Una idea peligrosa

Una idea peligrosa

El final de la Gran Recesión provocó gran interés en estudiar los efectos de la implementación de políticas de austeridad económica en países atravesando por una crisis fiscal. Mark Blyth, profesor en la Universidad de Brown, publicó uno de los mejores análisis sobre la austeridad y sus efectos en su libro Austerity: The History of a Dangerous Idea (Oxford, 2013).

De acuerdo con Blyth “la austeridad es una forma de deflación, en la que la economía se ajusta a través de una reducción en los salarios, los precios y el gasto público para restaurar la competitividad, y la mejor manera de lograr esto es (supuestamente) recortando el presupuesto, eliminando los déficits y dejando de tomar prestado.” Los proponentes de la austeridad creen que estas políticas harán que aparezca, en palabras de Paul Krugman, la “hada madrina de la confianza” que mágicamente causará un aumento en la inversión.

El problema con esta teoría es que existen muy pocos datos empíricos que la apoyen. De hecho, el resultado más común de la implementación de estas políticas es una fuerte contracción económica, lo que a su vez reduce la capacidad del país para pagar sus deudas. Por tanto, la primera razón por la cual la austeridad es una idea peligrosa es que simplemente no funciona. En los pocos países donde se ha proclamado que la austeridad ha sido “efectiva”, se ha demostrado que otros factores tales como una devaluación de la moneda, que promueve la exportación, o una reducción en las tasas de interés, que aumenta el acceso al crédito y fomenta la inversión, fueron la causa principal de la recuperación. Pero en Puerto Rico no podemos implementar una política monetaria independiente debido a nuestra condición colonial.

La segunda razón por la cual la austeridad es una idea peligrosa es porque busca socializar las pérdidas generadas por la conducta arriesgada de gobernantes irresponsables y banqueros inescrupulosos. Si los gobiernos y los banqueros saben que no serán responsables por las consecuencias de su conducta negligente, entonces no tienen incentivos para evitarla ex ante. Es lo que los economistas llaman un “moral hazard.”

Además, la responsabilidad de responder por estas pérdidas socializadas usualmente recae sobre los pobres y la clase media, precisamente aquellos menos preparados para absorberlas. Esta presión en los sectores pobres produce eventualmente una explosión social cuando los recortes a las pensiones, a los servicios médicos y a la educación pública, conjuntamente con el aumento en el desempleo, la pobreza y la desigualdad, llegan a niveles intolerables. En Puerto Rico esa presión se ha disipado a través de la migración a los Estados Unidos, pero la posibilidad de una crisis social no se puede descartar.

Otra razón por la cual la austeridad es una idea peligrosa es lo que Blyth llama “la falacia de la composición.” En el caso de la austeridad esta falacia se manifiesta cuando se piensa que un dólar menos de gasto gubernamental se traduce en un dólar más disponible para la inversión privada. Pero esto no es así ya que una reducción de un dólar en el gasto del gobierno implica una reducción mayor a un dólar en la actividad económica. Esto se debe a que el gasto del gobierno es el ingreso de otro y el gasto de esa otra persona es el ingreso de otro y así sucesivamente. Esto es lo que se llama el multiplicador fiscal.

Tomemos a manera de ejemplo la reducción en la jornada laboral. De acuerdo con el presupuesto aprobado el gasto de nómina con cargo al fondo general es de $4,030 millones. A esa cantidad le restamos $608 millones de la nómina de la Policía, la cual entendemos estaría exenta del recorte de jornada. Esto nos deja con una nómina ajustada de $3,422 millones, pero la reducción de jornada solo estaría en vigor por diez meses en este año fiscal ya que entraría en efecto el 1 de septiembre. Por tanto esa cifra hay que multiplicarla por 0.8333 (10/12). Esto resulta en una nómina de $2,851 millones. Una reducción de 10% es igual a $285 millones. Ese es el impacto directo. Ahora hay que tomar en cuenta el impacto indirecto a través del efecto multiplicador. Si utilizamos el multiplicador de 1.34 que ha utilizado la Junta anteriormente, la reducción total en la actividad económica sería de $382 millones; si utilizamos un multiplicador de 1.5 (como prefiere el FMI) el impacto podría llegar a $427 millones, en ambos casos un poco más de medio punto porcentual del PNB.

Además de todo lo anterior, la imposición de políticas de austeridad en Puerto Rico no es una buena idea porque Puerto Rico no tiene acceso a financiamiento a corto plazo, lo que hace el ajuste mucho más difícil. A la Directora Ejecutiva de la Junta, la Sra. Natalie Jaresko, le gusta citar su experiencia en Ucrania como un modelo a seguir. Curiosamente, sin embargo, la Sra. Jaresko omite explicar que una buena parte, más del 40%, de la brecha de financiamiento (“financing gap”) que enfrentaba ese país se cerró con un préstamo del FMI de $17,500 millones desembolsados a través de cuatro años—una opción que no está disponible para Puerto Rico.

Es importante que el pueblo entienda a fondo las consecuencias de seguir el camino de la austeridad. Primero, la Junta tiene la obligación moral de explicar los fundamentos para sus decisiones y divulgar su modelo económico, así como todos sus análisis de liquidez, estudios sobre las pensiones y sus proyecciones económicas y fiscales.

Segundo, hay que tomar en cuenta el costo social, no solo el económico, de las políticas de austeridad. Usemos como ejemplo otra vez la reducción en la jornada laboral. ¿Qué se supone que hagan los padres con sus hijos si las escuelas públicas cierran dos días al mes? ¿Qué sucede con aquellos estudiantes que reciben almuerzo subsidiado por el gobierno federal, para quienes en muchos casos esa es su única comida caliente al día? ¿Cómo se afecta el proceso de enseñanza y aprendizaje?

Tercero, el panorama económico es sombrío si no se consigue financiamiento a corto plazo o algún programa económico federal para facilitar el ajuste. La población continuará reduciéndose por la migración debido a la falta de oportunidades en la isla, lo que a su vez hará más difícil reactivar la actividad económica, así como lograr los objetivos de recaudos. Y no se puede descartar, como mencioné anteriormente, que una agudización de la depresión económica resulte en una explosión social.

Cuarto, la imposición de un programa de ajuste como el que se propone implica una reducción significativa, un “haircut” en exceso de 75%, en el principal de la deuda de Puerto Rico. Esto tendrá que ser así ya que la prolongada debilidad de la economía limitará significativamente la cantidad de deuda que Puerto Rico podrá pagar de manera sostenible con un alto grado de probabilidad. La implicación de no ejecutar ese recorte profundo en la deuda hoy es que Puerto Rico, dado el impacto negativo de la austeridad, no podrá cumplir mañana con el servicio de la deuda según renegociado y tendrá que volver a la mesa de negociación.

En conclusión, tanto la teoría económica como la experiencia en otras jurisdicciones demuestran que la imposición de políticas de austeridad en medio de una crisis económica y fiscal es contraproducente. Si la Junta decide seguir por ese camino debe explicar claramente las consecuencias económicas de sus decisiones y el escabroso futuro que nos espera.

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

Las pensiones y la concertación social

Por Sergio M. Marxuach

Esta nota se publicó en el blog de CNE el 11 de diciembre de 2012.

http://www.elnuevodia.com/laspensionesylaconcertacionsocial-1402596.html

El tema de la deficiencia actuarial de los sistemas de retiro del gobierno de Puerto Rico ha estado en el debate público en días recientes. El gobierno de Puerto Rico actualmente tiene cinco sistemas de retiro.

Tres de éstos dependen directamente del fondo general para las aportaciones patronales: el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, que cubre a casi todos los empleados del gobierno central, corporaciones públicas, y los municipios; el Sistema de Retiro de los Maestros, que cubre a los maestros del sistema de educación pública; y el Sistema de Retiro de la Judicatura, que cubre a los jueces.

Cada uno de estos sistemas de retiro tiene un déficit actuarial. Esto significa que no cuentan con los recursos suficientes para cumplir con todas sus obligaciones en el futuro. Al 30 de junio de 2011, el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno tenía un déficit estimado de $23,734 millones; el Sistema de Retiro de los Maestros tenía un déficit estimado de $9,063 millones; y el Sistema de Retiro de la Judicatura tenía un déficit estimado de $319 millones. El déficit agregado, por tanto, es de $33,116 millones—una deficiencia que se ha ido acumulando por décadas y que no debiera ser noticia, ni aquí ni en los Estados Unidos. READ MORE

Las trampas de la austeridad

La Reestructuración de la deuda con los bonistas locales

Dicen que las crisis no se pueden desperdiciar pues sirven para tomar acción sobre asuntos neurálgicos que usualmente no se atienden de manera adecuada. También se pueden aprovechar para esclarecer cuestiones que resultan escabrosos, difíciles de comprender y también de solucionar. En nuestro caso, el terrible panorama fiscal y económico que enfrentamos nos ha obligado a tratar de entender y atender el tremendo lío en el cual nos encontramos. Esto no es poca cosa. Nuestros embrollos son bastante complejos y aunque parece que algo se ha aprendido, todavía hay temas, como los recortes presupuestarios y otros ajustes fiscales, que se malinterpretan y manipulan con facilidad.

A pesar de que se ha escrito bastante sobre este asunto, aún quedan profundos vacíos de comprensión. En numerosas ocasiones he escuchado a empresarios, políticos y otros comentaristas plantear, con convicción y autoridad, que nos endeudamos demasiado porque se nos fue la mano con el gasto gubernamental, y ahora, para solucionar el entuerto, tenemos que hacer lo opuesto: cortar el presupuesto estatal hasta que recobremos nuestra salud fiscal. Es un argumento llamativo, en parte, porque esboza una relación directa y positiva entre el recato y el bienestar, pero no parece sostenerse ante la evidencia empírica y los mejores postulados macroeconómicos. Según numerosos análisis, las economías maltrechas no se mejoran con recortes sustanciales al gasto público. De hecho, sucede todo lo contrario: la austeridad en tiempos de vacas flacas, especialmente cuando el sector privado carece de dinamismo, tiende a empeorar el panorama.

Quizás un ejemplo que recién me relató el colega y experto en temas de deuda pública Martín Guzmán nos ayuda a entender esto mejor. Pensemos en una taxista cuyos ingresos principales provienen del servicio de transporte que ofrece. Ante un período de estrechez económica, se ve obligada a ajustarse la correa: come menos fuera de su casa, aplaza algunos arreglos en el hogar, se recorta el pelo con menos frecuencia, y así por el estilo. Aunque ha realizado numerosos arreglos presupuestarios, la situación no mejora, porque la mesera, el ferretero y la peluquera, que ven sus ingresos reducirse por la prudencia de la transportista, deciden cortar gastos también, incluyendo tomar menos viajes en taxi. Todos siguen aparentándose el cinturón, los ingresos siguen bajando, pero aún quedan gastos esenciales y deudas que pagar. Eventualmente, la transportista no cuenta con suficientes pasajeros para cubrir sus obligaciones financieras, y tiene que vender el taxi. Atrapada en un círculo vicioso, ha perdido su calidad de vida y el negocio que le daba de comer.

Lamentablemente, la espiral nociva antes descrita no es un mero ejemplo hipotético. Existen numerosos casos, a nivel de países, donde la imposición de la austeridad ha cavado un hoyo más profundo y difícil de rebasar. En Grecia, los acreedores y las instituciones europeas llevan años exigiendo que se aplique un programa de severos recortes al gasto público, mediante la aplicación de condiciones estrictas para aprobar ciertos préstamos. El impacto ha sido trágico. Desde el 2008 hasta la fecha, la economía griega ha ido en picada; han perdido una cuarta parte de su Producto Interno Bruto (PIB) y la tasa de desempleo se mantiene por encima del 20 por ciento. Los residentes de Grecia han vivido en carne propia lo que muchos en la isla no logran entender: no hay tal cosa como “tocar fondo” cuando se desciende aceleradamente por el risco de la austeridad.

Peor aún, una caída económica tan estrepitosa contribuye a que la carga de la deuda se torne más insoportable. Cuando aumenta lo que se debe —y hasta cuando se queda igual— mientras se achica la economía, la proporción entre deuda y producción nacional se dispara y las aguas fiscales suben del cuello a las narices. Esto está sucediendo en Grecia, y en los próximos años, acá enfrentaremos un panorama muy similar.

Esta no es una premonición infundada, pues los números del plan fiscal que sometió el gobierno de Puerto Rico y aprobó la Junta de Control Fiscal (JCF) afirman que la economía seguirá cayendo durante la próxima década. Esto se debe, en gran parte, a que las medidas que buscan aumentar impuestos y reducir gastos públicos tendrán considerables impactos negativos, y por buen rato. Si cae la economía y no se reduce el monto de lo que se tomó prestado, la proporción de deuda a producción nacional bruta (Deuda/PNB) podría aumentar de 104% en el 2017, a 141% en el 2026. En otras palabras, si se sigue la ruta oficialista a la austeridad y no nos quitamos parte de la deuda de encima, estaremos mucho peor que hoy en día.

Ciertamente, algo se puede hacer para no seguir avanzando por el desbarrancadero. Por una parte, resulta imprescindible abogar por una reducción del principal adeudado. Pero determinar cuánto quitar requiere análisis precisos y creíbles que demuestren cómo una reestructuración de la deuda nos ubica en una mejor trayectoria hacia el futuro. Actualmente, estamos trabajando en un estudio que examina detalladamente el plan fiscal de Puerto Rico y ofrecerá propuestas específicas para atender este ángulo de la crisis.

Articular políticas sensatas con respecto al gasto y la deuda es una gestión sumamente necesaria, pero no es suficiente. Aun eliminando todas nuestras obligaciones con los bonistas, no salimos del atolladero porque carecemos de una estrategia de desarrollo que nos ayude a generar oportunidades económicas y aumentar el bienestar nacional. Atender esta apremiante necesidad es la tarea principal de la recién creada Comisión de Crecimiento del CNE.

El estado juega un rol indispensable en la articulación y puesta en marcha de proyectos de desarrollo. Tomando esto en cuenta, uno de los temas de interés de la Comisión es descifrar cómo mejorar el funcionamiento y desempeño de nuestro sector público. Sin lugar a dudas, el despilfarro, los malos manejos y la corrupción han minado la capacidad y efectividad de nuestras instituciones gubernamentales. Pero estos problemas no desaparecerán achicando el aparato estatal a través de privatizaciones y machetazos presupuestarios. Tenemos que evadir las trampas de la austeridad, y repensar críticamente el rol del gobierno para poder mejorarlo, robustecerlo y así asegurarnos que nos ayuda a recobrar el crecimiento.

Por: Deepak Lamba Nieves
Director de Investigación, Centro para una Nueva Economía
@deepakln

Reestructurar la deuda para crecer

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El Gobierno, con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal, tomó una decisión acertada cuando radicó una petición para el ajuste ordenado de sus deudas y obligaciones bajo el Título III de PROMESA el pasado 3 de mayo. De lo contrario, Puerto Rico habría estado expuesto a litigios costosos y prolongados, lo que habría socavado los esfuerzos de recuperación de su economía.

El gobierno ahora necesita presentar una propuesta de reestructuración fiscal y de deuda. Este ejercicio requerirá que se determine si la trayectoria trazada en el plan de ajuste logrará conseguir “sostenibilidad fiscal” o la sostenibilidad de la deuda. Es decir, ¿tendrá el gobierno los medios para pagar su deuda con alta probabilidad, luego de implementar su política fiscal y económica? Esa propuesta debe tomar en consideración los siguientes puntos.

Primero, para que la deuda sea sostenible, el plan de reestructuración (o ajuste) debe determinar el nivel de los superávits primarios—la cantidad de fondos disponibles para pagar el interés y principal adeudado después de cubrir los gastos operacionales del gobierno—que se requerirán de aquí al futuro en el corto, mediano y largo plazo para cumplir con los acreedores.

Segundo, este plan de reestructuración no es meramente un ejercicio contable; la implementación de cualquier plan de reestructuración fiscal y de deuda también tendrá efectos sobre la actividad económica de la isla, lo cual en sí afectará la capacidad del gobierno de generar los recaudos necesarios para cumplir con sus obligaciones.

Por tanto, en la discusión pública se deben destacar los impactos de algunas movidas fiscales claves. En el escenario de recesión prolongada y severa en el que Puerto Rico se encuentra, cuando el gobierno incrementa los impuestos y/o reduce los gastos, afecta negativamente los ingresos de las familias y empresas, que, a su vez, gastan e invierten menos—el llamado efecto multiplicador de la política fiscal del gobierno. Este efecto multiplicador tiende a ser más pronunciado durante recesiones como la que está experimentando la isla. Esta consolidación fiscal desencadena una reducción en la demanda agregada, lo cual acelera la recesión y reduce los recaudos del gobierno en el corto plazo.

Además, la reducción en la inversión pública en la investigación y desarrollo, la educación y salud, capacitación laboral, etc., en el corto y mediano plazo reduce las posibilidades de crecimiento en el mediano y largo plazo.

Finalmente, la falta de acceso a los mercados de capital y de apoyo financiero de terceros para poner en vigor una política fiscal expansiva limita la inversión tanto pública como la privada, lo que dificulta cualquier esfuerzo de recuperación económica.

Estos mecanismos, operando en conjunto, generarán una reducción en los recaudos del gobierno, lo cual disminuirá la probabilidad de lograr los superávits primarios que se proyectarían en un plan fiscal.

Por otro lado, el impago a los acreedores dificulta el acceso al crédito necesario para poner en vigor una política fiscal expansiva y tiende a aumentar el costo de tomar prestado, según evidencia reciente de episodios de impago de deuda soberana (Juan Cruces y Christoph Trebesch, “Sovereign Defaults: The Price of Haircuts” publicado en la revista American Economic Journal: Macroeconomics, 2013).

Debido a estos y otros factores, como la posibilidad que los planes de reestructuración puedan contribuir a retrasar el proceso de reformas estructurales para promover el crecimiento de la economía en el largo plazo, necesitamos de evidencia empírica para determinar si la reestructuración de la deuda es beneficiosa para el país.

Por ejemplo, en el artículo “Sovereign Debt Relief and Its Aftermath” publicado el año pasado en el Journal of the European Economic Association, Carmen Reinhart y Christoph Trebesch muestran evidencia empírica de los efectos de la reestructuración de deuda soberana en el desempeño económico del país deudor durante y hasta cinco años después del episodio de reestructuración.

Los autores demuestran que hay mejoras sustanciales en términos de crecimiento económico, calificación de riesgo y sostenibilidad de la deuda cuando las reestructuraciones implican una reducción en el valor nominal del principal. En cambio, esfuerzos más modestos de resolución de crisis prestatarias, como la reprogramación o ‘reprofiling’ de la deuda, las moratorias y el uso de ‘bridge financing’ no promueven un mejor desempeño de la economía. Estas últimas herramientas no son eficaces en resolver las crisis de deuda.

Además, calcular correctamente la cantidad de la quita o ‘haircut’ de la deuda es sumamente importante ya que durante la próxima década es muy probable que los recaudos del gobierno se queden por debajo de las proyecciones del Plan Fiscal, y el Gobierno y la JSF tendrán que reaccionar ante esto. Específicamente, el gobierno tendrá que tomar medidas para lograr los objetivos de recaudos incluidos en el Plan Fiscal. Tal reacción en términos de política fiscal profundizaría la recesión aún más y socavaría la sostenibilidad de la deuda, ya que la carga de deuda relativa al PNB aumentaría.

Finalmente, es preciso señalar que una reestructuración de la deuda que incluya recortes profundos al principal es necesaria para aumentar el espacio fiscal disponible para reactivar la economía, pero no es suficiente para situar la economía de Puerto Rico en un camino de crecimiento económico sostenido y dinámico. Para lograr ese crecimiento, Puerto Rico necesita ejecutar efectivamente una estrategia de desarrollo económico, algo que no ha podido hacer por décadas. Esa es la meta de la Comisión de Crecimiento para Puerto Rico del CNE.

Por: Gustavo J. Bobonis
Economista en Jefe, Centro para una Nueva Economía

Sostenibilidad de la Deuda

Sostenibilidad de la Deuda

Ahora que el gobierno de Puerto Rico, con el aval de la Junta de Control Fiscal ha cruzado finalmente el umbral del Titulo III de PROMESA, nos encontramos encaminados a un proceso de restructuración de por lo menos $52,000 de los $74,000 millones de nuestra deuda pública.

Como era de esperarse esa decisión ha generado todo tipo de análisis y comentarios. Sin embargo, un asunto que no se está discutiendo es la necesidad de hacer un análisis serio sobre que porción de esa deuda se puede pagar sin desestabilizar la economía de Puerto Rico.

De entrada surgen dos posiciones extremas. De un lado se encuentran los inversionistas que argumentan que hay que pagar la deuda en su totalidad, no importa las consecuencias y el daño social que se pueda causar. El problema con este argumento es que la tasa de interés de los bonos que compraron incorpora ex-ante el riesgo de impago por parte del emisor y ya han sido debidamente compensados por asumir ese riesgo.

Tampoco son convincentes los argumentos de aquellos que solicitan un trato especial porque invirtieron todo su capital en bonos de Puerto Rico. Muchas de estas personas presumen de ser sofisticados hombres y mujeres de negocios y, por tanto, deberían saber que la diversificación de los riesgos es uno de los principios fundamentales a la hora de invertir. Si no diversificaron debidamente su cartera de inversión con el objetivo de minimizar lo que eventualmente tendrían que pagar a Hacienda, pues ahora tienen que enfrentar las consecuencias de haber optado por una estrategia de inversión altamente riesgosa.

Para ser justos, existe un grupo de inversionistas locales poco sofisticados que fueron mal aconsejados por sus asesores financieros. El remedio para esas personas se encuentra en presentar una demanda o querella en contra de su asesor financiero o corredor de bolsa y no en socializar o transferir sus pérdidas privadas al resto de la población.

Del otro lado hay un grupo que aboga por que no se pague nada ya que la deuda es de alguna manera “ilegítima”, “ilegal”, o responsabilidad del Congreso de Estados Unidos.

El problema con este argumento es que 4,184 millas de autopistas y carreteras; más de 1,300 escuelas públicas; 30,675 millas de líneas de distribución, 2,416 millas de líneas de transmisión y 31 unidades de generación eléctrica; así como 14,000 millas de tubería y 126 plantas de tratamiento de agua, entre otras obras públicas, se financiaron en gran parte con emisiones de bonos. Podemos estipular que el mantenimiento y la operación de esos bienes públicos no ha sido el óptimo, pero la realidad es que existen y el pueblo de Puerto Rico se ha beneficiado de esa inversión pública.

Habiendo dicho eso, si es cierto que por décadas Puerto Rico ha emitido deuda para sufragar gastos innecesarios o superfluos. Por ejemplo, la R.C. de la C. 1995 del 17 de abril de 2007, asignó un total de $482,000,000 con cargo al Fondo de Mejoras Públicas 2006-2007 (léase emisión de bonos). Entre otras partidas cuestionables encontramos $100,000 para “Mejoras al Centro Comunal de la Urbanización Metrópolis- 1era. Sección, en Carolina”; y $1,200,000 para “la adquisición de terrenos y el diseño del Complejo Recreativo de Camuy”.

Los que exigen una auditoría de la deuda deberían comenzar por ahí, examinando los discursos de estado situación del país, las miles de asignaciones legislativas con cargo a los Fondos de Mejoras Públicas que nadie protestó cuando se aprobaron, los gastos exponenciales del Plan de Salud del Gobierno incurridos sin identificar una fuente recurrente de financiamiento y los déficits operacionales financiados con bonos de COFINA. Me temo que al finalizar su trabajo llegarán a la conclusión, en palabras del Rabino Abraham Joshua Heschel, de que en este asunto de la deuda pública algunos son culpables pero todos somos responsables.

Habiendo descartado las dos posiciones extremas, la realidad es que no podemos pagar la deuda pública según estructurada y será necesario calcular una reducción de esa deuda. Para determinar esa reducción es necesario llevar a cabo un análisis de sostenibilidad de la deuda utilizando una metodología robusta y partiendo de unos principios racionales.

De acuerdo con Martin Guzmán y Domenico Lombardi el objetivo principal de la restructuración de la deuda pública debe ser restablecer las condiciones necesarias para la implementación de políticas que permitan alcanzar las metas de desarrollo económico que una sociedad desea lograr.

Para lograr ese objetivo, es imperativo que la restructuración de la deuda se guíe por unos principios básicos. Primero, la restructuración de la deuda debe ser sostenible con un alto grado de probabilidad, sujeto a otras restricciones económicas y políticas. Esto significa que la reestructuración de la deuda es adecuada si facilita una recuperación económica que permita la generación de un superávit primario (antes de pagar interés y principal) en digamos 95% de los escenarios posibles, sujeto al cumplimiento con otros objetivos políticos y económicos.

Lo anterior implica que el crecimiento económico es la clave para la sostenibilidad de la deuda pública. El próximo paso, por tanto, debe ser el diseño de una estrategia de crecimiento a mediano plazo que identifique sectores donde Puerto Rico tiene, o pudiera tener, una ventaja comparativa y las reformas estructurales necesarias para generar crecimiento y que eventualmente produzcan los balances primarios que servirán de punto de partida para negociar con los acreedores.
Segundo, la restructuración debe ser políticamente factible. Por ejemplo, el resultado de la reestructuración de la deuda debe liberar una cantidad de recursos económicos suficientes para mantener los servicios de educación, salud y seguridad pública, así como otros servicios esenciales; mantener los pagos a los pensionados públicos; y evitar la venta a precio de liquidación de activos estatales.

Tercero, la restructuración debe ser económicamente viable. En términos generales, esto significa que la deuda, según reestructurada, se podrá pagar sin tener que tomar préstamos nuevos y que no será necesario renegociarla en el corto plazo. Este último punto es importante; varios estudios han determinado que en más del 50% de las reestructuraciones de deuda durante los últimos cuarenta años ha sido necesario renegociar los términos dentro de un periodo de cinco años. Este resultado no solamente es sub-óptimo sino que también retrasa la recuperación económica al generar un alto grado de incertidumbre.

Nosotros en el Centro para una Nueva Economía estamos trabajando en la elaboración de un análisis de sostenibilidad de la deuda que haremos público próximamente y esperamos nos ayude a determinar como sociedad cuanto de esa deuda incurrida a través de los años se puede pagar de manera sostenible.

Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

La junta en su laberinto

cne-dilemaspLos dilemas del Plan Fiscal

Jorge Luis Borges en “El jardín de senderos que se bifurcan” narra la historia de Ts’ui Pên, un chino erudito que se retira a “escribir un libro” y “construir un laberinto.” Al morir éste deja como legado varios “manuscritos caóticos”. Con el paso del tiempo un profesor descifra el enigma: el libro y el laberinto eran un solo objeto. En su libro, Ts’ui Pên—en contraste con una narrativa tradicional donde una persona enfrentada con diversas alterativas “opta por una y elimina las otras”—opta simultáneamente por todas y “crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan.” En esencia “todos los desenlaces ocurren; cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones.”

De igual manera, los encargados de redactar un plan fiscal a diez años para Puerto Rico comienzan en el mismo lugar que Ts’ui Pên: enfrentando una infinidad de porvenires posibles. Pero, a diferencia de Ts’ui Pên, no pueden optar simultáneamente por todas las alternativas. Los autores tendrán que analizar como interactúan diversas variables económicas, financieras, fiscales y sociales, y escoger un sendero fiscal, entre los múltiples que son factibles, sabiendo que su decisión será a su vez—a través de los efectos en la economía de Puerto Rico—el punto de partida de otros senderos y bifurcaciones fiscales.

DECISIONES DIFÍCILES DEL PLAN FISCAL

El problema es que no existe una metodología puramente tecnocrática, libre de una carga ideológica o filosófica, para determinar si se le otorga prioridad al crecimiento económico, a eliminar el déficit estructural, al pago de la deuda pública, a mantener los servicios públicos esenciales, incluyendo el seguro salud del gobierno, o al pago de las pensiones. Es por eso que en el CNE hemos elaborado, partiendo desde nuestra visión y entendimiento de la economía de Puerto Rico, algunos principios para la preparación del plan fiscal.

El 15 de noviembre enviamos una carta a la Junta de Control Fiscal describiendo esos principios, los cuales resumimos a continuación.

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Las premisas del modelo económico del plan fiscal deben ser absolutamente transparentes

La médula del plan fiscal es un escenario base, que a su vez es función de unas proyecciones de crecimiento económico. Este escenario asume que no hay cambios en las leyes o políticas fiscales existentes. El objetivo es establecer un marco de referencia para estimar el impacto de diversas propuestas de política pública. Por tanto, es extremadamente importante que el modelo económico utilizado para generar el escenario base se haga público y que las premisas utilizadas para su preparación se expliquen y justifiquen adecuadamente.

Restaurar el crecimiento económico debe ser el objetivo principal

Un crecimiento económico robusto es la clave para sufragar los servicios gubernamentales, pagar las pensiones, y para la sostenibilidad de la deuda pública. El segundo paso, por tanto, debe ser el diseño de una estrategia de crecimiento a mediano plazo que identifique sectores donde Puerto Rico tiene, o pudiera tener, una ventaja comparativa y las reformas estructurales necesarias para generar crecimiento. El impacto de esas intervenciones de política pública se puede medir entonces en relación al escenario base. Idealmente, se escogerían políticas que aumenten la inversión, creen empleos nuevos, incrementen el ingreso personal, generen un aumento en los recaudos gubernamentales y produzcan un balance primario positivo (antes de pagar interés y principal) que servirá de punto de partida para negociar con los acreedores.

Cualquier restructuración de la deuda debe ser por una cantidad suficiente para evitar otra renegociación en el corto plazo

Una vez se determina el balance primario estimado para los próximos diez años, se compara esa cantidad con el servicio de la deuda (para ese mismo periodo de tiempo) que depende de impuestos para su repago (las corporaciones públicas se excluyen ya que éstas generan sus propios ingresos) y se calcula la quita necesaria para asegurarnos con un alto grado de probabilidad, digamos 95%, que la deuda se podrá pagar sin tener que tomar préstamos nuevos y que no será necesario renegociarla en el corto plazo. Este último punto es importante; varios estudios han determinado que en más del 50% de las reestructuraciones de deuda durante los últimos cuarenta años ha sido necesario renegociar los términos dentro de un periodo de cinco años. Este resultado no solamente es sub-óptimo sino que también retrasa la recuperación económica al generar un alto grado de incertidumbre.

Evitar o minimizar las políticas de austeridad

La idea de que la implementación de políticas de austeridad tiene efectos positivos en el crecimiento económico ha tenido una larga vida a pesar de toda la evidencia que indica lo contrario. Tan recientemente como el 2010, economistas de la división de investigación del Fondo Monetario Internacional (“FMI”) cuestionaron la sabiduría de imponer políticas de austeridad a países que atraviesan por una crisis fiscal o financiera. Por ejemplo, el World Economic Outlook de octubre de 2010, incluye un análisis que concluye que en países afectados por una crisis fiscal “un recorte en el gasto gubernamental igual a 1% del PNB reduce la demanda doméstica aproximadamente por 1 por ciento y aumenta la tasa de desempleo por 0.3 punto porcentual.” Este análisis fue validado por el propio FMI en el 2011, 2012, y 2013.

Más importante aún, en Puerto Rico la austeridad se ha intentado y ha fracasado. Tanto la Ley 7 del 2009, como la Ley 66 del 2014, impusieron recortes al gasto gubernamental, aumentaron impuestos, congelaron salarios, suspendieron la efectividad de convenios colectivos, y rescindieron contratos, entre otras medidas de austeridad. El efecto, en ambos casos, fue agudizar la contracción económica.

Estipular claramente que cosas son negociables y cuales no

Dada la experiencia en otras jurisdicciones, lo más probable es que los bonistas presenten demandas económicamente irrazonables o socialmente perversas con respecto a la cantidad del balance primario, recortes a los servicios gubernamentales y pensiones públicas, la privatización de activos públicos, y reformas a leyes laborales y al seguro de salud del gobierno. El gobierno de Puerto Rico debe dejar claro desde el principio que es negociable y que no en cada una de estas áreas para evitar la pérdida de tiempo y reducir la ansiedad e incertidumbre entre la población. Sí los efectos económicos de la austeridad son negativos, los efectos sociales son potencialmente explosivos.

Dado todo lo anterior, recomendamos que la próxima iteración del plan fiscal atienda la crisis fiscal en la siguiente secuencia: (1) implementar reformas estructurales para fomentar el crecimiento; (2) reformar las instituciones presupuestarias, fiscales y de política económica; (3) renegociar los términos de la deuda pública; y (4) postergar la implementación de políticas de austeridad, si alguna.

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Por: Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública
Centro para una Nueva Economía

Una visión para el desarrollo

Una visión para el desarrollo

Al igual que en Grecia, muchos observadores ocasionales del caso de Puerto Rico atribuyen la debacle económica de la isla a la mala gestión fiscal del gobierno. Sin lugar a dudas, la gestión fiscal jugó un papel importante en la crisis de deuda – al no actualizar la política fiscal al gran cambio que ha sufrido la economía de la isla. Sin embargo, la causa primordial de la crisis ha sido otra: la desindustrialización provocada por el cambio de política fiscal de Estados Unidos y el posterior fracaso del gobierno de la isla y del sector privado en crear e implementar una nueva estrategia de desarrollo económico.
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Celebramos nuestro aniversario pensando el futuro

Este mes de noviembre CNE celebra sus 18 años. A través del tiempo hemos sido una voz sobria, balaceada y empírica en momentos de polarización e incertidumbre. Hablamos con rigor académico, independencia de criterio, y fuera de líneas político-partidistas. Ahora, hemos aceptado el reto que nos presentan los tiempos y nos lanzamos en una iniciativa de gran envergadura: la creación del CNE Growth Commission, un proyecto que busca impulsar una nueva conversación sobre cómo restablecer el desarrollo económico de largo plazo en Puerto Rico. Este mes, al celebrar nuestro aniversario, queremos recordar los hitos con los que hemos marcado camino, y reafirmar nuestra intención de seguir generando propuestas que provoquen una discusión pública robusta, y que ayuden a impulsar una nueva etapa de crecimiento económico sostenido para Puerto Rico.

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Declaraciones de Miguel Soto Class, Presidente del CNE, sobre el proyecto HR 5278

“En los pasados meses CNE ha invertido una cantidad significativa de tiempo en compartir nuestro conocimiento sobre las complejidades de la situación económica y fiscal de Puerto Rico con los miembros y el personal de los comités de la Cámara y el Senado federal que han estado trabajando en el tema de la crisis fiscal en Washington DC. Hemos reiterado la urgencia de atender cuanto antes la situación fiscal de Puerto Rico y hemos propuesto alternativas ponderadas para atender el problema inmediato de la reestructuración de la deuda, para transformar las instituciones fiscales de Puerto Rico de cara al futuro y para encaminar un proceso que reactive el crecimiento económico.”

“Lamentablemente, luego de analizar el proyecto HR 5278 – y aunque reconocemos que se ha hecho mucho trabajo para lograr un proyecto que cuente con apoyo bipartita – tenemos que decir que no podemos endosar el proyecto.”

“Primero, este proyecto le impone a Puerto Rico un costo muy alto a cambio de un beneficio muy incierto. Nos obliga a canjear la facultad de tomar decisiones sobre nuestra propia gestión pública a cambio de acceder a un proceso que – luego de sortear más de 45 requisitos, pasos y niveles distintos – pudiera permitirnos quizás acceder a la posibilidad de que un tribunal acceda (o no) a autorizarnos a reestructurar alguna parte de nuestra deuda.”

“Segundo, porque si bien Puerto Rico necesita controles fiscales fuertes, esos controles tienen que salir de unas instituciones locales y una cultura fiscal transformada. De nada vale que se imponga una junta de control fuerte que cuadre la chequera pero que, una vez terminado su mandato, nos deje las mismas instituciones gubernamentales y fiscales que nos han metido en este atolladero. Puerto Rico necesita transformaciones duraderas y a largo plazo.”

“Esta no es una decisión fácil ni para mí ni para el CNE. Sin embargo, el momento requiere que lo enfrentemos con los ojos abiertos. Aquellos que plantean que nuestros funcionarios electos han sido incapaces de lograr el cambio que Puerto Rico necesita tienen razón. Sin embargo, la respuesta no es una junta de control con otros funcionarios políticos de fuera de Puerto Rico porque esto terminará por atrofiar aún más nuestras corrompidas instituciones económicas y fiscales. Lo que Puerto Rico necesita es una nueva infraestructura cívica, con instituciones nuevas e individuos y organizaciones que puedan lograr las transformaciones institucionales que necesitamos de cara al futuro.”

 

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¿Cumple HR 5278 con los principios de política pública establecidos por el CNE?

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