Política Fiscal y Competitividad en el Siglo XXI

Política Fiscal y Competitividad en el Siglo XXI

El ajuste incluido en el Plan Fiscal aprobado el pasado día 13 de marzo, por sí solo, no servirá para restablecer el crecimiento de la economía de la isla. En el Centro para una Nueva Economía hemos expresado que Puerto Rico tiene que recobrar su competitividad a nivel internacional para generar los niveles necesarios de crecimiento económico sostenido. Esto será necesario tanto para lograr mantener el bienestar de la población de la isla como para cumplir en el largo plazo con las múltiples obligaciones del estado. A menos que seamos capaces de implantar reformas contundentes en esa dirección, es muy posible que nos encontremos en una situación igual o peor de aquí a diez años (o más).

Índice: junio 2017 = 100. Fuente de datos: Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority. Fiscal Plan for Puerto Rico, March 13, 2017

Índice: junio 2017 = 100.
Fuente de datos: Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority. Fiscal Plan for Puerto Rico, March 13, 2017

Como bien señaló el colega economista Juan Lara en una columna reciente en este diario, debemos enfocar la discusión en cómo diseñar y ejecutar un programa de medidas económicas apropiado para generar ese desarrollo. Esta estrategia debe ser lógica y prudente, pero también innovadora.

Según las proyecciones del Producto Nacional Bruto (PNB) real (ajustado por inflación) para Puerto Rico según el Plan Fiscal, la economía de la isla sufrirá una contracción mayor al diez (10) por ciento en los próximos seis años, y no es hasta el año 2026 que se registrará una leve recuperación. Esto representa un costo extremadamente alto a pagar para la población de la isla. ¿Habrá maneras más efectivas para restablecer la economía de la isla con un menor costo humano? ¿Es indispensable otra década perdida?

En esta columna quiero compartir un ejemplo del tipo de política pública que puede implantarse para asegurar que el sacrificio que tendremos que hacer hoy redunde en el desarrollo de mañana.

Política macroeconómica y competitividad

La magnitud del choque macroeconómico estructural sufrido por la economía de Puerto Rico—en particular la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos y el eventual colapso de otros sectores de la economía de la isla—justificaría, en otro país, la implantación de políticas monetarias para reestablecer la competitividad internacional en el mediano plazo.

Por ejemplo, una devaluación de la tasa de cambio—al efectivamente reducir los costos de mano de obra para hacer las exportaciones más competitivas en el mercado internacional y reducir las importaciones, haciéndolas más caras—ayudaría a estimular la economía. Una estrategia de este tipo es crucial para compensar la contracción que ocurriría debido al inevitable ajuste fiscal necesario para mejorar la solvencia del gobierno.

Evidentemente, esta estrategia no es viable dada la inclusión de Puerto Rico en la unión monetaria estadounidense y, por lo tanto, su incapacidad para aprovechar la política cambiaria para restablecer la competitividad.

Sin embargo, Puerto Rico puede utilizar instrumentos de política fiscal, en su mayoría contributivos, para conseguir mayor competitividad de una manera similar a la que se conseguiría con una devaluación de la tasa de cambio.

Hay varias formas de diseñar este tipo de estrategia—llamada una devaluación fiscal. Esto puede lograrse, por ejemplo, mediante una reducción en el pago de contribuciones patronales de Seguro Social. El mismo se subvencionaría con alguna de las medidas impositivas contemplables en un programa de ajustes, como, por ejemplo, algún aumento correspondiente en el impuesto a las ventas y uso (IVU). La idea básica es reducir los costos de mano de obra mediante un menor pago de contribuciones patronales lo cual permite a las empresas—tanto domésticas como multinacionales—vender sus bienes y servicios en el extranjero a precios más bajos, simulando el efecto de una moneda más débil. Por otro lado, los aumentos en el IVU se utilizarían para sustituir la aportación patronal al Seguro Social, con el propósito de resarcir el fondo de retiro dado esta reducción en contribuciones (a la misma vez que se darían incentivos a las empresas a cumplir con sus obligaciones de recaudos del IVU.)

Al implementar esta serie de reformas en conjunto, el gobierno podría generar aumentos en el empleo y el ingreso tanto de las empresas como de los hogares, como ocurriría con la devaluación de la moneda. La política también podría ayudar en el frente fiscal, ya que una mayor competitividad podría generar un mayor recaudo de ingresos al fisco.

El concepto original detrás de la devaluación fiscal se remonta a John Maynard Keynes en 1931, quien propuso aumentar los subsidios a la exportación junto con aumentos correspondientes a los arbitrios de importación como alternativa a una devaluación de la moneda (cuando los países estaban en el patrón oro). Dado que las reglas de la Organización Mundial del Comercio no permiten intervenciones que utilicen impuestos a la exportación e importación, su propuesta original no es factible en el presente escenario.

Este tipo de estrategia ha ganado popularidad en los círculos de política pública a nivel internacional. Además, es consistente con propuestas recientes a nivel congresional como la del Senador Orrin Hatch de eximir a Puerto Rico temporeramente del pago de contribuciones de Seguro Social y parcialmente con la propuesta republicana de implementar un ‘border adjustment tax o “BAT”’.

Además, varias jurisdicciones y países como Alemania en el 2007 y Francia en el 2013 han implementado estas estrategias con diversos grados de éxito. En el caso de Puerto Rico, junto con la reestructuración de la deuda y otras reformas estructurales tan necesarias, la devaluación fiscal podría contribuir a poner nuestra economía a flote. Este tipo de política fiscal ayudaría a reducir la necesidad de llevar a cabo recortes tan severos en la inversión y el gasto público bajo las medidas de consolidación propuestas en el Plan Fiscal.

Este tipo de propuesta requiere de mayor estudio para determinar cómo funcionaría en Puerto Rico. Por ejemplo, habría que determinar los posibles impactos en términos distributivos para los hogares dado, por un lado, aumentos en el empleo y los ingresos devengados y, por otro, la reducción en el poder adquisitivo de estos debido a los aumentos en el IVU. La Comisión de Crecimiento para Puerto Rico de CNE—trayendo a la mesa académicos de primera con representantes de los sectores público y privado—tiene la intención de producir este tipo de análisis creativo y a la vez riguroso que Puerto Rico tanto necesita.

Gustavo J. Bobonis
Economista en Jefe, Centro para una Nueva Economía

Impuestos y deudas

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La decisión de aumentar el IVU a 11.5%, y de implantar un IVA con esa tasa comenzando en abril de 2016, ha generado un debate destemplado sobre los méritos y defectos del IVU, el IVA, y el arbitrio general en los puntos de entrada a Puerto Rico. Sin embargo, en todo este debate se ha ignorado que el componente que más ha contribuido al aumento incremental en los gastos del Fondo General durante los últimos años ha sido el servicio de la deuda de los bonos de obligación general, cuyo repago tiene preferencia sobre cualquier otro gasto del gobierno de acuerdo con el artículo VI, sección 8 de nuestra Constitución.

Linaje colonial

Esta preferencia en el pago del servicio de la deuda se remonta al párrafo 19 de la sección 34 de la Ley Jones de 1917, que establecía un orden de preferencia en el pago de las obligaciones del gobierno de Puerto Rico—sujeto a una determinación contraria del gobernador—en caso de que los recaudos del gobierno resultaran insuficientes para cubrir los gastos presupuestados.

Esa sección de la Ley Jones establecía que “los gastos ordinarios de los departamentos legislativo, ejecutivo y judicial del gobierno estatal, y el interés sobre cualquier deuda pública, deberán ser pagados primeros en su totalidad.” De acuerdo con José Trías Monge, esta disposición la incluyó John Franklin Shafroth, ex-gobernador de y senador por el estado de Colorado, y “calca esencialmente las disposiciones del artículo V, sección 13 de la Constitución de Colorado de 1876, modelo preferido de Shafroth.” (José Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Vol. II).

En este contexto es importante también reseñar dos coincidencias históricas. Primero, los “acuerdos de sindicatura aduanera” suscritos a principios del siglo 20 por Estados Unidos, inicialmente con la República Dominicana y unos años más tarde con Haití, establecían igualmente una preferencia para el pago del interés sobre y la amortización de la deuda pública de esos países, que había sido refinanciada por bancos norteamericanos para evitar la intervención de poderes europeos en este hemisferio; y, segundo, que la aprobación de la Ley Jones ocurrió contemporáneamente con la ocupación militar por Estados Unidos de Haití en 1915 y de la República Dominicana en 1916 para, entre otras cosas, asegurar el cumplimiento con dichos acuerdos aduaneros. (Victor Bulmer-Thomas, The Economic History of the Caribbean Since the Napoleonic Wars). READ MORE

Después del IVA

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Por: Sergio M. Marxuach

En la madrugada del jueves 30 de abril, una mayoría de la Cámara de Representantes rechazó un proyecto de reforma contributiva que impondría una contribución de 14% sobre el consumo de ciertos bienes y servicios. Como era previsible, las acusaciones de irresponsabilidad e incompetencia no se han dejado esperar. Más allá de discutir triviales intrigas palaciegas o las necedades de la política pequeña que dominan nuestro discurso público, resulta necesario reflexionar críticamente sobre la situación actual y presentar propuestas para superar esta difícil coyuntura. READ MORE

7 recomendaciones del CNE

El CNE te presenta sus siete recomendaciones para el proyecto de Reforma Contributiva.
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Resumen de Ponencia del CNE sobre Reforma Contributiva

Resumen de la ponencia del CNE ante la Comisión de Hacienda y Finanzas del Senado sobre el proyecto de Reforma Contributiva:
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Ponencia del CNE ante el Senado sobre la Reforma Contributiva 2015

A continuación la ponencia presentada por el Centro para una Nueva Economía ante el Senado de Puerto Rico sobre la Reforma Contributiva 2015.
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Reforma Contributiva 2015

RESUMEN DE LA PONENCIA DEL CNE ANTE EL SENADO SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA CONTRIBUTIVA

La propuesta Ley de Transformación del Sistema Contributivo (PC2329 y PS1304) es un intento serio de llevar a cabo un cambio integral del sistema contributivo. La implementación de un IVA de base amplia hace mucho sentido y podría ser el primer paso para comenzar una reforma estructural de la economía de Puerto Rico ya que fomentaría la reducción del consumo privado y aumentaría el ahorro y la inversión.

Sin embargo, el proyecto presentado tiene una serie de problemas profundos que ameritan que el mismo sea repensado y reconsiderado:

Primero, el proceso ha estado caracterizado por la falta de transparencia e información adecuada. La confusión y desinformación pública que se evidencia en el debate público actualmente se debe en gran parte a la decisión desatinada del gobierno de no hacer público el informe en los inicios de la discusión. Peor aún, el proyecto de ley promueve la falta transparencia en el mismísimo cobro del IVA. READ MORE

Study urges PR to restore work credit

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By CB Online Staff
cbnews@caribbeanbusinesspr.com; cbprdigital@gmail.com

Puerto Rico should look to craft and enact a work credit tax program to replace the one that was eliminated last year due to the island government’s fiscal ills, according to a leading policy research organization.
The Urban Institute has issued a study assessing the experience with the work credit that was in effect from 2007 to 2013 and suggests elements for a possible redesign that are consistent with the goals of rewarding and stimulating work, reducing hardship, strengthening the tax base and offsetting regressivity.

The study was commissioned by the San Juan-based Center for a New Economy thanks to a grant received from the Open Society Foundations and Espacios Abiertos.

Puerto Rico lawmakers enacted the work credit in 2006 to offset the regressive nature of the commonwealth’s sales & use tax (IVU) that was established in that same year. In addition to helping offset sales tax regressivity, refundable tax credits tied to work such as the work credit have been found to reduce hardship and stimulate employment among low wage workers. In 2013, the work credit delivered benefits to 45 percent of all tax filers at a cost of $124 million. In 2014, as Puerto Rico slid into its deepest fiscal crisis in recent history, lawmakers eliminated the credit. READ MORE

Bumerán

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Por: Nuria Ortiz Vargas
Directora Ejecutiva, Espacios Abiertos

Todos lo hemos experimentado. Escuchamos el ofrecimiento de un político que promete villas y castillas, e inmediatamente dudamos de la veracidad del planteamiento. Aunque no conozcamos mucho del tema, si algo parece demasiado bueno, sospechamos que probablemente no sea cierto.

Muchas veces el Gobierno ofrece información selectivamente y no nos permite hacer una evaluación independiente sobre lo que plantea. Sin información, carecemos de los elementos y herramientas para evaluar las propuestas de política pública y constatar el análisis que hacen otras personas. De la misma forma en que el Gobierno necesita información para tomar sus decisiones, el pueblo necesita esas fuentes para evaluar su gestión.

En Puerto Rico, tenemos un derecho constitucional a toda la data generada, recibida o custodiada por el Estado. Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que el derecho a la información pública es un derivado del derecho a la libertad de expresión consagrado en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. Esto es así, porque sin información no podemos ejercer eficazmente nuestro derecho a la libertad de expresión. READ MORE

Reforma, información y transparencia

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Por: Sergio M. Marxuach

Recientemente la administración de turno ha comenzado a divulgar selectiva y parcialmente algunos de los detalles de su propuesta para una reforma contributiva que presumiblemente generaría un alivio contributivo significativo. De acuerdo con la información que se ha divulgado en la prensa, los individuos con un ingreso devengado menor de $35,000 y los casados con ingresos devengados menores de $70,000—aproximadamente unos 835,000 contribuyentes—no tendrían que pagar impuestos sobre sus ingresos. Además, se reducirían las tasas marginales para los contribuyentes que devenguen ingresos en exceso de esas exenciones. El alivio contributivo total para este grupo se estima en unos $354 millones.

Ahora, eso no significa que estas personas no pagarían ninguna contribución. Primero, los patronos continúan obligados a retener un 7.65% de su salario por concepto de Seguro Social y Medicare. Además, los empleados gubernamentales también estarán sujetos a la retención de su aportación a su respectivo plan de retiro.

Más importante aún, se nos informa que el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) sería sustituido por un Impuesto de Valor Añadido (IVA). El IVA, de acuerdo con la información que se ha divulgado hasta ahora, aplicaría básicamente a todas las ventas de bienes y servicios en Puerto Rico con tres excepciones: bienes y servicios exportados, servicios financieros y el pago por concepto de alquiler de viviendas. Todo lo demás, por ejemplo, las medicinas recetadas, la matricula del colegio de los nenes, y los productos de la canasta básica alimenticia, tales como leche, pan, y huevos, tributaría a una tasa que se estima que como mínimo duplicaría la del IVU, lo que sería al menos un 14%. El gobierno ha anunciado, sin embargo, que “se pondera” establecer un crédito trimestral para mitigar el impacto del IVA sobre los contribuyentes de más bajos ingresos y que dicho crédito podría costar entre $500 y $600 millones. READ MORE

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