Sin vara mágica

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Por Jennifer Wolff

Aún de niña me costaba creer en cuentos de hadas: la muchacha pobre que termina con el príncipe o el buhonero que acaba con un marquesado. La realidad siempre está después del ‘colorín colorado’: el príncipe ronca y el marquesado está hipotecado hasta más no poder. Esa especie de ‘reality check’ – o enfrentamiento desapasionado con la realidad – es lo que procede tras la álgida y apasionada discusión que ha rodeado la legislación para crear una Comisión Reguladora de Energía, un ente que tendrá a su cargo la supervisión de la Autoridad de Energía Eléctrica y la transformación del sistema eléctrico en uno que esperamos sea más transparente, costo-eficiente y ambientalmente seguro.

Primero que nada, hay que estar claros en lo que una Comisión Reguladora es, y en lo que no es. Una Comisión no es un hada madrina que súbitamente bajará por magia nuestras facturas. La maraña de inercia, malas prácticas, ineficiencias y obsolescencias que está detrás de nuestros altos costos de electricidad tardó décadas en sedimentarse. Una Comisión Reguladora es parte de un andamiaje regulatorio y normativo que ayudará a fiscalizar a la AEE para que (finalmente) haga las cosas que tiene que hacer para que baje la luz, pero que ha sido incapaz o renuente a implementar por sí sola: ponerle fin a los cargos escondidos mediante los cuales nos cobra por el descenso en el consumo de electricidad, el hurto y el robo de luz; planificar a largo plazo identificando las tecnologías más eficientes y limpias para producir electricidad; retirar las plantas generatrices más obsoletas y caras y permitir la integración de producción más eficiente y barata, incluyendo la de aquellos abonados que quieran desarrollar su propia generación; fiscalizar la compra de energía a terceros para evitar fiascos como el de los sesenta y tantos contratos de energía renovable que se otorgaron descaradamente y a mansalva, muchos de ellos a sobre precio y a amigos de la casa.

Prácticamente todos los países desarrollados han diseñado modelos para regular o reglamentar su industria eléctrica mediante Juntas o Comisiones Reguladoras. Muchos países en desarrollo han comenzado también ésta transición, buscando atender el desencanto con las corporaciones estatales que producen electricidad, y procurando atraer nueva inversión que les permita modernizar el sector. No es cierto que un sistema regulado desemboque necesariamente en un sistema eléctrico privatizado. Una Junta o Comisión Reguladora puede regular lo mismo un mercado competitivo compuesto de entidades privadas, un sistema híbrido, o bien puede regular un monopolio estatal.
Un estudio de febrero de 2014 comisionado por el Centro para una Nueva Economía (CNE) al Regulatory Assistance Project (RAP) – una entidad sin fines de lucro con vasta experiencia en la transformación y regulación de sistemas eléctricos alrededor del mundo – concluyó que la creación de una Comisión Reguladora de Energía en Puerto Rico ampliaría las opciones tanto para la AEE como para el País. En The Role of a Power Sector Regulator to Strengthen Sector Performance in Puerto Rico, el RAP encontró que en monopolios y compañías integradas verticalmente como la AEE, la inercia tanto de la gerencia como de las uniones sirve para preservar tecnologías anticuadas e ineficientes. En ese sentido, un regulador puede servir para impulsar un proceso de planificación de largo plazo que obligue al monopolio a implantar estándares de eficiencia y a incorporar tecnologías más limpias y menos costosas. Eso dista mucho de lo que hasta ahora ha sido el proceso de planificación en la AEE, que se ha concentrado en rehabilitar una infraestructura anticuada, poco eficiente y dependiente de combustibles fósiles.

El momento no puede ser más oportuno. La propia Junta de Directores de la AEE ha revelado que, a tono con la realidad fiscal del gobierno, la Autoridad tendrá que presentar un presupuesto balanceado para el año 2014-2015. Esto quiere decir que de cara al 1 de julio de 2014 – en apenas un mes – la AEE no podrá seguir operando con pérdidas: tendrá que reducir sus gastos radicalmente o buscar nuevas fuentes de ingreso. Las implicaciones son claras: si consideramos que al 30 de junio de 2012, las pérdidas operacionales anuales de la Autoridad estaban en el orden de $ 346 millones, pudiera apostarse a que la AEE – sin supervisión o fiscalización externa – tratará de subsanar sus pérdidas con nuestras facturas utilizando las consabidas fórmulas de ajuste de combustible y de energía.

Hay que recordar que el CNE ha calculado que los cargos ocultos en la facturación de la AEE han ido en aumento y que ya sobrepasan los $ 1,100 millones al año. La fragilidad financiera de la AEE es un asunto ineludible, pero su resolución no puede ser a costa de nuestros fatigados bolsillos. Uno de cada tres dólares que cada uno de nosotros paga como abonado corresponde a elementos que no tienen que ver con nuestro consumo personal. Una Comisión Reguladora con poder para incidir en el proceso tarifario en un momento tan crítico para la AEE es un asunto urgente para cada uno de nosotros y para la economía de Puerto Rico.

Pero al fin y al cabo, una Comisión Reguladora de Energía será tan robusta como le permita la voluntad política de sus creadores. No solo es preciso legislación que le permita incidir en áreas medulares – tarifas, planificación de recursos de generación a largo plazo, interconexión de terceros, y contratos de compra de energía – sino que será imprescindible que esa Comisión cuente con el personal, los recursos técnicos y el presupuesto necesario para fiscalizar un ente tan complejo y poco transparente como la AEE. Una buena legislación habilitadora con un presupuesto raquítico perpetuará el inmovilismo y le hará un flaco servicio al País.

La realidad es que no hay varitas mágicas para bajar el costo de la electricidad. Sin embargo, la creación de una Comisión Reguladora de Energía es el primer paso en un camino que hace tiempo Puerto Rico debió haber comenzado a recorrer.

La autora es directora de Programas en el Centro para una Nueva Economía. Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 25 de mayo de 2014.

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