Puerto Rico como laboratorio socioeconómico

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A casi un año del paso del Huracán María, todavía no se avistan señales certeras de que se avecina la reconstrucción del país. A pesar de que recientemente se anunció la aprobación del Plan de Acción sometido al Departamento de Vivienda Federal (o HUD, en inglés) para poner en marcha programas y proyectos valorados en $1,500 millones, las autoridades federales todavía no han abierto la llave de paso y el torrente de los preciados fondos no se materializa. Más importante aún, todavía estamos pendientes de recibir decenas de miles de millones más que el Congreso de los Estados Unidos ya aprobó para financiar trabajos y servicios relacionados con la recuperación posdesastre.

Ciertamente, la repartición de estos fondos requiere que se sigan reglas y procedimientos particulares para asegurar que el dinero público se utiliza adecuadamente. Pero no es un secreto que al gobierno de Puerto Rico se le está exigiendo más de la cuenta. Además de los “controles internos” y documentos que normalmente exigen las autoridades federales, el Congreso le exigió a la isla someter un “Plan económico y de recuperación de desastres” que debe definir las prioridades, metas y resultados esperados de los esfuerzos de recuperación nacional, entre otras cosas. A primera vista, este requisito no parece descabellado. Como planificador, me parece justo y necesario que se arme un ejercicio coordinado e inclusivo para definir cómo se llevará a cabo la reconstrucción del país. Pero la intención del Congreso no está fundamentada en una afición por la planificación participativa; más bien, responde a una narrativa popular que nos describe como técnicamente incompetentes e incapaces de poder manejar una cascada de fondos provenientes del norte sin despilfarrarlos o que las grandes corporaciones desarrollistas nos tomen el pelo.

No podemos tapar el sol con la mano. La reputación de nuestras autoridades públicas está por el piso dada la pésima trayectoria fiscal de sucesivas administraciones. El peso de nuestra deuda pública tampoco nos ayuda mucho. Pero, más allá de nuestras evidentes fallas, queda claro que nuestras limitaciones también tienen mucho que ver con numerosas decisiones que se han llevado a cabo en el Congreso, especialmente los experimentos de gobernanza que han llevado a cabo en la isla.

Según nos explica el Juez Juan Torruellas en un ensayo publicado en el Harvard Law Review Forum, el gobierno de los Estados Unidos ha llevado a cabo cuatro grandes experimentos de gobernanza en la isla mediante diversos mecanismos legales: la Ley Foraker a principios del siglo XX, luego la Ley Jones en el 1917, la creación del Estado Libre Asociado en el 1952 y la adopción de la ley PROMESA en el 2016. Torruellas plantea que estas movidas han servido para perpetuar una relación colonial asimétrica que viola los derechos humanos de los residentes de la isla y está detrás de nuestro deterioro económico. Así las cosas, el más reciente experimento que se gesta con PROMESA se fundamenta en una lógica similar a la que se le aplicó a Washington DC durante su crisis fiscal: los puertorriqueños no pueden gobernarse a sí mismos, por lo que el gobierno federal debe imponerse y nombrar un pequeño grupo de tecnócratas que pongan la casa en orden.

Como bien sabemos los planificadores, las gestiones y argumentos técnicos a menudo sirven para enmascarar posiciones ideológicas y deseos de experimentación. Muy similar a la trayectoria que siguió Rexford G. Tugwell, quien fungió como gobernador en la década de 1940 e intentó establecer un “laboratorio social” en Puerto Rico mediante la aplicación de las herramientas técnicas de la planificación económica y la administración pública racional, algunos miembros de la Junta de Control Fiscal intentan probar si las medidas de austeridad bajo dictaduras temporeras sirven para revertir los designios de las jurisdicciones en aprietos financieros. En algunos de sus escritos, David Skeel, miembro de la Junta y profesor de derecho en la Universidad de Pensilvania, ha apoyado la idea de que localidades en quiebra, como Puerto Rico, deberían tener que someterse a regímenes antidemocráticos que impongan las reformas necesarias para convertirlos en lugares más responsables —e irónicamente— democráticos.

Pero, aparte del interés de probar la eficacia de las “dictaduras para la democracia”, la Junta y el Congreso han elucubrado otro gran experimento en Puerto Rico: la puesta en marcha de un régimen severo de austeridad neoliberal que corre a la par con un esfuerzo masivo de reconstrucción nacional. Hasta donde sé, esto no se ha intentado antes. Y es una coyuntura que presenta numerosos retos para los planificadores y oficiales públicos, quienes tendrán que diseñar e implementar procesos y proyectos de reconstrucción con rapidez y precisión mientras que simultáneamente se desarma y reconfigura el andamiaje institucional gubernamental. Como han argumentado numerosos expertos, los esfuerzos de reconstrucción requieren de datos detallados, coordinación a varios niveles, la movilización de comunidades y organizaciones de base, y ejercicios de planificación intensivos en diversas escalas. Resulta altamente improbable que las políticas para poner en cintura y achicar el gobierno que avanza la Junta, que incluyen recortes drásticos para la Universidad de Puerto Rico, le permitirán al gobierno liderar competentemente los esfuerzos de recuperación.

Según este cuadro, es sumamente probable que nuestra reconstrucción seguirá un enfoque de mercado, en el que se le ofrecerá toda clase de oportunidades, incentivos y contratos a grandes empresas foráneas que se dedican a perseguir desastres, y que comúnmente proveen soluciones enlatadas que aplican indiscriminadamente en cualquier lugar. Ante el desmantelamiento progresivo del gobierno, estas compañías seguramente serán llamadas a llenar las lagunas de capacidad y peritaje que generan las políticas de austeridad en el sector público. La experiencia de Nueva Orleans luego del Huracán Katrina nos sirve para entender que transferirles responsabilidades clave a actores del sector privado no es una buena idea porque limita la rendición de cuentas y la supervisión publica de la toma de decisiones e implementación. Igualmente, estaríamos privatizando importantes lecciones que nos podrían servir para mejorar la capacidad gubernamental, tomar mejores decisiones y generar mejores bienes públicos en el futuro.  

Los procesos de reconstrucción toman tiempo y son sumamente complejos, no importa dónde se lleven a cabo. Acá, en nuestras costas, tendremos que lidiar con retos adicionales asociados con una década y pico de decadencia económica y la carga de una deuda pública impagable. Pero, más difícil aún, tendremos que transformar al país mientras combatimos los experimentos del Congreso y la Junta, que crean las condiciones ideales para que resbalemos en el camino y terminemos cediendo nuevamente el control de nuestros designios.

Por: Deepak Lamba-Nieves, Director de Investigación, Centro para una Nueva Economía

 

Almost a year after Hurricane Maria, there are still no clear signs that the island’s reconstruction will be completed any time soon. Despite the recent announcement of the approval of the Plan of Action submitted to the Department of Housing and Urban Development that would set in motion programs and projects valued at $1.5 billion, federal authorities have still not turned on the faucet, and the torrent of much-needed funds has not materialized. Even more importantly, we are still awaiting tens of billions of dollars more that the U.S. Congress has already approved for financing work and services related to the post-disaster recovery.

Naturally, disbursement of these funds requires that painstaking rules and procedures be followed in order to ensure that the public money is used appropriately. But it’s no secret that more is being demanded of the government of Puerto Rico than is strictly warranted. In addition to the “internal controls” and documents normally required by the federal government, Congress has required that the island submit an “Economic and Disaster Recovery Plan” that would, among other things, define the priorities, goals, and results expected from the recovery efforts. At first glance, this requirement does not seem unreasonable. As a planner, I think it’s only fair, and in fact necessary, that a coordinated and inclusive exercise be undertaken to define how the island’s reconstruction will be carried out. But Congress’s intention is not based on a penchant for participatory planning; rather, it responds to a popular narrative that paints Puerto Ricans as technically incompetent and incapable of managing a cascade of funds pouring down from the north without wasting them or allowing the big development companies to have their way with us.

Of course we mustn’t delude ourselves. The reputation of our public authorities couldn’t be lower, due to the terrible financial history written by successive administrations. The burden of our public debt doesn’t help much, either. But beyond our obvious failings, it’s clear that our limitations also have a great deal to do with a number of decisions made in Congress, especially the governance experiments it has inflicted on the island.

As Judge Juan Torruellas explains in his essay in the Harvard Law Review Forum, the United States government has carried out four grand governance experiments on the island, using a number of legal mechanisms: the Foraker Act in the early twentieth century; the Jones Act in 1917; the creation of the Commonwealth of Puerto Rico (the Estado Libre Asociado, for its Spanish translation) in 1952; and the adoption of the law known as PROMESA in 2016. Torruellas argues that these actions have served to perpetuate an asymmetrical colonial relationship that violates the human rights of the island’s residents and is at least partly the cause our economic deterioration. That said, the most recent experiment, which is being carried out through PROMESA, is founded on a logic similar to that applied to Washington, D.C., during its financial crisis: Puerto Ricans cannot govern themselves, so the federal government has to come in and take over and appoint a small group of technocrats to put the house in order.

As we planners know, technical arguments and actions often serve to mask ideological positions and experimental desires. In a way very similar to the actions taken by Rexford G. Tugwell, who served as governor in the 1940s and tried to establish a “social laboratory” in Puerto Rico by applying the technical tools of economic planning and rational public administration, some members of the Financial Oversight and Management Board (FOMB) are trying to test whether austerity measures under temporary dictatorships can undo the misfortunes of jurisdictions in financial straits. In some of his writings, David Skeel, a member of the Board and law professor at the University of Pennsylvania, has supported the idea that governments in bankruptcy, such as Puerto Rico’s, should have to submit to anti-democratic regimes that impose the reforms needed to make those governments more responsible and—ironically—more democratic.

But aside from their interest in testing the efficacy of “dictatorships for democracy,” the Board and Congress have devised another grand experiment in Puerto Rico: the implementation of a regime of severe neoliberal austerity in parallel with a massive islandwide reconstruction effort. So far as I know, this has never before been attempted. And it is a combination that presents a number of challenges for planners and public officials, who will have to design and implement reconstruction projects and processes quickly and accurately while, simultaneously, the institutional governmental scaffolding is being taken apart and reconfigured. As many experts have argued, reconstruction efforts require detailed data, coordination at many levels, the mobilization of communities and grassroots organizations, and intensive planning exercises on a number of scales. It is highly improbable that the Board’s policies to downsize the government and tighten its purse strings—including drastic cutbacks to the budget of the University of Puerto Rico—will allow the government to deal competently with the recovery efforts.

According to this scenario, it is quite likely that our reconstruction will take a market-focused path, in which all sorts of opportunities, incentives, and contracts will be offered to off-island companies who chase ambulances, figuratively—disasters, literally—for a living and who generally provide one-size-fits-all solutions that they apply indiscriminately anywhere they go. Given the progressive dismantling of the government, these companies will undoubtedly be called upon to fill the expertise and ability gaps created by the austerity policies in the public sector. The experience of New Orleans after Hurricane Katrina shows us that transferring key responsibilities to actors in the private sector is not a good idea, because it limits accountability and public supervision from the decision-making and implementation processes. Furthermore, we would be privatizing important lessons that could help us improve state capacity, make better decisions, and create better public assets in the future.

Reconstructions take time, and the processes involved are extremely complex, no matter where they take place. Here, on the island, we will have to deal with all the additional challenges associated with a decade and more of economic deterioration and the burden of an unpayable public debt. But even more difficult, we will have to transform the island while combatting the experiments conducted on us by Congress and the FOMB—experiments that promise to create the ideal conditions for a pratfall by us on the path forward and a consequent turnover, again, of the control of our own destiny.

By: Deepak Lamba-Nieves, Research Director, Center for a New Economy

Ahogados

bring your people together

Miguel A. Soto Class

En los últimos meses por fin hemos logrado adelantar y concientizar al Pueblo y al gobierno sobre el tema del costo de la electricidad y el terrible impacto que tiene en la economía de Puerto Rico y en el bienestar de nuestras familias. Más aún, hemos logrado desarrollar por primera vez un amplio consenso en cuanto a la necesidad imperiosa de crear una Junta Reglamentadora independiente que sirva de árbitro entre la Autoridad de Energía Eléctrica y el País.

Pero hasta ahí hemos llegado. Después de tanto nadar, parece que las fuerzas del status quo nos ahogarán en la orilla.

Para mí lo más curioso ha sido ver la falta de capacidades ciudadanas para lograr cambios en el gobierno y en la sociedad. Tenemos muy bien desarrolladas nuestras habilidades de quejarnos y hacer sentir nuestro pensar y nuestros deseos. Pero no sabemos cómo tomar el próximo paso que va de la queja y la protesta a una acción concertada y fuerte que obligue a nuestros gobernantes a no tan sólo escucharnos sino tener que obedecernos.

Por eso son tan importantes para el País proyectos como Agenda Ciudadana y la nueva iniciativa del Centro para una Nueva Economía, Espacios Abiertos. Agenda Ciudadana, por su lado, ha sido la organización pionera en darle no tan solo voz sino importancia a los reclamos de la ciudadanía. Más aún, ha ido desarrollando y evolucionando tecnologías para que esos reclamos se conviertan en realidad. READ MORE

Después de la emisión de bonos

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Por Sergio M. Marxuach

Puerto Rico ha colocado exitosamente una emisión de bonos por la cantidad de $3,500 millones en el mercado de bonos municipales de Estados Unidos. El precio ha sido alto. Los bonos se vendieron a 93 centavos el dólar y con una tasa de interés de 8%. Esto significa que el rendimiento exento de los bonos es igual a 8.72%, lo que es equivalente a un rendimiento tributable de 14.3%. Los fondos producto de la emisión se utilizarán casi en su totalidad para refinanciar o pagar deudas existentes y muy pocos están destinados para inversión pública. En síntesis, esta transacción ayuda a mantener a flote al gobierno de Puerto Rico hasta el 2015 pero no resuelve los problemas fiscales de Puerto Rico ni a corto ni a largo plazo.

El gobierno continua enfrentando una serie de retos fiscales producto, entre otros factores, de déficits presupuestarios crónicos, falta de controles internos adecuados en muchas agencias del gobierno, una prolongada contracción económica, altos niveles de desempleo, una marcada reducción poblacional, y altos niveles de deuda y obligaciones de pensiones públicas. READ MORE

Inevitable otra cirugía fiscal

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El CNE insiste en reformas profundas al aparato público

Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

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Sergio Marxuach y Mike Soto, del CNE. (ANA.ABRUNA@GFRMEDIA.COM)

A Puerto Rico puede tomarle entre cuatro y seis años despojarse del grado especulativo que le asignó Standard & Poor’s esta semana, explicó ayer el director de Política Pública del Centro para Una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach.

Según Marxuach, ese fue el tiempo aproximado que le tomó a la ciudad de Nueva York, a Filadelfia y a la capital federal, Washington, DC, superar sus respectivas degradaciones. Y para lograrlo, estas jurisdicciones se vieron forzadas a tomar medidas drásticas como otorgar a una junta de control financiero la facultad de revocar contratos y hasta las decisiones de funcionarios electos como alcaldes y legisladores municipales.

Marxuach dijo que el cuadro fiscal de la Isla es tan delicado que aplicar un severo plan de ajuste fiscal parece ser la única alternativa para Puerto Rico. En especial, porque el liderato político o empresarial “no debe esperar” un rescate del gobierno federal estadounidense.

En el 2006, el CNE divulgó un reporte acerca de las medidas que sacaron a La Gran Manzana, Filadelfia y a la capital federal de sus líos presupuestarios y crediticios. El organismo reiteró ayer que esas recomendaciones deben considerarse y aplicarse, de ser el caso, dijo Marxuach.

“Hay que decidir qué funciones del Gobierno son esenciales y cuáles no y modificarlas”, manifestó el investigador. “Creo que habrá que reestructurar la deuda de corporaciones como la Autoridad de Energía Eléctrica, Carreteras y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados”, subrayó.

En paralelo, Marxuach sostuvo que la banca local parece será la llamada a proveer liquidez al Gobierno, mientras también se desarrollo un plan que encamine la economía de la Isla en largo plazo.

El CNE revivió las recomendaciones para el torniquete fiscal al tiempo que planteaba que a juzgar por los informes y declaraciones de la casa acreditadora, la posición de liquidez del BGF “está más débil de lo que se nos ha hecho creer”.

“Hay que empezar a actuar para Puerto Rico y no para grupos con visión de corto plazo y visión financiera”, agregó por su parte, Miguel Soto-Class, fundador del CNE.

“Ahora van a aparecer muchos grupos y personas que van a decir que tienen las ideas para arreglar esto. Me parece que en estos momentos, no hay espacio para los aficionados”, sentenció.

Temen un apocalipsis fiscal en el BGF

El_Nuevo_Dia

 

Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

El riesgo de insolvencia que encara el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) es el resultado de haber utilizado esa dependencia como una chequera para pagar por la mala administración de las corporaciones públicas, agencias y municipios, y la falta de una reglamentación adecuada.

Y esa chequera, al parecer, se quedó sin fondos.

Según Sergio Marxuach, director de Política Pública en el Centro para la Nueva Economía, y Antonio Fernós Sagebién, profesor de Finanzas para la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de producirse el colapso del agente fiscal del Gobierno, Puerto Rico vería una reducción dramática en la posibilidad de acceder a capital e, incluso, encarar una degradación crediticia en cadena en todas las corporaciones públicas y hasta en las obligaciones generales del Gobierno central.

“El Gobierno perdería su flexibilidad para financiarse”, dijo Marxuach. READ MORE

Budget will cover cash shortfall, economic development initiatives

 

By : JOHN MARINO
Edition: April 25, 2013 | Volume: 41 | No: 15

At least $1.64 billion in new tax measures being considered to pay for it all; increased tariffs also on the horizon

Gov. Alejandro García Padilla is expected to present to the Legislature tonight a budget that aims to make up for shortfalls in government revenue and cover the cost of campaign pledges and new initiatives, including heightened efforts aimed at creating jobs and jumpstarting the stagnant economy.

A series of new tax measures will be implemented to pay for the bigger budget, but government officials insist they are keeping spending under control. The García Padilla administration proposals total $1.64 billion, but the Legislature is also proposing several other fee and tax hikes, which could push this figure up even higher.

Office of Management & Budget Executive Director Carlos Rivas Quiñones said the budget figure may have a “substantially higher dollar” amount than the current budget, but added that it would be “misleading” to assume the administration would be spending more money than this year. Rather, the budget will accurately reflect the government’s total liabilities, something that the budget inherited from the previous administration didn’t do, he said. READ MORE

¿Concertación?

Por Miguel A. Soto Class

http://www.elnuevodia.com/voz-concertacion-1457121.htmlCommunity

La palabra se ha puesto de moda: “concertación” para atajar la crisis fiscal del Gobierno, “concertación” para atender la debacle de los sistemas de retiro, “concertación” para abordar el desastre en los servicios públicos. Casi se ha convertido en un refrán, una especie de poción mágica que todo el mundo receta para cualquier problema o dificultad.

Sin embargo, encaminar un verdadero proceso de concertación que culmine en soluciones compartidas a nuestros múltiples desplomes sistémicos y estructurales es un reto a la misma vez difícil, pero impostergable. Ningún partido o facción en Puerto Rico tiene ni la fuerza ni el capital político necesario para imponer soluciones unilateralmente. Y la implantación por la fuerza de medidas traumáticas no tiene sentido para un país abrumado que está agobiado por la desintegración de su fibra social y política. Por lo tanto, a pesar de la urgencia, hay que preguntarse si la concertación -como proceso cívico, social y político- es verdaderamente posible en Puerto Rico. ¿Tenemos -cada uno de nosotros, y los grupos que representamos- la madurez, la entereza, la fortaleza que hace falta para convertir este proceso en realidad? READ MORE

Estado financiero del gobierno de Puerto Rico

Por Sergio M. Marxuach

http://www.elnuevodia.com/estadofinancierodelgobiernodepuertorico-1353130.html

Recientemente ha vuelto a la discusión pública el tema del estado de las finanzas públicas de Puerto Rico. Para entenderlo, es preciso conocer la fuente de la información y diferenciar los distintos niveles en los que hay que hacer el análisis.

El gobierno de Puerto Rico publica anualmente un informe con sus estados financieros consolidados. Este informe, conocido comúnmente por sus siglas en ingles como el CAFR (Comprehensive Annual Financial Report), es preparado por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y auditado por una firma de auditores externos. La versión mas reciente tiene fecha de 27 de abril de 2012, cubre el año fiscal que terminó el 30 de junio de 2011, y fue auditado por la firma Deloitte & Touche LLP. READ MORE

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