Publicado el 23 de febrero de 2014

Sergio M. Marxuach

Imagine, amigo lector, que a usted se le encomienda seleccionar el sistema eléctrico para un país del cual usted no conoce nada. No sabe si es rico o pobre, industrializado o agrícola, grande o pequeño, o si tiene recursos naturales para la producción de energía. La solución lógica sería escoger un sistema eléctrico moderno, con unidades generatrices de la más alta eficiencia posible, que utilice combustible barato, que cumpla con los más estrictos reglamentos ambientales, que esté preparado para incorporar tecnologías alternas de generación con fuentes de energía renovable, que opere bajo un marco legal robusto y transparente, que le cobre a sus clientes tarifas justas y razonables y que ofrezca protecciones a los consumidores. Dicho de otra manera, usted no escogería el sistema eléctrico de Puerto Rico.

Los reclamos para la creación de una junta reguladora externa y la reestructuración de la AEE cobran urgencia con la reciente degradación de su crédito a nivel chatarra. No hay duda que la comunidad de inversionistas ahora mirará aún más de cerca la frágil situación financiera de la AEE. Moody’s, por ejemplo, resalta en su análisis que al finalizar el 2013 la AEE sólo contaba con 11 días de efectivo en caja para cubrir sus obligaciones. Un regulador externo que supervise la AEE exigiría que la agencia reduzca sus costos de operación y conduzca sus operaciones con mayor eficiencia a largo plazo. Esta disciplina ayudaría a reducir las tarifas a los consumidores y aseguraría el repago de la deuda de la AEE con sus bonistas.

Uno de los problemas fundamentales de la AEE es que su Junta de Gobierno, además de gobernar la corporación, también reglamenta el mercado de electricidad en Puerto Rico. Esto resulta en un conflicto de intereses ya que la AEE es juez y parte en la determinación de los términos y condiciones que aplican a quienes buscan conectarse al sistema.

Esta situación ha permitido que diversos grupos de interés, tales como los suplidores—incluyendo a los traficantes del petróleo—los partidos políticos, los beneficiarios de subsidios, los empleados, los bonistas y sus banqueros, y personas con conexiones políticas se organicen para extraer beneficios de la AEE a costa del resto del pueblo de Puerto Rico. A este entramado de intereses se le ha denominado como el “cartel del petróleo”.

El cartel del petróleo obstaculiza la reestructuración de la AEE ya que cada uno de los grupos que se beneficia del status quo está bien organizado y tiene un interés fuerte en proteger sus beneficios, mientras los consumidores están desorganizados y los costos de la acción colectiva son altos. El problema de fondo, entonces, no es uno tecnológico o financiero, sino de economía política, específicamente de balancear los intereses de quienes se benefician del sistema existente y de quienes se ven afectados adversamente por éste.

La AEE, por tanto, necesita un ente externo que le imponga disciplina y que ataje la conducta depredadora de los grupos de interés internos y externos a la corporación que se benefician injustamente de la situación actual. Es por esto que el CNE lleva más de ocho años abogando a favor de la creación de un ente independiente que regule el mercado de electricidad de una manera objetiva y libre de intereses creados, ya sea financieros o políticos. De lo contrario podemos esperar que la AEE continúe utilizando plantas obsoletas; cobrando tarifas excesivamente altas; repartiendo contratos a diestra y siniestra; y negándose arbitrariamente a conectar al sistema a productores más eficientes.

Utilizando como referencia un estudio que le comisionamos al Regulatory Assistance Project (RAP), una organización sin fines de lucro destacada en Vermont y especializada en los aspectos regulatorios y técnicos de la industria eléctrica, proponemos la creacion de una junta reguladora exclusivamente para el sector eléctrico que ejercería las siguientes funciones, entre otras: regular el mercado de electricidad en Puerto Rico; asegurar que las tarifas sean justas y razonables; velar por la calidad y confiabilidad del servicio; incentivar la planificación a largo plazo a través de un plan integrado de recursos; promover la integración de tecnologías nuevas al menor costo posible para satisfacer la demanda de electricidad a largo plazo; aprobar la inversión de capital a largo plazo; fomentar la integración de productores de energía renovable; promover la implantación de medidas de eficiencia energética y de reducción de demanda, que usualmente son las soluciones de menor costo para reducir las tarifas; proveer un foro efectivo con un abogado del consumidor para atender los reclamos de los clientes; y reducir la “huella” ambiental de la AEE y las emisiones de gases invernadero.

La junta reguladora también es necesaria porque la AEE constituye lo que el economista Albert O. Hirschman catalogó como un “monopolista vago” (lazy monopolist). La teoría económica tradicionalmente se ha enfocado en el monopolista que utiliza su poder en el mercado para explotar al consumidor y maximizar su ganancia a través de restricciones de la producción. Pero en el caso del monopolista vago el problema es que éste (1) impone precios altos a su producto, no para acumular ganancias excesivas, sino porque no puede controlar sus costos, o, más comúnmente, (2) permite que la calidad del producto o servicio que vende se degrade sin obtener ningún beneficio pecuniario en el proceso. Este fenómeno, que Hirschman catalogaba como la “opresión de los débiles por los incompetentes y de los pobres por los vagos”, aumenta el riesgo de impago de la deuda de la AEE.

En resumen, la falta de regulación adecuada permite a la AEE continuar operando tranquilamente en la comodidad de su mediocridad. Ha llegado la hora de romperle el espinazo al cartel del petróleo. La creación de una junta reguladora independiente y robusta es el primer paso en ese proceso. Le toca entonces al Gobernador, a los representantes, a los senadores, y a los alcaldes decidir si están del lado del pueblo o si están del lado del cartel del petróleo.

 

Esta columna se publicó originalmente el 23 de febrero de 2014 en el diario El Nuevo Día.