La promesa sin cumplir

La promesa sin cumplir

Se supone que la ley PROMESA facilitaría una transformación radical en el desempeño de nuestro sector público. Según la narrativa oficial, la intervención federal era inevitable ante nuestro desbarajuste administrativo.

En varias ocasiones durante la saga que precedió la firma de esaley federal, el Senador Orrin Hatch, quien presidía el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos, emprendió contra el gobierno de Puerto Rico. Al legislador de Utah se le acababa la paciencia con una administración que no cumplía con entregarle los estados financieros auditados, información sobre el sistema de pensiones y detalles sobre el presupuesto. Los oficiales públicos arrastraban los pies, ofrecían justificaciones, y luego de varios emplazamientos, y un tirijala patético, soltaron algunas prendas. Lamentablemente, no se trataba de un acto de resistencia o un desafío ante el paternalismo y la soberbia de la esfera federal. Más bien, era el proceder común del Estado Libre Asociado ante un pedido de información. Así pues, a la hora de justificar la imposición de una Junta de Control Fiscal, loscongresistas estadounidenses no dudaron en señalar, entre otros factores, la necesidad de arrojar luz y poner en cintura a un gobierno territorial opaco, difícil de descifrar y que no rinde cuentas.

Además de los legisladores federales, no fueron pocos los porristas locales que vieron con buenos ojos la llegada de un nuevo cuerpo rector que se encargaría de romper con la tiranía de la falta de transparencia, la improvisación en el diseño de políticas públicas y el derroche fiscal. Armados con los plenos poderes que les confiere la ley federal, la Junta y su equipo de trabajo darían al traste, casi como por arte de magia, con las perniciosas prácticas de administración pública que se han practicado por décadas en Puerto Rico. Sin embargo, al cabo de un año desde que entró en vigor PROMESA, las altas expectativas trazadas por los jefes del norte y por los fieles súbditos locales están lejos de cumplirse. Peor aún, todo apunta a que los nombrados a poner la casa en orden abonan al desbarajuste y no a su solución.

La reciente propuesta de la Junta de sustituir ciertos programas federales de beneficencia pública por un crédito contributivo poringreso devengado —conocido comúnmente por sus siglas en inglés como el EITC— es un claro ejemplo de su errado proceder. Planteando la necesidad de hacer mella en la bajísima tasa de participación laboral de la isla, proponen desmantelar gran parte de la red de apoyo socioeconómico existente, mientras apuestan a una solución mágica o “silver bullet”. El asunto medular es que un EITC podría ser sumamente beneficioso para la isla, pero solo si se adopta para complementar al sistema existente y no como un sustituto.

En Estados Unidos, el EITC se considera uno de los programas más efectivos para reducir la pobreza. Según datos del Center for Budget and Policy Priorities (CBPP) en Washington DC, en el 2015, este crédito sacó de la pobreza a 6.5 millones de personas, incluyendo a 3.3 millones de niños. También ayudó a mejorar las condiciones de vida de 21.3 millones de personas pobres. Para ser elegible, a nivel federal, las familias pobres y de bajos recursos tienen que trabajar en el sector formal, devengar ingresos dentro de un intervalo específico y someter una planilla al gobierno. Un elemento clave es que el crédito es reembolsable. Si el crédito otorgado es mayor a la deuda contributiva, el beneficiario recibe la diferencia como un reintegro. En el 2015, la cantidad promedio recibida por familias con niños ascendió a $3,186. Además, 26 estados ofrecen su propio EITC que suplementa al esfuerzo federal.

En el 2003, el CNE publicó un estudio preparado por la profesora María Enchautegui que sirvió como base para la adopción de un programa similar al EITC en Puerto Rico. Luego de un largo proceso de educación y convencimiento,especialmente en la esfera gubernamental, se estableció un crédito por trabajo que duró del 2007 al 2013. Aunque no era un programa perfecto, pues el beneficio máximo ascendía a $450 y se revelaron fallas en algunos renglones, fue un paso importante que contribuyó, entre otras cosas, a aumentar la cantidad de personas elegibles que sometieron planillas de contribuciones por ingreso al estado. En aras de reestablecerlo y renovarlo, la organización Espacios Abiertos comisionó otro estudio en el 2014 (también a la profesora Enchautegui) que incluyó recomendaciones específicas para el diseño de un nuevo y mejorado crédito.

Aunque hemos sido los principales proponentes y defensores del EITC en la isla, nos parece que la petición de la Junta al Congreso —de quitarle los fondos federales destinados a los programas Sección 8,  (TANF, en inglés) y el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), para adjudicárselos a un EITC local— es desacertada y peligrosa. Primero, porque los esfuerzos existentes proveen ayudas que son sumamente necesarias en un país pobre como el nuestro y están diseñados para atender carencias específicas. Como tal, los objetivos de estos programas, las reglas que los gobiernan y sus impactos son diferentes. Segundo, eliminar estos beneficios para convertirlos en una subvención en bloque o “block grant” podría reducir lo que invierte el estado para combatir la pobreza. Como apunta Robert Greenstein, director del CBPP y reconocido experto en políticas sociales, muchos gobiernos estatales tienden a sustituir fondos locales con los federales cuando les llegan asignaciones en bloque. Tercero, porque el EITC no es una cura para todos los males y su efectividad es mucho menor en mercados laborales maltrechos, como el nuestro. Cuando los trabajos escasean, se hace más difícil acceder a un crédito que sólo se recibe asegurando un empleo en el sector formal.

Sin lugar a dudas, la red de beneficios socioeconómicos que provee el estado se puede mejorar. Tenemos que repensar las estrategias existentes e identificar soluciones innovadoras y sensatas. Pero ese no parece ser el proceder de la Junta. Sin ofrecer datos precisos o estudios bien fundamentados, a pesar de haber gastado millones largos en expertos y consultores, promueven ideas que seguramente abonarán a la precariedad y agravarán la situación de los más vulnerables. Esto se asemeja mucho a lo que hemos soportado por las pasadas décadas: la improvisación en el diseño de políticas públicas y la articulación de proyectos que sirven para avanzar prejuicios ideológicos. En fin, lejos de dar al traste con las viejas costumbres que contribuyeron a la debacle, la Junta, sus oficiales y colaboradores nos imponen más de lo mismo.

Por: Deepak Lamba-Nieves
Director de Investigación, Centro para una Nueva Economía
@deepakln

Crédito por trabajo

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(Nota editorial) Pocos días después de que publicáramos esta columna, el gobierno de Puerto Rico propuso eliminar el crédito por trabajo en el próximo presupuesto. 

Por Nuria Y. Ortiz Vargas

Todo apunta a que se acerca una nueva Reforma Contributiva. No hay duda de que la misma es necesaria y de carácter urgente. Las deducciones, créditos y exenciones enmarcados en el Código de Rentas Internas del 2011 tendrán que ser evaluados, revisados y, en ocasiones, enmendados o eliminados.

El Centro para una Nueva Economía (CNE) lleva más de diez años estudiando y proponiendo política pública para mejorar nuestro sistema contributivo. Además de expandir la base contributiva y simplificar el sistema, la reforma tiene que ser de gran alcance e incentivar el trabajo, el ahorro y la inversión.

Uno de los grandes retos que tiene nuestro país es la baja participación laboral y el alto desempleo. Nuestro esquema de políticas laborales, de asistencia social y contributivas desalientan la inserción formal en la fuerza laboral. Las penalidades que sufren miles de personas que aún trabajando a tiempo completo viven en la pobreza incentivan el trabajo informal y la dependencia en programas de asistencia. Esto se ha agravado en los últimos años ya que los salarios han mermado, en términos reales, especialmente para los trabajadores con pocas destrezas. Una persona empleada a tiempo completo que devenga el salario mínimo apenas gana $15,080 anuales y no cualifica para la mayoría de los programas suplementarios como el PAN. La decisión de muchos individuos y familias que devengan bajos ingresos de salir del mercado laboral formal es una racional. READ MORE

Pasando hambre en el siglo 21

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Por Sergio M. Marxuach

Ayer el New York Times publicó un articulo titulado On the Edge of Poverty, at the Center of a Debate on Food Stamps.  La reseña, de la autoría de Sheryl Gay Stolberg, describe sin ambages la lucha encarnizada de un sector del partido Republicano para reducir los fondos dedicados al programa suplementario de asistencia nutricional del gobierno federal (el “Supplemental Nutrition Assistance Program”), conocido comúnmente como los “cupones de alimentos”.

Por primera vez en décadas, el proyecto de ley para los subsidios a los agricultores (el “Farm Bill”) aprobado hace unos meses omitió la reautorización del programa de asistencia nutricional.  Esa omisión se debe, principalmente, a la oposición del partido Republicano que busca recortar unos $40,000 millones del programa durante los próximos 10 años, esto además de una reducción ya programada para noviembre de este año, cuando expira un aumento temporero que fue autorizado en el 2009 como parte del programa de estímulo económico.

La oposición Republicana prevalece, aún cuando el Departamento de Agricultura federal recientemente ha publicado un informe que concluye que, durante el 2012, cerca de 49 millones de personas en Estados Unidos vivían en hogares que enfrentaban “inseguridad alimentaria”, definida como la “falta de acceso consiste a través del año a comida adecuada”.  Dicho de otra manera, muchas personas pasaron hambre en Estados Unidos en el 2012.

Mas allá de las estadísticas y el análisis tecnocrático, el reportaje de Stolberg presenta la tétrica situación que viven día a día algunos de los beneficiarios de este programa. Por ejemplo, se nos presenta a Tarnisha Adams, quien tuvo que abandonar su trabajo para recibir tratamiento para cáncer. Ella y sus tres hijos reciben $352 mensuales para comprar comida. Eso significa que muchas veces solo tienen para una comida al día y otras veces simplemente no comen. Esto en Estados Unidos en pleno siglo 21.

Por otro lado, se nos presenta al congresista Stephen Fincher de Dyersburg, Tennessee, electo en el 2010 con la ola del “Tea Party” y quien recibió subsidios agrícolas de $3.5 millones pero se opone al programa de asistencia nutricional.  De acuerdo con Fincher “the role of citizens, of Christianity, of Humanity, is to take care of each other, not for Washington to steal from those in the country and give to others in the country”.

Mas aún, durante el debate sobre la reautorización del programa de asistencia nutricional, este modelo ejemplar del cristianismo en practica argumentó —citando la Biblia— que “the one who is unwilling to work shall not eat”.  Aparentemente, según la interpretación de Fincher, el cristianismo no tiene problemas con subsidiar a los agricultores pero sí con ofrecerle ayuda a una mujer que sufre de cáncer para que pueda comer.

¿Cómo se explica esto?  En mi opinión, creo que estamos viendo, por un lado, un ataque frontal al contrato social prevaleciente en Estados Unidos, establecido originalmente con el Nuevo Trato de Franklin D. Roosevelt, y ampliado significativamente por los programas del “Great Society” de Lyndon B. Johnson.

La esencia de ese contrato social consiste en establecer un balance entre las fuerzas del capital y las fuerzas del trabajo, con el gobierno federal en el medio como arbitro. El problema es que, desde 1980 hacia acá, las escalas se han inclinado decididamente a favor del capital: la desigualdad económica se ha disparado a niveles de 1929; el ingreso medio se ha reducido en términos reales; las filas de los desempleados a largo plazo han incrementado peligrosamente, y la porción del ingreso correspondiente al capital ha aumentado significativamente a expensas de la compensación de los trabajadores.  En cierta manera, entonces, la batalla que estamos viendo con respecto a la asistencia nutricional es una contienda más de esa guerra larga que lleva treinta años.

La gran ironía de todo esto es que el partido tradicionalmente “conservador” busca derogar en su totalidad el contrato social prevaleciente en Estados Unidos desde la década de 1930; mientras que el partido tradicionalmente “liberal” busca mantener el orden establecido pero sin ofrecer una alternativa viable para el siglo 21.

Por otro lado, sin embargo, creo que también estamos observando un fenómeno que el profesor John A. Powell ha caracterizado como “una lucha ontológica” sobre quién es y quién tiene derecho a categorizarse como “americano”.  Desde esta perspectiva, todos estos ataques a los programas de seguridad social constituyen un  esfuerzo por “mantener en su lugar” a los grupos tradicionalmente marginados: a los afro-americanos, a los latinos y a los pobres, entre otros.

Cuando el representante Fincher se opone a la continuación del programa de asistencia nutricional, lo que está haciendo realmente es limitando las oportunidades de esos grupos para avanzar socialmente y preservando unas estructuras sociales racializadas que marginalizan a todos los grupos minoritarios, a los “otros”, definidos como todos aquellos que no son blancos, protestantes y de clase media.

El teólogo Reinhold Niebuhr (1892-1971) pensaba que estas batallas eran inevitables ya que “the conflict between those who would plan justice and order and those who trust in freedom to establish both is an irresolvable one.  Every healthy society will live in the tension of that controversy until the end of history; and will prove its health by preventing either side from gaining complete victory”.

La clave para mantener ese balance tenso consiste, según Niebuhr, en “com[ing] to terms with the limits of all human striving, the fragmentariness of all human wisdom, the precariousness of all historic configurations of power, and the mixture of good and evil in all human virtue”. Dicho de otra manera, en aceptar que ninguna facción política tiene un monopolio sobre la verdad y que todo el conocimiento humano es falible.

Las palabras de Niebuhr, escritas en clave profética, me parece son relevantes para entender muchos de los debates públicos llevándose a cabo hoy en Estados Unidos, especialmente este sobre la asistencia nutricional.  Tal vez le vendría bien a Stephen Fincher y a otros congresistas escucharlas.

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El autor es director de política pública en el Centro para una Nueva Economía

En el nuevo año, experimentemos

Por Gustavo Bobonis

Para que la economía crezca, debemos tratar fórmulas nuevas

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Un objetivo importante de cara al 2013 es aumentar la tasa de participación laboral. (Thinkstock)

Puerto Rico ha experimentado una difícil situación económica durante los últimos siete años y seguimos buscando la manera de “salir del hoyo”. Más importante aun, nos vemos enfrentados a la delicada tarea de buscar maneras efectivas de reactivar nuestra economía en un contexto donde debemos estabilizar la situación financiera del sector público dado los elevados niveles de deuda y de déficit del gasto gubernamental. READ MORE

TANQUE DE IDEAS: ¿Reformas estructurales o graduales?

Por Gustavo J. Bobonis

Como académico puertorriqueño en el exterior, leo y escucho en los medios acerca de la falta de un programa o un modelo de desarrollo económico para Puerto Rico. Esta crítica proviene de múltiples sectores del país, de líderes del sector privado y de la academia, entre otros. Ésto a pesar de la formulación en las últimas décadas de múltiples delineamientos de desarrollo nacional, como el Nuevo Modelo de Desarrollo Económico de la década de los noventa y el proyecto Puerto Rico 2025, por mencionar algunos.

Me atrevo a conjeturar que hay dos factores de suma importancia que han limitado el que múltiples administraciones hayan logrado implantar las reformas “estructurales” propuestas en planes de este tipo. Primero, debido a la falta de concertación (explícita o implícita) entre grupos de interés para implantar este tipo de reformas. Segundo, debido a la falta de voluntad de administraciones gubernamentales para dar continuidad a programas y políticas públicas de posible valor para el país. Esto crea lo que muchos llaman una `parálisis colectiva’. Como sabemos, Puerto Rico no está solo en esta circunstancia política ­ ejemplos desde la China Antigua hasta la experiencia reciente en la política de los Estados Unidos así lo demuestran. READ MORE

Más pobres y más PAN en la Isla

 

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Llegan a $2,056 millones los fondos del PAN, $400 millones más que los del 2008

Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com

WASHINGTON – En este cuatrienio, los residentes de Puerto Rico se han hecho más pobres y más dependientes de programas federales de asistencia social, según informes oficiales.

Solo entre enero de 2009 y junio de 2011, el total de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) aumentó en casi 116,000 familias -de 553,172 a 648,870-, de acuerdo con el Departamento de la Familia.

El incremento en los beneficiarios y las asignaciones del PAN coincide con un aumento de casi $3,000 millones en las transferencias federales a individuos entre 2008 y 2011, cuando se elevaron a $15,580 millones, así como con nuevos datos del Censo que indican que el 45.6% de la población vivía bajo el nivel de pobreza federal en 2011, 0.6% más que en 2010. READ MORE

¿Cuánto rinde el PAN?

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