La Junta de Supervisión y Administración Financiera (“JSAF”) de Puerto Rico certificó un nuevo plan fiscal para el gobierno central el viernes 23 de abril. El nuevo Plan Fiscal, al igual que los demás, se basa en cuatro elementos centrales: (1) consolidación del presupuesto (recortes de gastos y aumentos de ingresos); (2) reformas estructurales; (3) reestructuración de la deuda; y (4) financiamiento federal para asistencia en casos de desastre y asistencia por COVID-19. Esta vez lo nuevo es la magnitud del financiamiento federal. Según la JASF, Puerto Rico recibirá aproximadamente $110,000 millones en fondos federales durante los próximos diez años. Esta cantidad excedería el PIB de Puerto Rico, artificialmente inflado por los precios de transferencias entre compañías multinacionales, de aproximadamente $100,000 millones.
Como se muestra en la tabla a continuación, la JASF espera que el gobierno federal desembolse aproximadamente $64,000 millones entre el año fiscal 2021 y el año fiscal 2035, principalmente de FEMA y fondos de subvenciones globales para el desarrollo comunitario (“CDBG_DR”). Sin embargo, tengan en cuenta que se proyecta que una cantidad significativa de esos fondos, unos $47,500 millones, se desembolse entre el año fiscal 2025 y el 2035, por lo que su impacto en la economía de la isla se retrasaría y se extendería a lo largo de más de una década.
Fuente: JASF, Plan Fiscal Certificado para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 23 de abril de 2021
Con respecto a los fondos de ayuda de COVID-19, la JASF estima que el Congreso ha asignado $43,500 millones para Puerto Rico desde marzo de 2020. Como se muestra en la tabla a continuación, la mayor parte de esos fondos provienen de la Ley CARES ($18,000 millones) y el Plan de Rescate Estadounidense ($17,000 millones).
Fuente: JASF, Plan Fiscal Certificado para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 23 de abril de 2021
La JASF parece apostar a que el impacto económico positivo de este gasto compensará cualquier efecto negativo relacionado con recortar el gasto público y aumentar los recaudos del gobierno. En teoría, esto tiene sentido. En la práctica, sin embargo, implica ejecutar un difícil minué de política pública. Si bien las medidas de consolidación presupuestaria están bajo el control de Puerto Rico, el desembolso de fondos federales no lo está. El impacto final en la economía local también dependerá de la capacidad del gobierno local para cumplir con los requisitos legales federales; las capacidades de ejecución y gestión de Puerto Rico, que se han visto restringidas por años de austeridad, la politización de los procesos de compra y la corrupción; y la cantidad de fondos que termine en manos de compañías que no son locales.
Quizás más importante, la JASF establece en el Plan Fiscal que cualquier estímulo económico generado por este gasto no recurrente será limitado y temporero. Es importante resaltar la corta duración de este estímulo para no caer en un estado de complacencia indebido que no beneficia a nadie. Para aumentar de manera permanente el crecimiento económico, será necesario implementar reformas estructurales y una política industrial bien pensada. El Plan Fiscal incluye algunas reformas estructurales que pueden producir o no el crecimiento que pronostica la JASF. La parte de la política industrial, sin embargo, queda para que Puerto Rico la desarrolle.