentía moral. Tenemos que ver las cosas como son, en su forma y color precisos y, parafraseando al escritor francés Roger Grenier, tenemos que tener la valentía para descomponer nuestra realidad y recomponerla de otra manera que nos permita entenderla mejor y aprender algo sobre el mundo y la vida. De lo contrario nuestra caótica y pobre entendida existencia seguirá siendo incomprensible.

Puerto Rico, desafortunadamente, va camino a convertirse en una tierra baldía posindustrial, caracterizada por la corrupción, la criminalidad, el desempleo, la descomposición urbana y la pobreza. Para evitar ese destino, resulta imperativo sentarnos en una mesa y llegar a unos acuerdos como país para, entre otras cosas, fortalecer nuestra cultura cívica, reformar la política fiscal de nuestro gobierno y elaborar una verdadera estrategia de crecimiento económico a largo plazo.

En suma, salir de la coyuntura actual requerirá un profundo cambio sistémico que promueva mayor apertura, transparencia, e inclusión social. Muchas gracias por su atención.