Puerto Rico 2025

Puerto Rico 2025

Publicado el 18 de junio de 2017

Sergio portrait
Director de Política Pública
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SAN JUAN — 30 de septiembre de 2025, el presidente de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció hoy que había emitido un certificado de acuerdo con la sección 209 de la ley PROMESA atestiguando que el gobierno de Puerto Rico (1) cuenta con acceso a los mercados de capital a tasas de interés razonables y (2) ha ejecutado un presupuesto balanceado durante cada uno de los pasados cuatro años fiscales. Con este acto la Junta concluye formalmente sus trabajos.

El costo social de cumplir con esas condiciones ha sido alto. La economía de Puerto Rico en términos reales, aún después de un modesto repunte durante el 2024, es aproximadamente 10% menor que en el 2016 y ha estado en contracción durante 18 de los pasados 20 años.

Esa prolongada depresión económica sirvió de aliciente a la emigración, en su mayoría de personas jóvenes y clase media. A junio de 2025 la población total de Puerto Rico se estimaba en poco menos de 2.8 millones, esto en comparación con 3.7 millones de habitantes en el 2010. Esa ola migratoria aceleró el envejecimiento de la población y, además, causó una baja significativa en la natalidad. De hecho, durante el 2020 las defunciones excedieron los nacimientos en Puerto Rico por primera vez en décadas.

La reducción poblacional significa que hay menos demanda por bienes y servicios y en consecuencia menos actividad económica. Por tanto, el empleo total se ha estabilizado alrededor de 725,000, en comparación con aproximadamente 1,000,000 de empleos en el 2016.

Irónicamente, la economía de Puerto Rico en el 2025 se asemeja a la economía dual teorizada por W. Arthur Lewis en 1954, donde un segmento relativamente pequeño de la población trabaja en un sector moderno y el resto de la población trabaja en un sector tradicional de poca productividad, salarios bajos y pobreza.

Con la diferencia de que los trabajos en el sector moderno de hoy no son en la manufactura como en 1954, sino en servicios profesionales y de alto valor añadido y los trabajos en el sector rezagado son mayormente en el comercio al detal y en el sector de servicios que no requieren mayor educación o destrezas especializadas, en vez de en la agricultura. La manufactura se ha reducido considerablemente debido a las políticas fiscales y aislacionistas favorecidas por el ex-presidente Donald J. Trump y los trabajos de “clase media” ya casi no existen. (Véase: Peter Temin, The Vanishing Middle Class: Prejudice and Power in a Dual Economy).

Si en 1954 la migración del campo a la ciudad era el puente entre la economía tradicional y la economía moderna, en el 2025 la educación avanzada es la que sirve de pasaporte de un sector a otro. Sin embargo, Puerto Rico ha reducido la inversión social en todos los niveles de educación. Un poco más de 400 escuelas públicas cerraron durante la última década y los maestros “excedentes” emigraron. A nivel universitario, la UPR cuenta actualmente con apenas 30,000 estudiantes en 5 recintos universitarios.

La reducción de las oportunidades educativas y los cambios en la estructura productiva han generado un aumento desproporcionado en la pobreza y la desigualdad. Se estima que la tasa de pobreza en Puerto Rico durante el 2025 es de 60%, mientras que el 5% más rico de la población recibe en exceso del 40% del ingreso anual. Esto en comparación con una tasa de pobreza de 46% y el 27% del ingreso que recibía el 5% más rico en el 2015.

Dado lo anterior no debe sorprendernos que los indicadores de salud se hayan desplomado durante la década pasada. La tasa de mortalidad entre las personas con niveles bajos de ingresos y educación aumentó desmedidamente debido al uso de drogas, el alcoholismo y los suicidios. Además, los cambios al financiamiento del programa de Medicaid y los recortes en el Programa de Salud de Gobierno de Puerto Rico se conjugaron para reducir el acceso a los servicios médicos en la isla. La falta de cobertura médica ha causado miles de muertes prematuras y por primera vez en más de 90 años la expectativa de vida al nacer en Puerto Rico se ha reducido.”

Este escenario, aunque pudiera parecer uno de ciencia ficción, se encuentra dentro del ámbito de los probables para la próxima década. Obviamente no es inevitable, el Puerto Rico de 2025 puede que sea mejor o peor que lo descrito anteriormente. El punto importante es que ese Puerto Rico se está diseñando hoy.

La discusión sobre el Plan Fiscal y el presupuesto no se trata meramente de que agencias recibirán más o menos fondos. Lo que está ocurriendo es una renegociación radical de los términos del contrato social puertorriqueño que determinará la configuración de nuestra economía, gobierno y sociedad en el 2025. Y es una Junta de Control sin legitimidad democrática alguna la que está dirigiendo esa renegociación, acompañada por un coro de banqueros impenitentes que cantan una vieja y trillada canción que hemos escuchado desde la crisis de la ciudad de Nueva York en 1975: “no hay otra alternativa.”

Pero eso es falso. Como nos recuerda la historiadora Kim Phillips-Fein en su libro Fear City: New York’s Fiscal Crisis and the Rise of Austerity Politics:

“No obstante, hoy como en los años setenta, la austeridad sigue siendo una decisión política. Las fuerzas que la hacen parecer la única opción oscurecen las razones subyacentes por la cuales las ciudades se empobrecen y las metrópolis ricas terminan con gobiernos que carecen de fondos. Más allá de los debates ceñidos a cómo se pueden repagar las deudas, hay preguntas más importantes, que aún no se han resuelto, sobre qué tipo de sociedad queremos tener, acerca de quién pagará por cierto tipo de provisiones sociales y si vamos a tenerlas en absoluto. Al final del día, estas son ineludiblemente cuestiones políticas, no contables.”

Son esas preguntas importantes, entonces, las que tenemos que contestar de cara al 2025.

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 18 de junio de 2017.