Publicado el 13 de agosto de 2017

Sergio M. Marxuach

El final de la Gran Recesión provocó gran interés en estudiar los efectos de la implementación de políticas de austeridad económica en países atravesando por una crisis fiscal. Mark Blyth, profesor en la Universidad de Brown, publicó uno de los mejores análisis sobre la austeridad y sus efectos en su libro Austerity: The History of a Dangerous Idea (Oxford, 2013).

De acuerdo con Blyth “la austeridad es una forma de deflación, en la que la economía se ajusta a través de una reducción en los salarios, los precios y el gasto público para restaurar la competitividad, y la mejor manera de lograr esto es (supuestamente) recortando el presupuesto, eliminando los déficits y dejando de tomar prestado.” Los proponentes de la austeridad creen que estas políticas harán que aparezca, en palabras de Paul Krugman, la “hada madrina de la confianza” que mágicamente causará un aumento en la inversión.

El problema con esta teoría es que existen muy pocos datos empíricos que la apoyen. De hecho, el resultado más común de la implementación de estas políticas es una fuerte contracción económica, lo que a su vez reduce la capacidad del país para pagar sus deudas. Por tanto, la primera razón por la cual la austeridad es una idea peligrosa es que simplemente no funciona. En los pocos países donde se ha proclamado que la austeridad ha sido “efectiva”, se ha demostrado que otros factores tales como una devaluación de la moneda, que promueve la exportación, o una reducción en las tasas de interés, que aumenta el acceso al crédito y fomenta la inversión, fueron la causa principal de la recuperación. Pero en Puerto Rico no podemos implementar una política monetaria independiente debido a nuestra condición colonial.

La segunda razón por la cual la austeridad es una idea peligrosa es porque busca socializar las pérdidas generadas por la conducta arriesgada de gobernantes irresponsables y banqueros inescrupulosos. Si los gobiernos y los banqueros saben que no serán responsables por las consecuencias de su conducta negligente, entonces no tienen incentivos para evitarla ex ante. Es lo que los economistas llaman un “moral hazard.”

Además, la responsabilidad de responder por estas pérdidas socializadas usualmente recae sobre los pobres y la clase media, precisamente aquellos menos preparados para absorberlas. Esta presión en los sectores pobres produce eventualmente una explosión social cuando los recortes a las pensiones, a los servicios médicos y a la educación pública, conjuntamente con el aumento en el desempleo, la pobreza y la desigualdad, llegan a niveles intolerables. En Puerto Rico esa presión se ha disipado a través de la migración a los Estados Unidos, pero la posibilidad de una crisis social no se puede descartar.

Otra razón por la cual la austeridad es una idea peligrosa es lo que Blyth llama “la falacia de la composición.” En el caso de la austeridad esta falacia se manifiesta cuando se piensa que un dólar menos de gasto gubernamental se traduce en un dólar más disponible para la inversión privada. Pero esto no es así ya que una reducción de un dólar en el gasto del gobierno implica una reducción mayor a un dólar en la actividad económica. Esto se debe a que el gasto del gobierno es el ingreso de otro y el gasto de esa otra persona es el ingreso de otro y así sucesivamente. Esto es lo que se llama el multiplicador fiscal.

Tomemos a manera de ejemplo la reducción en la jornada laboral. De acuerdo con el presupuesto aprobado el gasto de nómina con cargo al fondo general es de $4,030 millones. A esa cantidad le restamos $608 millones de la nómina de la Policía, la cual entendemos estaría exenta del recorte de jornada. Esto nos deja con una nómina ajustada de $3,422 millones, pero la reducción de jornada solo estaría en vigor por diez meses en este año fiscal ya que entraría en efecto el 1 de septiembre. Por tanto esa cifra hay que multiplicarla por 0.8333 (10/12). Esto resulta en una nómina de $2,851 millones. Una reducción de 10% es igual a $285 millones. Ese es el impacto directo. Ahora hay que tomar en cuenta el impacto indirecto a través del efecto multiplicador. Si utilizamos el multiplicador de 1.34 que ha utilizado la Junta anteriormente, la reducción total en la actividad económica sería de $382 millones; si utilizamos un multiplicador de 1.5 (como prefiere el FMI) el impacto podría llegar a $427 millones, en ambos casos un poco más de medio punto porcentual del PNB.

Además de todo lo anterior, la imposición de políticas de austeridad en Puerto Rico no es una buena idea porque Puerto Rico no tiene acceso a financiamiento a corto plazo, lo que hace el ajuste mucho más difícil. A la Directora Ejecutiva de la Junta, la Sra. Natalie Jaresko, le gusta citar su experiencia en Ucrania como un modelo a seguir. Curiosamente, sin embargo, la Sra. Jaresko omite explicar que una buena parte, más del 40%, de la brecha de financiamiento (“financing gap”) que enfrentaba ese país se cerró con un préstamo del FMI de $17,500 millones desembolsados a través de cuatro años—una opción que no está disponible para Puerto Rico.

Es importante que el pueblo entienda a fondo las consecuencias de seguir el camino de la austeridad. Primero, la Junta tiene la obligación moral de explicar los fundamentos para sus decisiones y divulgar su modelo económico, así como todos sus análisis de liquidez, estudios sobre las pensiones y sus proyecciones económicas y fiscales.

Segundo, hay que tomar en cuenta el costo social, no solo el económico, de las políticas de austeridad. Usemos como ejemplo otra vez la reducción en la jornada laboral. ¿Qué se supone que hagan los padres con sus hijos si las escuelas públicas cierran dos días al mes? ¿Qué sucede con aquellos estudiantes que reciben almuerzo subsidiado por el gobierno federal, para quienes en muchos casos esa es su única comida caliente al día? ¿Cómo se afecta el proceso de enseñanza y aprendizaje?

Tercero, el panorama económico es sombrío si no se consigue financiamiento a corto plazo o algún programa económico federal para facilitar el ajuste. La población continuará reduciéndose por la migración debido a la falta de oportunidades en la isla, lo que a su vez hará más difícil reactivar la actividad económica, así como lograr los objetivos de recaudos. Y no se puede descartar, como mencioné anteriormente, que una agudización de la depresión económica resulte en una explosión social.

Cuarto, la imposición de un programa de ajuste como el que se propone implica una reducción significativa, un “haircut” en exceso de 75%, en el principal de la deuda de Puerto Rico. Esto tendrá que ser así ya que la prolongada debilidad de la economía limitará significativamente la cantidad de deuda que Puerto Rico podrá pagar de manera sostenible con un alto grado de probabilidad. La implicación de no ejecutar ese recorte profundo en la deuda hoy es que Puerto Rico, dado el impacto negativo de la austeridad, no podrá cumplir mañana con el servicio de la deuda según renegociado y tendrá que volver a la mesa de negociación.

En conclusión, tanto la teoría económica como la experiencia en otras jurisdicciones demuestran que la imposición de políticas de austeridad en medio de una crisis económica y fiscal es contraproducente. Si la Junta decide seguir por ese camino debe explicar claramente las consecuencias económicas de sus decisiones y el escabroso futuro que nos espera.

Esta columna  fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 13 de agosto de 2017.