Abogados, asesores, bonistas y periodistas

Abogados, asesores, bonistas y periodistas

El 20 de junio hice una presentación en un taller auspiciado por la Escuela Graduada de Periodismo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York para periodistas, tanto locales como de Estados Unidos, que cubren la crisis de Puerto Rico. La discusión fue interesante, informada y respetuosa, entre personas que tenían, en algunos casos, visiones muy diferentes sobre la naturaleza y el alcance de PROMESA, el plan fiscal, el presupuesto y sobre cuanto dinero hay disponible para mantener el gobierno operando y pagarle a los acreedores.

Jim Millstein, de Millstein & Co., y Richard Cooper, del bufete Cleary, Gottlieb—ambos asesores de la pasada administración—fueron los panelistas iniciales. Su presentación recapituló muchas de la críticas que se han hecho al plan fiscal (proyecciones económicas injustificables, subestimación de la reducción de la población), pero el Sr. Millstein hizo dos señalamientos que han pasado por debajo del radar de la discusión pública.

Primero, señaló que el plan fiscal fue enmendado después que el gobernador enviara su presupuesto recomendado a la legislatura. En una carta cursada el 31 de mayo, el Sr. Gerardo Portela, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, le notifica a la Sra. Natalie A. Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (“JCF”), que estaba de acuerdo con ciertas modificaciones al plan fiscal ya aprobado y certificado por la JCF. Ese plan fiscal enmendado, que sepamos, no se ha hecho público.

La pasada administración fue criticada duramente, en mi opinión correctamente, por su opacidad: no había estados financieros auditados para los últimos dos años fiscales, los estimados de gastos y recaudos cambiaban sin explicación y la información se divulgaba lenta y aleatoriamente. Irónicamente, podríamos decir que hoy la transparencia gubernamental no ha mejorado nada y en algunas dimensiones ha empeorado. Todavía no hay estados financieros para el 2015 y 2016 y las proyecciones económicas y financieras siguen cambiando sin explicación alguna. Además, estos temas se tratan ahora discretamente por carta privada, al estilo Les Liaisons Dangereuses, entre una junta de procónsules coloniales y un reducido grupo de oficiales gubernamentales.

El Sr. Millstein reveló también, que de acuerdo a sus cálculos, la reducción en el principal de la deuda (la “quita” o “haircut”) para que la deuda sea sostenible económicamente, debería fluctuar entre 62% y 79%, dependiendo del tipo de bono. Esta proyección no se había hecho pública hasta ahora y constituye un estimado inicial de lo que los bonistas podrían razonablemente recuperar en un proceso de reestructuración justo y ordenado.

Por su parte James Spiotto, experto en quiebras municipales, explicó la complejidad de la ley PROMESA. Según Spiotto, PROMESA es una “mezcla ecléctica” de los mecanismos utilizados para resolver las crisis fiscales de las ciudades de Nueva York, Philadelphia y Washington, DC, combinados con secciones del Capítulo 9 y el Capítulo 11 del Código de Quiebras. Esto significa que la resolución de los conflictos entre las diversas partes dependerá en gran medida de la filosofía judicial de la Juez Laura Taylor Swain. Por un lado, la Juez podría seguir estrictamente la jurisprudencia existente con respecto al  o por el otro, podría tomar una actitud más liberal e interpretar PROMESA como una tabula rasa concebida por el Congreso específicamente para los territorios.

Spiotto también le recordó a los bonistas de obligación general y a los de COFINA, que en teoría pueden tener todos los derechos legales del mundo pero si el gobierno no tiene dinero para continuar operando y pagarles al mismo tiempo, van a tener que hacer concesiones significativas y “ser creativos”. El gobierno de Puerto Rico, a diferencia de una corporación en liquidación, no puede simplemente cerrar operaciones, vender todos sus activos y repartir el producto entre sus acreedores.

El optimismo expresado por el Sr. Spiotto fue tronchado prontamente por los bonistas y sus representantes. La presentación fue interesante ya que en vez de utilizar sofisticados argumentos económicos o financieros, su discurso enfatizó nociones tradicionales de justicia, la santidad de los contratos, la importancia del repago de las deudas, el estigma del impago y las consecuencias siempre nefastas de una quita, entre otras. En fin, montaron todo un “morality play” de bonistas como los santos y los deudores como los pecadores.

Estos conceptos son antiquísimos y se han estudiado a través de la literatura, la religión, la filosofía y la antropología, entre otras disciplinas. De hecho, escuchar a los bonistas en Nueva York me recordó un libro de Margaret Atwood, Payback: Debt and the Shadow Side of Debt, que analiza muchos de estos temas a través de su interpretación de varios textos y autores incluyendo la Biblia, Goethe, Dickens y Shakespeare.

Me temo, sin embargo, que los tropos discursivos de los bonistas no le servirán de mucho ni con el público en general, ni con la Juez Taylor Swain. Aquí nadie es un santo. En el caso de Puerto Rico todo el mundo sabía lo que estaba pasando, políticos y banqueros suscribieron libre y voluntariamente un pacto Mefistofélico: los gobernantes recibían dinero para financiar déficits operacionales y evitar decisiones difíciles, mientras los banqueros de inversión clamaban que la “calle pide papel” para así cobrar sus comisiones y bonificaciones exorbitantes: año nuevo, Maserati nuevo. Ciertamente se merecen los unos a los otros. Las verdaderas víctimas aquí son los ciudadanos que siguieron las reglas, pagaron sus impuestos y ahora sufrirán las consecuencias de las transacciones turbias entre políticos disolutos y los traficantes financieros de Wall Street.

Finalmente, Matt Fabian de Municipal Market Analytics opinó que a Puerto Rico le podría tomar 10 años recuperar el acceso a los mercados de capital. De cumplirse esa proyección, la JCF también permanecerá activa por diez años más, ya que una de las condiciones para concluir sus funciones es precisamente que Puerto Rico recupere acceso a los mercados de capital a corto y largo plazo a “tasas de interés razonables.” Ya veremos.

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

Isla migaja

Isla Migajas

En esta coyuntura de incertidumbre resulta útil establecer contextos y miradas comparativas: sirven para entender situaciones complejas como la que vivimos y forjar alternativas. A medida que se ha ido precisando la magnitud de la crisis económica y fiscal, Puerto Rico ha sido comparado con Grecia y Argentina, con Detroit. Ambas miradas – hacia los países soberanos y hacia las municipalidades de EEUU – son aleccionadoras, pero quizás se quedan cortas tanto por la naturaleza híbrida de la ley PROMESA – que recoge disposiciones de la quiebra municipal y de los regímenes de quiebra soberana – como por el complicado estatus jurídico e institucional de Puerto Rico. Por esto, en este espacio propongo una tercera mirada usando como punto de partida el libro Islas migajas: los países no independientes del Caribe contemporáneo del profesor de la Universidad de Puerto Rico Aaron Gamaliel Ramos.

Comencemos por contextualizar su título. “Islas migajas” es uno de los calificativos con el que el poeta y pensador martiniqués Aimé Césaire denominó las islas del Caribe en su poema Cuaderno de un retorno al país natal. Considerado por algunos como el mayor monumento lírico de la lengua francesa, Cuaderno es una oda a la trágica, conflictiva, dura, pero tremendamente rica historia del Caribe, caracterizada por el colonialismo, la esclavitud, el monocultivo, y la pauperización de sus gentes. Puerto Rico ha sido parte de esa complicada historia, si bien ha vivido durante varias décadas en negación, de espaldas al entorno antillano del que es parte y en el que está enclavado.

Islas migajas sirve para enmarcar nuestra crisis actual en los sucesos más amplios que se han producido en el Caribe. Primero, contextualiza el esquema institucional que Puerto Rico ha sostenido con EEUU y desmonta la noción de su excepcionalismo. El “Estado Libre Asociado” (ELA) es uno de varios arreglos territoriales que Gran Bretaña, Francia, Holanda y EEUU forjaron con sus colonias durante la post-guerra, experimentando con distintos grados de integración, autonomía y control. Mientras que Francia optó por la departamentalización de Martinica y Guadalupe (algo que equivaldría a la estadidad federada en el caso estadounidense), Holanda optó por una serie de arreglos autonómicos en Curazao, Aruba y St. Marteen, y Gran Bretaña por unos de corte abiertamente territorial. Si alguna interrogante quedaba sobre la pertenencia de Puerto Rico a este caleidoscopio neo-colonial, los sucesos recientes nos deben haber sacado de duda, con la opinión del Procurador General de EEUU sobre la naturaleza territorial del ELA; la invalidación de la llamada “Quiebra Criolla” por parte del Tribunal Supremo de EEUU; y la reafirmación de los poderes plenarios del Congreso federal sobre la isla con la aprobación de la ley PROMESA y la implantación de una Junta de Supervisión Fiscal.

Segundo, el desencanto económico es compartido. En Puerto Rico la contracción y la crisis fiscal han servido para que muchos se pregunten si el presente marco institucional provee herramientas efectivas o si, por el contrario, aboca a la isla a un hoyo cada vez más profundo: la dependencia sobre esquemas contributivos federales para promover la inversión y la incertidumbre que esto genera; la falta de paridad en fondos federales y la inseguridad en la renovación de los fondos; la renuencia del Departamento del Tesoro federal a proveer mecanismos de liquidez para ampliar el espacio fiscal del gobierno; la exclusión de la isla del Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras… la lista de desengaños recientes es larga. El Caribe no independiente, por su parte, también lidia con estructuras institucionales que pueden considerarse arcaicas para una economía mundial globalizada. Las Antillas francesas – que según Ramos comparten con Puerto Rico el dudoso honor de seguir un modelo de “integración dependiente” – sufrieron los embates de la integración al mercado común (francés primero y europeo después) mediante un descenso en sus exportaciones de productos agrícolas; hoy tienen un alto nivel de dependencia en fondos de asistencia social de la metrópoli francesa. Las islas británicas y las holandesas han apostado al turismo y a los servicios financieros internacionales, y en el proceso se han convertido (o re-convertido si se piensa en el no muy lejano trasfondo de la plantación) en economías de enclave con beneficios inciertos para las poblaciones locales.

Esto nos lleva al tercer punto, el de la llamada “recolonización”, un término que denota la renovada injerencia de las metrópolis en los asuntos isleños. Curazao y San Martín tienen desde el 2010 su propia versión de Junta de Control Fiscal: sus finanzas públicas están bajo la tutela de una Comisión de Supervisión Fiscal que vigila la confección y ejecución de los presupuestos locales. Este mayor control metropolitano fue el quid pro quo para que Holanda asumiera el 80% de su deuda pública (estimada en $ 2,000 millones) al momento de éstos ser admitidos al Reino como “países autónomos”. El pasado año, Curazao solicitó se pusiera fin a la supervisión financiera, pero el Consejo de Ministros del Reino rechazó la solicitud aduciendo que la gerencia financiera de la isla aún no había alcanzado estándares adecuados. En el caso de los territorios británicos, el Foreign and Commonwealth Office ha reconocido su obligación de sufragar “obligaciones y déficits” de sus territorios, pero a la vez, cuenta con leyes que le permiten a Londres invalidar acciones tomadas por los gobiernos locales y colocar al territorio bajo la autoridad del gobernador colonial. El Reino Unido ejerció esa facultad en 2009, cuando, aduciendo fallas administrativas en la gestión pública de las Islas Turcas y Caicos, revocó unilateralmente el fuero local y tomó el control del gobierno isleño.

La experiencia del Caribe no-independiente, entonces, nos muestra que la crisis de Puerto Rico no es excepcional: la isla intenta forjar su recuperación económica en un tablero que históricamente ha sido muy desigual y en el que todavía hoy se juega con dados cargados. Abordar un marco institucional fatigado que mantiene imbricadas asimetrías históricas de poder será fundamental para que Puerto Rico pueda articular estrategias viables que propulsen el desarrollo económico sostenible y equitativo a largo plazo.

Jennifer Wolff
Directora de Programas y Comunicaciones
Centro para una Nueva Economía

Will Congress Let Chaos Prevail? Countdown to Chapter 9 for Puerto Rico

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As Washington debates whether or not to approve access by Puerto Rico to some version of Chapter 9 of the U.S. Bankruptcy Code, the negative implications of a disorderly default looms large on the horizon of both island residents and bondholders.

An analysis by CNE of Puerto Rico’s “insanely convoluted” debt structure has found that without recourse to Chapter 9, Puerto Rico bondholders will face a myriad of unresolved legal issues which anticipate protracted litigation, a complex maze of claims and counterclaims, and years of nonpayment. Among the key open issues that will affect bondholders claims are the following: READ MORE

What A Debt Default Would Look Like Without Chapter 9 (related documents)

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As the clock ticks for Puerto Rico, what would a debt default look like without the recourse of Chapter 9 of the U.S. Bankruptcy Code? With all probability, players will face years of nonpayment, an utterly complex maze of claims and counterclaims, protracted litigation, and a myriad of open, unresolved legal questions.

In the following paper, CNE analyzes Puerto Rico’s “insanely convoluted” debt structure, and finds that very few players will benefit from the chaos of a disorderly default. We will detail some of the consequences of a default on Puerto Rico’s debt and consider some of the principal arguments in favor of allowing Puerto Rico to avail itself of the debt restructuring process under Chapter 9 of the U.S. Bankruptcy Code.

Scroll down for the following documents:
– Puerto Rico Debt: A Survey of the Landscape- Introduction[1]
– Puerto Rico Debt Analysis[2]
– Executive Summary: Puerto Rico Debt Analysis[3]
– Resumen Ejecutivo: La estructura de la deuda[4]
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