Estados financieros del ELA

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

El gobierno ha publicado recientemente el informe anual con sus estados financieros consolidados. Este informe era anteriormente conocido por sus siglas en inglés como el CAFR (Comprehensive Annual Financial Report). El más reciente es titulado Basic Financial Statements and Required Supplementary Information debido a unos cambios técnicos en la manera de contabilizar algunas actividades y a la omisión de algunas secciones. Este informe es preparado por el Departamento de Hacienda y auditado por la firma de auditores externos KPMG LLP, tiene fecha de 30 de junio de 2014 y corresponde al año fiscal que terminó el 30 de junio de 2013.

1. Organización de los Estados Financieros del Gobierno

En términos generales, los estados financieros del gobierno consisten de cuatro componentes básicos:

(1) los estados financieros correspondientes a las actividades gubernamentales (Government-wide Financial Statements);
(2) los estados financieros de los fondos del gobierno (Fund Financial Statements);
(3) los estados financieros de los fondos fiduciarios (Fidiciary Fund Financial Statements) ;y
(4) las notas a los estados financieros.

Los estados financieros de las actividades gubernamentales, a su vez, contienen dos tipos de informes:

(1) el Estado de Situación del Patrimonio Neto (Statement of Net Position), que es análogo al estado de situación (balance sheet) de una entidad privada; y
(2) el Estado de Resultados (Statement of Activities), que es análogo al estado de ganancias y pérdidas (income statement) de una entidad privada.

Cada uno de estos informes—el Estado de Situación del Patrimonio Neto y el Estado de Resultados—a su vez, contiene secciones separadas para tres tipos diferentes de actividades gubernamentales.

Estas actividades consisten:

Primero, de las actividades medulares del gobierno, que son aquellas que comúnmente se asocian con la gestión del gobierno central en áreas tales como educación, seguridad pública, salud, y vivienda, entre otras. Estas actividades se financian en gran medida con impuestos y fondos federales.

A las actividades tradicionales del gobierno central se le incorporan las actividades de seis entidades legalmente independientes que, debido a la naturaleza de su relación con el gobierno central y la sustancia de sus operaciones, se consideran para propósitos contables como parte del gobierno central (Blended Component Units). Estas seis entidades son: la Autoridad de Edificios Públicos, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, el remanente de las Navieras de Puerto Rico, COFINA, el Fideicomiso de los Niños y el Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales.

La segunda categoría consiste de actividades de naturaleza comercial (Business Type Activities) que lleva a cabo el gobierno central. En este renglón se incluyen los resultados de las operaciones del fondo de seguro por desempleo, la lotería adicional, la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, el Fondo para el Control de la Contaminación del Agua (Puerto Rico Water Pollution Control Revolving Fund) y la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1.

La tercera categoría consiste de entidades legalmente independientes del gobierno central y que comúnmente se conocen como corporaciones públicas (Component Units). Esta categoría incluye los resultados de las operaciones de todas las corporaciones públicas, seis de las cuales se desglosan por separado debido a su importancia: el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de Seguros de Salud, la Autoridad de Carreteras y la Universidad de Puerto Rico. Los resultados de las otras entidades se presentan de manera consolidada.

A continuación presentamos los hallazgos principales de los estados financieros para el año fiscal que terminó el 30 de junio de 2013.

2. Gobierno Central

A. Estado de Situación

El Estado de Situación de las operaciones primarias del gobierno central de Puerto Rico (excluyendo las operaciones de tipo comercial) nos dice que al 30 de junio de 2013, éste tenía activos de $14,439 millones y obligaciones de $61,756 millones, lo que resulta, después de algunos ajustes, en un patrimonio neto de negativo de $47,212 millones. Esto representa un aumento en el déficit acumulado de $5,382 millones, o un 13%, en relación con el déficit de $41,830 millones reportado año anterior (pág. 9).

De acuerdo con la nota 2 a los estados financieros, unos $35,800 millones de la deficiencia acumulada al 30 de junio de 2012 son producto de la emisión de deuda. Esta situación surge de la práctica del gobierno de Puerto Rico de emitir deuda al nivel central y entonces transferirle los fondos a otras entidades gubernamentales (incluyendo municipios) para el financiamiento de mejoras permanentes y cubrir ciertas necesidades operacionales. Como resultado de esa transferencia de fondos, el gobierno central se queda con la obligación en sus libros pero el activo correspondiente aparece en los libros de la entidad a la cual se le transfirieron los fondos. El resto del déficit en el patrimonio neto se debe a la obligación neta de pensiones y a la acumulación de deficiencias operacionales a través de los años.

B. Estado de Resultados

Por otro lado, el Estado de Resultados demuestra que las operaciones del gobierno central durante el año fiscal 2013 costaron $21,513 millones, mientras que los recursos disponibles totales (incluyendo el fondo general, fondos federales y otras transferencias) sumaron $15,884 millones, resultando en un déficit de $5,629 millones, que se reduce a $5,383 millones después de tomar en consideración otras transferencias de $246 millones. (pág. 11) Si excluimos el pago del servicio de la deuda de unos $2,009 millones, entonces el déficit operacional primario del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2013 estaría rondando aproximadamente los $3,374 millones.

Esto en comparación con el Estado de Resultados para el año fiscal 2012 que demuestra que las operaciones del gobierno central para ese año costaron $21,178 millones, mientras que los recursos disponibles totales (fondo general, fondos federales y otras transferencias) sumaron $15,475 millones, resultando en un déficit de $5,703 millones, que se reduce a $5,497 millones después de tomar en consideración otras transferencias de $206 millones. Si excluimos el pago del servicio de la deuda de unos $1,971 millones, entonces el déficit operacional primario del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2012 fue de aproximadamente $3,526 millones.

3. Corporaciones Públicas

A. Estado de Situación

El Estado de Situación consolidado de las corporaciones públicas refleja que al 30 de junio de 2013, éstas contaban con activos consolidados de $56,631 millones y con obligaciones de $45,115 millones, resultando en un patrimonio neto consolidado, después de varios ajustes, de positivo $9,826 millones. Esto representa una reducción de $1,063 millones en el patrimonio neto de las corporaciones públicas, o un 9.7%, en relación con el patrimonio neto de $10,890 millones reportado año anterior. (pág. 24)

Es importante señalar, además, que 9 corporaciones públicas reportaban un patrimonio neto negativo (sus obligaciones excedían sus activos) al 30 de junio de 2013, incluyendo corporaciones tan importantes como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de Seguros de Salud, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, y la Compañía de Turismo (pág. 77).

B. Estado de Resultados

Finalmente, el Estado de Resultados consolidado de la corporaciones públicas refleja que éstas reportaron pérdidas agregadas de $1,063 millones durante el año fiscal 2013. Esta cifra representa un aumento de $480 millones, o un 82%, en comparación con las pérdidas agregadas de $583 millones reportadas por las corporaciones públicas el año anterior. Llaman la atención las pérdidas operacionales registradas durante el año fiscal 2013 por la Autoridad de Carreteras ($140 millones); la Autoridad de Energía Eléctrica ($275 millones); y el Banco Gubernamental de Fomento ($121 millones).

4. Conclusión

La fría lógica de la aritmética contable simplemente confirma la experiencia cotidiana de miles de puertorriqueños: tenemos un gobierno caro, disfuncional, al borde de la quiebra, infectado por la corrupción, y que no satisface las necesidades del pueblo de Puerto Rico.

Si de verdad queremos arreglar esta situación necesitamos emprender un proceso serio de análisis y de reflexión colectiva, sin engañarnos a nosotros mismos. El primer paso en ese análisis sería reconocer que el orden socioeconómico actual ha muerto y el nuevo no ha nacido aún. Algo que todo el mundo sabe, pero parece que nadie quiere hablar de ello.

Esta columna fue publicada originalmente el 20 de julio de 2014 en el periódico El Nuevo Día.

 

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