Años de experiencia han posicionado a CNE como líder en este sector complejo y en constante evolución. El panorama energético de Puerto Rico es como un rompecabezas de muchas piezas: complicado y multidimensional, con piezas en movimiento que deben encajar para lograr un sistema sostenible, asequible y confiable.
Un contexto complejo
CNE monitorea de cerca las seis dimensiones críticas a gran escala que están impactando actualmente el sector energético. Nuestro equipo de expertos tiene la experiencia y el conocimiento para ver estos esfuerzos como parte de un todo, reconociendo la interconexión de cada dimensión y su impacto colectivo en el futuro energético de Puerto Rico.
Sigue leyendo o haz clic en los títulos a continuación para acceder a cada una de las siguientes piezas del rompecabezas:
Con tantos actores en el escenario, el sector energético local es mucho más complicado que cuando la Autoridad de Energía Eléctrica estaba a cargo.
Además de estas 14 organizaciones, hay docenas de consultores, proveedores, vendedores de sistemas solares para techos, promotores de instalaciones de generación renovable a escala comercial, organizaciones comerciales, ONG, organizaciones comunitarias y otras partes interesadas con un interés directo en la transformación del sistema energético de Puerto Rico.
Haz clic para leer sobre el papel que juega cada una de estas organizaciones.
Departamento de Energía de EE.UU. (DOE, por sus siglas en inglés) – Llevó a cabo el Estudio PR100 y el Congreso le asignó $1,000 millones para financiar proyectos de energía distribuida a nivel comunitario en Puerto Rico.
Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) – Administra y supervisa el uso de los $13,700 millones asignados por el Congreso a la reconstrucción de la red eléctrica.
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) – Se encarga de supervisar el uso de aproximadamente $1,900 millones en fondos CDBG para modernizar el sistema energético de Puerto Rico.
Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés) – Es el enlace principal entre el gobierno de Puerto Rico y FEMA. El COR3 es técnicamente el beneficiario primario (“grantee”) de la mayoría de los fondos federales para la reconstrucción.
Departamento de Vivienda de Puerto Rico (DVPR) – Administra y supervisa el uso de los fondos CDBG en Puerto Rico.
Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) – El regulador independiente del sistema eléctrico de Puerto Rico. Tiene el mandato legal de regular la generación y la venta de electricidad en la isla, fijar las tarifas y planificar el funcionamiento eficiente a largo plazo del sistema eléctrico, entre otros asuntos importantes.
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) – Empresa pública de Puerto Rico, actualmente en quiebra y propietaria nominal de los activos del sistema eléctrico de Puerto Rico.
LUMA – Administradora privada y operadora de la red eléctrica de Puerto Rico. Se encarga de autorizar las interconexiones a la red y despachar la electricidad al sistema.
Genera PR – Administradora privada y operadora de los activos de generación heredados de la AEE encargada de desmantelar la flota de generación fósil existente y de coordinar la puesta en marcha de nuevos recursos de generación renovable.
AES y EcoEléctrica – Productores de energía independientes con una capacidad de generación agregada de aproximadamente 900 MW que utilizan carbón y gas natural, respectivamente. La central de AES tiene que cerrar por ley en 2028.
Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (P3A) – Ejerce funciones limitadas de supervisión en virtud de los acuerdos de operación y mantenimiento suscritos con LUMA y Genera, respectivamente.
Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) – Representa a la AEE en su proceso de quiebra. Tiene poderes de supervisión sobre la AEE conforme a PROMESA. Certifica el Plan Fiscal anual de la AEE y su presupuesto operativo. Ejerce autoridad bajo PROMESA para revisar ciertos contratos cubiertos por dicha ley. En el caso de la AEE, ha estado a cargo de revisar los términos y condiciones de los acuerdos de compra de energía entre los suplidores de generación renovable a escala comercial y la AEE.
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal Federal) – Tiene jurisdicción sobre la quiebra de la AEE bajo el Título III de PROMESA. Eventualmente determinará cuánto pueden recuperar los acreedores de la AEE y certificará un Plan de Ajuste (“POA”, por sus siglas en inglés). El POA afectará las tarifas de electricidad en la medida en que imponga un cargo especial para pagar a los bonistas y la AEE no pueda generar ahorros compensatorios.
La reestructuración de las operaciones de la AEE se encuentra en una etapa bastante avanzada tras la ejecución de dos acuerdos para privatizar la operación y mantenimiento de (1) la red de transmisión y distribución (T&D) de la AEE y (2) los activos heredados de generación (LGA, por sus siglas en inglés).
LUMA, un consorcio canadiense/estadounidense, ha estado a cargo de las operaciones de despacho de energía y de mantener la estabilidad del sistema de T & D desde julio de 2021. A principios de 2023, el gobierno de Puerto Rico seleccionó a Genera PR, una filial de New Fortress Energy (una compañía de gas natural), para gestionar y operar la flota deteriorada de Activos Heredados de Generación de la AEE.
Ambos contratos han sido cuestionados recientemente.
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Esta meta, compleja y difícil, que debe alcanzarse para 2050 en virtud de la ley de energía aprobada en 2019, tiene muchas posibles piezas en movimiento. Existen varias rutas para lograr este objetivo, pero todas requieren compensaciones (“tradeoffs”) difíciles e inversiones significativas. Como era de esperar, hay tanto costos como beneficios económicos.
¿Cuáles son los diferentes escenarios presentados por el Departamento de Energía de EE.UU. en su Estudio PR100? ¿Cuáles son las compensaciones y los efectos esperados?
Lee nuestros análisis del resumen e informe final del PR100.
Puerto Rico enfrenta grandes problemas actualmente con respecto al sistema de transmisión y distribución y la generación de electricidad. Por tanto, LUMA, la operadora de la red, como Genera, que administra la flota de generación heredada de la AEE, necesitan llevar a cabo medidas correctivas sustanciales inmediatamente incluso cuando el sistema está en transición a fuentes renovables de energía.
El Plan de Modernización de la Red Eléctrica preparado por la AEE y sometido a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia estima que se necesitan aproximadamente $21,000 millones en gastos de capital para llevar el sistema eléctrico de Puerto Rico al “nivel estándar de la industria”.
Al día de hoy, se han identificado fondos para financiar las inversiones relacionadas con la reconstrucción del sistema que ascienden a un total de $15,441 millones, lo que incluye el gasto en reparaciones y reemplazos del sistema de generación, transmisión y distribución, así como en las mejoras de la red de transmisión del Tramo 1 para conectar el primer grupo de proveedores de generación renovable a escala comercial.
Se calcula que estos proyectos a gran escala, incluyendo la transición a la generación con fuentes 100% renovables, requerirán un total en exceso de $30,000 millones en inversiones de capital.
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Fuente: Informe Final PR100, p. 408
La Ley 57 de 2014 requiere que la AEE, ahora LUMA como su agente, prepare un Plan Integrado de Recursos (PIR) para un período de planificación de 20 años y lo actualice cada tres años. La ley define un PIR como “un plan de recursos que considerará todos los recursos razonables, incluyendo tanto el suministro de energía (por ejemplo, generación distribuida y generación a escala comercial) como la demanda de energía (por ejemplo, eficiencia energética, y respuesta a la demanda), para satisfacer las necesidades actuales y futuras proyectadas del sistema energético de Puerto Rico y sus clientes al menor costo razonable”. (Plan Fiscal de la AEE, pp. 26 y 27)
En abril de 2022, el Negociado de Energía de Puerto Rico extendió la fecha límite para la radicación del próximo PIR, estableciendo que LUMA radicará el próximo PIR a más tardar el 1 de marzo de 2024. A petición de LUMA la fecha límite se extendió hasta noviembre de 2024 para la primera parte y hasta mediados de 2025 para la segunda.
El PIR es un documento clave ya que podría integrar en un solo lugar la planificación de todos los procesos en curso del sector de energía de Puerto Rico (con la excepción del caso judicial de Título III).
En julio de 2017, a petición del Gobierno de Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal presentó una petición voluntaria en nombre de la AEE para obtener protección bajo el Título III de PROMESA ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Sin embargo, tras siete años de litigio aún no existe un plan de ajuste de las deudas de la AEE certificado por el tribunal.
En conclusión
- Es complicado: Nos enfrentamos a varios proyectos complejos que tomarán años y costarán miles de millones de dólares, cada uno con muchas piezas en movimiento. Es probable que lograr su éxito supere la capacidad de ejecución actual del gobierno de Puerto Rico.
- ¿Quién está a cargo? Siguen los problemas de coordinación y ejecución sin que se vislumbre una solución real.
- Existen muchas compensaciones o “tradeoffs”: Pero no está claro quién toma las decisiones ni los criterios en los que deben basarse.
- Costo: Todo esto es caro y aún nos faltan aproximadamente $5,000 millones para terminar la reconstrucción de la red y entre $8,000 y $10,000 millones adicionales para la transición a una generación 100% renovable.
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Durante más de 20 años, CNE ha trabajado para incidir en la situación energética de Puerto Rico, identificando y abordando sistemáticamente las fallas críticas y ofreciendo soluciones que han demostrado ser precisas y certeras una y otra vez.
Nuestros análisis de política pública no sólo han dado forma a decisiones legislativas locales, sino que también han sido una guía para los interesados en entender las complejidades legales, burocráticas, ambientales y administrativas de los retos energéticos de Puerto Rico. Hemos testificado ante comités legislativos en repetidas ocasiones, tanto a nivel local como en Washington, D.C., ofreciendo una perspectiva global sobre el sector.
Resolver este rompecabezas no es sólo importante, es crucial para nuestro futuro.
CNE se compromete a garantizar que Puerto Rico logre el sector energético que se merece, en el que los apagones constantes sean cosa del pasado y la energía limpia, asequible y confiable se convierta en la nueva norma.
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