Bajón que se esfuma por el ajuste
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Puerto Rico Hoy / 10 |
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Jueves 31 de Enero de 2013 / El Nuevo Día |
Es posible crear una nueva tarifa y eliminar las fórmulas, dicen expertos
| POR GERARDO E. ALVARADO LEÓN
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A TRAVÉS de los años, las fórmulas de ajuste por compra de combustible y de energía han sido la piedra con la que han tropezado los gobernantes de turno en su afán por reducir la factura de luz y cumplir unas promesas que, a la larga, se quedan en el aire.
Quizás porque nadie las entiende, a excepción de un puñado de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ambas fórmulas se han mantenido casi inalteradas desde su creación, permitiéndole a la corporación pública no solo cobrar por la energía que vende, sino también por la que bota o le roban a causa de sus ineficiencias operacionales. Ambas fórmulas permiten, además, que la AEE otorgue un sinfín de subsidios.
El gobierno de Alejandro García Padilla, al igual que los anteriores, ha prometido revisar las fórmulas. De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, planteó en su discurso inaugural que las eliminaría. Pero a juzgar por los efectos de la más reciente modificación, el panorama no luce alentador.
En octubre pasado, la entonces gerencia de la AEE encabezada por el ex- director ejecutivo, Josué Colón, y el expresidente de la Junta de Gobierno, José Ortiz, alteró temporalmente las fórmulas para que se tomaran en cuenta los cargos correspondientes al uso de energía renovable y las unidades convertidas a gas natural en la central Costa Sur, en Guayanilla para así bajar la factura.
Empero, la modificación fue un truco electorero que ahora implica que la mayoría de los clientes de la AEE, 9 0 0, 0 0 0 de los 1.5 millones, verá una leve alza en su factura por los próximos tres meses. Según reveló quien hasta este sábado será la directora ejecutiva interina de la AEE, Sonia Miranda, esos 900,000 clientes no subsidiados tendrán que pagar en retroactivo el supuesto ahorro que recibieron.
“Todo esto que ha pasado con las fórmulas de ajuste y cómo se ha trabajado es el mejor argumento para afirmar que la gobernanza de la AEE no está funcionando. Ni los mismos directores sabían lo que estaba pasando. Aquí hace falta fiscalizar”, señaló ayer el economista Sergio Marxuach.
Algunos miembros de la Junta de Gobierno de la AEE, como Andrés Salas Soler, reconocieron que no sabían a ciencia cierta en qué consistían las modificaciones de las fórmulas, lo que llevó a la entidad rectora de la corporación pública a dejar sin efecto los cambios.
Ayer, García Padilla ordenó al Departamento de Justicia realizar una investigación sobre estas irregularidades.
“Las fórmulas sí pueden tocarse. Hay procedimientos que existen y se pueden legislar. Lo que hace falta es voluntad política”, sostuvo Marxuach, quien también es director de política pública del Centro para la Nueva Economía (CNE).
NUEVA TARIFA BÁSICA
Una forma de eliminar las fórmulas sería alterando la tarifa básica, que no se toca desde 1989.
Según Marxuach, la nueva tarifa básica reflejaría los “costos reales” de producción y podría ser más alta que la actual, ya que recogería los costos de las fórmulas relacionados con la compra de combustible y energía.
Al presente, ambas fórmulas tienen componentes ajenos a la compra de combustible y energía. Mediante el Factor 0.89, la AEE les cobra a sus clientes una suma igual al 11% de sus ingresos brutos, dinero que usa para subsidiar a los municipios. Mediante el Factor Ei, la AEE les cobra a sus clientes por la electricidad perdida y hurtada.
Marxuach explicó que en la mayoría de las jurisdicciones estadounidenses no existe el ajuste por combustible sino un proceso anual de revisión tarifaria.
En ese proceso, la tarifa básica se sube o se baja según los costos. Estas jurisdicciones recurren al ajuste por combustible en casos de emergencia, por ejemplo, cuando hay cambios drásticos en el precio del crudo.
Para atender la falta de fiscalización, Marxuach recomendó la creación de un “ente independiente” que, entre otras cosas, garantizaría que los ajustes tarifarios fueran transparentes. Actualmente, la AEE se fiscaliza a sí misma mediante la Junta de Gobierno.
“Sería un ente encargado de velar que la AEE cumpla con sus objetivos de política pública. Hemos sugerido que esté integrado por representantes del sector gubernamental, privado y empleados de la AEE”, dijo.
El ente independiente también lideraría la transición de petróleo a gas natural y energía renovable, proceso que hoy día parece estancado.
A PAGAR POR LO CONSUMIDO
En tanto, el ingeniero Gerson Beauchamp, miembro de la Comisión Técnica y Científica de la organización Casa Pueblo, opinó que si la AEE crea una nueva tarifa, los clientes solo deben pagar por la energía que consuman.
“Lo que hay que cambiar realmente es el esquema de que todos pagamos por la energía que se regala o se pierde”, recalcó Beauchamp.
Ese “nuevo esquema” de que la gente pague por lo que consume debe venir acompañado de un componente educativo. Según Beauchamp, en Puerto Rico “se desperdicia” mucha energía y los niveles de consumo son parecidos a los de países industrializados.
La nueva tarifa que se diseñe también tiene que considerar el pago de intereses y el pago al principal de la deuda de la AEE, estimada en $9,000 millones, dijeron Marxuach y Beauchamp.
Como la nueva tarifa excluiría los componentes ajenos a la compra de combustible y energía, la AEE estaría forzada a lograr eficiencias, cosa que hoy no ocurre porque la corporación pública recupera todas sus pérdidas mediante las fórmulas.
“Ahora mismo no escuchamos a nadie en la AEE pidiéndole a la gente que consuma menos. Y es que, si los clientes consumen menos, llega menos dinero para pagar la deuda. Pero la deuda no puede estar vinculada a la generación”, puntualizó el ingeniero.
Déficit que no cede pese a la estabilización presupuestaria
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Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
El déficit acumulado del Gobierno se ha disparado hasta casi duplicarse en apenas tres años fiscales.
La brecha entre las obligaciones que tiene el Gobierno, sus actividades y corporaciones públicas versus los recursos que posee se ubicó en $33,678 millones, la cifra más alta que se haya registrado, según consta en el Informe Financiero Consolidado Anual (CAFR, por sus siglas en inglés).
La cifra deficitaria es, a su vez, casi cuatro veces la registrada en el fiscal 2002 y se concretó pese al ajuste fiscal implementado por la administración en el poder y el aumento de los recaudos por nuevos impuestos.
También se produjo con todo y la merma del déficit presupuestario, el antipático despido de empleados públicos y dos planes de estímulo fiscal como mecanismos para atender la insuficiencia de fondos y reactivar la economía.
En arroz y habichuelas
Para entender mejor el cuadro fiscal del Gobierno, se podría comparar con el presupuesto de una familia común y corriente.
En su planificación financiera, esta familia analiza el dinero con el que cuenta hoy día, al igual que los recursos que necesitará en el futuro para cubrir sus necesidades, desde pagos de préstamos hasta dinero para el retiro.
Una vez esa familia hace el análisis, se da cuenta que necesita dos veces más el dinero que tiene disponible para cubrir sus obligaciones actuales y futuras.
¿Cómo nos afecta?
En la medida en que el Estado no tiene suficientes fondos para pagar sus obligaciones y ya se encuentra con un nivel de deuda alto, tiene que recurrir a recortes de puestos, modificaciones en los pagos de pensiones, alzas en impuestos y aumentos en las facturas de los servicios básicos como el agua y la luz, entre otros. Además, el Gobierno se ve limitado a invertir en aspectos medulares como infraestructura, educación, salud y seguridad.
Alerta roja en 2014
El informe, certificado por la firma de contaduría Deloitte, destaca además que los planes de pensiones no tendrán ingresos propios suficientes para cumplir a cabalidad con el pago de pensiones a jubilados a partir del 2014.
“La administración acaba de aprobar una reforma contributiva y espera enfocarse en la reforma de las pensiones, ambas dirigidas a alcanzar un balance estructural a largo plazo”, dice el informe.
No fue posible obtener una reacción del secretario de Hacienda, Jesús Méndez, ayer. El funcionario indicó, sin embargo, que estaría disponible en el día de hoy.
Entendiendo los números
A diferencia del presupuesto operacional y el consolidado del Gobierno, el CAFR puede describirse como una radiografía contable del Gobierno, sus corporaciones públicas y su rol como custodio de activos de individuos, por lo que se considera una importante fuente de referencia para bonistas e inversionistas.
Según el CAFR, a junio del 2011, el Gobierno tenía obligaciones (lo que debe) por unos $48,824 millones. Los activos netos (lo que tiene disponible) con los que contaba para proveer servicios a la ciudadanía rondaron unos $15,146 millones. Así las cosas el déficit gubernamental (la brecha) acumulado se ubicó en $33,678 millones, o un 9.6% más que al cierre del 2010.
Habida cuenta que el fiscal 2009 fue un año de transición entre una administración y otra, en el año fiscal 2008 (el último año del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá), el déficit acumulado del Gobierno se ubicó en unos $17,091 millones.
Al final de la administración de Acevedo Vilá el déficit acumulado también se había duplicado, pero en relación a unos cinco años fiscales.
En el año fiscal 2009, que incluye los últimos seis meses de Acevedo Vilá y los primeros seis meses del gobernador Luis Fortuño, ese déficit se ubicó en $26,346 millones, según el CAFR.
“Si bien se han hecho ajustes no estamos donde necesitamos estar”, dijo el economista Vicente Feliciano al examinar el informe.
En vilo los servicios básicos
“Lo más que llama la atención es que correr los servicios básicos del Gobierno cuesta unos $19,200 millones, pero tenemos unos $15,000 millones y eso, incluyendo el Fondo General y fondos federales”, agregó el director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach.
De acuerdo con la institución de política pública, que ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a analizar la compleja situación de las finanzas públicas, “estructuralmente continuamos en una situación precaria, aun contando con las transferencias federales”.
En términos simples, el cuadro fiscal total del Gobierno, tal y como está, significa que, en algún momento, cumplir con las promesas de la reforma de salud, procurar la seguridad de la ciudadanía, viabilizar la mejor educación de los niños y, al mismo tiempo, proveer la infraestructura necesaria para propiciar la actividad económica no será factible.
Según Marxuach, aun cuando prestar ciertos servicios públicos pueda suponer más gastos que recaudos, mantener tal patrón no es sostenible.
“La gente cree que alguien nos va a salvar o que milagrosamente, (el déficit) se va a resolver porque la economía va a crecer. No hay conciencia de la magnitud del problema y no puedes tener un desfase de $3,000 millones todo el tiempo”, agregó Marxuach, quien subrayó que la situación presupuestaria del Gobierno se ha estabilizado.
“Estamos remando contracorriente. La situación hubiese sido peor de no haberse adoptado las medidas de ajuste”, dijo, por su parte, el economista Feliciano.
corporaciones y Retiro
Según el economista, los avances para cerrar la brecha fiscal en términos presupuestarios son evidenciables, pero estos quedan opacados por la crítica situación de las corporaciones públicas y los planes de pensiones.
Marxuach coincidió al ejemplificar el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la advertencia de Fitch Ratings. Esa agencia clasificatoria expuso anteriormente que la AAA solo tiene recursos para cumplir sus obligaciones hasta el presente año fiscal. En lo sucesivo, según Fitch, la AAA tendrá que aumentar sus tarifas en 50% o recibir ayuda del Fondo General.
Al escudriñar el informe, Feliciano subrayó que la precaria situación de las corporaciones públicas supuso, en el año fiscal 2011, un déficit conjunto de unos $1,341 millones. En el fiscal 2011, el aumento en el déficit acumulado fue de unos $3,251 millones.
En ese cuadro se agregan el déficit en las pensiones y el atraso por parte del Gobierno en cubrir deficiencias actuariales pasadas, que rondan otros $9,200 millones. En total, el déficit actuarial de los principales planes de pensiones del Gobierno rondó unos $33,115 millones.
Soluciones con poco margen
Revertir la tendencia en el déficit, según el economista Feliciano, necesitará de múltiples cursos de acción que ahora resultan impostergables.
Por un lado, el economista sostuvo la urgente necesidad de que la economía crezca vigorosamente. En la medida en que el entorno económico mejore, en mejor posición estará el Gobierno y particularmente, el Fondo General.
“El informe evidencia que hay otros ‘issues’ más allá del avance que se ha hecho en el Fondo General. En la medida en que no se hagan ajustes a los sistemas de pensiones tendrás que hacer más transferencias del Fondo General”, dijo Feliciano.
Tales ajustes tendrán que hacerse a partir del 2013, con menos herramientas y menos flexibilidad, subrayó Marxuach.
“La situación es más delicada de lo que teníamos anteriormente y quien gane tendrá una situación mucho más complicada, mucho menos flexibilidad, cero bonos Cofina, cero fondos ARRA, probabilidades altas de recortes federales”, explicó Marxuach al vaticinar que la siguiente administración de gobierno estará sujeta a múltiples presiones.
Entre estas, Marxuach mencionó las exigencias de la ciudadanía y aquellas de los bonistas y casas acreditadoras, que pedirán decisiones concretas en los planes de pensiones. Mientras, el sector empresarial, y en especial las empresas foráneas, no estarán dispuestas a cubrir la deficiencia financiera mediante más impuestos.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 18 de septiembre de 2012.
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Oportunidades
En Puerto Rico, como en la mayoría de los países del mundo, la creciente desigualdad en los ingresos está limitando severamente las posibilidades de una verdadera recuperación económica y está causando una discrepancia marcada en las oportunidades al alcance de los diferentes sectores de la población.
A reinventar las corporaciones públicas
Proponen reinventarlas para reducir los golpes continuos al bolsillo del consumidor
Por: Gerardo E. Alvarado León | Publicado en: El Nuevo Día
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Las 51 corporaciones públicas que existen hoy en el País se han convertido en entes burocráticos, politizados y con millonarias deudas que el Gobierno central asume y que, por ende, acaban pagando los contribuyentes.
El precio de la desigualdad
Asegurar el crecimiento económico requiere atender la creciente brecha entre ricos y pobres
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Los efectos de la crisis financiera, génesis de la “Gran Recesión”, han sido tan profundos que ha sucedido lo impensable: los principales mensajeros del libre mercado y la globalización han concluido que el principal riesgo para el desarrollo es la desigualdad.
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Uno de los fenómenos más memorables del año pasado fue el movimiento de Occupy Wall Street. Se desarrolló en gran parte por el descontento generalizado en la ciudadanía con los excesos de los bancos y las firmas financieras, en combinación con los impactos negativos sufridos por las clases medias como las ejecuciones de hipotecas, los despidos de los empleos y los aumentos en los costos de servicios.
Deuda Pública y Mejoras Permanentes
Proveer una infraestructura adecuada, que fomente y facilite el desarrollo económico, es una de las funciones básicas de cualquier gobierno moderno. La inversión pública en activos con una vida útil relativamente larga, tales como carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, hospitales, escuelas, plantas generadoras de electricidad, represas, plantas de tratamiento de aguas, y líneas de transmisión y distribución de electricidad, entre otros, es beneficiosa para el desarrollo económico por múltiples razones.
Church
En mi vida han existido varias personas que han tenido influencia en mi desarrollo personal y profesional. Sin embargo, pocas han tenido tanto impacto como lo tuvo mi primer jefe, socio fundador del Centro para la Nueva Economía, y gran amigo: Churchill G. Carey, Jr.
Esperanza
En los últimos años Puerto Rico ha perdido el dieciocho porciento de sus empleos, el doce porciento de su Producto Nacional Bruto (PNB) y el dos porciento de su población. Los activos de los bancos han bajado diecisiete porciento y la carga combinada de la deuda publica y las pensiones es la más alta en los Estados Unidos siendo igual a 94% del PNB, 108% del ingreso personal disponible de Puerto Rico, y 7 veces los recaudos totales de nuestro fondo general.
Razonable
