Publicado el 10 de octubre de 2024 / Read in Eglish
En esta edición
Para entender los próximos pasos en la transición a 100% energía renovable y hacer recomendaciones de política pública mientras se salvaguardan los intereses de las familias y empresas, CNE analizó el estatus de cada uno de los múltiples procesos que forman parte de la transformación energética de Puerto Rico. Hoy publicamos nuestra actualización en un Informe de Política Pública, resumimos el análisis abajo y lanzamos una página web que incluye todo nuestro trabajo en el sector energético y respuestas a algunas preguntas frecuentes.
Análisis de CNE
Por Sergio M. Marxuach, director de Política Pública
El funcionamiento del sistema de energía eléctrica de Puerto Rico ha sido deficiente durante muchos años. Durante décadas, el servicio eléctrico provisto por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“AEE”) era ineficiente, poco fiable y caro, debido a una mala administración recurrente, la corrupción crónica, la influencia de la política partidista y los retrasos en el mantenimiento y los gastos de capital requeridos. El pobre desempeño del sistema eléctrico se intensificó tras la quiebra de la AEE y los daños generalizados infligidos a la red de transmisión y distribución por el huracán María, ambos en 2017.
Durante los últimos siete años, el gobierno de Puerto Rico ha emprendido un esfuerzo masivo para reconstruir y modernizar el sistema; privatizar la operación y administración tanto de la red de transmisión y distribución como de los activos de generación legados de la AEE; comenzar la transición de veinticinco años para generar el 100% de la electricidad con fuentes renovables; y reestructurar las obligaciones financieras de la AEE. Sin embargo, durante el verano de 2024, la mayoría de estos esfuerzos para transformar el sistema eléctrico parecen haberse descarrilado, ya que la isla se vio afectada por apagones frecuentes en medio de uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos. De hecho, los avances ocurren a un ritmo tan lento que están casi estancados en algunas áreas y, lo que es quizá más preocupante, el gobierno parece incapaz de discernir una forma de salir del atolladero actual.
Parte del problema se debe al gran número de actores que tienen jurisdicción sobre al menos un área del sistema energético de Puerto Rico. Como se muestra a continuación, y en más detalle en esta página web, hemos identificado al menos 14 entidades a nivel del gobierno federal y estatal y del sector privado que tienen alguna influencia o control sobre al menos una parte del proceso de transformación. La coordinación y sincronización de los esfuerzos de trabajo entre estas entidades ha probado ser difícil y continúa siendo un reto, aún siete años después de la quiebra de la AEE y el huracán María.
Otro factor que ha contribuido a la lentitud de la transformación del sistema es que dicha transformación consiste en realidad de varios proyectos complejos, en muchos casos multimillonarios, cada uno con muchas piezas en movimiento y que, en muchos casos, se entrelazan parcialmente con los demás.
Luego de analizar cada proceso en curso, el Informe provee contexto, orientación y contestaciones para algunas preguntas frecuentes del público en general tales como:
- ¿Cuánto aumentarán los costos de electricidad si no se reestructura la deuda de la AEE? ¿Hasta qué punto están garantizadas las reclamaciones de los bonistas?
- ¿Cuáles fueron los ahorros y mejoras previstos por LUMA y se han materializado? ¿Cómo puede el gobierno cancelar el acuerdo con LUMA?
- ¿Qué ahorros espera conseguir el Gobierno de Puerto Rico con el contrato de Genera? ¿Cuáles son los conflictos de intereses que existen en el contrato de Genera?
- ¿Cuánto dinero falta para terminar la reconstrucción de la red y la transición a la generación 100% renovable?
Teniendo en cuenta todo lo anterior, llegamos a las siguientes conclusiones:
- Primera prioridad: La estabilización del sistema eléctrico debe ser la prioridad número uno a corto plazo.
- Riesgo de un fallo en cascada del sistema eléctrico: dado el estado actual del sistema, no se puede descartar que ocurra un evento catastrófico a corto plazo (2-3 años) a menos que se implementen pronto medidas correctivas drásticas.
- Acuerdo de O&M de LUMA: parece que no se están alcanzando los objetivos que el Gobierno de Puerto Rico quería conseguir con el Acuerdo de O&M de LUMA.
- Es complicado: Nos enfrentamos a un conjunto de proyectos complejos de varios años y miles de millones de dólares, cada uno con muchas piezas en movimiento. Es muy probable que la capacidad de ejecución actual del gobierno de Puerto Rico no sea suficiente para llevarlos a una culminación exitosa.
- ¿Quién está a cargo?: Siguen los problemas de coordinación y ejecución sin que se vislumbre una solución real.
- Existen muchas compensaciones (“tradeoffs”): Pero no está claro quién toma las decisiones y los criterios que deben tomarse en consideración para abordar estas compensaciones.
- Costos: Todos estos procesos son muy caros y aún nos faltan unos $5,000 millones para terminar la reconstrucción de la red y entre $8,000 y $10,000 millones adicionales para la transición a una generación 100% renovable.
- Riesgo de deserción de la red (“death spiral”): En varios de los escenarios modelados por el DOE, el volumen de ventas de electricidad disminuye más rápidamente que el costo total necesario para dar servicio a los clientes. Este ciclo se denomina deserción de la red (“utility death spiral”) y, aunque todavía no se ha experimentado una deserción completa en el sector eléctrico estadounidense, en el caso de Puerto Rico no se puede descartar este riesgo.
- El DOE lo insinuó al afirmar que “en el estudio PR100 se analizó una empresa de servicios públicos altamente centralizada en un futuro que estaba cada vez más compuesto por recursos eléctricos distribuidos y descentralizados que no eran propiedad de la empresa de servicios públicos ni estaban bajo su control. Nuestro análisis ilustra las implicaciones de este futuro aparentemente dicotómico: los costos de los servicios públicos no podrían reducirse tan rápidamente como las ventas al detal, lo que resultaría en tarifas eléctricas más altas”. (Informe final PR100, p. 448)
El escenario más probable, en nuestra opinión es el siguiente:
- La lentitud en la reconstrucción de la red limita los avances en la transición a energía renovable.
- Aumenta la dependencia de los combustibles fósiles, sobre todo del gas natural, simplemente para mantener la luz prendida.
- La combinación de estos factores crea una cadena de retrasos en la transición a una generación 100% renovable, seguida de esfuerzos fallidos y costosos para ponerse al día, seguidos de más retrasos y más gasto en esfuerzos fallidos para ponerse al día. La transición a la generación renovable languidece.
- La reestructuración de la deuda de la AEE resulta en un aumento de la tarifa de 3 a 4 centavos por kWh para pagar las deudas heredadas.
- Los ahorros de los Acuerdos de O&M de LUMA y Genera podrían no alcanzarse en su totalidad según se pronosticó originalmente, si es que se alcanza algún ahorro.
- La deserción de la red aumenta debido a las tarifas más altas y a la inestabilidad de la red.
- El aumento de los clientes de medición neta desestabiliza aún más la red en determinadas zonas de la isla y provoca tarifas aún más elevadas.
- En 2027/28 las tarifas promedio superan los 35 centavos/kWh.
- Puerto Rico está muy lejos de los hitos para alcanzar el objetivo del 100% en 2050.