Publicado el 25 de abril de 2012

Miguel A. Soto-Class

Entre los valores más importantes de la democracia esta el derecho a saber. Si los ciudadanos no se enteran de la realidad, ¿cómo pueden deliberar democráticamente?

Ramón Emeterio Betánces incluyó entre sus mandamientos para los hombres libres el derecho a la palabra y a la imprenta. Thomas Jefferson decía que era mejor tener una prensa sin gobierno que un gobierno sin una prensa libre.

Todo esto para resaltar lo importante que es que el sector ciudadano tenga pleno acceso y conocimiento sobre los asuntos públicos, gubernamentales y económicos de su país.

Debo aplaudir, por lo tanto, la reciente decisión del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de continuar publicando la información económica sobre las finanzas del país, a pesar de la sorprendente, insólita y desatinada prohibición emitida por la Junta de Oficiales Examinadores de Anuncios (JOEA). Si bien el anuncio inicial del BGF acogiendo la prohibición de la Junta pudiera considerarse como una novatada (o al menos, como un paso en falso), la insólita prohibición de la JOEA merece el repudio más categórico de parte de todo el pueblo. La información gubernamental, y muy particularmente las estadísticas económicas y financieras, son un bien público. Sobre ellas descansan la racionalidad de las decisiones económicas y la confianza que cimenta el tejido social. Bajo ninguna circunstancia, nadie – y mucho menos un funcionario público amparado en una interpretación acomodaticia y distorsionada de una ley – puede negarle al país el acceso a uno de los intangibles más básicos del ambiente económico y social.

En Puerto Rico, las estadísticas sobre el quehacer público han sufrido numerosos embates a través del tiempo: se ha cuestionado su confiabilidad, su metodología, y la prontitud y regularidad de su publicación. Ha habido avances, aunque el progreso ha sido irregular e insuficiente. Los datos que regularmente publican por internet el BGF y la Junta de Planes se han convertido en herramientas imprescindibles para empresarios, académicos y analistas. Pero todos recordamos la agria controversia en torno al Instituto de Estadísticas hace un tiempo atrás, y la realidad es que la agencia permanece en precario con un exiguo presupuesto que le impide realizar cabalmente la monumental tarea de validar la confiabilidad y rigurosidad de la estadística pública.

Navegar los números en Puerto Rico es un ejercicio en sagacidad, determinación y vocación. Las cifras del Departamento del Trabajo en ocasiones parecen juegos de espejos, mientras que las estadísticas de la Policía van y vienen según la agencia defina – y redefina – los delitos. Y para conocer el estado de las corporaciones y agencias públicas – la Autoridad de Energía Eléctrica, el Sistema de Retiro, COFINA – es preciso excavar, desmenuzar y desentrañar los estados que acompañan las emisiones de bonos.

Todo esto atañe a las estadísticas económicas y financieras pero el asunto va más allá: se trata de la transparencia que debe existir en toda la gestión pública y el derecho de todos nosotros a saber qué habas se cuecen donde, y a beneficio de quien: desde lo que pasa en las mesas de escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones, hasta cómo se calcula la Fórmula de Ajuste de Combustible todos los meses en la Autoridad de Energía Eléctrica.

Afortunadamente, el BGF, siendo la principal agencia económica del gobierno de Puerto Rico en este momento, recapacitó su decisión inicial y demostrando madurez institucional, retó la prohibición. Más aún, en Puerto Rico hemos empezado ya a desarrollar una serie de importantes organizaciones como el Centro para la Libertad de Prensa y el Centro de Periodismo Investigativo que han tomado estos temas como parte principal de su misión. Señalando una vez más que no hay nada mal en Puerto Rico que lo que hay bueno en Puerto Rico no puede arreglar.

Este artículo fue publicado originalmente en El Nuevo Día el 25 de abril de 2012.