Hist贸ricamente la administraci贸n de asuntos territoriales por el gobierno federal ha estado bajo la Oficina de Asuntos Insulares del Departamento del Interior. En el caso de Puerto Rico, el presidente Kennedy cambi贸 ese procedimiento al emitir un memorando ordenando que todos los asuntos relacionados con la relaci贸n entre Estados Unidos y Puerto Rico fueran remitidos a la oficina del Presidente. El presidente George H.W. Bush dio seguimiento a esta directiva al emitir otro memorando que requiere que todos los departamentos, agencias y funcionarios del Poder Ejecutivo traten a Puerto Rico administrativamente “como si fuera un estado”.
M谩s recientemente, las responsabilidades relacionadas espec铆ficamente con los asuntos de Puerto Rico se han asignado a la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Rama Ejecutiva y varias administraciones federales anteriores han abordado los problemas de Puerto Rico a trav茅s de la creaci贸n de grupos de trabajo interinstitucionales que han examinado y ejercido sus responsabilidades sobre la isla.
A fines de 2000 la administraci贸n de Clinton tom贸 un inter茅s particular en la relaci贸n pol铆tica entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico y cre贸 el President鈥檚 Task Force on Puerto Rico鈥檚 Status para 鈥渇acilitar la acci贸n en asuntos relacionados con las propuestas para el estatus de Puerto Rico y el proceso para llevar a cabo dicha opci贸n”. Siguiendo este ejemplo, la administraci贸n de George W. Bush emiti贸 dos informes ampliando la relaci贸n con el gobierno de Estados Unidos y las opciones para su relaci贸n futura. En 2011, la administraci贸n de Obama tambi茅n adopt贸 un enfoque similar.
Sin embargo, para 2015, la isla estaba lista para dejar de pagar m谩s de $2 mil millones en deuda y requer铆a que la administraci贸n federal tomar谩 un rol de liderazgo en la respuesta a la crisis fiscal y econ贸mica de la isla y por lo tanto ampli贸 el alcance del grupo de trabajo. Ese esfuerzo condujo a la promulgaci贸n de la Ley para la Supervisi贸n, Administraci贸n, y Estabilidad Econ贸mica de Puerto Rico (PROMESA). Hoy, despu茅s de cuatro a帽os desde la promulgaci贸n de PROMESA, Puerto Rico contin煤a lidiando con casi 15 a帽os de contracci贸n econ贸mica y un proceso de quiebra que no parece tener fin.
Sin duda, hay muchos procesos federales en juego, incluido el seguimiento del proceso de reestructuraci贸n de la deuda, la ampliaci贸n de programas federales adicionales, la supervisi贸n de los esfuerzos de reconstrucci贸n posdesastre y la resoluci贸n del estatus. A la luz de la magnitud de estos desaf铆os, si se reconstituye un grupo de trabajo interinstitucional, deber铆a tener metas y objetivos claros y estar compuesto por un grupo multidisciplinario de actores capaces de sentar las bases para el plan de trabajo de cuatro a帽os de la Administraci贸n Biden.
Buscamos explicar por qu茅 se necesita un Grupo de Trabajo de Puerto Rico para ayudar a la nueva Administraci贸n Biden-Harris a cumplir con los objetivos propuestos, con un enfoque particular en facilitar y monitorear los esfuerzos de reconstrucci贸n.
Contexto y opciones para una reconfiguraci贸n del grupo de trabajo: PROMESA no ha cumplido en muchos aspectos. En 2015, el Tesoro de Estados Unidos y el Consejo Econ贸mico Nacional de la Casa Blanca proporcionaron al Congreso una gu铆a de las herramientas que Puerto Rico necesitaba tanto para recuperarse de sus problemas fiscales como para lograr un crecimiento econ贸mico a largo plazo. Los cuatro pilares inclu铆an: (1) reestructuraci贸n amplia de la deuda, (2) supervisi贸n fiscal estricta, (3) paridad en los fondos de salud y (4) herramientas de desarrollo econ贸mico. PROMESA s贸lo le provey贸 a Puerto Rico dos de los cuatro pilares: reestructuraci贸n y fiscalizaci贸n. La din谩mica pol铆tica en ese momento impidi贸 que la Administraci贸n Obama ofreciera soluciones de salud y herramientas de desarrollo econ贸mico a largo plazo. Ahora est谩 claro que cambiar la gobernanza local por una oportunidad de reestructuraci贸n no produjo los resultados esperados.
Los reparos del gobierno federal sobre c贸mo Puerto Rico administr贸 sus finanzas en el pasado, se han desviado injustamente m谩s all谩 de la crisis fiscal y se ha transformado en la narrativa m谩s t贸xica de que Puerto Rico es incapaz de dirigir su propio gobierno. Aprovechando esa narrativa, la Administraci贸n Trump nombr贸 m煤ltiples monitores en agencias federales con responsabilidades ambiguas, lo que result贸 en un proceso altamente burocr谩tico e ineficiente que ha impedido que la ayuda de recuperaci贸n llegue a la isla. El trabajo futuro requerir谩 una mirada m谩s de cerca a la mejor manera de ampliar y priorizar la participaci贸n federal. Ofrecemos varias opciones a continuaci贸n.
Prioridades
Problemas estructurales: 聽Las desigualdades program谩ticas han debilitado la capacidad de la isla para superar varios obst谩culos sist茅micos que preceden a los desastres naturales y econ贸micos m谩s recientes. Durante d茅cadas, Puerto Rico ha estado lidiando con niveles de pobreza aguda y tasas de participaci贸n en la fuerza laboral cr贸nicamente bajas. El gobierno federal debe concentrar su energ铆a en brindar a los residentes de Puerto Rico acceso equitativo a los programas y fondos federales para evitar las trampas de la pobreza y estimular el crecimiento econ贸mico.
Capacidad estatal: No hay duda de que la lentitud en el desembolso de fondos federales posdesastre ha entorpecido los esfuerzos de recuperaci贸n de Puerto Rico. Si bien muchos grupos y organizaciones se han centrado 煤nicamente en la cantidad de d贸lares que Puerto Rico ha recibido hasta ahora, tambi茅n debemos tener cuidado de no mezclar los fondos para la reconstrucci贸n con el crecimiento econ贸mico a largo plazo. Sin duda, el financiamiento para la reconstrucci贸n ser谩 fundamental en los pr贸ximos a帽os, pero estos d贸lares temporales no solucionan adecuadamente los problemas estructurales que, a menos que se corrijan, continuar谩n obstaculizando el 茅xito socioecon贸mico. En este momento, es necesario desarrollar la capacidad de estado en Puerto Rico para absorber y administrar los fondos de reconstrucci贸n, de modo que la atenci贸n se centre menos en la cantidad total y m谩s en d贸nde se invierte este dinero.
Estatus pol铆tico: La relaci贸n entre el gobierno federal y los funcionarios electos locales de Puerto Rico no es secundaria m谩s bien es una pieza central en el trato que recibe Puerto Rico dentro de los programas federales. A principios del siglo XX, la Corte Suprema de Estados Unidos decidi贸 sobre una serie de casos conocidos como Casos Insulares que sentaron un precedente hist贸rico para la autoridad del gobierno federal sobre sus territorios, incluido como se aplican los programas federales. La consideraci贸n a nivel federal sobre una resoluci贸n de estatus de Puerto Rico no debe simplificar demasiado las dimensiones culturales, econ贸micas, legales y constitucionales que requerir谩n la participaci贸n de todas las partes: acad茅micos, funcionarios gubernamentales y residentes por igual.
Todas las acciones propuestas requerir谩n incluir el insumo de l铆deres locales y federales a lo que ha sido principalmente un cuerpo pol铆tico dentro del Ejecutivo. Dotar de personal al nuevo organismo y brindarle los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo debe estudiarse cuidadosamente, y atraer a expertos de diferentes sectores para brindar orientaci贸n al grupo de trabajo federal.