Publicado el 14 de julio de 2013

Gustavo J. Bobonis

Casi todos los días escuchamos quejas acerca de la falta de transparencia de nuestro sistema de gobierno, del mal uso de fondos públicos y de la falta de ‘rendición de cuentas’ de nuestros representantes en las instituciones públicas del país. Existe una percepción general de que es extremadamente difícil resolver este problema. Al funcionario que malgasta o malversa fondos públicos, o que lo permite, no se le penaliza en nuestro sistema político o de justicia. Que vivimos bajo una cultura de impunidad. Algunos piensan que estas prácticas de corrupción, clientelismo y de ‘panismo’ están tan arraigadas en nuestro andamiaje social que lo consideran un rasgo cultural.

Es lógico preguntarnos: ¿de qué vale invertir en monitorear las actividades de nuestro gobierno? ¿Funciona como disuasivo para la corrupción? ¿Hace a los políticos y otros funcionarios responder a las necesidades de la ciudadanía? ¿Ayuda a la ciudadanía a sacar del poder a funcionarios corruptos con su voto? Son preguntas difíciles – se requiere de datos y de un análisis empírico sistemático para responderlas convincentemente.

Hace unos años, un grupo de investigadores – Luis Raúl Cámara Fuertes (UPR – Río Piedras), Rainer Schwabe (Banco de México) y este servidor – nos propusimos contestar estas preguntas para el caso de Puerto Rico. Encontramos que esta percepción de impunidad puede ser errónea, al menos parcialmente. Estudiamos la experiencia que hemos tenido con un programa de monitoreo que existe desde los años cincuenta – el programa de auditorías municipales de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Quizás esté de más recalcar que en estas jurisdicciones el mal uso de fondos públicos es un problema recurrente.

¿Qué encontramos?

• Las auditorías de la Oficina del Contralor encontraron hallazgos clasificables como actos de corrupción en casi 7 de cada 10 municipios, durante el período que estudiamos (desde el año 1985 hasta el 2006).

• La Oficina del Contralor ha publicado aproximadamente la mitad de sus informes de auditorías municipales en momentos que consideramos oportunos – durante el período de dos años antes de cada elección. Es en este período que los hallazgos de mala administración bajo un alcalde incumbente salen a la luz pública con antelación a la contienda electoral.

• Las auditorías oportunas sirven de un gran disuasivo para la corrupción a nivel municipal: los hallazgos en los informes que consideramos como actos de corrupción se reducen en un 67 por ciento (aproximadamente).

• Además, en aquellos municipios donde se demostró haber altos niveles de corrupción en esas auditorias oportunas, sí se penaliza al alcalde electoralmente hablando. Solamente uno de cada 10 alcaldes en cuyos municipios las auditorias reflejan altos niveles de corrupción son re-electos. En cambio, en aquellos con ningún hallazgo o con niveles moderados de corrupción, el alcalde incumbente tiene una probabilidad mucho más alta de salir re-electo – en entre 3 y 5 de cada 10 casos.

Los hallazgos de nuestro trabajo nos sorprendieron. Dada la percepción de impunidad en la política que ha existido en el país por tanto tiempo, quizás sean sorprendentes para muchos. Sin embargo, puede que nuestro último hallazgo confirme esa percepción colectiva de impunidad:

• Las auditorías oportunas no tienen un efecto persistente sobre los niveles de corrupción en la administración municipal. Las próximas auditorías de estos municipios revelan hallazgos clasificables como actos de corrupción en 7 de cada 10 municipios. Es decir, los municipios regresan a los mismos niveles de corrupción que hubiéramos encontrado de no haber habido una auditoría oportuna. En arroz y habichuelas, volvemos a lo mismo.

¿Qué podemos aprender de este trabajo? Las auditorías, en combinación con el ejercicio del voto, nos permiten hacer que los políticos – en este caso los alcaldes – rindan cuentas a la ciudadanía. También, es posible sacar del poder a funcionarios corruptos con nuestro voto. Pero necesitamos que este ejercicio de monitoreo se lleve a cabo en el momento oportuno y que sea sostenido a largo plazo para que tenga los resultados que deseamos.

Este tipo de programa de auditorías se ha implementado – en muchos casos exitosamente – en otros países como Brasil, Costa Rica y México, con problemas similares de malversación de fondos públicos. Otros investigadores han encontrado que este tipo de corrupción puede tener consecuencias nefastas para el desarrollo socio-económico a nivel municipal. Por ejemplo, Claudio Ferraz y Frederico Finan (profesores en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y la Universidad de California-Berkeley, respectivamente) encuentran que la corrupción municipal relacionada al sector de educación en Brasil afecta significativamente tanto el aprovechamiento de los estudiantes como las tasas de deserción escolar en las escuelas públicas. Son problemas muy similares a los que nos enfrentamos aquí.

En fin, las auditorías – con recursos y en el momento adecuado – funcionan. Son una inversión que vale la pena hacer. Por lo tanto, debemos darle más garras y recursos a las agencias anti-corrupción para que puedan hacer su trabajo efectivamente. Además, podemos mejorar la manera en que divulgamos la información de estos informes – tanto la positiva como la negativa – para asegurarnos que un mayor grupo de ciudadanos esté informado al respecto. Es cuestión de ponerle el cascabel al gato. ¿Tendrá nuestro liderato la voluntad para hacerlo?

Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 14 de julio de 2013.