El Costo Social del Plan Fiscal

Tomada de donlinscott.com Scroll Down for English Version Seis miembros de la Junta de Control Fiscal (“JCF”), aprobaron el Plan Fiscal para el gobierno de Puerto Rico el pasado 19 de abril. En términos conceptuales, el Plan consiste en la implementación de (1) un programa de reformas estructurales; (2) un programa de consolidación fiscal; y (3) un programa de reconstrucción financiado por el gobierno federal. La lógica del Plan es la siguiente: el gasto relacionado con la recuperación del huracán María aumentará la actividad económica temporalmente; ese repunte (proyectado) en la economía es el momento adecuado para implementar un plan de austeridad fiscal, que tendrá un impacto negativo modesto en la economía (según la JCF); y concurrentemente implementar una serie de reformas estructurales que servirán de zapata para el crecimiento a largo plazo una vez termine la reconstrucción y el impacto negativo de la austeridad fiscal haya sido asimilado por la economía. El Plan, por tanto, está anclado firmemente en una teoría de ajuste macroeconómico que ha fracasado en docenas de países. La Junta debería ser intelectualmente honesta y admitir que el documento que ha certificado es más un manifiesto ideológico que un plan de recuperación fiscal.
"El Plan, por tanto, está anclado firmemente en una teoría de ajuste macroeconómico que ha fracasado en docenas de países."
El Plan sufre de múltiples defectos, por ejemplo, no está claro que cumple con todos los requisitos estipulados en la sección 201(b) de PROMESA; se basa en premisas teóricas que hasta el mismo Fondo Monetario Internacional ha aceptado son erróneas; las proyecciones del impacto económico de las reformas propuestas son producto de un modelo económico secreto (nota al calce número 3, pagina 10); el Plan parece subestimar el impacto negativo de la reforma fiscal y sobreestimar el impacto positivo de las reformas estructurales; es internamente incoherente ya que las proyecciones de superávits primarios son inconsistentes con el análisis de sostenibilidad de la deuda que hace la Junta y sugiere que Puerto Rico puede sostener un nivel de endeudamiento en exceso del de un estado promedio; y asume que la economía de Puerto Rico va seguir creciendo aún con una reducción permanente de los fondos federales para Medicaid, la reducción paulatina de los fondos para la reconstrucción, una marcada reducción poblacional, a la misma vez que genera un superávit primario de aproximadamente 2% del PNB. (Brad Setser, “The Oversight Board’s Latest Fiscal Plan for Puerto Rico is Still Too Optimistic”). Todo suena demasiado optimista. Probablemente lo sea y ya muchos economistas y académicos han comenzado a identificar las deficiencias del Plan Fiscal. Pero no es de eso que quiero escribir hoy. Aún si tomamos como buenas las proyecciones de la JCF y el Plan se cumple al pie de la letra, hay unos costos sociales asociados con el Plan de los que no se están tomando en consideración. EDUCACIÓN Comencemos con los recortes al Departamento de Educación y a la Universidad de Puerto Rico. Desde hace más de 60 años, cuando Robert Solow comenzó a calcular y desglosar los factores que influencian el crecimiento económico, la inversión en la educación ha sido identificada como uno de los factores claves. No conozco de ningún país con una economía avanzada que haya logrado crecer significativamente a la misma vez que reduce la inversión en su sistema de educación. Los recortes propuestos, tanto en el sistema de K-12 y el universitario, afectarán adversamente el acceso a la educación de los sectores mas pobres de Puerto Rico, resultando en un aumento en la deserción escolar y en la desigualdad, menor acceso al mercado laboral, y una reducción permanente del potencial de crecimiento de nuestra economía. También pudiéramos ver una reducción en la tasa de escolaridad de la población de Puerto Rico por primera vez casi un siglo. REFORMA LABORAL Miremos ahora la reforma laboral. Según se presenta en el Plan, la reforma laboral elimina beneficios y protecciones que considera “excesivas” a cambio de un modesto aumento en el salario mínimo. El Plan estima que una vez implementada dicha reforma, aumentará la tasa de participación laboral, aumentará el ingreso, se reducirá la pobreza y el déficit fiscal se reduciría. De entrada, notamos que el análisis de la JCF se basa en una interpretación errónea de la tasa de participación laboral. (Página 34). Ese indicador se calcula sumando la cantidad de personas empleadas a la cantidad de personas que están activamente buscando empleo y entonces esa cifra se divide entre la población económicamente activa, que se define como el grupo de personas entre 16 y 64 años de edad. Por tanto, no es necesariamente correcto que un aumento en la tasa de participación significa que hay más gente empleada. La tasa de participación también puede mejorar si la cantidad de personas desempleadas y buscando empleo aumenta, lo que no tiene impacto alguno en los niveles de ingreso y pobreza. Segundo, no es correcto asumir que un salario modestamente más alto compensa la pérdida de otros beneficios y protecciones laborales. Cada ley o reglamento laboral protege al empleado de un riesgo especifico (despido injustificado, condiciones de trabajo peligrosas etc.) que no necesariamente se compensan de manera lineal con un pequeño aumento en el salario mínimo. A corto y mediano plazo el efecto más probable de esta reforma laboral será un aumento en la economía informal al hacer el empleo en la economía formal menos atractivo y podemos esperar que trabajadores que ya ganan el salario mínimo o aquellos con vínculos débiles al mercado laboral formal prefieran trabajar “por debajo de la mesa”. Y el aumento proyectado en los recaudos debido al impacto de esta reforma no es más que un ejercicio de pensamiento mágico. BENEFICIOS DEL PAN Otra reforma que no se ha pensado bastante es la de requerir a ciertas personas entre 18 y 59 años de edad que se benefician del Programa de Asistencia Nutricional tengan que trabajar un mínimo de 80 horas al mes, o participar en actividades de entrenamiento o servicio voluntario, para recibir los beneficios. Esta es una política clasista y prejuiciada que asume que hay gente pobre porque quiere, porque son vagos, o porque sufren de algún defecto moral. Esta visión del mundo no toma en consideración los impedimentos sistémicos que limitan el acceso al mercado laboral, tales como un sistema público de educación deficiente, la falta de un sistema de transportación pública confiable; la poca oferta de servicios adecuados de cuidado de niños, la discriminación, el racismo, el sexismo, y la desigualdad social. Dado que vienen obligados a trabajar para no perder beneficios, muchos de los empleos que estarían disponibles inmediatamente a este grupo serían empleos con salarios bajos, pocos o ningunos beneficios marginales y con horarios irregulares. Tomemos el caso de una madre soltera con dos hijos en escuela pública. Para evitar perder sus beneficios del PAN, obtiene un trabajo en una megatienda. En teoría, podría trabajar hasta 40 horas a la semana. Pero en realidad su supervisor le puede asignar 25 horas una semana, 18 horas la otra, y 10 horas la otra. Esta persona, entonces, podría terminar perdiendo sus beneficios a pesar de que trabaja. Ahora veamos el ejemplo de un estudiante universitario a tiempo completo que tiene que dejar los estudios para cuidar a su padre que esta gravemente enfermo. El muchacho solicita beneficios del PAN para poder alimentarse adecuadamente mientras lleva a cabo sus labores de cuidador. Pero la oficial de la ADSEF le informa que tiene que cumplir con el requisito de 80 horas. ¿Qué se supone que haga esta persona? ¿Que deje solo a su padre 80 horas al mes mientras cumple con los requisitos del programa? ¿Y si lo deja solo y su padre sufre un accidente en su hogar y el paramédico que viene a atenderlo lo denuncia por maltrato a su progenitor? SISTEMA DE PENSIONES La reforma del sistema de pensiones es otra área donde los costos sociales no se han tomado en consideración. El plan fiscal requiere un recorte en los beneficios a los pensionados de 10%, en promedio. Estos recortes se basan en la siguiente fórmula: (1) se determina la cantidad mensual promedio de la pensión sumando la cantidad mensual de la pensión regular y de la pensión por ley especial, la aportación para el plan medico, y una doceava parte de los bonos de Navidad y de medicinas; (2) se reducen estos beneficios mensuales por 25%; y (3) a esa cantidad se le añaden $150 (o $250 si no recibe Seguro Social) para reducir el impacto que sufrirían aquellos con los beneficios más bajos. (Nota al calce 159, página 112). Si le aplicamos esta fórmula a un pensionado que recibe la pensión “promedio” de $1,100 mensuales del Sistema de Retiro y el beneficio “promedio” en Puerto Rico de $859 mensuales del Seguro Social, su ingreso total se reduciría de $1,959 mensuales a $1,469 (reducción de 25%) más $150, lo que suma una pensión mensual ajustada de $1,619. Una reducción mensual de $339, o 17.3%. Enfrentado con esta situación, el pensionado “promedio” tendría que buscarse un trabajo a tiempo parcial, de estar en condiciones para trabajar, o recortar sus gastos personales probablemente en su mayoría medicinas o alimentos; o pedirle ayuda a sus familiares, que podrían ayudarlo en la medida en que tengan los recursos. De todos modos, la vida del “pensionado promedio” se ha precarizado debido a la reducción en su pensión. Los efectos sociales son previsibles: la agudización de enfermedades crónicas al recortar el gasto en medicinas, un aumento en la tasa de pobreza y la malnutrición en la población de mayor edad, un incremento en las personas que posponen el retiro y en el número de personas que literalmente se mueren trabajando, un aumento en el abandono de personas de edad avanzada, y una reducción eventual en la expectativa de vida. SALUD Es en el área de salud donde tal vez mas se están subestimado los costos sociales del Plan Fiscal. El Plan Fiscal proyecta ahorros de $840 millones anuales en el 2023 en el costo del plan de salud del gobierno mayormente a través de la implementación de un modelo nuevo de competencia entre las aseguradoras, la utilización de medicamentos genéricos y recortes de beneficios considerados “premium” tales como servicios dentales, oftálmicos y diseño de próstesis, entre otros. Dejando a un lado el hecho que los economistas han determinado que la competencia en los servicios médicos no ha funcionado ni para reducir costos ni para aumentar el acceso, el impacto de estos recortes afectará adversamente la salud de los más vulnerables de nuestra sociedad, los niños, los envejecientes, los desempleados, y los que padecen de enfermedades crónicas. Las consecuencias más probables son un aumento en la migración a Estados Unidos, especialmente entre aquellos que cualifican para Medicaid, Medicare o ambos programas; hacinamiento en los hospitales; y un aumento en muertes prematuras. ÚLTIMOS COMENTARIOS..... Los seis miembros de la Junta que aprobaron el Plan creen, a pesar de toda la evidencia al contrario, que Puerto Rico se convertirá en un paraíso neoliberal. Eso es poco probable. Más factible es que acabemos con una distopia infernal: con más polarización social, desempleo, pobreza extrema, criminalidad, maltrato de menores, violencia de genero, abuso de sustancias controladas y suicidios; y menos escolaridad, expectativa de vida y movilidad social. Probablemente veamos sectores geográficos en ruinas, con escuelas y edificios abandonados convertidos en hospitalillos, puntos de droga y focos de prostitución, así como en hogares improvisados para deambulantes y envejecientes sin vivienda. Dentro de una década podríamos convertirnos en una desolada tierra baldía post-industrial, donde las actividades de mayor crecimiento serán el narcotráfico, la corrupción pública y la compraventa de influencias. Una isla, parafraseando a Rubén Blades, habitada mayormente por fantasmas y muertos en vida, que por alguna extraña razón rehúsan ir a otro lugar. Por: Sergio M. Marxuach El autor es director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Esta es una versión extendida de la columna publicada originalmente en El Nuevo Día el 28 de abril de 2018.   AnchorOn April 19, six members of the Fiscal Control Board (FCB) approved the Fiscal Plan for the government of Puerto Rico. In conceptual terms, the Plan consists of implementation of (1) a program of structural reforms; (2) a fiscal consolidation program; and (3) a reconstruction program financed by the federal government. The Plan’s logic is the following: The spending related to the recovery from Hurricane Maria will temporarily increase economic activity; that (projected) rebound in the economy is the right time to implement a fiscal austerity plan, which will have a modest negative impact on the economy (according to the FCB); and concurrently implement a series of structural reforms that will serve as the foundation for long-term growth once the reconstruction ends and the negative impact of fiscal austerity has been assimilated by the economy. The Plan, therefore, is firmly anchored in a theory of macroeconomic adjustment that has failed in dozens of countries. The Board should be intellectually honest and admit that the document it has certified is more an ideological manifesto than a fiscal recovery plan.
The Plan, therefore, is firmly anchored in a theory of macroeconomic adjustment that has failed in dozens of countries.
The Plan has many defects. For example, it is not clear that it meets all the requirements stipulated in Section 201 (b) of PROMESA; it is based on theoretical assumptions that even the International Monetary Fund has found to be erroneous; the projections of the economic impact of the proposed reforms are the product of a secret economic model (footnote 3, page 10); the Plan seems to underestimate the negative impact of the fiscal reform and overestimate the positive impact of the structural reforms; it is internally incoherent, since the projections of primary surpluses are inconsistent with the Board’s debt sustainability analysis and suggest that Puerto Rico can sustain a level of indebtedness in excess of an average state of the union; and it assumes that the economy of Puerto Rico is going to continue to grow even with a permanent reduction in federal funds for Medicaid, the gradual reduction of funds for reconstruction, and a marked reduction in population, while at the same time it is generating a primary surplus of approximately two percent of the GNP. (Brad Setser, “The Oversight Board’s Latest Fiscal Plan for Puerto Rico is Still Too Optimistic”) It all sounds overly optimistic. It probably is, and many economists and academics have already started to point out the Fiscal Plan’s shortcomings. But that is not what I want to write about today. Even if we accept the FCB’s projections and the Plan is followed to the letter, there are social costs associated with the Plan that are not being taken into consideration. EDUCATION  Let’s start with the cuts to the Department of Education and the University of Puerto Rico. For more than sixty years, when Robert Solow began to calculate and isolate the factors that influence economic growth, investment in education has been identified as one of the key factors. I know of no country with an advanced economy that has managed to grow in any significant way at the same time it has reduced its investment in education. The proposed cuts, to both the K-12 system and the state university, will adversely affect access to education among the poorest sectors of Puerto Rico, resulting in an increase in the dropout rate and inequality, less access to the labor market, and a permanent reduction in our economy’s potential for growth. We could also see a reduction in Puerto Rico’s educational attainment for the first time in almost a hundred years. LABOR REFORM  Let’s look now at labor reform. As presented in the Plan, the labor reform eliminates benefits and protections it considers “excessive” in exchange for a modest increase in the minimum wage. The Plan estimates that once the reform is implemented, the labor force participation rate will increase, incomes will rise, poverty will decrease, and the fiscal deficit will be reduced. First, we would note that the FCB’s analysis is based on an erroneous interpretation of the labor force participation rate. (page 34) That indicator is calculated by adding the number of persons employed to the number of persons who are actively seeking employment, and then that number is divided by the economically active population, which is defined as the group of persons between 16 and 64 years of age. Therefore, it is not necessarily correct that an increase in the rate of participation means that there are more people employed. The participation rate can also improve if the number of persons unemployed and actively seeking employment increases, which has no impact whatsoever on income and poverty levels. Second, it is not correct to assume that a modestly higher salary compensates for the loss of other benefits and labor-rights protections. Every labor law or regulation protects employees from a specific risk (unjustified dismissal, dangerous working conditions, etc.) that are not necessarily compensated for in a linear way with a small increase in the minimum wage. In the short and medium term, the most probable effect of this labor reform will be an increase in the informal economy because jobs in the formal economy become relatively less attractive and we can expect workers already earning the minimum wage or those with weak ties to the formal labor market to prefer to be paid “off-the-books.” And the projected increase in government revenues due to the impact of this reform will be nothing more than an exercise in magical thinking. NUTRITIONAL ASSISTANCE PROGRAM (PAN)  Another reform that has not been sufficiently thought out is to impose the requirement on certain persons between 18 and 59 years of age who benefit from the Nutritional Assistance Program (PAN) to work a minimum of 80 hours a month or take part in training activities or volunteer services. This is a classist, prejudiced policy that assumes that poor people are poor because they want to be, because they’re lazy, or because they suffer from some moral defect. This view of the world does not take into account the systemic impediments that limit access to the labor market, such as a poor educational system, the lack of a reliable system of public transportation, the limited offering of satisfactory childcare services, discrimination, racism, sexism, and social inequality. Given that these individuals will have to work in order not to lose their benefits, many of the jobs that will be immediately available to this group will be jobs with low salaries, few or no fringe benefits, and irregular hours. Let’s take the case of a single mother with two children in public school. To avoid losing her PAN benefits, she gets a job in a megastore. In theory, she could work up to 40 hours a week. But actually, her supervisor can assign her 25 hours one week, 18 the next, and 10 hours the next. This person, then, could wind up losing her benefits despite the fact that she’s working. Now let’s look at the example of a full-time university student who has to quit his studies to take care of his father, who is gravely ill. The young man applies for PAN benefits in order to nourish himself adequately while he’s serving as his father’s caretaker. But the ADSEF official informs him that he has to meet the requirement of 80 hours of work a month. What is this young man supposed to do? Leave his father alone for 80 hours a month while he complies with the program’s requirements? What if he leaves his father alone and the old man has an accident at home and the paramedic who comes to take care of him reports the young man for senior abuse? Being poor is complicated. And hard to understand for a person who’s never been poor. PENSION SYSTEM  The reform of the pension system is another area in which social costs have not been taken into account. The fiscal plan requires a cut of ten percent, on average, to retirees’ benefits. These cuts are based on the following formula: (1) the average monthly amount of the pension is determined by taking the sum of the monthly amount of the regular pension and the pension from “special laws,” the contribution to the medical plan, and one-twelfth of the Christmas and medicine bonuses; (2) those monthly benefits are reduced by 25%; and (3) and $150 is added to that amount (or $250 if the retiree does not receive Social Security) to reduce the impact on those with the lowest benefits. (Footnote 159, page 112) If we apply this formula to a retiree who receives the “average” pension of $1,100 a month from the Employees Retirement System and the “average” monthly Social Security benefit in Puerto Rico of $859, the pensioner’s total income would be reduced from $1,959 per month to $1,468 (a reduction of 25%) plus $150, which adds up to an adjusted monthly pension payment of $1,819—a monthly reduction of $339, or 17.3%. Confronted with this situation, the “average” retiree would have to find a part-time job, if he or she is able to work, or cut his or her personal expenses, probably mostly medicines or food, or ask for help from his or her family members, who could help to the extent they themselves are able. At any rate, the life of the “average retiree” has been precarized due to the reduction in his or her pension. The social effects are foreseeable: chronic illnesses become acute when spending on medicines is cut, increases in the poverty rate and malnutrition among the elderly segment of the population, there is an increase in people postponing retirement and in the number of people who literally die working, an increase in the abandonment of the elderly and an eventual decline in life expectancy. HEALTH It is the area of health where the social costs of the Fiscal Plan are perhaps most underestimated. The Fiscal Plan projects savings of $840 million per year in 2023 in the cost of the government health plan, largely through the implementation of a new competition model among insurers, the use of generic medicines, and cuts in “premium” benefits such as dental, ophthalmological, and prosthesis-design services. Leaving aside the fact that economists have determined that competition in medical services has worked neither to reduce costs nor increase access, the impact of these cuts will adversely affect the health of the most vulnerable in our society: children, the elderly, the unemployed, and those with chronic diseases. The most probable consequences are an increase in migration to the mainland U.S., especially among those who qualify for Medicaid, Medicare, or both; overcrowding in hospitals; an increase in premature deaths and eventually a decrease in life expectancy. LAST COMMENTS...  The six members of the Board who approved the Plan believe, despite all evidence to the contrary, that Puerto Rico will become a neoliberal paradise. That is highly unlikely. More likely is that we wind up with a hellish dystopia: more social polarization, unemployment, extreme poverty, crime, child abuse, gender violence, abuse of controlled-substance and suicides, and lower educational levels, life expectancy, and social mobility. We will probably see geographical areas in ruins, with closed schools and abandoned buildings turned into “shooting galleries” for drug addicts and lairs of prostitution or improvised shelters for the homeless and the elderly without resources. Within a decade we could become a post-industrial wasteland in which the highest-growth activities will be drug trafficking, public corruption, and influence peddling. An island, paraphrasing Rubén Blades, inhabited mostly by ghosts and the living dead, who for some strange reason refuse to go anywhere else. By Sergio M. Marxuach The author is the Policy Director for the Center for a New Economy. This is an extended version of the column that was originally published in El Nuevo Día on April 28th, 2018

La promesa sin cumplir

La promesa sin cumplir Se supone que la ley PROMESA facilitaría una transformación radical en el desempeño de nuestro sector público. Según la narrativa oficial, la intervención federal era inevitable ante nuestro desbarajuste administrativo. En varias ocasiones durante la saga que precedió la firma de esaley federal, el Senador Orrin Hatch, quien presidía el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos, emprendió contra el gobierno de Puerto Rico. Al legislador de Utah se le acababa la paciencia con una administración que no cumplía con entregarle los estados financieros auditados, información sobre el sistema de pensiones y detalles sobre el presupuesto. Los oficiales públicos arrastraban los pies, ofrecían justificaciones, y luego de varios emplazamientos, y un tirijala patético, soltaron algunas prendas. Lamentablemente, no se trataba de un acto de resistencia o un desafío ante el paternalismo y la soberbia de la esfera federal. Más bien, era el proceder común del Estado Libre Asociado ante un pedido de información. Así pues, a la hora de justificar la imposición de una Junta de Control Fiscal, loscongresistas estadounidenses no dudaron en señalar, entre otros factores, la necesidad de arrojar luz y poner en cintura a un gobierno territorial opaco, difícil de descifrar y que no rinde cuentas. Además de los legisladores federales, no fueron pocos los porristas locales que vieron con buenos ojos la llegada de un nuevo cuerpo rector que se encargaría de romper con la tiranía de la falta de transparencia, la improvisación en el diseño de políticas públicas y el derroche fiscal. Armados con los plenos poderes que les confiere la ley federal, la Junta y su equipo de trabajo darían al traste, casi como por arte de magia, con las perniciosas prácticas de administración pública que se han practicado por décadas en Puerto Rico. Sin embargo, al cabo de un año desde que entró en vigor PROMESA, las altas expectativas trazadas por los jefes del norte y por los fieles súbditos locales están lejos de cumplirse. Peor aún, todo apunta a que los nombrados a poner la casa en orden abonan al desbarajuste y no a su solución. La reciente propuesta de la Junta de sustituir ciertos programas federales de beneficencia pública por un crédito contributivo poringreso devengado —conocido comúnmente por sus siglas en inglés como el EITC— es un claro ejemplo de su errado proceder. Planteando la necesidad de hacer mella en la bajísima tasa de participación laboral de la isla, proponen desmantelar gran parte de la red de apoyo socioeconómico existente, mientras apuestan a una solución mágica o “silver bullet”. El asunto medular es que un EITC podría ser sumamente beneficioso para la isla, pero solo si se adopta para complementar al sistema existente y no como un sustituto. En Estados Unidos, el EITC se considera uno de los programas más efectivos para reducir la pobreza. Según datos del Center for Budget and Policy Priorities (CBPP) en Washington DC, en el 2015, este crédito sacó de la pobreza a 6.5 millones de personas, incluyendo a 3.3 millones de niños. También ayudó a mejorar las condiciones de vida de 21.3 millones de personas pobres. Para ser elegible, a nivel federal, las familias pobres y de bajos recursos tienen que trabajar en el sector formal, devengar ingresos dentro de un intervalo específico y someter una planilla al gobierno. Un elemento clave es que el crédito es reembolsable. Si el crédito otorgado es mayor a la deuda contributiva, el beneficiario recibe la diferencia como un reintegro. En el 2015, la cantidad promedio recibida por familias con niños ascendió a $3,186. Además, 26 estados ofrecen su propio EITC que suplementa al esfuerzo federal. En el 2003, el CNE publicó un estudio preparado por la profesora María Enchautegui que sirvió como base para la adopción de un programa similar al EITC en Puerto Rico. Luego de un largo proceso de educación y convencimiento,especialmente en la esfera gubernamental, se estableció un crédito por trabajo que duró del 2007 al 2013. Aunque no era un programa perfecto, pues el beneficio máximo ascendía a $450 y se revelaron fallas en algunos renglones, fue un paso importante que contribuyó, entre otras cosas, a aumentar la cantidad de personas elegibles que sometieron planillas de contribuciones por ingreso al estado. En aras de reestablecerlo y renovarlo, la organización Espacios Abiertos comisionó otro estudio en el 2014 (también a la profesora Enchautegui) que incluyó recomendaciones específicas para el diseño de un nuevo y mejorado crédito. Aunque hemos sido los principales proponentes y defensores del EITC en la isla, nos parece que la petición de la Junta al Congreso —de quitarle los fondos federales destinados a los programas Sección 8,  (TANF, en inglés) y el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), para adjudicárselos a un EITC local— es desacertada y peligrosa. Primero, porque los esfuerzos existentes proveen ayudas que son sumamente necesarias en un país pobre como el nuestro y están diseñados para atender carencias específicas. Como tal, los objetivos de estos programas, las reglas que los gobiernan y sus impactos son diferentes. Segundo, eliminar estos beneficios para convertirlos en una subvención en bloque o “block grant” podría reducir lo que invierte el estado para combatir la pobreza. Como apunta Robert Greenstein, director del CBPP y reconocido experto en políticas sociales, muchos gobiernos estatales tienden a sustituir fondos locales con los federales cuando les llegan asignaciones en bloque. Tercero, porque el EITC no es una cura para todos los males y su efectividad es mucho menor en mercados laborales maltrechos, como el nuestro. Cuando los trabajos escasean, se hace más difícil acceder a un crédito que sólo se recibe asegurando un empleo en el sector formal. Sin lugar a dudas, la red de beneficios socioeconómicos que provee el estado se puede mejorar. Tenemos que repensar las estrategias existentes e identificar soluciones innovadoras y sensatas. Pero ese no parece ser el proceder de la Junta. Sin ofrecer datos precisos o estudios bien fundamentados, a pesar de haber gastado millones largos en expertos y consultores, promueven ideas que seguramente abonarán a la precariedad y agravarán la situación de los más vulnerables. Esto se asemeja mucho a lo que hemos soportado por las pasadas décadas: la improvisación en el diseño de políticas públicas y la articulación de proyectos que sirven para avanzar prejuicios ideológicos. En fin, lejos de dar al traste con las viejas costumbres que contribuyeron a la debacle, la Junta, sus oficiales y colaboradores nos imponen más de lo mismo. Por: Deepak Lamba-Nieves Director de Investigación, Centro para una Nueva Economía @deepakln

Crédito por trabajo

eitc_bag (Nota editorial) Pocos días después de que publicáramos esta columna, el gobierno de Puerto Rico propuso eliminar el crédito por trabajo en el próximo presupuesto.  Por Nuria Y. Ortiz Vargas Todo apunta a que se acerca una nueva Reforma Contributiva. No hay duda de que la misma es necesaria y de carácter urgente. Las deducciones, créditos y exenciones enmarcados en el Código de Rentas Internas del 2011 tendrán que ser evaluados, revisados y, en ocasiones, enmendados o eliminados. El Centro para una Nueva Economía (CNE) lleva más de diez años estudiando y proponiendo política pública para mejorar nuestro sistema contributivo. Además de expandir la base contributiva y simplificar el sistema, la reforma tiene que ser de gran alcance e incentivar el trabajo, el ahorro y la inversión. Uno de los grandes retos que tiene nuestro país es la baja participación laboral y el alto desempleo. Nuestro esquema de políticas laborales, de asistencia social y contributivas desalientan la inserción formal en la fuerza laboral. Las penalidades que sufren miles de personas que aún trabajando a tiempo completo viven en la pobreza incentivan el trabajo informal y la dependencia en programas de asistencia. Esto se ha agravado en los últimos años ya que los salarios han mermado, en términos reales, especialmente para los trabajadores con pocas destrezas. Una persona empleada a tiempo completo que devenga el salario mínimo apenas gana $15,080 anuales y no cualifica para la mayoría de los programas suplementarios como el PAN. La decisión de muchos individuos y familias que devengan bajos ingresos de salir del mercado laboral formal es una racional. READ MORE

Pasando hambre en el siglo 21

determine-eligibility-food-stamps-800x800   Por Sergio M. Marxuach Ayer el New York Times publicó un articulo titulado On the Edge of Poverty, at the Center of a Debate on Food Stamps.  La reseña, de la autoría de Sheryl Gay Stolberg, describe sin ambages la lucha encarnizada de un sector del partido Republicano para reducir los fondos dedicados al programa suplementario de asistencia nutricional del gobierno federal (el “Supplemental Nutrition Assistance Program”), conocido comúnmente como los “cupones de alimentos”. Por primera vez en décadas, el proyecto de ley para los subsidios a los agricultores (el “Farm Bill”) aprobado hace unos meses omitió la reautorización del programa de asistencia nutricional.  Esa omisión se debe, principalmente, a la oposición del partido Republicano que busca recortar unos $40,000 millones del programa durante los próximos 10 años, esto además de una reducción ya programada para noviembre de este año, cuando expira un aumento temporero que fue autorizado en el 2009 como parte del programa de estímulo económico. La oposición Republicana prevalece, aún cuando el Departamento de Agricultura federal recientemente ha publicado un informe que concluye que, durante el 2012, cerca de 49 millones de personas en Estados Unidos vivían en hogares que enfrentaban “inseguridad alimentaria”, definida como la “falta de acceso consiste a través del año a comida adecuada”.  Dicho de otra manera, muchas personas pasaron hambre en Estados Unidos en el 2012. Mas allá de las estadísticas y el análisis tecnocrático, el reportaje de Stolberg presenta la tétrica situación que viven día a día algunos de los beneficiarios de este programa. Por ejemplo, se nos presenta a Tarnisha Adams, quien tuvo que abandonar su trabajo para recibir tratamiento para cáncer. Ella y sus tres hijos reciben $352 mensuales para comprar comida. Eso significa que muchas veces solo tienen para una comida al día y otras veces simplemente no comen. Esto en Estados Unidos en pleno siglo 21. Por otro lado, se nos presenta al congresista Stephen Fincher de Dyersburg, Tennessee, electo en el 2010 con la ola del “Tea Party” y quien recibió subsidios agrícolas de $3.5 millones pero se opone al programa de asistencia nutricional.  De acuerdo con Fincher “the role of citizens, of Christianity, of Humanity, is to take care of each other, not for Washington to steal from those in the country and give to others in the country”. Mas aún, durante el debate sobre la reautorización del programa de asistencia nutricional, este modelo ejemplar del cristianismo en practica argumentó —citando la Biblia— que “the one who is unwilling to work shall not eat”.  Aparentemente, según la interpretación de Fincher, el cristianismo no tiene problemas con subsidiar a los agricultores pero sí con ofrecerle ayuda a una mujer que sufre de cáncer para que pueda comer. ¿Cómo se explica esto?  En mi opinión, creo que estamos viendo, por un lado, un ataque frontal al contrato social prevaleciente en Estados Unidos, establecido originalmente con el Nuevo Trato de Franklin D. Roosevelt, y ampliado significativamente por los programas del “Great Society” de Lyndon B. Johnson. La esencia de ese contrato social consiste en establecer un balance entre las fuerzas del capital y las fuerzas del trabajo, con el gobierno federal en el medio como arbitro. El problema es que, desde 1980 hacia acá, las escalas se han inclinado decididamente a favor del capital: la desigualdad económica se ha disparado a niveles de 1929; el ingreso medio se ha reducido en términos reales; las filas de los desempleados a largo plazo han incrementado peligrosamente, y la porción del ingreso correspondiente al capital ha aumentado significativamente a expensas de la compensación de los trabajadores.  En cierta manera, entonces, la batalla que estamos viendo con respecto a la asistencia nutricional es una contienda más de esa guerra larga que lleva treinta años. La gran ironía de todo esto es que el partido tradicionalmente “conservador” busca derogar en su totalidad el contrato social prevaleciente en Estados Unidos desde la década de 1930; mientras que el partido tradicionalmente “liberal” busca mantener el orden establecido pero sin ofrecer una alternativa viable para el siglo 21. Por otro lado, sin embargo, creo que también estamos observando un fenómeno que el profesor John A. Powell ha caracterizado como “una lucha ontológica” sobre quién es y quién tiene derecho a categorizarse como “americano”.  Desde esta perspectiva, todos estos ataques a los programas de seguridad social constituyen un  esfuerzo por “mantener en su lugar” a los grupos tradicionalmente marginados: a los afro-americanos, a los latinos y a los pobres, entre otros. Cuando el representante Fincher se opone a la continuación del programa de asistencia nutricional, lo que está haciendo realmente es limitando las oportunidades de esos grupos para avanzar socialmente y preservando unas estructuras sociales racializadas que marginalizan a todos los grupos minoritarios, a los “otros”, definidos como todos aquellos que no son blancos, protestantes y de clase media. El teólogo Reinhold Niebuhr (1892-1971) pensaba que estas batallas eran inevitables ya que “the conflict between those who would plan justice and order and those who trust in freedom to establish both is an irresolvable one.  Every healthy society will live in the tension of that controversy until the end of history; and will prove its health by preventing either side from gaining complete victory”. La clave para mantener ese balance tenso consiste, según Niebuhr, en “com[ing] to terms with the limits of all human striving, the fragmentariness of all human wisdom, the precariousness of all historic configurations of power, and the mixture of good and evil in all human virtue”. Dicho de otra manera, en aceptar que ninguna facción política tiene un monopolio sobre la verdad y que todo el conocimiento humano es falible. Las palabras de Niebuhr, escritas en clave profética, me parece son relevantes para entender muchos de los debates públicos llevándose a cabo hoy en Estados Unidos, especialmente este sobre la asistencia nutricional.  Tal vez le vendría bien a Stephen Fincher y a otros congresistas escucharlas. ____________________________________________________________________________________________________________ El autor es director de política pública en el Centro para una Nueva Economía

En el nuevo año, experimentemos

Por Gustavo Bobonis Para que la economía crezca, debemos tratar fórmulas nuevas http://www.elnuevodia.com/enelnuevoano,experimentemos-1420318.html#.UOrP95UZK44.facebook  
Un objetivo importante de cara al 2013 es aumentar la tasa de participación laboral. (Thinkstock)
Puerto Rico ha experimentado una difícil situación económica durante los últimos siete años y seguimos buscando la manera de “salir del hoyo”. Más importante aun, nos vemos enfrentados a la delicada tarea de buscar maneras efectivas de reactivar nuestra economía en un contexto donde debemos estabilizar la situación financiera del sector público dado los elevados niveles de deuda y de déficit del gasto gubernamental. READ MORE

TANQUE DE IDEAS: ¿Reformas estructurales o graduales?

Por Gustavo J. Bobonis Como académico puertorriqueño en el exterior, leo y escucho en los medios acerca de la falta de un programa o un modelo de desarrollo económico para Puerto Rico. Esta crítica proviene de múltiples sectores del país, de líderes del sector privado y de la academia, entre otros. Ésto a pesar de la formulación en las últimas décadas de múltiples delineamientos de desarrollo nacional, como el Nuevo Modelo de Desarrollo Económico de la década de los noventa y el proyecto Puerto Rico 2025, por mencionar algunos. Me atrevo a conjeturar que hay dos factores de suma importancia que han limitado el que múltiples administraciones hayan logrado implantar las reformas "estructurales" propuestas en planes de este tipo. Primero, debido a la falta de concertación (explícita o implícita) entre grupos de interés para implantar este tipo de reformas. Segundo, debido a la falta de voluntad de administraciones gubernamentales para dar continuidad a programas y políticas públicas de posible valor para el país. Esto crea lo que muchos llaman una `parálisis colectiva’. Como sabemos, Puerto Rico no está solo en esta circunstancia política ­ ejemplos desde la China Antigua hasta la experiencia reciente en la política de los Estados Unidos así lo demuestran. READ MORE

Más pobres y más PAN en la Isla

  El_Nuevo_Dia http://www.elnuevodia.com/maspobresymaspanenlaisla-1372815.html   Llegan a $2,056 millones los fondos del PAN, $400 millones más que los del 2008 Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com WASHINGTON - En este cuatrienio, los residentes de Puerto Rico se han hecho más pobres y más dependientes de programas federales de asistencia social, según informes oficiales. Solo entre enero de 2009 y junio de 2011, el total de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) aumentó en casi 116,000 familias -de 553,172 a 648,870-, de acuerdo con el Departamento de la Familia. El incremento en los beneficiarios y las asignaciones del PAN coincide con un aumento de casi $3,000 millones en las transferencias federales a individuos entre 2008 y 2011, cuando se elevaron a $15,580 millones, así como con nuevos datos del Censo que indican que el 45.6% de la población vivía bajo el nivel de pobreza federal en 2011, 0.6% más que en 2010. READ MORE

¿Cuánto rinde el PAN?

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