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Uno de los fenómenos más memorables del año pasado fue el movimiento de Occupy Wall Street. Se desarrolló en gran parte por el descontento generalizado en la ciudadanía con los excesos de los bancos y las firmas financieras, en combinación con los impactos negativos sufridos por las clases medias como las ejecuciones de hipotecas, los despidos de los empleos y los aumentos en los costos de servicios.

La consigna de “Somos los 99” fue adoptada por los manifestantes para comunicar que el movimiento representaba y se nutría del 99 por ciento de la población que sufría disloques económicos mientras que el uno porciento de la población disfrutaba de aumentos considerables de riqueza.

Como típicamente sucede, el movimiento encontró en la juventud terreno fértil y pronto se identifico al movimiento con los campamentos que estudiantes y jóvenes establecían en los centros urbanos de las grandes ciudades. Inclusive en Puerto Rico tuvimos (de hecho, creo que aún tenemos) un parque ocupado cerca de la zona bancaria de Hato Rey.

El reclamo general era uno de cambiar el sistema regente a uno más justo y de mayor equidad.

Los campamentos en su gran mayoría ya han sido disueltos y ni siquiera en las campañas políticas se escucha mucho de los 99. Sin embargo, y muy interesantemente, el reclamo ha resurgido de una manera más empírica y de entidades más conservadoras tales como el Departamento del Tesoro Federal, la revista Foreign Affairs y hasta el Fondo Monetario Internacional.

El argumento que estamos escuchando ahora de estos otros grupos es uno menos filosófico y más enfocado en la teoría del crecimiento económico. El argumento es, en síntesis, que la desigualdad actúa como un freno para el crecimiento económico.

Según sus exponentes, la desigualdad provoca una reducción en la demanda agregada de bienes y servicios lo que a su vez impacta a las grandes empresas y productores. En otras palabras, si no hay quien tenga capacidad de comprar, no habrá quien pueda vender.

En Puerto Rico estamos viendo indicios muy fuertes de desigualdad y de poca movilidad social. Es decir, no tan sólo estamos viendo una mayor cantidad de la riqueza fluir a un grupo más pequeño, sino que nos estamos convirtiendo en una sociedad de pocas oportunidades donde tu estación al nacer determina tus posibilidades de progreso y bienestar.

Esta situación levanta una serie de importantes interrogantes. Por ejemplo, ¿es siquiera posible el desarrollo económico equitativo? ¿Cuales son las implicaciones de la desigualdad? ¿Qué implicación tiene para Puerto Rico la desintegración de su clase media? ¿Es deseable ofrecer oportunidades a todos o sólo a los que se esfuerzan? ¿Cual es el costo a la sociedad cuando segmentos significativos de su ciudadanía no tienen la oportunidad de desarrollarse a plenitud?

No son preguntas fáciles ni tampoco preguntas que deben ser consideradas sólo por el gobierno o por economistas. Ahora en febrero, durante la conferencia económica anual del Centro para la Nueva Economía, estaremos dedicándole tiempo a analizar y dialogar sobre estas preguntas con académicos, con líderes del sector privado y con estudiantes. No puedo garantizar que salgamos de allí con todas las respuestas que buscamos ni mucho menos con una estrategia desarrollada para atacar el problema. Pero si puedo garantizarle a los que vayan de dos cosas vitales: primero, que saldrán más iluminados sobre los matices del problema y más preparados para actuar que cuando llegaron. Y segundo, que habrán cumplido con su deber ciudadano de educarse sobre los temas de importancia para el país para de esa manera poder entonces opinar y proponer con propiedad, discernimiento e inteligencia, cualidades no muy comunes en el Puerto Rico de hoy en día.

 

Créditos: 99

Por: Miguel A. Soto Class | Presidente, Centro para la Nueva Economía
Publicación: El Nuevo Día | 25 de enero de 2012
Foto: david_shankbone via flickr

 

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