La asistencia nutricional federal para los residentes de Puerto Rico comenzó en noviembre de 1974 bajo el antiguo Programa de Cupones para Alimentos (“FSP”, por sus siglas en inglés). Inicialmente y durante los primeros ocho años de su implementación el FSP funcionó en Puerto Rico igual que en Estados Unidos: todos los participantes elegibles recibían cupones para comprar alimentos en la isla.
En 1982, sin embargo, el Congreso sustituyó arbitrariamente el FSP en Puerto Rico por una subvención anual en bloque a través del Programa de Asistencia Nutricional (“PAN”). Esa subvención anual en bloque se limitó inicialmente a $825 millones o el 75% de las necesidades de financiamiento del FSP previstas para Puerto Rico en 1982. Este tope se mantuvo durante los primeros cinco años del programa.
Durante el año fiscal 2021, el financiamiento básico en bloque para el PAN fue de aproximadamente $2,000 millones y benefició a 1.5 millones de personas de bajos ingresos. Este financiamiento básico se complementó con asignaciones especiales en 2017, tras el huracán María, y en 2020 debido a la pandemia de Covid-19. Hoy en día, la subvención en bloque de Puerto Rico es de $2,900 millones debido a los recientes aumentos federales en el Plan Económico de Alimentos (“Thrifty Food Plan”), que también se utiliza como referencia para establecer los beneficios de nutrición bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (“SNAP”). El USDA estima que, si Puerto Rico estuviera actualmente bajo el SNAP, recibiría al menos $1,000 millones anuales adicionales en asistencia nutricional.
Si bien el reciente aumento en la cantidad anual asignada a Puerto Rico es necesario y bien recibido, la estructura de subvención en bloque del PAN aún resulta en requisitos de elegibilidad más estrictos y beneficios mensuales máximos más bajos en comparación con el SNAP. Según un Estudio de Viabilidad de 2022 comisionado por el Servicio de Alimentos y Nutrición (el “Estudio de Viabilidad”), mientras que los límites de activos del PAN son más altos que los límites de activos del SNAP, el resultado es la implementación de límites de ingresos netos y niveles de beneficios drásticamente más bajos en Puerto Rico. Por ejemplo, para recibir beneficios hoy en día un hogar con una sola persona en Puerto Rico debe tener un ingreso neto mensual por debajo de $691 en comparación con $1,251 bajo el SNAP en Estados Unidos. El nivel máximo de beneficios para un hogar del mismo tamaño es de $183 en Puerto Rico y $291 en Estados Unidos.
Además, la actual subvención en bloque del PAN no se basa en necesidades, no permite el acceso a fondos de emergencia tras desastres naturales (D-SNAP) e impide a Puerto Rico acceder a otros programas e iniciativas disponibles para los estados, Washington D.C., Guam y las Islas Vírgenes Estadounidenses a través del SNAP. Estas disparidades colocan a las familias que viven en Puerto Rico en una situación inaceptable e indefendible.
Puerto Rico definitivamente necesita fondos adicionales para la nutrición, pero la consideración de otro aumento en el financiamiento del PAN, sin prever una transición sistemática al SNAP, sería insuficiente y continuaría sometiendo a los residentes de Puerto Rico a lapsos de financiamiento, inseguridad alimentaria y a el estatus de ciudadanos de segunda clase. No es la solución a largo plazo a la que los puertorriqueños, como ciudadanos estadounidenses, tienen derecho a través de la Ley Agrícola.
El Estudio de Viabilidad afirma que el PAN se creó “en parte para controlar los costos de asistencia nutricional en Puerto Rico”, pero no estamos de acuerdo. No existe una relación racional entre el deseo general o la necesidad de recortar los costos de cualquier programa federal y la decisión de recortar sólo los beneficios que corresponden a un grupo particular de personas. En este sentido, la decisión de implementar el PAN en Puerto Rico como una subvención en bloque con tope es un ejemplo más en una larga historia de discriminación del Congreso contra los territorios basada en “un régimen de excepcionalismo territorial basado en raza”, como ha documentado el profesor Andrew Hammond de la Escuela de Derecho de la Universidad de Florida.
Aunque los miembros actuales del Congreso no son culpables de las desigualdades que se han infligido a Puerto Rico durante los últimos cuarenta y tantos años debido a las disposiciones discriminatorias e injustas del PAN, son legal y moralmente responsables de enmendarlas y corregirlas, y tienen una oportunidad obvia de hacerlo ahora.
Actualmente hay dos proyectos de ley pendientes ante el Congreso para rectificar el trato discriminatorio y desigual de Puerto Rico bajo el PAN. Tanto la H.R. 253 como la S. 949 establecen un calendario y un proceso claro para la transición de Puerto Rico del PAN al SNAP, que abordaría los fallos sistémicos en el financiamiento de la subvención en bloque del PAN. Una amplia coalición de más de 80 organizaciones que representan a la industria privada, respetadas organizaciones nacionales sin fines de lucro, grupos de expertos académicos y organizaciones religiosas ha estado abogando fuertemente por la inclusión del lenguaje establecido en las H.R. 253/S. 949 en el texto de la Ley Agrícola que se está redactando actualmente.
Mientras los miembros del Congreso estudian el texto de la Ley Agrícola, les recordamos las hermosas palabras de Matthew Croasmun y Miroslav Volf en The Hunger for Home: Food and Meals in the Gospel of Luke: “Una hogaza de pan es una de las cosas más comunes y milagrosas… Es el resultado y el sostén de un conjunto de relaciones entre Dios, los pueblos y toda la creación. Los tres se sienten como en casa unos con otros compartiendo un pan que no es sólo pan”. En pocas palabras, la comida no es sólo comida y el pan nunca es sólo pan. Son también representaciones físicas de una relación trascendente. Desafortunadamente, bajo el PAN, los puertorriqueños de bajos ingresos no pueden participar plenamente de esta comida física y espiritualmente nutritiva.
El Congreso no debe hacer que los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico esperen para recibir una porción justa de su pan diario hasta las deliberaciones de la próxima Ley Agrícola en 2028. El momento para que el Congreso cumpla con sus obligaciones legales y morales con Puerto Rico es ahora.