Puerto Rico: Impacto de los cambios en la en política pública federal
Publicado el 27 de marzo de 2025 / Read in English
Director de Política Pública
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Introducción
Cuando se elige un nuevo presidente en Estados Unidos, su equipo de transición rápidamente se reúne para proponer e implementar políticas que definirán el rumbo de su administración. Desde la época de Franklin D. Roosevelt, el desempeño durante los primeros 100 días se ha utilizado como referencia para evaluar la eficiencia de una nueva administración presidencial.
Aunque aún no hemos alcanzado los primeros 100 días del segundo término del presidente Trump, no es una exageración señalar que su administración ya ha ocasionado un impacto significativo en menos tiempo del esperado. La historia de Puerto Rico muestra claramente que destruir o desmantelar instituciones es mucho más fácil y rápido que construirlas o reconstruirlas, una lección importante al comparar las propuestas de distintas administraciones presidenciales.
Durante muchas décadas, el conocimiento y comprensión en el ámbito federal sobre el rol de Estados Unidos en Puerto Rico y los factores históricos que contribuyen a los retos que aún enfrentamos han sido muy limitados. A lo largo de más de 125 años de historia, la Casa Blanca ha intentado delegar estos asuntos a diversas agencias, pero dichos esfuerzos generalmente han sido superficiales y los resultados han sido insuficientes.
Inicialmente, Puerto Rico y otros territorios adquiridos después de la Guerra Hispanoamericana estuvieron bajo la jurisdicción del Departamento de Guerra (hoy Departamento de Defensa). Luego de aproximadamente treinta años, la jurisdicción sobre Puerto Rico pasó al Departamento del Interior, tradicionalmente encargado de asuntos territoriales e indígenas. No obstante, en 1961, el presidente John F. Kennedy modificó este enfoque y estableció que todos los asuntos relacionados a la relación de Puerto Rico con Estados Unidos se manejarían directamente desde la Oficina del Presidente. Desde entonces, varias administraciones han intentado abordar los asuntos relacionados con Puerto Rico mediante grupos de trabajo interagenciales para examinar y gestionar la interacción federal con la isla.
En 1992, el presidente George H.W. Bush ordenó que todos los departamentos y agencias ejecutivas trataran administrativamente a Puerto Rico “como si fuera un estado”, en la medida posible. En medio de continuos debates sobre el estatus político de Puerto Rico y cómo éste impacta directamente su gobernanza y limita su autonomía, la administración Clinton estableció en el año 2000 el Grupo de Trabajo Presidencial sobre el Estatus de Puerto Rico, cuyo objetivo era guiar la discusión sobre posibles opciones de estatus. La administración de George W. Bush continuó en esta línea con dos informes adicionales explorando la posible dirección de las relaciones entre EE.UU. y Puerto Rico. La administración Obama continuó este enfoque en 2011, pero la crisis fiscal de la isla llevó a la aprobación en 2016 de la Ley PROMESA, ampliamente rechazada por los puertorriqueños, imponiendo una Junta de Supervisión Fiscal no electa a cambio de acceso a un mecanismo judicial para reestructurar su deuda.
Ante una recesión prolongada, huracanes consecutivos, terremotos y una pandemia global, la administración Biden tomó medidas específicas para acelerar la recuperación de Puerto Rico a largo plazo. Nombró a una directora para Puerto Rico y los territorios en la Casa Blanca, delegó oficialmente la recuperación y modernización de la red energética a un alto funcionario del gabinete (secretario de Energía) y designó un coordinador de Crecimiento Económico para Puerto Rico, formando un equipo mixto de empleados públicos de carrera y funcionarios públicos de confianza para una estrategia integral.
Ahora, en las primeras semanas de la nueva administración Trump, Puerto Rico ya no cuenta con estos recursos dedicados en agencias federales. Debido a que estas medidas estaban diseñadas para resultados a largo plazo, aún es pronto para juzgar completamente sus efectos. Este tipo de cambios abruptos entre administraciones es muy común en Puerto Rico, donde el liderazgo gubernamental cambia cada cuatro años junto con buena parte del personal y las políticas públicas. Ante esta situación, parece que mantener un perfil bajo a nivel federal es la estrategia más prudente, especialmente cuando la alternativa podría implicar ser blanco específico de políticas de recortes que ya están siendo implementadas en el gobierno federal.
Órdenes ejecutivas 
El 20 de enero de 2025, Donald J. Trump juramentó como el presidente número 47 de Estados Unidos, y tanto él como sus políticas han sacudido rápidamente a Washington, DC. Hasta la fecha, el presidente Trump ha firmado más de 90 órdenes ejecutivas destinadas a implementar, sin acción del Congreso, una variedad de políticas públicas sin precedentes.
Algunas de estas órdenes son simbólicas, como cambiar el nombre del Golfo de México a “Golfo de América”, pero otras son mucho más sustanciales, como las que pretenden detener el gasto de miles de millones de fondos federales.
Entre otras cosas, sus órdenes ejecutivas buscan eliminar la ciudadanía por nacimiento a todos aquellos nacidos en el territorio de Estados Unidos (ignorando el lenguaje de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos); imponer aranceles tanto a aliados como a adversarios geopolíticos; reducir la inmigración legal e ilegal; recortar significativamente la fuerza laboral federal, especialmente los empleados de carrera; reducir en un 50% los costos administrativos financiados con subvenciones de los Institutos Nacionales de la Salud para investigación; paralizar casi todos los programas de ayuda exterior, incluso en áreas delicadas como salud pública, nutrición y acceso a agua potable; eliminar todos los programas federales de diversidad, equidad e inclusión (“DEI”); y suspender todo gasto federal en préstamos y subvenciones a gobiernos estatales y locales, ONG y algunas empresas privadas.
Impacto en Puerto Rico
Que sepamos hasta ahora, ninguna orden ejecutiva ha apuntado específicamente a programas o financiamiento dirigido exclusivamente a Puerto Rico. Sin embargo, el gobierno estatal y las administraciones municipales, así como ciertas organizaciones no gubernamentales en la isla, podrían verse afectados negativamente si tenían asignados fondos federales para iniciativas de DEI, proyectos de energía renovable o programas para mitigar el cambio climático, todos los cuales han sido puestos en la lista de programas federales que deben eliminarse de inmediato.
Además, los empleados federales que viven y trabajan en Puerto Rico han sufrido despidos, al igual que sus contrapartes en Estados Unidos. Estas reducciones en el empleo federal afectarían negativamente la economía de Puerto Rico y limitarían la disponibilidad de ciertos servicios federales en la isla, dependiendo de la magnitud de los recortes y las agencias afectadas.
Finalmente, muchas compañías privadas en Puerto Rico reciben pagos o fondos federales a cambio de bienes y servicios que venden a agencias gubernamentales locales en calidad de contratistas, suplidores o comerciantes. Por lo tanto, recortes significativos en los gastos federales en Puerto Rico tendrían un impacto negativo directo en estas compañías, así como un impacto indirecto, en la medida en que una reducción de la actividad económica general disminuye aún más la demanda de bienes y servicios de estas empresas.
Durante los próximos meses, existen tres áreas específicas que son motivo de especial preocupación. Primero, el Congreso ha asignado aproximadamente $52,000 millones a través de FEMA para financiar la reconstrucción de Puerto Rico tras los huracanes Irma y María. Según la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico, hasta finales de febrero de 2025, se habían gastado alrededor de $23,000 millones de esa cantidad. En teoría, los restantes $30,000 millones deberían estar protegidos contra intentos de reversión o rescisión si ya fueron “legalmente obligados”. Sin embargo, ya hemos visto varios casos en los que el desembolso de fondos federales ha sido retenido o congelado, aun cuando ya se había asumido el compromiso legal. En caso de que estos fondos sean rescindidos, la única opción que tendría el gobierno de Puerto Rico sería demandar al gobierno federal.
La administración Trump también ha expresado su intención de desmantelar FEMA. Por ahora, no está claro cómo esto afectaría directamente a Puerto Rico, pero precisamente por eso el gobierno local debe mantenerse pendiente a la evolución de la situación en Washington. Sin duda, la pérdida de estos fondos de reconstrucción tendría un impacto severamente negativo sobre el proceso de recuperación y la economía puertorriqueña.
Segundo, la administración Trump anunció su intención de eliminar el Departamento de Educación de Estados Unidos, notificando ya a varios miles de empleados sobre su despido. Aunque aún no se conocen los efectos exactos sobre la operación de dicho departamento, su desmantelamiento podría afectar el desembolso de miles de millones de dólares otorgados a través del Título I de la Ley de Educación Elemental y Secundaria y la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, ambos administrados actualmente por el gobierno federal. Aproximadamente $2,400 millones, o el 45%, del presupuesto de $5,300 millones del Departamento de Educación de Puerto Rico para el año fiscal 2025 provienen directamente del gobierno federal estadounidense. Cualquier cambio significativo en este financiamiento podría afectar directamente la educación de algunos de los niños más vulnerables en Puerto Rico.
Por último, el financiamiento federal del Medicaid es otra área inmediata de preocupación. La Cámara de Representantes de Estados Unidos. aprobó una resolución presupuestaria para el año fiscal 2026 ordenando al Comité de Energía y Comercio recortes por $880,000 millones, algo prácticamente imposible de lograr sin afectar al programa Medicaid, que cae bajo la jurisdicción de ese Comité. Actualmente, aproximadamente el 72% del costo total del programa Medicaid en Puerto Rico (alrededor de $3,400 millones de un total de $4,700 millones) está financiado por fondos federales, beneficiando a cerca del 50% de la población local. Cualquier reducción significativa en estos fondos limitaría drásticamente el acceso a la salud para cerca de 1.5 millones de beneficiarios y tendría efectos devastadores sobre las finanzas del gobierno central. Por ejemplo, si el Congreso decide revertir el financiamiento a la fórmula previa al ACA para el año fiscal 2028, la aportación federal se limitaría a un máximo aproximado de $500 millones, dejando al gobierno de Puerto Rico responsable de cubrir hasta $4,800 millones o recortar drásticamente servicios o beneficiarios.
Hasta ahora, Puerto Rico ha evitado las consecuencias más graves de las políticas públicas del presidente Trump gracias a decisiones temporeras de los tribunales federales que han paralizado la implementación de varias órdenes ejecutivas recientes. Sin embargo, mantener un perfil bajo y simplemente esperar lo mejor no es una estrategia eficaz. Sería prudente que el gobierno puertorriqueño empiece a diseñar estrategias para mitigar el posible daño económico y social que podría sufrir la isla durante los próximos tres años y diez meses.
Avalancha de órdenes ejecutivas
Las órdenes ejecutivas del presidente Trump han creado incertidumbre entre muchos beneficiarios de subvenciones, proveedores de servicios y empleados federales. Particularmente dañina ha sido la orden que establece una “pausa” en el gasto de asistencia financiera federal. Dicha orden fue acompañada por un memorando emitido por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) el 27 de enero de 2025, el cual establece los parámetros para dicha pausa:
“La asistencia financiera debe enfocarse en promover las prioridades de la Administración, canalizando los impuestos de los ciudadanos hacia una América más fuerte y segura, eliminando la carga financiera de la inflación, impulsando la energía y manufactura estadounidenses, terminando con la ‘ideología woke’ y la militarización política del gobierno, promoviendo la eficiencia gubernamental y recuperando la salud de los estadounidenses. Utilizar recursos federales para promover políticas marxistas de equidad, la ideología transgénero o el ‘Green New Deal’ es un desperdicio del dinero del contribuyente y no mejora la vida cotidiana de nuestros ciudadanos”.
Como se muestra arriba, el lenguaje del memorando era extremadamente amplio, muchos términos quedaron sin definir y, al menos en teoría, la pausa podría afectar hasta a $3 billones (“trillions”) de gasto federal. Muchos gobiernos estatales y locales, así como ONGs, han tenido dificultades en averiguar si la pausa del gasto afectaba su financiamiento y qué programas estaban cubiertos (o no). Un memorando posterior trató de aclarar su alcance, pero la confusión continúa.
Numerosos beneficiarios de fondos federales han acudido a los tribunales solicitando medidas cautelares que paralicen temporeramente la aplicación de varias órdenes ejecutivas, mientras los tribunales deliberan. Eventualmente, la OMB retiró el memorando del 27 de enero y al menos dos tribunales han ordenado que dicha pausa no tenga efecto hasta decidir sobre los méritos de estos asuntos.
No obstante, diversas organizaciones y beneficiarios de subvenciones continúan denunciando que sus fondos han desaparecido, están retenidos o resultan imposibles de acceder por medios tradicionales (en especial a través de portales en línea que dejaron de funcionar). Por ejemplo, Politico reportó que ocho grupos sin fines de lucro que recibieron $20,000 millones del Fondo para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero, administrado por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), “no tienen acceso a sus cuentas en Citibank desde el 18 de febrero debido a un bloqueo aún no explicado, implementado en medio de críticas por parte de la administración del presidente Donald Trump”. Además, muchas organizaciones, ya sea por extrema cautela o quizás por actos de obediencia anticipada, han dejado de prestar ciertos servicios o se han abstenido de realizar ciertas acciones. Este tipo de “congelación” autoimpuesta de gastos ya ha impactado el financiamiento de proyectos de energía renovable y la prestación de servicios esenciales para poblaciones vulnerables, incluyendo mujeres y niños de bajos recursos, personas mayores y pacientes con VIH, entre otros grupos.
Para brindar una idea de la posible magnitud de este impacto, el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés) estima que en el año fiscal 2022 el gobierno federal “envió aproximadamente $1.112 billones (“trillion”) a los gobiernos estatales, lo que equivale al 36.1% de los ingresos totales de estos estados (en algunos casos, parte de estos fondos fueron transferidos posteriormente a gobiernos locales). Ese mismo año, los estados proveyeron unos $662,300 millones a gobiernos locales, representando el 28% de sus ingresos totales (parte de esta cantidad era financiamiento federal transferido por los estados a los gobiernos locales)”. Esta cifra no incluye financiamiento directo a ONGs y organizaciones sin fines de lucro que proveen servicios directos a la ciudadanía. (Ver gráfica más abajo)
Fuente: Oficina del Censo de los EE.UU., Encuesta Anual sobre Finanzas de Gobiernos Estatales y Locales
Como se mencionó anteriormente, el único recurso que tienen los gobiernos locales, destinatarios o beneficiarios ante esta situación es presentar demandas judiciales contra el gobierno federal. Hasta la fecha, la organización Just Security ha identificado al menos 129 demandas contra el gobierno federal relacionadas con la emisión de órdenes ejecutivas. Tomará tiempo que estos casos sean resueltos en los tribunales. Mientras tanto, prevalece la incertidumbre y la administración continúa impulsando su agenda extremista.
El daño provocado por estas decisiones será duradero, y en algunos casos, podría ser permanente. En una conferencia de prensa reciente, Elon Musk, quien dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental reorganizado mediante orden ejecutiva, declaró que esperaban cometer errores y corregirlos cuando fueran señalados. Sin embargo, esta filosofía de “moverse rápido y romper cosas”, aunque popular en el ámbito tecnológico, no es adecuada para mejorar los servicios gubernamentales. ¿Realmente queremos eliminar empleos relacionados con la seguridad aérea, la regulación de productos químicos peligrosos o el mantenimiento de armas nucleares? Como dijo Martin Wolf, comentarista económico principal del Financial Times: “No se mejora un sistema complejo atacándolo al azar”. En algunos casos, podría ser demasiado tarde para revertir los daños ocasionados por recortes presupuestarios irresponsables.
Por supuesto, el gobierno federal, que tiene planificado gastar aproximadamente $6.9 billones (“trillions”) este año fiscal, tiene inevitablemente ineficiencias operativas y cierto grado de gastos innecesarios. También es cierto que las regulaciones federales se acumulan con el tiempo. Sin embargo, hasta donde sabemos, nadie se opone a esfuerzos razonables para mejorar la efectividad del gobierno federal o eliminar el verdadero desperdicio, fraude y abuso de programas federales.
Como escriben Jennifer Pahlka y Andrew Greenway en un artículo reciente para el Centro Niskanen, la capacidad del gobierno federal para ejecutar políticas públicas ha disminuido significativamente en las últimas cuatro décadas. La tarea de “reconstruir nuestra capacidad estatal —cómo funciona nuestro gobierno— es una labor ardua que requiere aprender y reformar las reglas y cultura de la burocracia”. Sin embargo, recortar programas ciegamente y reducir la fuerza laboral federal no mejora el funcionamiento ni fortalece la capacidad estatal necesaria. Según Pahlka y Greenway, desarrollar inteligentemente esta capacidad requiere un nuevo enfoque en: (1) contratar a las personas adecuadas, (2) reducir procedimientos excesivos, (3) invertir en infraestructura digital, e (4) implementar enfoques continuos de “prueba y aprendizaje” en busca de resultados concretos. Una visión muy diferente al método de “reforma” del gobierno adoptado por la administración Trump.
A corto plazo, además del daño causado a la capacidad operativa del gobierno federal y sus programas, algunos economistas están preocupados por el riesgo de que Estados Unidos entre inadvertidamente en una crisis financiera. Según Wendy Edelberg y Ben Harris, del Brookings Institution, “el verdadero peligro para nuestra economía es que nuestros líderes políticos hagan algo irresponsable que inquiete a los mercados financieros”. Por ejemplo, que “el presidente decida arbitrariamente qué bonistas del Tesoro recibirán sus pagos”. Con Elon Musk suelto sin control en Washington con acceso al sistema de pagos del Tesoro, información del IRS y datos del Seguro Social para propósitos hasta ahora desconocidos, no se puede descartar que comenta un error grave.
También hay evidencia sobre el efecto negativo de la incertidumbre causada por las nuevas políticas públicas de la administración Trump. El pronóstico GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta estima que el “crecimiento del PIB real (tasa anual ajustada estacionalmente) en el primer trimestre de 2025 es del -1.8 % el 18 de marzo, frente al -2.1 % el 17 de marzo”.
Si bien debemos tener cuidado de no llegar a conclusiones demasiado firmes basado en un solo indicador a corto plazo, es justo señalar que las acciones del presidente Trump para reducir la fuerza laboral civil, recortar miles de millones de dólares en inversiones federales, castigar a los socios comerciales con nuevos aranceles y tomar medidas severas contra los trabajadores migrantes no auguran nada bueno para la salud de la economía estadounidense, ni estas políticas públicas inspiran la confianza necesaria para mantener el consumo y la inversión a largo plazo en PreEstados Unidos. También es evidente que algunos de los indicadores económicos más subjetivos, como la confianza del consumidor, las perspectivas del mercado laboral y las expectativas de inflación, están apuntando en una dirección negativa.
Consideremos el tema de los aranceles impuestos a productos de Canadá y México. Según Brad Setser del Council on Foreign Relations: “Los aranceles del 25% sobre México y Canadá probablemente serán considerados como una de las medidas de política económica más autodestructivas en la historia reciente. Aplicar aranceles a la cadena de suministro automotriz de EE.UU., que contiene gran contenido estadounidense proveniente de Canadá y México, mientras se deja abierto el mercado para importaciones desde Corea del Sur y Japón, es absurdo… Imponer aranceles a México, pero no al Sudeste Asiático es igualmente insensato; es un enorme regalo para empresas chinas que utilizan piezas chinas para abastecer al mercado consumidor estadounidense desde el Sudeste Asiático”.
A largo plazo, la mayor amenaza es el daño potencial a instituciones estadounidenses fundamentales como el Estado de Derecho, el debido proceso de ley y la separación de poderes. La administración Trump ha asumido una visión maximalista del alcance del poder ejecutivo, particularmente presidencial. Esta visión contradice las normas constitucionales estadounidenses y las prácticas democráticas establecidas. Por ejemplo, la afirmación hecha en una orden ejecutiva del 18 de febrero, según la cual “el presidente y el fiscal general interpretarán la ley para el poder ejecutivo, en lugar de permitir que distintas agencias adopten interpretaciones diferentes”, es claramente incorrecta e inconstitucional.
En el sistema constitucional estadounidense, corresponde a los tribunales interpretar la ley. Además, el Congreso tiene el “poder de la cartera” (la capacidad de gasto) según el Artículo I, sección 9, cláusula 7 de la Constitución estadounidense. El presidente no puede reescribir leyes presupuestarias, imponer requisitos adicionales al gasto no legislados por el Congreso o negarse a gastar fondos debidamente asignados. Sin embargo, el Congreso ha sido sorprendentemente permisivo frente a esta fuerte afirmación de poder ejecutivo por parte del presidente Trump.
Esta es una situación peligrosa. Como señalan Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro “Cómo mueren las democracias” (Crown, 2018), el sistema político estadounidense no está diseñado para soportar este tipo de “juego duro constitucional”, definido como una “forma de combate institucional destinada a derrotar permanentemente a los rivales partidistas, sin importar si el juego democrático continúa o no”.
También enfatizan que la democracia estadounidense depende de dos normas informales clave: (1) la tolerancia mutua, que implica reconocer a los rivales políticos el derecho a existir y competir; y (2) la contención institucional, o el abstenerse de ejercer el poder legal en toda su extensión si eso puede dañar el sistema. Desde el 20 de enero, la administración Trump ha mostrado poca voluntad para actuar de acuerdo con estas normas. En cambio, repetidamente pone a prueba los límites de la resiliencia del sistema político estadounidense.
Para ser justos, la administración Trump aún no se ha negado abiertamente a cumplir con una orden judicial, aunque está peligrosamente cerca de cruzar esa línea. Hasta ahora, según el New York Times, 41 decisiones judiciales han paralizado temporeramente diversas iniciativas del presidente Trump. Recientemente, la Corte Suprema se negó a revertir una decisión judicial inferior que ordenaba a la administración Trump desembolsar $2,000 millones en ayuda extranjera que habían sido congelados. Por ahora, parece que los tribunales están haciendo su trabajo, pero muchos abogados y expertos temen que Estados Unidos se encamine hacia una crisis constitucional. Esa crisis podría materializarse si, por ejemplo, la Corte Suprema anulara permanentemente una orden ejecutiva que recorta gastos o si ordenara al presidente implementar una ley específica sobre gastos y este decidiera ignorar dicha orden judicial.
En ese sentido, la estabilidad del sistema político estadounidense depende por completo de que los funcionarios electos respeten un código de honor implícito: todos estamos de acuerdo que los tribunales tienen la última palabra sobre la constitucionalidad o legalidad de las acciones u omisiones del poder ejecutivo o legislativo. Socavar la autoridad o legitimidad de los tribunales podría provocar el colapso del sistema completo. Por ello, si Trump decidiera desafiar directamente el Estado de Derecho en esta ocasión, el único recurso efectivo disponible para la oposición podría ser “paralizar al país”, según palabras de Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles. En ese punto, la única medida disuasiva sería un proceso de destitución (“impeachment”), una amenaza que ya se ha demostrado poco efectiva anteriormente contra el presidente Donald Trump.
Este contenido fue traducido del inglés al español usando inteligencia artificial y fue revisado por un editor humano antes de ser publicado.
Papas y cerveza: Cuando las guerras comerciales tocan nuestras puertas
Por: Enrique Figueroa Grillasca, asociado de Investigación
Se anticipa que los próximos cuatro años estarán marcados por la incertidumbre económica y cambios en las políticas comerciales. Un asunto clave es la creciente guerra comercial entre Estados Unidos, Canadá y México.
Estimar los impactos de cambios en aranceles es una tarea compleja. Si le añadimos los niveles altos de incertidumbre y tomamos en cuenta la evolución constante de la situación, identificar los efectos específicos de estos aranceles a nivel regional se vuelve aún más complicado, asemejándose más bien a dar palos a ciegas. Esto ocurre porque los efectos de un cambio arancelario no se pueden asumir simplemente como un aumento directo y lineal en los precios equivalente al valor del arancel.
Tanto consumidores como productores responden a cambios en los precios mediante diversos mecanismos, primordialmente la sustitución. Cuando aumenta el precio de un producto, los consumidores tienden a sustituirlo por otro comparable más económico. Por ejemplo, si aumenta el precio de la cerveza mexicana debido a nuevos impuestos, los consumidores probablemente consumirán menos cerveza mexicana y optarán por alternativas como cervezas dominicanas o españolas. Estos son conocidos como efectos de primer orden, que son las respuestas inmediatas ante cambios en las condiciones económicas.
De manera similar, los productores también sustituyen sus insumos cuando es posible. Un ejemplo sería el caso de fabricantes locales de sistemas de control ambiental que actualmente importan gran cantidad de compresores y componentes relacionados desde México. Estas sustituciones no son inmediatas, perfectas ni necesariamente posibles en todos los casos (el grado de estas sustituciones se mide econométricamente mediante la estimación de elasticidades de precios y de sustitucion), lo que puede causar aumentos temporeros en los precios y posibles interrupciones en la cadena de suministro. Estas mismas dinámicas también aplican a productores estadounidenses de los cuales Puerto Rico importa bienes, creando otro canal adicional por el cual los aranceles impactaran la economía local. A esto se suman respuestas secundarias, a medida que los consumidores modifican sus preferencias y los productores reasignan sus recursos para ajustar su oferta ante las nuevas condiciones.
A medida que los eventos transcurran y las políticas comerciales se estabilicen, será más factible evaluar en detalle los efectos reales de estos aranceles. Aunque este no es un análisis en profundidad de los aranceles y sus impactos, creemos que entender la relación comercial entre Puerto Rico, Canadá y México es un paso crucial.
Puerto Rico importa una cantidad significativa de productos desde Canadá y México, tanto productos finales para consumo—como $72 millones en papas canadienses o $26 millones de cervezas de México—como productos intermedios utilizados en la manufactura local, incluyendo $24 millones en compresores provenientes de México.
Cualquier aumento en los aranceles afectará los precios de los bienes, el empleo y la producción en la isla. Sin embargo, predecir el impacto preciso es difícil debido a que depende directamente de las respuestas tanto de consumidores como productores, las cuales a su vez dependen de las elasticidades de ingreso y precio, la disponibilidad de bienes sustitutos y estrategias cambiantes de producción.
De concretarse estos aranceles de forma permanente, representarían un cambio sustancial en la política económica de Estados Unidos con consecuencias globales. Sin embargo, los efectos finales dependerán en última instancia de las políticas adoptadas por todos los países involucrados y la capacidad de adaptación de los mercados en respuesta a estas nuevas condiciones.
Este contenido fue traducido del inglés al español usando inteligencia artificial y fue revisado por un editor humano antes de ser publicado.