CNE – Centro Para Una Nueva Economía – Center for a New Economy
Non-profit, economic research and policy development organization
La economía puertorriqueña se está recuperando simultáneamente de tres shocks sistémicos: la pandemia de COVID-19, el daño ocasionado por los huracanes Irma y María y el voto inminente de los acreedores sobre el Plan de Ajuste negociado por la JSAF. Dedicamos esta edición al análisis de esos tres desafíos que enfrenta Puerto Rico.
La economía puertorriqueña se está recuperando simultáneamente de tres shocks sistémicos: la pandemia de COVID-19, el daño considerable ocasionado por los huracanes Irma y María y el voto inminente de los acreedores sobre el Plan de Ajuste negociado por la JSAF.
Al comenzar otro año escolar, dedicamos esta edición del CNE Review a analizar la institución de educación superior más grande e importante de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico.
En este escrito nos enfocaremos en examinar el papel de la Universidad de Puerto Rico en la investigación y el desarrollo (I+D) en el archipiélago, un componente básico de cualquier política de desarrollo industrial y económico.
Durante más de un siglo, la Universidad de Puerto Rico (“UPR”) ha brindado acceso asequible a educación de alta calidad a miles de puertorriqueños. Continúe leyendo nuestro análisis en el cual daremos un vistazo a algunos de los aspectos más importantes del Plan Fiscal para la UPR certificado el 27 de mayo de 2021.
The current trends of technological change, climate risks, and social upheavals make the university as a social institution more relevant than ever. It then seems pertinent to examine relevant case studies to understand how much the current assault on the UPR limits Puerto Rico’s capacity to face the challenges of the future.
La “Ley de apoyo a Medicaid en los territorios de EE.UU. de 2021” (H.R. 4406) ayuda a Puerto Rico a evitar un precipicio de fondos de Medicaid a corto plazo y ofrece cierta estabilidad al establecer niveles claros de financiamiento para los próximos cinco años. Sin embargo, el acuerdo de cinco años propuesto no alcanza la paridad con los estados, no es una solución permanente y perpetúa el trato “separado y desigual” de los beneficiarios de Medicaid en los territorios, a quienes se les dice, una vez más, que acepten una oferta “suficientemente buena”.
