Hace poco más de un mes la Oficina del Censo de EE.UU. publicó una notificación de propuesta de reglamentación para eliminar el requisito de radicar una declaración de información de exportación electrónica para envíos entre Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. Esta notificación ha pasado mayormente desapercibida pero las implicaciones que tiene sobre los datos económicos de Puerto Rico ameritan su atención.
Algunas empresas que envían productos hacia y desde EE.UU. y Puerto Rico quizás ya conozcan sobre el requisito pero para el beneficio de las demás, actualmente es un requisito que se le informe a las autoridades federales sobre cualquier envío valorado en más de $2,500 o que requiera una licencia de exportación. La información requerida, que incluye datos relacionados con el remitente, la información del producto y el destino, se conoce como una declaración de información de exportación electrónica (EEI, por sus siglas en inglés) y se utiliza para monitorear exportaciones y publicar los datos estadísticos del país.
Además, las agencias de orden público usan los datos para evitar que se exporten envíos no autorizados y la Oficina del Censo de los EE. UU. los usa para calcular los datos comerciales mensuales. Si esta información tiene un impacto sustancial sobre nuestros datos económicos, entonces ¿por qué el gobierno federal busca eliminar este requisito para Puerto Rico?
La respuesta a esta pregunta deja al descubierto, una vez más, el tema del estatus de Puerto Rico. Esto se debe a qué, aunque no se requieren declaraciones para envíos entre los estados, sí se requieren declaraciones para envíos entre Puerto Rico y EE.UU. Por esta razón, y en línea con las promesas de campaña, el ex-gobernador Ricardo Rosselló firmó la Orden Ejecutiva 2017-030 el 24 de abril 2017 solicitando la creación de un Grupo de Trabajo Interagencial para eliminar el requisito federal de presentar una declaración de Información de Exportación Electrónica (EEI).
Los partidos que favorecen la estadidad en Puerto Rico han argumentado por mucho tiempo que este trato desigual perpetúa la percepción de que Puerto Rico no es parte del mercado económico estadounidense. Las grandes compañías de transporte entienden que las pequeñas y medianas empresas no pueden cumplir con la regulación federal y para cumplir con el requisito obligatorio, los transportistas brindan el servicio y les transfieren los costos asociados a sus clientes, lo que representa costos de envío más altos para los productos comprados en los EE.UU. Sin embargo, debe aclararse que la información requerida por las autoridades federales se puede remitir a través de una página de internet federal sin ningún costo al remitente.
Si bien las preocupaciones planteadas por los oponentes a este requisito y la Orden Ejecutiva son válidas, también es cierto que Puerto Rico se ha beneficiado de obtener datos altamente detallados provenientes de la EEI. Debido a que Puerto Rico no participa en muchas otras encuestas de la Oficina del Censo, la posibilidad de perder datos comerciales valiosos es perjudicial. Sin los datos recopilados por la Oficina del Censo de EE.UU., los economistas no pueden capturar la combinación correcta de bienes y servicios, lo que puede conducir a distorsiones significativas en las medidas del PIB real.
El PIB real elimina el efecto de los cambios de precios y es ampliamente reconocido como la “referencia por excelencia” para medir el desempeño de la economía. Los inconvenientes que tienen las compañías solo se agudizarán si Puerto Rico pierde el nivel de datos que se recopila actualmente. Los funcionarios gubernamentales, los encargados de formular políticas públicas y los ejecutivos de empresas se verán obligados a depender de fuentes de información de menor precisión para orientar sus decisiones económicas. En un momento tan crucial para el estado fiscal de Puerto Rico, no hay margen de error. Puerto Rico necesita desesperadamente información estadística confiable. Menospreciar el valor de los datos que usamos actualmente basado en el estatus político es demasiado peligroso.
Cuando este asunto se presentó ante el Grupo de Trabajo Bipartidista del Congreso sobre Crecimiento Económico en Puerto Rico establecido por la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), los legisladores admitieron:
“Funcionarios federales han informado al Grupo de Trabajo que la eliminación del requisito de EEI puede (1) tener un impacto negativo en el esfuerzo conjunto federal y local en curso para modernizar la metodología utilizada para calcular el producto interno bruto (PIB) de Puerto Rico y otras estadísticas macroeconómicas, y (2) hacer más difícil medir el comercio entre los estados y Puerto Rico”.
Además, instaron a los funcionarios federales y locales a “realizar una evaluación exhaustiva de sus regulaciones que requieren la presentación de EEI para los envíos entre los estados y Puerto Rico”. Esta preocupación la comparten muchos economistas en la isla que se basan en los datos comerciales para estudiar y hacer recomendaciones sobre la economía de Puerto Rico.
El congresista José Serrano ha insistido sobre la desigualdad que expone este requisito sobre Puerto Rico y ha logrado incluir lenguaje en dos informes consecutivos del Comité de Asignaciones de la Cámara. El lenguaje del informe más reciente concluye:
Comercio Interestatal .– El Comité sigue preocupado por los requisitos de Información Electrónica de Exportación (EEI) que se encuentran en 15 CFR Parte 30, los cuales exigen que se presenten informes sobre ciertas mercancías entre los Estados Unidos y Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., y entiende que el Departamento de Comercio, en coordinación con el Gobierno de Puerto Rico, formará un grupo de trabajo para explorar opciones alternativas y que la Oficina del Censo emitirá una Notificación en el Registro Federal solicitando opiniones de las partes interesadas. El Comité cree que la EEI impone costos y cargas indebidos a las empresas que buscan hacer negocios en Puerto Rico y sirve como un desincentivo para la inversión. El Comité le recuerda al Departamento que el Grupo de Trabajo Bipartidista del Congreso sobre Crecimiento Económico en Puerto Rico de 2016 recomendó que el Departamento lleve a cabo una evaluación exhaustiva de sus regulaciones que requieren la presentación de EEI y evalúe conjuntos de datos alternos, incluido el sistema SURI de Puerto Rico (Sistema Unificado de Rentas Internas) que podría usarse sin modificaciones. El Comité ordena al Departamento que, dentro de los 90 días de la promulgación de esta Ley, presente un informe al Comité con un análisis de los métodos alternativos de desarrollo de datos del PIB para Puerto Rico sin utilizar información del EEI, y que proporcione un plan para eliminar gradualmente el uso de los datos de la EEI, incluido un cronograma para la implementación de estos cambios.
Si bien todos estos pasos van en la dirección correcta para asegurar que los legisladores y el público en general tengan las estadísticas más precisas y confiables posibles para Puerto Rico, cualquier esfuerzo para sustituir datos económicos debe ser estudiado cuidadosamente. A pesar de años de promesas esbozadas por funcionarios de gobierno para desarrollar una alternativa para recopilar estos datos, la nueva fuente aún no se ha materializado.
No hay duda de que se necesitan datos confiables para impulsar un plan económico sólido para Puerto Rico. Si los riesgos de distorsionar los datos económicos son graves, los alegados beneficios de eliminar la encuesta de recopilación de datos son mas inciertos.
Si usted se verá afectado positiva o negativamente por esta regulación federal, es importante que intervenga en el debate. La Oficina del Censo estará aceptando comentarios escritos hasta el 16 de noviembre de 2020 y pueden someterse electrónicamente en http://www.regulations.gov/.