Centro para una Nueva Economía
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A medida que nos acercamos al final del año fiscal federal, Puerto Rico enfrenta otra posible reducción de los fondos para seguir operando su sistema de salud pública. La gravedad de la amenaza es real. Una disminución en fondos federales de $2,800 millones a aproximadamente $400 millones, lo que representa una reducción de aproximadamente 85 por ciento, podría resultar en una falta en la prestación de servicios críticos, una reducción de la población elegible y/o una reducción drástica en las tasas de reembolso a los proveedores. Todo esto puede resultar en que más médicos de atención primaria y otros proveedores de servicios de salud decidan abandonar la isla. Con aproximadamente 1.4 millones de beneficiarios de Medicaid, alrededor de 46% de la población de Puerto Rico se podría ver afectada por los cambios en financiamiento durante una crisis de salud pública mundial. Por lo tanto, es imperativo que Puerto Rico reciba los fondos federales completos de Medicaid a largo plazo. Esto significa permitir que la partida federal del programa, conocida como porcentaje de asistencia médica federal (FMAP, por sus siglas en inglés), se calcule para Puerto Rico sobre la base del ingreso per cápita relativo (como ocurre en los estados) y se elimine el límite de financiamiento arbitrario establecido por la ley federal.
Preocupada de que un paquete de recuperación no llegue antes de finales de septiembre, la mayoría dentro del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes comenzó a trabajar con los republicanos para llegar a un acuerdo bipartidista sobre los fondos de Medicaid. El proyecto de ley, la “Ley de apoyo a Medicaid en los territorios de EE.UU. de 2021” (H.R. 4406), fue discutido la semana pasada por el subcomité de Salud del Comité de Energía y Comercio. A continuación, ofrecemos una descripción general de las cantidades principales. Si bien el proyecto de ley propuesto garantiza que evitemos otro precipicio de financiamiento a corto plazo, lamentablemente también perpetúa las desigualdades existentes al extender los niveles de financiamiento inadecuados actuales por cinco años más. En este sentido, la cobertura reciente del posible acuerdo de Medicaid para Puerto Rico lo ha presentado erróneamente como una gran victoria. Sin embargo, cuando consideramos la dinámica política actual en Washington D.C., esta fue una oportunidad perdida para obtener un flujo de fondos sostenible para Puerto Rico y los otros territorios, o tal vez hasta la paridad completa con los estados.
El proyecto de ley H.R. 4406 ayuda a Puerto Rico a evitar un precipicio de fondos de Medicaid a corto plazo y ofrece cierta estabilidad al establecer niveles claros de financiamiento para los próximos cinco años. Sin embargo, el acuerdo de cinco años propuesto no alcanza la paridad con los estados, no es una solución permanente y perpetúa el trato “separado y desigual” de los beneficiarios de Medicaid en los territorios, a quienes se les dice, una vez más, que acepten una oferta “suficientemente buena”.
Quizás más importante desde una perspectiva de política pública a largo plazo, el compromiso establecido en el H.R. 4406 representa la pérdida de una oportunidad que se presenta una vez por generación para poner fin a la discriminación federal en los servicios de salud de los residentes de los territorios de los EE.UU.
Al principio de su presidencia, la Administración Biden manifestó su compromiso con garantizar que Puerto Rico pudiera participar en el programa Medicaid como lo hacen otras jurisdicciones en los Estados Unidos. El presidente añadió a esa declaración con la publicación de su primer presupuesto en el que pidió explícitamente “eliminar los límites de fondos de Medicaid para Puerto Rico y otros territorios, al tiempo que alinea la tasa de pareo con la de los estados”. Hace apenas dos años, bajo una mayoría republicana, Puerto Rico recibió un generoso paquete de dos años. Ahora, mientras los demócratas controlan la Cámara, el Senado y la Casa Blanca, Puerto Rico se ve obligado a conformarse con un acuerdo menos generoso durante un período de tiempo más largo. Para empeorar las cosas, el acuerdo se llevó a cabo con la ausencia de un esfuerzo contundente de parte de los funcionarios de Puerto Rico. En su afán por promover una agenda ideológica, los funcionarios electos han intercambiado las necesidades de salud de los puertorriqueños de bajos ingresos a favor de la conveniencia política, al aceptar una vez más la “segunda mejor opción”. La Casa Blanca ahora tiene la oportunidad de presionar a los líderes del Congreso para conseguir un paquete legislativo más generoso.
Además, las diferencias en los años de financiamiento entre Puerto Rico y los territorios significan que Puerto Rico sería el único regresando al Congreso en cinco años, o antes, ya que la cantidad asignada no será ajustada por inflación. La cantidad de fondos incluidos en este acuerdo de cinco años probablemente no alcanzará lo que se necesita para sostener la expansión de elegibilidad que se logró con los paquetes más recientes (esencialmente dejando sin atención médica a personas durante una pandemia) y Puerto Rico se verá en un aprieto al tener que decidir cómo llevar a cabo reducciones generales. Este enfoque de lo tomas o lo dejas es moralmente reprobable, especialmente cuando afecta la cobertura de salud de millones de personas.
