Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía, testificó el 9 de abril en una vista de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. A continuación compartimos su ponencia sobre el estado de la Autoridad de Energía Eléctrica y el camino a seguir para la transformación energética de Puerto Rico.

Buenos días, presidente Grijalva, representante Bishop, y miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Les agradezco la oportunidad de comparecer hoy ante este Comité para discutir la reconstrucción y privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“AEE”). El año pasado, la administración del gobernador Ricardo Rosselló dio a conocer su intención de privatizar la AEE. Coincidimos con el gobernador en que ha llegado el momento de tomar acciones contundentes con relación a la AEE, pues la agencia ha demostrado ser incapaz de reformarse y, además, ha sido inmune a los esfuerzos de varias administraciones por modernizar y mejorar sus operaciones.

La AEE ha mentido a sus clientes durante décadas; ha violado consciente e irresponsablemente leyes y reglamentos ambientales federales y estatales; tradicionalmente ha operado con poca transparencia y todavía menos rendición de cuentas; ha sido un foco de corrupción política y gubernamental; sus tarifas altas y arbitrarias y su servicio poco confiable han sido un peso muerto de proporciones monumentales sobre la economía de la Isla; y está en bancarrota.

Dos razones explican, en gran medida, este estado de cosas. Primero, la política partidista se ha introducido de manera inextricable en la cultura gerencial y administrativa de la AEE. Y, segundo, diversos grupos de interés, tales como suplidores, partidos políticos, beneficiarios de subsidios, uniones, bonistas, banqueros, consultores y los conectados políticamente se han organizado con el propósito de extraer beneficios injustos de la AEE a expensas del resto de la población de Puerto Rico.[1]

Por ende, cualquier esfuerzo por transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico tiene que tomar en cuenta el comportamiento depredador de los grupos de interés internos y externos de la AEE que se benefician de la situación actual y disponer mecanismos que limiten o eliminen ese comportamiento. Si el proceso de privatización en marcha se limita a transferir una compañía corrupta del sector público a un grupo de inversionistas corruptos en el sector privado, no habremos logrado absolutamente nada.

Observamos que la compleja estructura de mercado propuesta por la administración Rosselló se bifurca. Por un lado, tendremos tres o cuatro productores grandes de electricidad, lo que los economistas llaman un “oligopolio”; y por el otro, un único comprador, la compañía que maneja y opera el sistema de transmisión y distribución, o en la jerga de la microeconomía, un “monopsonio”.

Ante una carencia de capacidad por parte del Estado para regular esta estructura, la situación se prestará a todo tipo de interacción estratégica, tanto legal como ilegal, entre quienes participan en el mercado. Para impedir que estos ejerzan un poder indebido sobre el acceso y los precios, y para alcanzar los resultados deseados con respecto a la modernización del sistema eléctrico, la incorporación de generación con fuentes renovables de energía y la reducción en el costo del kilovatio hora, será necesario incrementar significativamente la capacidad del Gobierno de Puerto Rico para regular eficazmente el sector energético.

En términos específicos, la nueva estructura regulatoria tendrá que evolucionar y distanciarse del modelo basado en planes integrados de recursos con horizontes de largo plazo hacia un modelo basado en una supervisión más proactiva con respecto al uso eficiente de los recursos, y más dinámico con respecto a la supervisión de los diversos actores y participantes del sector energético. Esto significa que el ente regulador debe implantar un modelo de regulación basado en la ejecución; definir parámetros transparentes para la rendición de cuentas; establecer incentivos (y sanciones) para alcanzar los objetivos declarados de política energética; y asegurar que la nueva estructura tarifaria envíe las señales de precio correctas tanto a los generadores como a los consumidores.

Quizás el problema más peliagudo que enfrenta la AEE hoy es cómo estructurar la transición de combustibles fósiles a fuentes renovables para generar electricidad. Creemos que Puerto Rico debe maximizar la integración de la energía renovable y  de las tecnologías de almacenamiento de energía a su sistema eléctrico.

Lamentablemente, la tecnología disponible en estos momentos no permite satisfacer toda la demanda de electricidad de Puerto Rico con fuentes renovables de energía. La generación mediante fuentes renovables es intermitente y, aunque ese problema puede mitigarse con tecnologías de almacenamiento tales como las baterías, no puede eliminarse por completo. Por ende, Puerto Rico tendrá que emplear capacidad de generación de fuentes no renovables como complemento al aumento en la capacidad de generación con renovables.

El problema es que no existe consenso con respecto a la duración de esa transición ni sobre las concesiones que habrá que hacer durante el proceso. Algunos grupos abogan por dar un impulso fuerte a las renovables y rechazan cualquier aumento a la capacidad existente de generación con gas natural. Del otro lado de la cuestión, quienes abogan por un aumento en la capacidad base de gas natural fundamentan su argumento en los costos económicos y las dificultades técnicas de corto plazo de echar a andar un sistema de energía distribuida basado mayormente en paneles fotovoltaicos con respaldo de baterías.

El Gobierno de Puerto Rico ha declarado repetidas veces que favorece el despliegue rápido de sistemas de energía renovables, pero las acciones de la AEE y la evidencia disponible públicamente sugieren que no es así. Por ejemplo, el Plan Integrado de Recursos de la AEE se basa en inversiones sustanciales nuevas en la infraestructura y capacidad de generación con gas natural, y relega las renovables a un papel secundario y subordinado. Opinamos que esa propuesta parece ofrecer una elección donde en realidad no la hay, lo que está en contradicción con la política energética propuesta en el P. del S. 1121.

Una vía de progreso sería: (1) maximizar la instalación de nueva generación a base de fuentes renovables; (2) mantener, pero no aumentar, la capacidad de generación con gas natural que tiene la AEE; (3) retirar progresivamente las unidades de generación que usan diésel y carbón, dado el exceso de capacidad de la AEE; y (4) ir eliminando gradualmente toda la generación a base de gas natural según Puerto Rico se vaya acercando a su meta declarada de generar 100% de su electricidad con fuentes renovables para el 2050.

La reforma del sistema de energía eléctrica de Puerto Rico debe estar bien pensada, debe ser estratégica y debe seguir una secuencia lógica, en especial cuando la AEE enfrenta, simultáneamente, los retos de la reconstrucción del sistema eléctrico después del huracán María; la reestructuración de sus $9 mil millones de deuda al amparo del Título III de PROMESA; la reducción sustancial en la demanda por sus servicios; y la posible privatización de un sistema eléctrico que ha sido administrado y operado como monopolio perezoso durante más de 70 años.

Transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico es una de las tareas más importantes en momentos en que la Isla se reconstruye y levanta su mirada colectiva hacia el futuro. No conducir bien esta transformación conseguirá que nos ganemos, y con razón, el desprecio de las generaciones futuras.

Una vez más expresamos nuestro agradecimiento por la oportunidad de participar en este debate público, y estamos a su disposición para responder a cualquier pregunta que los miembros del Comité puedan tener con respecto a este importante asunto.